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Edición 645

Política

Coahuila desvió $723 millones a empresas fachada en 5 años

La denuncia del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte coincide con la entrevista de los presidentes López Obrador y Trump y la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Operaciones por $43 millones en el primer año de la gestión de Miguel Riquelme

Gerardo Hernández G.

Coahuila no solo es campeón en deuda pública, también en esfumar recursos del erario. El gobierno de Rubén Moreira Valdés distrajo 680 millones de pesos a empresas fantasma entre 2014 y 2017. La cifra supera en 205 millones de pesos a la denunciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Así lo revela el estudio «Frontera de papel: desvío de empresas fantasma en el norte de México», elaborado por el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (BorderHub), proyecto financiado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

El modelo se reprodujo en el primer año de gestión de Miguel Riquelme durante el cual se pagaron 43 millones 426 mil pesos, de acuerdo con la investigación de Miriam Ramírez, apoyada en la base de datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Una vez que el gobierno del presidente López Obrador tipificó esa práctica como delito grave, las operaciones en Coahuila bajaron a 2 mil 300 pesos en 2019 y en algunos estados llegaron a cero. El ICFJ es aliado del Centro Fronterizo para Periodistas y Blogueros.

El reportaje de Ramírez, de Iniciativa Sinaloa, advierte: «los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario. El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal». El modelo de corrupción no es privativo de un solo partido o gobierno. La investigación comprende las administraciones de ocho gobernadores y 28 alcaldes.

La Iniciativa Sinaloa, fundada en 2010, es «una organización civil apartidista y sin fines de lucro que trabaja por la transparencia y el combate a la corrupción». Asimismo pugna por «gobiernos abiertos y honestos». Sinaloa es uno de los 15 estados donde el año próximo habrá elecciones para gobernador, alcaldes y diputados locales. El financiamiento del BorderHub procede de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). La red de informadores y medios de comunicación del ICFJ se dedica a «promover el periodismo de investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la frontera México-Estados Unidos».

Cuatro de los gobernadores cuyas cuentas se revisaron —todas del periodo 2014-2019— son del PRI: Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Rubén Moreira y Miguel Riquelme (Coahuila); tres del PAN: Francisco Javier García (Tamaulipas), Marcos Alberto Covarrubias y Carlos Mendoza (Baja California Sur) y uno independiente, Jaime Rodríguez (Nuevo León). En esas entidades y en 28 municipios —tres de Baja California, tres de Chihuahua y cuatro de Sonora— se canalizaron 2 mil 628 millones de pesos a empresas fachada, dice el estudio publicado el 8 de julio. Ese mismo día se entrevistaron en Washington López Obrador y Donald Trump y en Florida fue detenido el exgobernador de Chihuahua César Duarte.

«Los recursos fueron desviados presuntamente a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido… y compra de amortiguadores, entre otros muchos».

Una de las firmas todólogas de Coahuila —señaladas por la ASE, mas no citadas en la investigación— es Riviera Álamo, vinculada con María Esther Monsiváis, una de las funcionarias más influyentes del moreirato. El escándalo provocó su destitución como secretaria de Infraestructura. Sin embargo, el caso, como la megadeuda y el desvío de 125 millones de pesos del Tribunal Superior de Justicia al Ficrea, permanece impune. El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es un embuste.

Moreira-Videgaray

Los 2 mil 628 millones de pesos malversados en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre 2014 y 2019, documentados por BorderHub en el reportaje «Frontera de papel...», equivalen a un tercio de la Estafa Maestra por la cual está entre rejas la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. En esta red participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y 128 firmas fachada, de acuerdo con Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El análisis indica que los cuatro gobiernos y 28 municipios de la zona facturaron «al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma… (los) cuales usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel. (…) Tras un proceso de revisión, el SAT determinó que estas empresas han emitido comprobantes fiscales sin tener el personal, la infraestructura, los activos o la capacidad para prestar los servicios, y fueron calificadas como EFOS: Empresa que Factura Operaciones Simuladas».

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, cuyos gobernadores promueven un nuevo pacto fiscal por la estrechez de las finanzas estatales agravada por la pandemia de coronavirus y el paro económico, facturaron 2 mil 318.8 millones de pesos, casi el 90% de los recursos distraídos, según el estudio. Las mayores irregularidades ocurrieron en las administraciones de Egidio Torre y Francisco García Cabeza de Vaca, en funciones (Tamaulipas), Rubén Moreira Valdés (Coahuila) y Rodrigo Medina (Nuevo León).

