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Edición 645

Reportaje

SEA: entre la simulación y la protección a los Moreira

En tres años de funcionamiento, el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila ha hecho la vista gorda en casos emblemáticos como el moreirazo y el desvío de recursos a empresas fantasma. La fiscalía especial de Flores Mier, otro simulacro

Javier Mariscal

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Coahuila es uno de los organismos más desacreditados. Y con justicia: en tres años de operación ha hecho mutis frente a los casos emblemáticos de corrupción como el moreirazo, el cual ha trascendido las fronteras del país, y acumula cientos de denuncias sin resolver.

La entidad nació marcada por la sospecha en 2017. «(El SEA) es un sistema que el gobernador Rubén Moreira construye junto con el Congreso de mayoría priista sin escuchar las voces ciudadanas. (…) Está diseñado por él para protegerse de posibles acusaciones de corrupción que le presentaran en el futuro. Advertimos que la designación de los funcionarios que lo conformarán tiene como propósito crear un “blindaje”, y no un sistema anticorrupción autónomo, profesional e independiente» (El Norte, 06.09.17), denunciaron 109 organismos civiles agrupados en la Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC) en un comunicado.

El SEA es resultado de un proceso desaseado y manipulado por el gobernador. La reforma constitucional implicaba modificar leyes cuyas iniciativas fueron enviadas al Congreso local por Moreira, sin tomar en cuenta las propuestas de los diputados de oposición. Entre ellas, la de elegir un nuevo auditor superior, en sustitución de Armando Plata.

«Ha quedado demostrado que el auditor es el eslabón más endeble en el tema de la impunidad de la megadeuda y las empresas fantasma», dijo Jesús de León, coordinador del grupo parlamentario del PAN, en comunicado (28.06.17). La iniciativa de Moreira se estructuró «para cubrir las espaldas de los funcionarios corruptos del estado, incluido Rubén», dijo.

De León aseguró que se omitieron por lo menos cuatro temas importantes, entre ellos el fuero constitucional, la correcta fiscalización de los recursos públicos, la elección ciudadana del fiscal anticorrupción y la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. «Lo que se presentó tiene más que ver con construir un modelo de encubrimiento fasttrack para Humberto y Rubén Moreira», enfatizó.

«(Jesús de León) dice cosas que son falsas y busca incautos que se las crean (…), la iniciativa no puede modificarse, ya que debe ajustarse a la ley nacional. Está tratando de distraer la atención, la ley es igual a la federal y es el Congreso —de mayoría priista— quien tendrá que decidir», replicó Moreira (El Siglo de Torreón, 20.06.17).

Quince días después de recibida y con apenas cinco días de trabajo legislativo, el Congreso de Coahuila aprobó por mayoría —16 votos a favor y 6 en contra— el paquete de reformas a la Constitución estatal y de leyes que crearon «el SEA del gobernador».

Integrantes de la Alianza Anticorrupción Coahuila (ACC) —entre ellos el ex alcalde panista Rosendo Villarreal— acudieron a la sesión, pero fueron «mayoriteados» por lideresas y militantes del PRI.

«Con el nombramiento de magistrados por 15 años se aprobó la reforma para crear el SEA (...) Es una ley rabona que se ajusta a cumplir lo mínimo que se exige a nivel nacional, como si Coahuila no estuviera obligado a dar el máximo por el tema de la transparencia y rendición de cuentas (...) La experiencia nos dice que nombrarán funcionarios cuyo trabajo será tapar las irregularidades cometidas en la función pública», señaló el PAN (28.06.17).

Magistrados «a modo»

El 28 de agosto de 2017, Jesús Homero Flores Mier, funcionario cercano a Humberto y Rubén Moreira, fue designado fiscal anticorrupción de Coahuila para un período de siete años, sin que hubiera de por medio una convocatoria publicada en el Diario Oficial del Estado.

«Ya se tomó (la) decisión por mayoría, será Flores Mier. Después de horas de discusión se acordó que, de los cuatro registrados, él es el más apto», dijo José María Fraustro Siller, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso (Animal Político, 29.08.17), y actual secretario de Gobierno.

Flores Mier había sido coordinador de la Unidad de Transparencia de Saltillo durante la alcaldía de Humberto Moreira, quien, una vez en la gubernatura, lo nombró director de la Defensoría Jurídica del Estado.

«El número de casos judicializados no debe ser referente de un mal desempeño, puesto que el SEA aún es un ente en proceso de consolidación».

Jesús Homero Flores Mier
Fiscal Anticorrupción

¿Quién mejor para defender a la cúpula del poder que quien estaba al tanto de sus secretos? La oposición denunció que esa cercanía le impedía realizar un trabajo imparcial y calificó el nombramiento de «tapadera» para extender la corrupción.

