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Edición 636

Reportaje

Ganancias contra salud, el dilema del etiquetado frontal en México

Corporaciones se juegan su última carta para frenar una medida que en Chile redujo el consumo de alimentos y bebidas procesados. La Unicef apoya la NOM-051 contenida en la nueva Ley General de Salud, y la pone de ejemplo para otros países

Javier Mariscal

¿Quién gobierna en México? Pensar que el poder radica solo en el Estado y sus funciones ejecutiva, legislativa, judicial y, ahora, de participación ciudadana, es desconocer que hay poderes fácticos «a la sombra», los cuales imponen sus agendas a gobiernos y pueden controlar la operación de las autoridades, dice el escritor español Joaquín Estefanía.

En este sentido, la analista Denise Dresser se pregunta: «¿Quién gobernó México?: ¿la Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim?, ¿la Comisión Nacional Bancaria o los bancos?, ¿la Secretaría de Educación Pública o Elba Esther?, ¿la secretaría de Energía, Pemex, o Carlos Romero Deschamps?, ¿la Comisión Federal de Telecomunicación o Emilio Azcárraga?, ¿el Estado Mexicano o la serie de intereses que lo pueden controlar?...» (Aristegui Noticias, 12.12.19).

Ante este argumento, cabría preguntar además: ¿quién rige la promoción del uso del fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Coahuila y el país?, ¿por qué tanta reticencia a una regulación más estricta del outsourcing como mecanismo de contratación de personal? o, ¿qué mueve a la oposición para que no se implemente la reforma al Artículo 112 de la Ley General de Salud y su NOM 051, que busca añadir más información para el consumidor en el etiquetado de alimentos?

Ejemplos sobran, algunos nacionales y otros estatales o municipales, pero con frecuencia el factor común parece ser el interés de grupos económicos.

Nuevo etiquetado

La obesidad y la diabetes son una «plaga mundial», lenta, pero devastadora. En México cerca de nueve millones de pacientes ya tienen diabetes diagnosticada y según datos de la Secretaría de Salud, es posible que haya otros 12 millones de personas que la padecen sin saberlo.

Además, el país tiene una de las tasas más altas de obesidad en el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que «uno de cada tres mexicanos adultos la padece», problema que complica o detona precisamente enfermedades como la diabetes o la hipertensión, entre otras.

La OCDE puntualiza que a la obesidad se le atribuye una reducción de más de cuatro años en la esperanza de vida de los mexicanos, y tener que enfrentarla generará al país una pérdida de 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2050.

Por lo anterior, con el aval y asesoría de expertos y activistas, la bancada de Morena en el Poder Legislativo diseñó una reforma a la Ley de Salud para combatir el sobrepeso en México, la cual fue aprobada en noviembre de 2019 y ratificada a principios del año en curso.

«El 24 de enero, los Comités Consultivos Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y el de Regulación y Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobaron la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados», informó la Secretaría de Economía en comunicado de prensa.

Es la primera NOM de la actual administración federal. Las autoridades la califican como «la más incluyente y la que ha convocado a la mayor participación de la sociedad y, en consecuencia, la más democrática y transparente».

Esta norma permitirá al consumidor identificar los productos con exceso de componentes asociados a sobrepeso y obesidad, como: azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, a través de la imposición de etiquetas frontales que así lo denuncien en los envases de los productos.

Organismos internacionales han elogiado el esquema de etiquetado frontal de México, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que aseguró que es de los mejores del mundo.

«Contempla las mejores experiencias internacionales y la evidencia científica más actualizada y relevante, por lo que podría incluso convertirse en un ejemplo para otros países», expresó en un comunicado Christian Skoog, representante de Unicef en México.

El funcionario dijo considerar que es un paso fundamental en la lucha contra el sobrepeso y obesidad en México, y que el nuevo etiquetado debe contar con el apoyo de toda la población y grupos de interés para que su proceso de adopción sea lo más rápido y adecuado posible.

Combate legal

Respecto a la implementación de la NOM 051, los grupos de poder buscan que el ejercicio de la autoridad judicial se conduzca hacia la no aplicación del etiquetado frontal. Intentan imponer el interés económico por sobre el de la salud.

Integrantes de la industria agroalimentaria advierten que «seguirá el combate legal contra la NOM 051», porque el etiquetado afectaría decenas de miles de toneladas de su producción anual.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) argumenta que la norma afectaría sobre todo al trigo, maíz, frutas y caña de azúcar y pone en riesgo al campo, que ya trae una merma de la producción del 30%.