La existencia de zonas oscuras impide cuantificar el monto de los caudales desviados en gobiernos anteriores. «Es probable que antes del 2014 se operara el mismo esquema, pero no está documentado por la autoridad hacendaria debido a que es a partir de ese año que se reforma el Código Fiscal de la Federación y se faculta al SAT para detectar, investigar y exhibir a los contribuyentes irregulares», advierte de Miriam Ramírez.

Llama la atención que en la base de datos matriz, proporcionada por el SAT, en respuesta a 13 solicitudes de acceso a la información pública, no aparezcan operaciones anómalas en los gobiernos de César Duarte (Chihuahua), detenido el 8 de julio en Estados Unidos a solicitud del gobierno de México, acusado por delitos de corrupción; y Claudia Pavlovich (Sonora). La explicación es simple: ambos pertenecen al equipo del exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones, quien junto con Duarte y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, dirigieron una red para triangular recursos públicos a las campañas del PRI. El único detenido por el caso ha sido el coahuilense Alejandro Gutiérrez.

La relación de Rubén Moreira con Videgaray, su compañero en la LXI legislatura, aclararía también por qué Riviera Álamo, que entre 2015 y 2016 facturó sin licitación 48.4 millones de pesos al gobierno de Coahuila por la compra de cobijas térmicas, aparatos eléctricos, bolos, mochilas y utensilios de cocina (Proceso, 08.11.16), no aparezca entre las 10 empresas citadas por el BorderHub.

Liderazgo nefasto

Acerca del millonario desvío a empresas fantasma en estados y municipios gobernados por el PRI y el PAN en los seis últimos años, el análisis observa: «Un elemento que destaca de la matriz de información es la cantidad de facturas emitidas en el bloque del noreste (…). Al menos 67 empresas fantasma de esta región operaron sin división política: lo mismo facturaron en municipios de Tamaulipas, como en Coahuila o Nuevo León». La suma de las operaciones múltiples ascendió a 773 millones de pesos.

Las compañías que más facturaron en Coahuila y en otros estados son: Fermal Diseño y Publicidad (50.4 millones de pesos), Korstog Global Human Consulting (47.9 mdp), Publicidad Fink (34.8 mdp) y Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales (22.6 mdp). «De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, para el caso de los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora no se encontraron registros con la clave RFC de cada estado, sin embargo, esto no necesariamente significa que no se hayan registrado operaciones con empresas fantasma, sino que podrían haberse realizado con otra clave RFC de cada entidad», señala el estudio.

La red de periodistas BorderHub apunta: «Coahuila es el segundo estado donde más se registraron operaciones con empresas de papel» —sobre todo en el lapso 2014-2017 correspondiente al gobierno de Rubén Moreira—. En ese periodo se facturaron 723.5 millones de pesos. En 2018, la ASE presentó ante la Fiscalía General del Estado un paquete de denuncias por el desvío de 475 millones de pesos a 13 entidades fantasma. De esa cantidad, 65 millones se esfumaron de la Secretaría de Salud. El caso permanece en el limbo, pues el Sistema Estatal Anticorrupción lo controlan excolaboradores de Rubén Moreira. El Tribunal de Justicia Administrativa lo preside Sandra Luz Rodríguez; y la Fiscalía Anticorrupción, Homero Flores Mier.

Ciudad Juárez es el cuarto de los municipios que más pagaron a empresas fantasma en el intervalo referido: 56.7 millones de pesos. Hay un detalle interesante: Enrique Serrano Escobar, alcalde de esa frontera entre 2013 y 2015, fue el candidato del gobernador de Chihuahua, César Duarte, para las elecciones de 2016. La presidencia del PRI la ocupaba… Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, los comicios los ganó el panista Javier Corral, quien destapó la cloaca. A él se debe, en gran medida, la detención y próxima extradición de Duarte a México.

Monclova, Piedras Negras y Saltillo son los únicos municipios de Coahuila donde se detectaron operaciones irregulares. El primero pagó 15.1 millones de pesos durante la gestión de Gerardo García Castillo (PAN). «De acuerdo con el SAT, los registros de movimientos con empresas fantasma se detuvieron a partir de 2018, cuando inició la gestión del actual alcalde, Alfredo Paredes López», del mismo partido.

