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Edición 633

Justicia

El efecto búmeran del acoso judicial contra Sergio Aguayo

El caso pone de relieve la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias en el Poder Judicial, así como sus vínculos con el poder político. Los hermanos Moreira (Humberto y Rubén) y los Olea Contró (Francisco José y Jean Paul) forman parte de la trama

Gerardo Moyano

«Mis abogados me recomendaron no hablar sobre el tema de la demanda con Moreira», dijo el académico Sergio Aguayo en una entrevista concedida a Espacio 4 (548) en 2016, cuando la demanda por daño moral que interpuso en su contra el exgobernador Humberto Moreira Valdés apenas se adentraba en los laberintos kafkianos de la justicia mexicana.

Los años siguientes dimos puntual seguimiento a este caso, el cual poco a poco se fue convirtiendo en un símbolo del acoso judicial de políticos a periodistas.

Pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasaron jueces, instancias, sentencias a favor y en contra, pronunciamientos de organismos internacionales y advertencias sobre los riesgos de sentar un precedente nefasto para la libertad de expresión.

Llegó la 4T y la esperanza de un cambio por la disculpa que el Estado le pidió a la periodista Lydia Cacho, quien en 2005 fue torturada en su traslado a Puebla para enfrentar una demanda por daño moral, interpuesta por el empresario —hoy prófugo de la justicia— Kamel Nacif, en represalia por su libro Los Demonios del Edén. Por el mismo caso, la Interpol también busca al exgobernador de Puebla, Mario Marín.

Y cuando parecía que la censura, los montajes de operativos y el espionaje a comunicadores y activistas quedaban atrás, llegaron las críticas a los medios de comunicación en las conferencias mañaneras del presidente, la propuesta de revivir el delito de difamación con pena de cárcel (Espacio 4, 632) y la perversa sentencia de un juez de la capital, que condenó a Sergio Aguayo a pagarle 10 millones de pesos a Moreira por haber escrito que el político desprendía un «hedor corrupto». El 28 de enero, Aguayo debió depositar 450 mil pesos de fianza para detener el embargo sus propiedades.

¿Todo cambió para seguir igual? No del todo. El caso Moreira-Aguayo ha destapado la cloaca en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde el magistrado que favoreció al exmandatario coahuilense, Francisco José Huber Olea Contró, es conocido por llegar al trabajo en un Ferrari y por ostentar cuadros y esculturas de alto valor en su despacho, algo que no va de acuerdo con su salario.

Olea Contró revocó una sentencia de 2019 favorable a Aguayo, en la que el juez de primera instancia, Francisco Castillo, reconoció que, si bien las expresiones empleadas eran aflictivas para Moreira, la información y opiniones emitidas por el investigador de El Colegio de México no tuvieron el propósito de ofender, insultar, calumniar o propinar injurias contra el ex funcionario, sino que respondían al deber de informar de un periodista y abonaban al debate público.

Además de haber aplicado disposiciones derogadas y contravenir tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y criterios internacionales, Olea Contró debería haberse excusado de tomar el caso, debido a que en 2017 el gobernador coahuilense Rubén Moreira —hermano de Humberto—, le otorgó a su hermano Jean Paul Huber, una notaría pública en Saltillo.

Ahora, a petición de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán investigar por posibles conflictos de intereses a Olea Contró y a los magistrados involucrados en el caso. Entre ellos, Delia Rosey Puebla, magistrada de la Sexta Sala Civil, quien según una investigación de Aristegui Noticias (AN) enfrenta una queja porque siete de sus sobrinos y una de sus hijas trabajan en el TSJ de la CDMX.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez, prepara una propuesta para que el máximo tribunal de justicia atraiga el caso, lo cual debe ser aprobado por tres de los cinco magistrados del pleno.

«El anuncio (...) del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue para mí como una liberación de la mazmorra en la cual se ha convertido el Poder Judicial de la Ciudad de México», dijo Aguayo (Reforma, 31.01.20)

En este sentido, el abogado de Aguayo, Héctor Beristain, recuerda que en los últimos 15 años la SCJN se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión e imprenta en casos de conflicto con el derecho al honor. Al tiempo.

#HuberLordFerrari

En 2012, Francisco José Huber Olea Contró fue detenido por la Policía capitalina por los delitos de abuso de autoridad y de tráfico de influencias.

En esa ocasión, recuerda Excélsior (26.11.18), el magistrado arribó a la casa de su amiga francesa Simone Marian Peloquin, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, para detener el desalojo de unos inquilinos estadounidenses, quienes realizaban un culto religioso extremista.

Al enfrentarse con los policías, el magistrado les exigió que se fueran del lugar bajo pena de ser cesados. Y aunque Olea fue denunciado, el TSJ capitalino no inició ningún procedimiento en su contra, ni siquiera de carácter administrativo. «O sea, (Huber) hace lo que se le da su regalada gana», concluye el periodista Francisco Zea en un reportaje sobre el tema en Imagen Noticias (26.03.19).

La nota de Excélsior destaca que antes de ingresar a la Sexta Sala Civil del TSJ de CDMX, en 2010, Huber fue magistrado de la Séptima Sala Penal (2008-2009), asesor jurídico de empresas transnacionales, abogado postulante, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de Documentación y Difusión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como director de la División de Estudios de Posgrado de la Academia Mexicana de Derecho Canónico.

En su columna «@Magistrado Huber» (El Universal, 30.01.20), Ricardo Raphael califica al polémico juez como «uno de esos personajes que suelen esconderse detrás de una pesada cortina de impunidad» y destaca que «en su oficina del Tribunal, (nada republicana ¿y qué?) como en museo puede uno envidiar los cuadros de Alberto Gironella, Rafael Coronel, Jorge Marín o Leonardo Nierman. Suele comentar con sus admiradores que los cuelga ahí porque en su casa de plano ya no caben. Vale preguntarse si su sueldo como funcionario público ha permitido la acumulación de esa fortuna en obras de arte».