Flores Mier negó ser «un fiscal a modo (...) Además, el SEA tendrá contrapesos, habrá un Consejo de Participación de cinco ciudadanos que exigirán resultados» (El Demócrata, 20.11.17). Rubén Moreira cerró el círculo de impunidad: impuso como magistrados por 15 años a su exconsejera jurídica, Sandra Luz Rodríguez Wong; al subprocurador de Justicia Alfonso García Salinas; y a María Yolanda Cortés, exempleada del Tribunal Electoral y esposa de Luis Efrén Ríos, asesor electoral de Moreira y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Encargada de armar desde el gobierno el paquete de leyes anticorrupción, Rodríguez Wong fue electa presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del SEA. Cuestionada sobre un posible conflicto de interés, pues como magistrada tendría que revisar casos de corrupción que involucraban al propio Rubén Moreira, se limitó a decir: «todo está en la ley; yo presenté mi renuncia al cargo que ostentaba en días previos; es facultad del Ejecutivo enviar una propuesta, así como del Legislativo rechazar o dar su aval» (NTR, 11.08.17).

En su discurso como magistrada electa, dijo que «esta gran distinción me obliga no solo a desempeñar con lealtad, legalidad y profesionalismo las funciones inherentes al cargo» (El Mañanero Diario, 02.09.17). ¿Lealtad a quién?

La facultad de Rubén Moreira de nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa era algo estipulado en las iniciativas de ley que él mismo envió al Congreso. La mayoría priista aprobó en sesión extraordinaria del Pleno —con 21 votos a favor y abstención del panista Jesús de León— a quienes serían los cinco magistrados titulares del Tribunal que conformaría parte del SEA —sugeridos por Moreira— y de inmediato se les tomó protesta.

De nada valieron los reclamos de la Alianza Anticorrupción. La formación del nuevo Tribunal se dio a tres meses y medio de concluir el sexenio de Moreira. «Es pura gente de Rubén», acusaron los panistas.

¿Un fraude más?

Si el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene vicios de origen, qué se puede esperar de los estatales.

Según un análisis publicado en el sitio web de Red es Poder (redespoder.com), hay quienes pensaron que el SEA sería una nueva autoridad capaz de acabar con la corrupción por sí mismo, aun cuando se trataba de un conjunto de autoridades que debe trabajar de manera coordinada para combatir la corrupción.

En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que debía ser el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, solo un candidato de todos los propuestos reunía los requisitos para participar en él, de acuerdo con un semáforo implementado por Red es Poder.

La ONG afirma que esto es «simple teoría, pues en la práctica el SEA nació muerto, se le mantiene con vida artificial en Coahuila, entidad donde todo el proceso se hizo en el Congreso, en poco tiempo, y donde no hay fuente de información accesible y clara para conocer y entender la metodología y criterios con que se seleccionó a los miembros del SEA».

También en la Comisión de Selección, que elige los miembros del CPC, el supuesto es que sería la única representación ciudadana en el SEA. La conforman cinco académicos y cuatro ciudadanos, a quienes Red es Poder señaló de estar ligados o tener «compromisos» con Rubén Moreira.

En opinión de Participación Ciudadana 29 (PC29), con sede en Torreón, «Coahuila cuenta con un SEA, hasta la fecha, “sin uñas ni dientes” para combatir eficazmente a la corrupción. Prueba de ello son los pocos o nulos avances en los casos más emblemáticos que golpean las finanzas estatales: empresas fantasma, el ficreazo y, desde luego, la megadeuda».

En septiembre de 2018, PC29 demandó que en todo proceso de remoción o colocación de funcionarios para cualquier órgano del SEA «se garantice transparencia y todo sea auditable para que candidatos y sociedad civil contemos con información clara sobre la evaluación de los perfiles, tengamos acceso a rúbricas para conocer los criterios usados para ponderar cada requisito de la convocatoria, e incluso sean transmitidas las sesiones de deliberación».

Sin embargo, la elección de Jafia Pacheco Valtierra en sustitución de Manuel Gil en el CPC —proceso para el cual se convocó solo a mujeres— evidenció la facilidad con que se ignoran las demandas ciudadanas.

De las 21 aspirantes, siete eran profesionistas con título de licenciatura y 14 con algún posgrado —dos con grado de especialista, 10 con maestría y dos con doctorado—. Cuatro pasaron a una segunda etapa. Finalmente, fue elegida Jafia Pacheco, quien solo contaba con licenciatura y venía de un cargo en la Secretaría de Estudio y Cuenta adscrita a la Primera Sala en Materia Fiscal y Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa. Entre 2013 y 2017 ejerció varios cargos en la Secretaría del Trabajo estatal.

Coparmex Saltillo manifestó su rechazo por considerarla «otra colocación “a modo”». Miguel Monroy Robles, gerente del organismo, indicó: «no dudo de las capacidades de las cuatro finalistas, pero es cuestionable que nuevamente se conceda una posición a quien ha trabajado para el gobierno, de quien podemos conocer sus capacidades, pero no sus compromisos». El empresario Luis Arizpe Jiménez dijo no entender «por qué le tienen miedo a colocar a un ciudadano común y corriente, sin vínculos con la autoridad, en el SEA» (Vanguardia, 09.10.18).