El modelo, inspirado en uno que se aplica en Chile desde 2016, preocupa a los empresarios mexicanos porque en aquel país este esquema generó una caída de hasta 25% en las ventas de pastelillos, dulces y bebidas azucaradas.

Bosco de la Vega, presidente del CNA, explicó que el 75% de la producción anual del sector agroalimentario se destina al procesamiento de alimentos y prevé que la cuarta parte de esa cantidad resulte afectada por el nuevo etiquetado.

«La producción nacional ronda las 230 mil toneladas. De la industria procesadora de alimentos es el 75% de la producción, alrededor de 171 mil toneladas y sí habría un impacto de 25% menos de consumo, sería un impacto de 42 mil toneladas» (Proceso, 29.01.20), dijo.

Advirtió que (la caída en el consumo) «será un obstáculo para la formación y creación de nuevas empresas agroalimentarias y dificultaría revisar los productores y comercializadores informales». La NOM —dijo— afectaría a uno de los sectores más fuertes en comercio exterior del país, que en 2019 alcanzó un valor de 37 mil millones de pesos en exportaciones.

Según Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), al sector le costaría 6 mil millones de pesos cambiar el etiquetado de productos.

Luego de que el 6 de marzo el 21 Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa revocara la suspensión de la norma sobre etiquetado, la Confederación de Cámaras Industriales y el Consejo Coordinador Empresarial anunciaron que financiarán el uso de los medios legales a su alcance y recurrirán hasta las últimas instancias del poder Judicial para «hacer valer el derecho de los consumidores a la información real» (El Economista, 07.03.20).

Poder del Consumidor

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, afirma que este litigio se ha convertido en una lucha de organizaciones sociales y del Estado, que actúan en favor de la población, contra poderes fácticos que intentan mantener sus privilegios de grupo y no dudan en inyectar recursos económicos ilimitados para conseguir su objetivo.

Vía comunicado de prensa, indicó que se ha iniciado «una guerra sucia» contra funcionarios, institutos de salud, académicos, legisladores y organizaciones civiles que promueven el etiquetado frontal. Advirtió que los opositores se apoyan en reconocidos periodistas y medios de comunicación para moldear la opinión pública a favor de sus intereses.

«A los opositores se han unido exfuncionarios, corporaciones, cabilderos y agencias de publicidad. Si en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos las refresqueras gastaron 10 millones de dólares para evitar el impuesto al refresco, si la industria de alimentos y bebidas invirtió mil millones de euros para evitar un etiquetado de advertencia en Europa, ¿cuánto estarán dispuestos a invertir en México?», plantea Calvillo.

Además, señala que en esta guerra sucia de los organismos empresariales, un recurso común es utilizar trascendidos y a columnistas aliados a los intereses de las corporaciones, por lo cual sugiere dar seguimiento «a esos aliados en la prensa» usados como estrategia de la industria, por ejemplo, desde que se comenzaron a establecer las regulaciones al tabaco vía impuestos, áreas libres de humo de tabaco o imágenes en las cajetillas.

En este conflicto de interés, explica, participan políticos que se especializan en construir acuerdos con los poderes fácticos a cambio de favores y apoyo económico para llegar a cargos públicos o impulsar a sus partidarios a las altas esferas del poder, y esa es una de las formas más profundas de corrupción prevaleciente en México. E4


«El conflicto de interés donde participan políticos que se especializan en construir acuerdos con los poderes fácticos a cambio de favores y apoyo económico para llegar a cargos públicos o impulsar a sus partidarios a las altas esferas del poder, es una de las formas más profundas de corrupción prevaleciente en México».

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor


«A lo largo de la historia, los poderes fácticos han demostrado tener alta capacidad como promotores de ideas o iniciativas, o como disuasores o agentes de intimidación sobre quienes ostentan cargos oficiales».

Joaquín Estefanía


Lastre que ancla al país en el subdesarrollo

Poder fáctico es el «sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión», dice el Diccionario de la lengua española. Cita como ejemplo la banca, la iglesia y los medios de comunicación.

Generalmente estos grupos no se imponen por la fuerza, sino que para lograr sus objetivos utilizan recursos vitales o estratégicos que les dan el control sobre ideologías, la sociedad y la economía.

Para el caso, en lugar de controlar al gobierno de turno, buscan influenciar en los reglamentos de modo legal o cuasi-legal.

