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Edición 642

Salud

Semáforo sanitario parpadea en plena oleada de contagios

En un clima marcado por la violencia y la «explosión» de contagios de COVID-19, mandatarios de oposición ignoran la alerta roja y ponen en marcha «ola de reactivación». El PAN exige que sea el Congreso el que controle la reapertura social y económica

Gerardo Moyano

El brote de COVID-19 no solo agarró mal parada a la mayoría de los gobernantes del mundo, sino que profundizó las grietas políticas e ideológicas entre naciones e incluso dentro de ellas. Por diferentes motivos, tanto en Estados Unidos, como en Alemania, Brasil o México, algunos mandatarios estatales se han rebelado contra las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno central y han emitido las propias.

El pasado 6 de junio, a solo cinco días de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciara el fin de la «jornada de sana distancia» y la entrada a la «nueva normalidad» con un semáforo epidemiológico en color rojo, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco, Colima y Guanajuato establecieron su propia estrategia de salud y de reactivación económica, la cual denominaron «Nueva convivencia social».

Al «Grupo de los 8» (G8), que se hizo célebre por exigir un nuevo pacto fiscal en medio de la epidemia (Espacio 4, 639), se le sumaron los mandatarios de Quintana Roo y Yucatán, dos entidades fuertemente golpeadas por el desplome de la actividad turística, la cual representa su principal fuente de ingresos.

«Hasta hoy los ocho gobernadores hemos atendido solos esta emergencia sanitaria, con nuestras capacidades y recursos, que sin duda, son insuficientes para el tamaño del desafío».

Reunión Interestatal COVID-19

El bloque en rebeldía está formado en su totalidad por políticos de oposición: Miguel Riquelme (Coah., PRI), Jaime «Bronco» Rodríguez (NL, independiente), Francisco García Cabeza de Vaca (Tamps., PAN), Silvano Aureoles Conejo (Mich., PRD), José Rosas Aispuro (Dgo., PAN), Enrique Alfaro Ramírez (Jal., PRI, luego PRD, MC y ahora sin partido), José Ignacio Peralta (Col., PRI), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Gto., PAN), Carlos Joaquín González (Q. Roo, PRD) y Mauricio Vila Dosal (Yuc., PAN).

En un posicionamiento conjunto, emitido tras la última «Reunión Interestatal COVID-19», celebrada en Tequila, Jalisco, los mandatarios del G8 «rechazaron» el semáforo emitido por el gobierno federal y anunciaron que cada entidad tendrá el suyo. Esto, dicen, debido a que el sistema de alerta sanitaria federal fue «construido de manera unilateral y ha violentado por segunda ocasión el acuerdo definido en consenso con todas las entidades federativas y (...) el Consejo Nacional de Salud».

Si bien dicen «entender» que «estamos en una etapa de aceleración de contagios», anunciaron que «continuaremos con nuestras estrategias específicas de reapertura gradual de la economía», pues «no existe un mecanismo real de coordinación para atender la epidemia». Además, exigieron un diálogo directo con AMLO «para unificar criterios en los estados y definir prioridades que nos permitan salvar vidas».

En esta línea, algunos cambiaron el semáforo de ciertas regiones de sus estados a color naranja —el cual permite mayor apertura de actividades no esenciales—, pese a que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que el país entero está en semáforo rojo, pues atraviesa la etapa de mayor riesgo de contagio de COVID-19.

A la resistencia se sumó el grupo parlamentario del PAN, que busca que sea el Congreso y no el gobierno federal el que controle la reapertura de actividades. El diputado panista Adolfo Torres Ramírez señaló que presentará una iniciativa para que el semáforo sea controlado por los legisladores, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), académicos y médicos.

«Vamos por una legislación nueva y completa. Que sea el Poder Legislativo quien tenga la facultad absoluta de manejar el semáforo epidemiológico (...) basándonos en opiniones de la OMS, de académicos, médicos mexicanos y especialistas económicos», dijo el diputado por Michoacán.

Todo lo anterior se da en un ambiente marcado por el aumento de homicidios dolosos, protestas violentas en Jalisco y Ciudad de México por el asesinato del joven Giovanni López a manos de policías y manifestaciones «motorizadas» para exigir la renuncia de AMLO.