Miriam Ramírez, autora del reportaje, indica que «algo similar ocurrió en Saltillo, (…) donde solo se encontraron transacciones (por dos millones de pesos) en el periodo del exalcalde Isidro López Villarreal (PAN), que gobernó entre 2014 y 2017. (…) fue inhabilitado para ejercer en el servicio público a finales de 2019, aunque la sanción impuesta tuvo una duración de solo tres meses, según reportaron medios locales». En Piedras Negras, gobernado por Fernando Purón, Sonia Villarreal y Claudio Bres en el mismo lapso, las empresas de papel facturaron 4.6 millones de pesos. E4



Espaldarazo de Trump a lucha anticorrupción en México

César Duarte es el primer exgobernador detenido bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. La captura del chihuahuense ocurrió el 8 de julio, en Miami, a 1,600 kilómetros de Washington donde el mandatario mexicano celebraba su primera entrevista con el presidente estadounidense Donald Trump. Protegido del tándem Manlio Fabio Beltrones-Emilio Gamboa Patrón, Duarte afronta cargos por el desvío de más de 7 mil 200 millones de pesos; 250 millones se utilizaron para financiar campañas del PRI en 2015.

El gobierno de Javier Corral (PAN) ha recuperado 500 millones de pesos. Las denuncias contra el también exlíder de la Cámara de Diputados fueron congeladas por la Procuraduría General de la República durante la administración del presidente Peña Nieto. Como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado ha detenido a empresarios y a los principales colaboradores de Duarte.

Corral definió al gobierno de su predecesor: «Fue un saqueo por la acción corrupta y corruptora de una red que operó a través de un modelo de asociación delictuosa que encabezó el exgobernador César Duarte. La Operación Justicia para Chihuahua ha ejercido acción penal sobre 39 personas, entre ellas servidores públicos y empresarios. Hay 16 sentencias condenatorias» (Latinus, 12.07.20). Duarte, quien disparó la deuda a 55 mil millones de pesos, ha sido acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Para Peña Nieto, Duarte era el prototipo del «nuevo PRI» junto con los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), detenidos en Guatemala y Panamá, procesados en México por corrupción. Tomás Yarrington (Tamaulipas), exgobernador priista, será juzgado en una corte federal de Brownsville, Texas, por tráfico de drogas, extorsión, fraude y lavado de dinero. Yarrington, quien aspiró a la presidencia en la sucesión de 2006, figura en la lista de los «10 mexicanos más corruptos» de 2013 de la revista Forbes en compañía del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

César Duarte dio rienda suelta al nepotismo como los Moreira en Coahuila: Ricardo Duarte ocupó la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Crescenciano fue aviador en la Universidad Autónoma de Chihuahua; Sixto dirigió la flota aérea del gobierno; y Jesús Alonso, el Colegio de Bachilleres (Wikipedia). Sin embargo, no llegó al extremo de heredarle el cargo a uno de sus hermanos. Entre 2012 y 2014 viajó 163 veces a Estados Unidos en aviones oficiales.

Duarte también quiso ser banquero. El activista Jaime García Chávez, fundador de Unión Ciudadana, lo denunció penalmente a él y a su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera, por adquirir acciones del Banco Progreso. Tras la detención del exgobernador, García recapitula: «Lo que sucedió en Chihuahua no es un suceso pequeño. No es Odebrecht, no es el fraude a Pemex, pero es una corrupción muy grande… Generar un banco con los fondos públicos no es poca cosa» (La Verdad, 9.07.20).

La captura de Duarte en Estados Unidos es un espaldarazo de Donald Trump al presidente López Obrador, quien poco a poco arma el rompecabezas de la corrupción en México cuya pieza central es Enrique Peña Nieto. La extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, estrecha aún más el cerco en torno al cachorro de la cleptocracia y orgullo de «Atracomulco». E4



Desvío de recursos debe ser investigado: Ramírez

JORGE ESPEJEL LOMAS

Red es Poder

El 8 de julio del 2020, amanecimos con un título que principalmente llamó la atención de algunas personas que vivimos en el norte del país: «Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México».

Esta investigación, elaborada por Miriam Ramírez, integrante de la organización Iniciativa Sinaloa y en alianza con el Border Center fourJournalists and Bloggers, le dio luz a un «fino» esquema de desvío de recursos públicos que han emprendido los gobiernos de los estados desde hace varios años.

La nota es clara: de 2014 a 2019, gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron, al menos, 2 mil 628 millones de pesos con 536 empresas fantasma.

¿Esto qué relación tiene con Coahuila? De acuerdo con la investigación, la entidad facturó 745 millones 397 mil pesos con empresas de papel, cifra que la coloca como el segundo estado fronterizo que más recurrió a este tipo de esquemas.