En el país existe un panorama complejo, en el que sobresalen la creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política, una situación macroeconómica complicada por la presión de un gasto público rígido e ineficiente —especialmente el gasto corriente—, altos niveles de inseguridad social y la falta de cumplimiento de la ley, lo cual ha dado lugar a un clima generalizado de impunidad.

Los problemas estructurales y la debilidad de las instituciones llevaron al país a niveles de inequidad nunca antes vistos, mientras la pobreza continúa en aumento.

Las principales determinantes para esta situación de inequidad son:

1. Mala distribución del capital educativo e ingresos en el mercado de trabajo.

2. Concentración del capital y la tierra.

3. Desbalance en el acceso al crédito.

4. Inequidad en la distribución de las cargas impositivas.

Respecto a los poderes fácticos, resulta evidente que muchos de los problemas nacionales que subsisten y que afectan su desarrollo económico y social se relacionan principalmente con el accionar de dichos sectores, en contubernio con la clase política, cosa que sucede en todo el mundo.

En México es posible identificar grupos que concentran poder económico y que algunos malos empresarios, valiéndose del mismo, obtienen grandes beneficios del Estado mediante concesiones, contratos con licitaciones arregladas, exoneraciones y exenciones fiscales, las cuales ya fueron eliminadas por el Congreso a iniciativa del presidente López Obrador.

Adicionalmente, hay sindicatos y organizaciones de empleados públicos, donde destacan grupos como los maestros, los sindicatos en salud y de empresas públicas que, asumiendo un carácter mercantilista y mediante acciones de presión y con el beneplácito de los políticos, especialmente cuando éstos van en pos de votos, se apoderan del presupuesto público.

Lo peor de todo, es que las conquistas económicas no redundan en servicios de calidad para la ciudadanía en educación, salud y otros rubros prioritarios. Esta situación afecta particularmente a los jóvenes, pues cancela, oportunidades, les impide mejorar su condición y ancla al país en el atraso económico y social. E4


Política antiobesidad

A escala internacional, todas las recomendaciones para enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes establecen la necesidad de desarrollar regulaciones para reducir el consumo de bebidas y alimentos altos en azúcar, grasas y sodio.

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, recordó que en 1996 el 20% de mexicanos padecía sobrepeso y obesidad; en la actualidad la tasa es del 73%, de la cual el 34% es obesidad mórbida. En cuanto a la población infantil, el porcentaje pasó de 7.5 en 1996 a 15 en 2018, expuso.

En este sentido, el objetivo del nuevo etiquetado de alimentos en México busca alertar al consumidor, mediante mensajes en octágonos negros, del contenido de sodio, grasas, azúcares y exceso de calorías en alimentos industrializados.

Además de la alerta contra dichas sustancias, se prohibirá que estos productos contengan imágenes de personajes o dibujos que incentiven entre los niños el consumo.

En los productos que contengan sustancias que generen reacciones en el organismo, incluso se añadirá la advertencia

«evitar en niños».

Este esquema ya se aplicó en Chile, donde las ventas de productos como pastelillos, dulces y bebidas azucaradas cayeron hasta 25%.

Aunque la Ley General de Salud ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, aún no se aplica.

Referentes de la experiencia chilena:

El Ministerio de Salud de Chile reportóen 2019 que la estrategia

del etiquetado frontal de alimentos

y bebidas, arrojó, entre otros, los

siguientes resultados:

Caída de 25% en la compra de bebidas azucaradas.

Baja de 14% en el consumo de cereales azucarados.

Disminución de 17% en la venta de postres envasados.

Reducción del 46 al 62% en la exposición de publicidad de este tipo de alimentos entre preescolares y adolescentes.

Un reporte de julio de 2019 informa que 90% de las madres de preescolares, entienden y valoran positivamente los sellos de advertencia.

Otro estudio muestra los beneficios que ha tenido esta regulación en la alimentación al interior de las escuelas:

Se ha registrado un impacto positivo en la reformulación de los productos.

Se detecta una reducción de 25% de azúcares y una reducción de 5-10% de sodio en promedio.

En una evaluación en más de cinco mil productos se encontró una reformulación en alrededor del 17%.

Este tipo de etiquetado frontal de advertencia opera actualmente en Chile y Perú; pronto se aplicará en Uruguay.

Con diferentes modelos se implementan etiquetados de advertencia en Israel y Canadá.

El etiquetado chileno ha sido reconocido por los organismos de naciones unidas OMS, OPS, FAO, OCDE y Unicef.

Ellas, con mayor prevalencia

A escala nacional, durante 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y más con problemas de sobrepeso fue de 75.2, mientras que en 2012 era de 71.3.

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