Nueva convivencia

El pasado 8 de junio, el gobierno de Quintana Roo determinó pasar a color naranja el semáforo en la zona norte del estado, donde se encuentran los centros turísticos de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Morelos. En esta zona se permitirán casi todas las actividades comerciales, aunque en diferentes grados. Los servicios turísticos, por ejemplo, se activarán a un 30% de su capacidad.

La vecina entidad de Yucatán siguió un camino similar, habilitando actividades no esenciales como comercio mayorista, oficinas de profesionistas y hoteles y restaurantes de manera parcial.

«No coincidimos con los indicadores que presenta el semáforo federal ya que (…) no toma en cuenta los esfuerzos adicionales que se han hecho en Yucatán para ampliar nuestra capacidad hospitalaria», dijo el gobernador yucateco Mauricio Vila.

«Hemos determinado que las decisiones en Yucatán no sean tomadas desde la Ciudad de México, sino que sean los expertos yucatecos quienes las tomen en el estado, por lo tanto, anunciamos el inicio de la ola uno de nuestra reactivación económica», agregó.

En Colima, uno de los estados con menos contagios y muertes por COVID-19, el gobernador José Peralta argumentó que la semaforización por regiones es necesaria, pues «el 65% de los casos están en Manzanillo y eso le da en la torre al resto de municipios del estado».

«Los negocios ya no aguantan más tiempo cerrados y las familias necesitan generar dinero (…) sabemos que no hay vacuna ni solución para el virus en este momento pero necesitamos seguir con la economía del estado, para eso estamos en movilidad regulada», dijo.

Por su parte, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que el gobierno federal es «irresponsable» por poner a todos los estados en alerta roja sin tomar en cuenta a las administraciones estatales. «En Tamaulipas debimos haber arrancado el semáforo de color naranja (…). el objetivo es garantizar la salud y salvar empresas», dijo.

En Coahuila, donde a mediados de mayo el gobernador Miguel Riquelme dijo que «el semáforo federal no aplica» para la entidad, la cadena Cinépolis anunció la apertura de sus salas de cine en Múzquiz y Matamoros.

El caso de Jalisco es especial. La reunión semanal del G8 en Tequila, el pasado 6 de junio, se dio en medio de violentas protestas en Guadalajara por el asesinato del joven Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Según el gobernador Enrique Alfaro éstas fueron instigadas desde «los sótanos del poder de la Ciudad de México» e «infiltradas por la delincuencia organizada».

Nueva normalidad

Al arrancar la «nueva normalidad», el pasado 1 de junio, el gobierno federal señaló que el único estado que figuraba con semáforo en color naranja era Zacatecas. Sin embargo, el aumento de contagios en la entidad hizo que las autoridades federales lo volvieran a poner en rojo a la semana siguiente.

«¿Alguien piensa que ya deben estar abiertos todos los centros de trabajo (…) que ya se puede tener congregaciones en el espacio público, alguien piensa que los cines, teatros, conciertos, playas van a abrir?», cuestionó López-Gatell el 8 de junio.

«Nadie se confunda: el color rojo indica el máximo riesgo de transmisión del virus que causa el COVID-19 (…) Lo que se ve en todas y cada una de las entidades federativas es color rojo (…) En algunos estados, es el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo (...) a pesar de que la tendencia es estable, la cantidad de casos diarios es establemente alta», agregó.

En este contexto, aclaró: «Los hoteles solo pueden tener 25% de ocupación, no para hacer turismo, no para irse de vacaciones, no para pasear, pero como las actividades laborales esenciales también requieren alojamiento de los trabajadores (…) se requiere cierto grado de funcionamiento. Pero no van a funcionar los restaurantes de hoteles, solo van a tener servicios al cuarto (...), lo mismo los restaurantes y cafeterías».

El funcionario destacó que el semáforo rojo se mantendría en todo el país hasta, por lo menos, el 14 de junio.

Al cierre de esta edición, los casos de contagios (más de 130 mil) y muertes por COVID-19 (más de 15 mil) seguían en constante aumento en el país. Aunque la tasa de mortalidad en México por cada cien mil habitantes (10.86, según la Universidad Johns Hopkins) es menor a la de Estados Unidos (33.78), Brasil (17.40), Italia (56.10) y España (58.08), el país se ubica como el séptimo con más decesos y el decimocuarto con más contagios. En Latinoamérica, solo Brasil lo supera en cantidad de muertos (40 mil).

Para colmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington advirtió de un «crecimiento explosivo» de muertes por COVID-19 en México, las cuales podrían llegar hasta 52 mil a principios de agosto. Se trata de un aumento de poco más de 4 mil muertes a las que proyectó tres semanas antes.