De las cuatro finalistas, Pacheco Valtierra —con 16.38 puntos— no era la más calificada, pues Leonor Gómez Barreiro y Alejandra Wade Villanueva la superaban hasta por 14 puntos.

En defensa de la elección de Pacheco, Carlos Arredondo, de la Comisión de Selección del SEA, dijo en octubre de 2018 en un debate con Armando Paredes, vocero del Observatorio de La Laguna, que no hay un compromiso escrito del SEA respecto a que en sus reglas o metodología se obligue al organismo a elegir a la persona que consiga la calificación más alta. Además, apuntó, es prejuicioso descalificar y considerar deshonroso a alguien por el hecho de haber trabajado en el sector público.

Paredes le exigió «dejar de hacer show» y no jugar con el presupuesto que se destina a estos procesos si desde el principio se tiene decidida la elección de alguien vinculado a la función pública estatal (Noticieros GREM, 11.10.18).

Las pugnas por la selección de miembros del SEA continúan. En semanas recientes se ha abierto la convocatoria para elegir a quien ocupará la Secretaría Técnica del organismo, asunto que se definirá el 7 de agosto.

Tan pronto como se anunció que había 12 aspirantes, Participación Ciudadana 29 (CP29) impugnó a Luis Fernando García Abusaíd, actual presidente de la Comisión de Selección del propio SEA.

CP29 aduce que García Abusaíd, quien se desempeñó como secretario técnico en el gobierno de Humberto Moreira, «tiene una cola bastante larga, que abarca desde hace dos sexenios». Consideran erróneo aceptar su postulación al señalar que es dueño de una empresa ligada al PRI, además de su cercanía con anteriores gobiernos, (Vanguardia, 12.07.20). Sobre los otros aspirantes, apunta que se ven «caras cuestionables y muy del lado de la administración pública. Por ejemplo, a José Alejandro Loredo se le considera gente cercana a Álvaro Moreira. E4



Fiscalía Anticorrupción, un cero a la izquierda

De 2018 a 2019, las irregularidades administrativas en cuentas municipales y estatales acumulan un monto cercano a los 3 mil millones de pesos, de acuerdo con la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila.

No obstante, aunque los casos fueron entregados a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción, hasta el momento no se han aplicado sanciones ni se conoce el estatus de las investigaciones, ya que ni la propia ASE tiene acceso a las carpetas y la Fiscalía mantiene la información en secreto.

Entre 2017 y 2019, la Fiscalía a cargo de Jesús Homero Flores Mier ha recibido por parte de la ASE 442 denuncias, periodo en el que solo se han resuelto 94 casos (21%), lo cual pone en duda la efectividad del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y evidencia la acción desarticulada entre la ASE, la Fiscalía Especializada y Poder Judicial, instancias que lo componen.

Además, como una muestra de la opacidad bajo la cual opera este organismo, un reporte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, presentado en abril, indica que la Fiscalía informó que hasta ese momento había logrado llevar ante control judicial a 31 servidores públicos; pero al solicitar más detalles, respondió: «No te puedo dar un dato exacto de todos los funcionarios, pero lo que sí te puedo decir es que es muy considerable, al igual que el número de funcionarios públicos que han reparado el daño de alguna manera».

En cuanto a las resoluciones que no fueron vinculadas a proceso destaca una sobre la contratación ilegal de deuda pública, que el Poder Judicial reporta como «suspendida».

Flores Mier argumenta que el número de casos judicializados no debe ser referente de un mal desempeño, puesto que el SEA aún es un ente en proceso de consolidación de sus funciones y el personal del que disponen es insuficiente.

Alejandra Wade Villanueva, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, considera que, «debido a que los corruptos trabajan en red, cuando se investiga un caso se desconoce hasta dónde afecta. Lo que se debe perseguir es la red, no a las personas, como hace la Fiscalía. La corrupción existe porque el sistema lo permitió. Toda esa red es lo que se debe desactivar».

Para el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez (PAN), el problema, más allá de los procedimientos del SEA, es que la propia ley permite extender los tiempos en que se atiende cada caso, lo cual propicia que los delitos prescriban. Así nunca se castigará la corrupción en Coahuila, que es tan grande como la megadeuda, acota. E4

¿Qué debería hacer el Sistema Estatal Anticorrupción?

Entre las funciones para las que fue creado el SEA se encuentran:

• Prevenir, detectar y sancionar la corrupción.

• Mejorar la fiscalización y control de recursos públicos.

• Emitir políticas orgánicas para castigar cohecho, peculado, soborno y colusión entre funcionarios, personas físicas y morales.

• Sancionar la contratación indebida, tráfico de influencias, uso indebido de información y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

• Operar bajo la supervisión de un comité integrado por la ASE, el ICAI y el Consejo de la Judicatura, entre otros.

• Coordinar a organismos del sistema estatal con los municipios.

• Diseñar políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas, en especial las causas que las generan.

• Lo conforman una Fiscalía Anticorrupción y un Tribunal de Justicia Administrativa, además de un Comité de Participación Ciudadana (CPC).

• Las faltas graves prescriben en siete años y las no graves en tres.

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