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Edición 648

Política

Presidente: si no es igual a otros, demuéstrelo; Coahuila espera

La austeridad, la preferencia por los pobres y el combate contra el sistema de privilegios, la corrupción y la impunidad son demandas añejas, pero deben cumplirse sin prejuicios y con estricto apego a la legalidad. AMLO camina en el filo de la navaja: entre la regeneración y la ruina del país

Gerardo Hernández G.

Empiezo por decirle que no voté por usted en ninguna de las elecciones presidenciales. En la primera me abstuve, y en las siguientes lo hice por Josefina Vázquez y Ricardo Anaya. Soy apartidista, pero la historia de sangre, sudor y lágrimas de los fundadores del PAN y sus luchas en favor de la democracia, la libertad y el bien común motivaron mi sufragio por el único partido que conserva su nombre original. Más no los principios, pues la ambición de poder hizo que sus nuevas dirigencias perdieran la brújula: olvidaron los valores y la raíz ciudadana que los habían distinguido de la fuerza hegemónica y de las opciones mesiánicas. Tristemente, el cambio prometido nunca llegó.

Dotado de legitimidad y carisma, Vicente Fox desaprovechó la oportunidad histórica de convertirse en el líder de la transición; la alternancia desembocó en los mares de la mediocridad. El conformismo y la frivolidad marcaron su gestión. Además de traicionar la promesa de combatir la venalidad, hizo la vista gorda y dio manga ancha a los gobernadores. El desorden y la falta de control federal en los estados devinieron en la mayor crisis de inseguridad, impunidad y endeudamiento. No de balde la ciudadanía le dio la espalda al PAN y estuvo a punto de echarlo de Los Pinos en la siguiente elección. Felipe Calderón quizá ganó limpiamente, pero el margen de 0.6%, los titubeos del Instituto Federal Electoral (hoy INE) y la campaña de miedo lanzada desde Los Pinos y los poderes fácticos contra usted, arraigaron en el imaginario colectivo la idea de un nuevo fraude, esta vez cometido por el PAN.

Calderón se adaptó a las circunstancias, los gobernadores del PRI lo rebasaron e impusieron a Peña Nieto, tal vez con su aquiescencia, para cerrarle nuevamente el paso a usted. Peña ganó por una diferencia de 5.6%, en apariencia suficiente para desacreditar cualquier protesta. Pero su elección debió anularse, pues rebasó en más de 13 veces el límite de gastos de campaña. El tope era de 350 millones de pesos y Peña invirtió más de 4 mil 500 millones, de acuerdo con una comisión plural de la Cámara de Diputados. El IFE y el Tribunal Federal Electoral validaron un proceso viciado con dinero sucio y la participación de firmas comerciales e instituciones financieras para la compra de votos.

La historia es sobradamente conocida por usted, presidente López Obrador. Empleo los dos apellidos, pues juntos forman una marca política eficaz, lo cual provoca inquina entre sus adversarios. Obviar su nombre en columnas para referirlo solo como «presidente», llamarle despectivamente «López» o publicar en minúsculas su acrónimo (amlo), son fatuidades y signos de impotencia y falta de imaginación. La escasez de liderazgos políticos, intelectuales y mediáticos es patente. De la mayoría de sus críticos observo respeto hacia usted, pero usted no lo tiene con quienes discrepan de sus ideas en buena lid y no son voceros

ni forman parte de la mafia del poder.

No estar a tono con quienes, en el ejercicio de la libertad, lo crucifican a diario y le atribuyen todo tipo de males —pasados, presentes y futuros; algunos de los cuales son suyos y no del tiempo— causa disgusto entre amigos, familiares y colegas. Jamás me he ido con la corriente. La austeridad, la preferencia por los pobres y la lucha contra el sistema de privilegios, la corrupción y la impunidad son plausibles siempre cuando no afecten a sectores vulnerables ni excluyan a los demás; en cambio, deben cumplirse con estricto apego al estado de derecho. Creo que usted es un hombre honesto y bienintencionado, pero no infalible. Ha tomado decisiones equivocadas, algunas de ellas graves. En 2006 fui uno de sus críticos y, en contra de las tendencias electorales, anticipé su derrota. Entro en materia.