Por su parte, la prensa internacional hizo eco del resultado positivo que arrojaron las pruebas de COVID-19 aplicadas a cuatro altos funcionarios del IMSS, incluyendo a su director Zoé Robledo. Según la dependencia, todos ellos se encuentran asintomáticos, en buen estado de salud y trabajan desde sus hogares.

Pese a que Robledo acompañó a AMLO en las giras que éste realizó en las semanas previas, el presidente se resistió a realizarse una prueba «porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia», dijo.

Antes que Robledo, habían dado positivo a la enfermedad el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Además de los decesos por COVID-19, a la «nueva normalidad» habría que sumarle las muertes por homicidios dolosos, que están alcanzando nuevos récords. El 7 de junio se convirtió en el día más violento del año, con 117 asesinatos, según el conteo diario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Lo reportado por la CNS suele ser entre un 20 y 25% menor a lo que reporta mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Se trata de la segunda jornada más sangrienta en lo que va del sexenio, detrás del 1 de diciembre de 2019, cuando se reportaron 127 ejecuciones. El pasado mes de marzo sigue siendo el más violento del sexenio, con un registro de 3 mil asesinatos. E4



Del «vete ya» a la revocación de mandato

El llamado a utilizar automóviles para respetar la sana distancia en las protestas del pasado 30 de mayo en contra del presidente López Obrador resultó un tiro por la culata para el autodenominado Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA).

A la escasa convocatoria (casi nula en varias ciudades), se sumaron las fuertes críticas contra los manifestantes que marcharon en autos y camionetas de lujo bajo la consigna «AMLO vete ya», lo cual puso en duda la diversidad de clases sociales que según su principal impulsor, el empresario Pedro Luis Martín Bringas, caracterizan al movimiento (Espacio 4, 640).

Al respecto, AMLO le pidió a sus adversarios que «no coman ansias; yo mismo establecí las reglas, porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, no me respalda». El mandatario se refiere a la revocación de mandato a la que se someterá en 2022, según lo permite la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2019.

De acuerdo con un documento presentado por AMLO y su vocero Jesús Ramírez Cuevas en la conferencia mañanera del 9 de junio, quitarlo del poder a través de esa figura constitucional está entre los objetivos de un supuesto grupo llamado «Bloque Opositor Amplio» (BOA).

Titulado «Rescatemos a México», el documento —«cuyo origen y autenticidad desconocemos», aclaró Ramírez—, señala que el BOA se avocará a la tarea de agrupar a los adversarios de la Cuarta Transformación con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2021.

Para ello, convocará a participar al «PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil».

La estrategia, señala el texto, se centraría en derrotar a Morena exponiendo las debilidades y limitaciones del gobierno y la distancia que tiene esta fuerza política con su fundador (AMLO), a través de «medios de comunicación y redes sociales» y de un «cabildeo del bloque opositor en Washington, Casa Blanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la Cuatro T».

Esto sería financiado por organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, Grupo Monterrey, Femsa, así como por FRENAAA y el Consejo Nacional Ciudadano, y se apoyaría en la labor de periodistas como Leo Zuckermann y Ciro Gómez Leyva, quienes de inmediato se deslindaron del supuesto bloque.

Lo mismo hicieron gobernadores de oposición, el CCE y la Coparmex, quienes acusaron al gobierno de «irresponsable» por utilizar un espacio oficial para esparcir «rumores» y «distraer» a la población en medio de la emergencia sanitaria.

Entre las reacciones de los gobernadores, destacó la del chihuahuense Javier Corral (PAN), quien se mofó del presidente. «En la Torre.... Ya nos descubrió @JesusRCuevas!!!! Por lo pronto el Pte. @lopezobrador_ no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y pegajoso. #EsLaBoa...EsLaBoa Seguimos en Rojo! Si los distraen, por lo menos disfrútenla!!», escribió en Twitter junto a un video-montaje musical en el que gobernadores de oposición bailan al ritmo de la canción «La Boa» de la Sonora Santanera.

Al presentar el documento, AMLO destacó que en época de transformaciones «se necesita la definición y van cayendo las máscaras» y acusó a sus opositores de actuar «para que regrese la anterior política económica, los intelectuales del régimen neoliberal defienden que se mantengan el status quo, que continúe la corrupción, los privilegios, por eso es lo de conservadurismo». E4

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