El primer lugar se lo llevó Tamaulipas, con mil 289 millones 513 mil pesos facturados; y el tercero, Nuevo León, con poco más de 284 millones de pesos. Casualmente, los tres estados conforman el bloque del noreste, opositor a las prácticas y decisiones del gobierno federal en torno a la pandemia y a la distribución de recursos.

Diálogo con la autora

Miriam Ramírez, autora de la investigación, explica cómo fue que dieron con la información y cómo es que se maquinaron este tipo de fraudes.

«Este es un trabajo que se basa en la información que nos proporcionó el Servicio de Administración Tributaria a través de solicitudes de acceso a la información. Nosotros le pedimos al SAT que nos dijera qué gobiernos habían tenido operaciones con empresas fantasma, empresas que el mismo SAT detecta, investiga y las pone en una lista que está constantemente actualizándose», comentó.

«Los sistemas anticorrupción no pueden negarse a datos tan contundentes, como en el caso de Coahuila».

Miriam Ramírez
Iniciativa Sinaloa

Detalla qué tipo de servicios ofrecieron las empresas fantasma: desde proyectos tradicionales de obra pública, hasta compras inverosímiles. La investigación no nació de un día para el otro, tomó tiempo estudiar, generar hipótesis, recopilar información y redactar. ¿La idea? Desde el periodismo incidir, generar cambios y discusión pública.

«Esta investigación se llevó alrededor de seis meses de trabajo, tiene todo su sustento en información oficial que cualquier ciudadano puede acceder a ella a través de solicitudes que se hacen, en este caso, al Servicio de Administración Tributaria».

Del 2014 al 2017, años en que gobernó Rubén Moreira, se facturaron 680 millones 154 mil 231 pesos a empresas fantasma. Ya en 2018, en la administración de Miguel Riquelme, se facturaron poco más de 43 millones de pesos bajo el mismo esquema.

«Esta información tiene que ser investigada aunque se trate de personajes que han estado históricamente protegidos, creo que los sistemas anticorrupción no pueden negarse a datos tan contundentes, como en el caso de Coahuila, el exgobernador Rubén Moreira durante su administración detectamos 680 millones de pesos con empresas fantasma, creo que es una cantidad enorme y, como lo comentas, Coahuila es el segundo estado con la cifra más alta de esta investigación que hicimos de toda la frontera y creo que el dato es bastante relevante como para que las autoridades lo dejen pasar como si no fuera nada», señala la periodista.

El llamado de Miriam Ramírez principalmente es hacia los periodistas locales; a investigar y exponer hechos de corrupción y, sobre todo, que a partir del rigor y la fortaleza de las investigaciones, se logre incidir para que sancionen a los y las responsables de los atracos.

Incidir desde el periodismo

Iniciativa Sinaloa, organización de la sociedad civil fundada por periodistas, busca dar un paso más allá. A través de la conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo, realizan la investigación periodística para posteriormente diseñar una estrategia que ayude a incidir y generar un cambio.

En ese sentido, Miriam Ramírez llama a los sistemas locales anticorrupción a hacer su trabajo, a tomar estas investigaciones como punto de partida para deslindar responsabilidades y sancionar a los funcionarios que cometan irregularidades.

«Instamos a las autoridades a deslindar responsabilidades ya sea contra exservidores o contra servidores públicos en turno. En el caso de Coahuila se habla de administraciones pasadas pero también de la administración actual; Miguel Riquelme tendría alrededor de 43 millones de pesos con estas empresas fantasma. Creemos que la autoridad tiene la obligación y la facultad de investigar quién pactó contrataciones, quiénes son los servidores públicos involucrados».

En Coahuila, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cumplirá tres años. Hasta la fecha, temas como el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma no se han tocado por el Comité Coordinador ni por la Secretaría Ejecutiva. El Consejo de Participación Ciudadana tampoco ha puesto esos hechos sobre la mesa.

¿Hay voluntad política para buscar la reparación del daño y el deslinde de responsabilidades en hechos puntuales de corrupción acontecidos en Coahuila en los últimos años?

Al menos, por esta investigación, ningún integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se ha pronunciado. Desde el Congreso, hubo voces que se fueron contra el exgobernador y ahora diputado federal Rubén Moreira, pero por los 43 millones facturados por la administración estatal actual hicieron mutis.

Desde el periodismo y a través de la interlocución con organizaciones de la sociedad civil, podrían lograrse cosas importantes. En la ciudadanía podría estar el camino de justicia que no han querido labrar las autoridades estatales desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, hasta el Judicial. E4

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