México quiere un estadista

¿Por qué no soy un anti-AMLO rabioso? Primero, porque pienso en los más de 30 millones de mexicanos que votaron por usted como última esperanza, agraviados por el PAN y el PRI; de lo contrario, Ricardo Anaya o José Antonio Meade ocuparían hoy la silla del águila. El país no volvió al PRI en 2012 por propia voluntad. Grupos de poder, contratistas extranjeras y la mafia de gobernadores impusieron a Peña Nieto; después les sirvió de marioneta. Un presidente de telenovela, corrupto y sin carácter, no podía salvar a México.

Tampoco me uno al «coro de los esclavos», pues muchos de quienes lanzan abominaciones contra usted, Andrés Manuel, son enchufistas que durante sexenios amasaron fortunas mientras la inmensa mayoría de los mexicanos carecía de lo indispensable y era tratada con desprecio. Sin embargo, no todas las fortunas han pasado por los lodazales: ocho o nueve de cada diez son producto del trabajo, la disciplina y el sacrificio de generaciones. Por tanto, es injusto denostar la iniciativa individual y colectiva y presentar a los empresarios, micro o pequeños, medianos o grandes, como enemigos de México, cuando sin ellos, sencillamente, no habría país ni bienestar.

El gobierno no genera empleos ni riqueza, se adorna con ellos o los destruye según su ideología. Para crecer, desarrollarse y acortar la brecha entre ricos y pobres hace falta liderazgo político, democracia, energía social, leyes, libertad, confianza en las instituciones y una iniciativa privada robusta. Presidente López Obrador, polarizar puede generarle a su movimiento ganancias electorales en el corto plazo, pero al final los costos serán mayores. Camina usted por el filo de la navaja. El periodista y político británico George Bulwer-Lytton lo plantea así: «El prudente puede dirigir un estado, pero es el entusiasta el que lo regenera o lo arruina». Hoy, donde usted ve regeneración («vamos muy bien»), muchos observan ruina.

Incluso en casos de presidencias fuertes como la suya, la cual procede de las urnas, no de las armas ni de la dictadura, el periodista y escritor José Luis Cebrián advierte: «Gobernar no es mandar, por mucha mayoría que se tenga». Además, en democracia, las mayorías son efímeras; y el control total, un anacronismo. Las oposiciones, mientras más sólidas y congruentes sean, mejores democracias y gobiernos producen. La función de la prensa es fundamental. Es cierto, presidente, un amplio sector de los medios de comunicación y un buen número de periodistas se beneficiaron del régimen venal y corruptor.

Apriete clavijas, pero no caiga en la tentación de la censura ni en la creencia de que la prensa forma parte de la enfermedad, cuando es parte del remedio. Como a los políticos y a los partidos, la ciudadanía castiga a los medios de comunicación que la engañan y la toman por tonta e ignorante. Es cierto: mucha de la ojeriza contra usted y la Cuarta Transformación nace no de un repentino celo patriótico o de una preocupación genuina por el país, sino de la afectación de intereses y la cancelación de prebendas. Es mil veces preferible una prensa crítica que una aduladora o genuflexa. La primera le dio voz y votos y le ayudó a llegar al poder; la segunda le secó a Peña Nieto el poco seso que tenía y lo convirtió en piltrafa. Si usted no es igual, como asegura, demuéstrelo. Ser bueno y honrado no basta. México necesita un estadista, no un «mesías tropical».

Entre Allende y Ayotzinapa

Presidente: ¿Duelen menos los muertos de Allende y Piedras Negras y los desaparecidos de Coahuila que los de San Fernando, Tamaulipas, o los normalistas de Ayotzinapa? La pena es igual, más no la respuesta de las autoridades ni la cobertura de los medios de comunicación. El 5 de julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y más de un centenar de organizaciones civiles presentaron ante la Corte Penal Internacional el informe «México: asesinatos, desapariciones forzadas y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad».

Proceso publicó sobre el caso, dos días después: «Con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos, decenas de organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Corte Penal Internacional a los hermanos Moreira (Humberto y Rubén), gobernadores de Coahuila, por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil. Académicos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas consideran que, si se comprueba la implicación de los Moreira, pueden atribuirse al Estado mexicano delitos como las masacres de Allende y Piedras Negras».

Usted anunció el 23 de agosto haber enviado al Senado la aprobación que faculta a Naciones Unidas para intervenir libremente en nuestro país en temas de violación a los derechos humanos. Ese día se cumplieron 10 años de la primera masacre en San Fernando, donde 58 hombres y 14 mujeres —la mayoría emigrantes de Centro y Sudamérica— fueron ejecutados. Un segundo asesinato masivo ocurrió en 2011 en el mismo municipio de Tamaulipas, con 193 víctimas. Ambos se atribuyeron al cartel de los Zetas.

