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Edición 631

Aniversario

La difusión de la jurisprudencia local, como compromiso y reto

Ante la exigencia por parte de la sociedad de una impartición de justicia manchada por los casos no resueltos de los escándalos del Ficrea e Infonavit, el nuevo presidente debe tomar nota también de un gran pendiente relacionado con la función del órgano jurisdiccional que preside.

J. Jesús Santos González

La administración de justicia en Coahuila concluyó el año 2019 con una gran sacudida al interior del Tribunal Superior, por la jubilación de 6 de sus Magistrados —incluida la de su presidente Miriam Cárdenas Cantú—, y la designación de igual número de nuevos magistrados que a propuesta del Ejecutivo del Estado llevó a cabo el Pleno del Congreso estatal, como también la del Lic. Miguel Felipe Mery Ayup —quien ya había sido designado en el 2018, y se desempeñaba como magistrado en la Sala Regional de la Laguna— como presidente de dicho tribunal, a fin de cubrir el cargo que dejó vacante Miriam Cárdenas Cantú, el cual termina constitucionalmente hasta este 2020.

Ante la exigencia por parte de la sociedad de una impartición de justicia manchada por los casos no resueltos de los escándalos del Ficrea e Infonavit, el nuevo presidente debe tomar nota también de un gran pendiente relacionado con la función del órgano jurisdiccional que preside.

Dicha obligación, en términos del Artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado actualmente en vigor, consiste en publicar en el boletín de información judicial, la jurisprudencia local emitida como garantía jurisdiccional por el Pleno, las salas del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Apelación Especializado en Materia de Adolescentes, los Tribunales Distritales y el Consejo de la Judicatura, a que se refiere el título décimo tercero de dicho ordenamiento, labor que fue interrumpida hace 14 años —sí estimado lector, leyó usted bien: 14 años—, desde que la presidencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional, a cargo entonces del Lic. Ramiro Flores Arizpe, publicó el boletín correspondiente al semestre de julio-diciembre del 2005.

Dicho vacío en la difusión de la jurisprudencia a que se refiere el artículo 261 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado da al traste y contradice la exposición de motivos de dicha ley, publicada en el Periódico Oficial No. 40 del 18 de mayo de 1999, donde, a diferencia de la reforma de 1997 que limitaba la creación de la jurisprudencia solo al Pleno del Tribunal, la de 1999 y sus reformas publicadas en los periódicos oficiales del 28 de diciembre del 2007 y 11 de agosto del 2017, amplió dicha facultad al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal de Apelación Especializado en Materia de Adolescentes y los Tribunales Distritales, así como al Consejo de la Judicatura, pero a éste solo en Materia Disciplinaria dentro del propio Poder Judicial del Estado.

Ahora bien, es importante destacar que la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por las autoridades señaladas en el numeral 261 de la ley orgánica ya referida, dependerá que ésta se publique conforme lo establecido en el artículo 276 de dicha ley; por lo que dicho vacío que en la actualidad existe, afecta no solo la función jurisdiccional, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada plenamente del fundamento y alcance jurídico de los fallos emitidos por dicho tribunal.

La crisis en la credibilidad, en la impartición de una justicia pronta y expedita, imparcial e independiente del Poder Ejecutivo, es un reto que deben afrontar los nuevos magistrados, asignados tanto a las Salas Civil y Penal de esta ciudad, como la Regional de la Laguna. Y este reto debe empezar por difundir, ante el escepticismo de la sociedad por el deterioro cada vez más grave del estado de derecho que padecemos, las sentencias emitidas por los órganos y autoridades competentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ahora más que nunca, como así lo admitió su propio presidente, está obligado, no solo a apostarle a la transparencia, sino también «a preservar los valores de honestidad e imparcialidad, donde los ciudadanos serán los principales aliados; serán nuestros ojos y uno de nuestros principales mecanismos de control». (El Diario de Coahuila, 01.11.19, sección Locales).

Esperamos pues, por el bien de la sociedad y la administración de justicia en el estado, que del dicho se pase al hecho, y que la transparencia a la que se refiere el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, vaya aparejada con la publicación de la jurisprudencia local, y se cubra así ese vacío legal que actualmente existe.

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