«Ahora no se protege a nadie, no hay impunidad. (…) en temas de desaparición forzada o forzosa», Naciones Unidas «podrá intervenir sin ninguna limitación», dijo en Palacio Nacional. México, en efecto, había rechazado ese tipo de supervisión. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, no pudo ubicar el paradero de los 43 normalistas, investigar su desaparición ni promover acciones penales contra los responsables, debido a los obstáculos del gobierno.

Usted, presidente, reabrió el caso y formó una comisión especial. El 30 de junio pasado, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, sepultó la «verdad histórica» según la cual los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados. También inició el proceso para extraditar a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

«Hay testigos que han sido condenados —en Estados Unidos, énfasis del reportero— por testimonios que señalan la convivencia de Los Zetas con funcionarios del gobierno de Humberto Moreira. En ellos señalan cómo entregaban dinero para que los dejaran cometer los crímenes (…). Estos señores se beneficiaron económicamente de los crímenes cometidos por Los Zetas. Necesitaban generar un ambiente de terror para obligar a la población a obedecer», declaró el subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, sobre la denuncia contra los Moreira en la Corte Penal Internacional (Reforma, 11.07.17).

Señor López Obrador: ¿cuándo prestará a las víctimas de las masacres y las desapariciones forzadas en Coahuila, ocurridas durante el gobierno de los Moreira, la atención que brinda a otros casos igualmente dolorosos, pero sin el mismo interés mediático y político? ¿O también los exoneró por adelantado, cuando ya no era presidente, Felipe Calderón? E4

«El prudente puede dirigir un estado, pero es el entusiasta el que lo regenera o lo arruina»

George Bulwer-Lytton

Venganza, no; ¿justicia selectiva, sí?

¿Es mucho pedir que los delitos registrados en Coahuila durante el docenio de los Moreira se juzguen por el mismo rasero que otros cometidos durante los gobiernos de Peña y Calderón?

El presidente López Obrador dice no ser vindicativo. «No es mi fuerte la venganza», reiteró en Torreón el 26 de agosto en una gira por Coahuila y Durango de la cual se excluyó a Saltillo. Asimismo, ha asegurado que Felipe Calderón absolvió al exgobernador y exlíder del PRI Humberto Moreira de acusaciones de corrupción, como parte de un arreglo de impunidad con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en el punto de mira a los dos predecesores inmediatos de AMLO, así como a Salinas de Gortari, el «innombrable».

Mientras se decide si se enjuicia a los expresidentes —las consultas son parte de la democracia participativa, argumenta AMLO—, la Cuarta Transformación tiene entre rejas a empresarios vinculados con los gobiernos del PRI y el PAN y a exfuncionarios de las últimas administraciones por blanqueo de dinero, delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos. Destacan los casos de Rosario Robles —exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano—; Juan Collado (litigante), Alonso Ancira (dueño de Altos Hornos de México); y Emilio Lozoya (exdirector de Pemex). No es venganza, es justicia.

«Antes la Procuraduría General de la República (…) dependía del presidente (…); ahora hay un auténtico estado de derecho. El fiscal Alejandro Gertz Manero… tiene (…) el encargo de hacer justicia, en este caso y en otros, (…) insisto, sin venganzas, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud. Y eso me tiene también tranquilo, porque le tengo confianza al fiscal». Así respondió el presidente a Gaspar Vela, de La Octava, quien quiso saber si la Unidad de Inteligencia Financiera investigará al excanciller Luis Videgaray por las acusaciones de Lozoya sobre los sobornos de Odebrecht.

En el caso del pasivo por más de 36 mil millones de pesos contratado subrepticiamente y con documentos apócrifos en la administración de Humberto Moreira —encubierto por su hermano Rubén—, Coahuila tampoco quiere venganza, pero sí justicia. Investigar el destino de la deuda cuyo servicio le cuesta al estado 11.2 millones de pesos diarios (4,104 millones este año) y procesar a los responsables del quebranto, ¿es mucho pedir? Existen denuncias en curso y no todos los delitos han prescrito.

Si en verdad Peña y Calderón acordaron proteger a los Moreira, ¿no es motivo suficiente para que la FGR, «sin fabricar delitos», atienda las denuncias presentadas por el empresario Armando Guadiana y el entonces senador del PAN, Luis Fernando Salazar, contra los Moreira, en noviembre de 2012? El documento —citado por AMLO— donde se resuelve el «no ejercicio de la acción penal» contra Humberto Moreira por los delitos de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública de Coahuila, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene fecha 22 de octubre de 2012.

Salazar regresó a la PGR el 26 de septiembre de 2016, esta vez para denunciar al entonces gobernador Rubén Moreira por el desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma. Se quedó corto, pues un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentado al Congreso en 2018, fijó en 475 millones de pesos el monto de los caudales distraídos. Las denuncias de la ASE por la deuda irregular y el dinero esfumado en firmas fachada duermen el sueño de los justos. El presidente debe escuchar el clamor de un estado víctima de la «inmunda corrupción». Los coahuilenses esperan que también a ellos se les devuelva lo robado. E4

La Laguna ya hizo su consulta para erigirse en el estado 33

Más de medio millón de firmas respaldan la idea surgida hace casi medio siglo. López Obrador no ha dicho esta boca es mía, pero conoce el tema y simpatiza con la comarca

La Cuarta Transformación (4T) ha recurrido a consultas y votaciones a mano alzada de dudosa legitimidad para cancelar obras de impacto nacional —el Nuevo Aeropuerto Internacional de México—, regional —la fábrica de cerveza Constellation Brands, en Baja California— y metropolitano —el Metrobús Laguna—. Antes de entrar en esa dinámica, los laguneros realizaron un ejercicio para conocer el apoyo ciudadano sobre la idea de crear su propio estado. ELLA (Estado de La Laguna) reunió más de 400 mil firmas, equivalentes al 23% de la población de Coahuila y Durango convergente en esa zona.

La iniciativa surgió hace al menos 40 años y en 1990 se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados. El movimiento cobró fuerza a principios de la década pasada por dos hechos que agraviaron a los laguneros y avivaron su espíritu de lucha: a) la megadeuda por 36 mil millones de pesos generada en el sexenio de Humberto Moreira; y b) la transmisión del poder entre hermanos (Humberto le heredó a Rubén). También influyó el reproche secular a los gobiernos estatales por dar preferencia en la inversión pública y privada a Saltillo y Durango.

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera entre sus planes crear el estado 33, no haría falta una consulta, pues el proyecto lo avalan casi medio millón de laguneros de distintos sectores. Antes de cumplir un mes en la presidencia, AMLO viajó a Torreón para anunciar los programas integrales de desarrollo para La Laguna. Esta región, dijo ante los gobernadores Miguel Riquelme y Rosas Aispuro, «se une por cuestiones sociales, culturales, históricas (…) aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades (…) es al mismo tiempo (…) una entidad, si no formal, sí (es) realmente una región con características propias, y por eso se tiene que atender de esa manera».

AMLO no ha dado señales sobre el estado 33. El promotor del proyecto es uno de sus operadores políticos. Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo «el Estado de La Laguna es un hecho inevitable» (Espacio 4, 633). El expresidente del Congreso se ha reunido con empresarios, sociedad civil y académicos de la comarca para alentar su iniciativa. «Yo les digo a los laguneros que las velas de la democracia están hinchadas de corrientes favorables a sus propósitos».

En la sesión de la comisión permanente del 15 de enero pasado, Muñoz advirtió: «No podemos ir arrastrando las divisiones territoriales que ya tienen mucho tiempo y ni siquiera han sido buenas». Después de permanecer varios días en la agenda mediática y de reagrupar a las corrientes favorables al estado 33 dejó de hablarse del tema. AMLO regresó a la comarca el 26 de agosto para presentar el programa Agua Saludable para La Laguna.

El proyecto «es el más importante que en este momento puede emprenderse para el futuro sostenible de La Laguna: agua para la salud y para el bienestar de la población; y agua para que esta tierra siga contribuyendo con responsabilidad a la soberanía alimentaria de México», declaró el presidente de administración de Grupo Lala, Eduardo Tricio. La cuenca lechera de Coahuila y Durango es una de las más importantes del país y su impacto en el acu fero y el ambiente ha sido motivo de controversia. Representa, junto con Peñoles y la planta de cianuro de The Chemours Company, en Dinamita, Durango, uno de los infiernos ambientales de La Laguna descritos por la periodista Lilia Ovalle (Espacio 4, 647). E4

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