También resalta su gusto por los autos deportivos. «Al magistrado Huber Olea Contró lo han visto llegar al Tribunal montado en automóviles de la marca Ferrari y, entre los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul, se dice que esos son los regalos que, presuntamente, le habría hecho su presidente, Guillermo Álvarez, para obtener un trato favorable en los asuntos que este juzgador tiene en su portafolios; expedientes cuyo valor rebasaría cualquier cifra imaginable», agrega.

Raphael subraya además que «supuestamente por sorteo, a este magistrado le cayeron los 18 juicios que la Cooperativa Cruz Azul tiene contra Álvarez. Acaso lo del Ferrari pudiera ser chisme, acaso no, pero los afectados acusan un sesgo que, en esta coyuntura, no debería pasar desapercibido».

Un abogado que prefirió el anonimato le habría confesado al columnista que Huber le pidió «una cantidad elevada para obsequiarle una sentencia favorable en un litigio con un banco. Nuevamente, acaso pudiera ser chisme, acaso no, pero la pila de acusaciones se sigue abultando».

A esa pila se suma el hecho de que su hermano haya sido nombrado notario en Saltillo por Rubén Moreira. El artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (hoy CDMX) establece que es causa de impedimento o recusación cuando un magistrado, un juez o secretario, intervienen en asuntos o negocios en los que tienen intereses directos; o bien, en los que tienen intereses su cónyuge o sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados o hasta en cuarto grado.

Huber podría haber sido sancionado por una queja que presentó la defensa de Aguayo ante la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura de CDMX, pero «no hay evidencia de que hayan hecho algo, lo cual confirma la existencia de una tolerancia al magistrado», dice Aguayo.

En una carta enviada al periódico Zócalo (14.10.19), Jean Paul Huber Olea Contró reconoció que su nombramiento como notario público 124 le fue concedido por el exgobernador Rubén Moreira, pero negó cualquier relación con la actuación de su hermano.

«Cumplí todos los requisitos que la Ley del Notariado exigía para el caso y solicité el fiat correspondiente, el cual fue aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Titular del Ejecutivo. Acredité ante juez de lo civil del Poder Judicial del Estado los requisitos respectivos y se rindieron las informaciones testimoniales respectivas. Pagué el importe por los derechos del fiat otorgado una cantidad poco más de $670,000.00», señala.

El 31 de enero, Francisco Huber Olea Contró negó en una declaración a Reforma que exista un conflicto de intereses en la sentencia contra Aguayo. «Puedes platicar con toda la gente que me rodea, en la universidad, hay gente que me conoce desde hace mucho, desde la gente que trabaja conmigo, mis compañeros magistrados, abogados, y saben que no hay ninguna relación con él (Jean Paul) desde hace 20 años. Ni siquiera sabía que era notario, ni dónde vive», dijo.

Huber se refiere a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde imparte cátedras en la Facultad de Derecho. Una foto de Facebook publicada en la página oficial de la Facultad lo muestra junto a un grupo de alumnos. Entre los comentarios de agradecimientos, se filtra uno del usuario Luis A. Osorio Rosales: «es una maldita rata».

Lo cierto es que, para el magistrado, su sentencia no contradice las tesis de la SCJN, la cual «establece que para el daño moral que involucra periodistas y personajes públicos, que consiste en examinar no sólo lo mencionado en la información periodística que no se encuentre verificado, sino que la información proporcionada al lector se haya hecho con el afán de dañar».

Además, ironiza que Aguayo podría haber evitado su condena «nada más desdiciéndose, sólo de esa cosa (llamar corrupto a Moreira), ni siquiera disculpándose».

Magistrada polémica

Aristegui Noticias (AN) señala que desde el pasado 1 de septiembre que se presentó una primera queja por nepotismo contra la magistrada Delia Rosey Puebla, se desconoce el resultado de la indagatoria iniciada por la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura de la CDMX.

Destaca el hecho de que la jueza fuera parte de la Comisión de Ética que en junio del 2012 resolvió una queja contra el actual presidente del TSJ de CDMX, Rafael Guerra Álvarez, por un supuesto retraso en los fallos relacionados con el caso News Divine.

«Además de las acusaciones por nepotismo, la magistrada Delia Rosey ya ha enfrentado acusaciones de abogados por actuaciones irregulares, una de ellas en el litigio entre el fallecido actor Rogelio Guerra y Televisión Azteca por un supuesto incumplimiento de contrato», señala AN.

«En su momento, el abogado Raúl Carmona denunció que la magistrada Delia Rosey resolvió en apenas 24 horas un caso que llevaba casi 10 años en tribunales, revocando una sentencia favorable a Rogelio Guerra y dictando un nuevo fallo en el que se condenaba al actor, incluso, a la pérdida por el uso de su nombre artístico. Coincidentemente, una sobrina de la magistrada Delia Rosey que ingresó al tribunal de la mano de su tía, la hoy magistrada Josefina Rosey González, fue acusada en 2013 de favorecer indebidamente a la tienda Elektra del empresario Ricardo Salinas Pliego en un litigio que la cadena sostuvo con la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que incluso fue denunciada ante la PGJDF», agrega. E4

«(Es) uno de esos personajes que suelen esconderse detrás de una pesada cortina de impunidad (…) en su oficina del Tribunal (…) puede uno envidiar los cuadros de Alberto Gironella, Rafael Coronel, Jorge Marín o Leonardo Nierman. (…) Vale preguntarse si su sueldo como funcionario público ha permitido la acumulación de esa fortuna en obras de arte».

(Ricardo Raphael, El Universal, 30.01.20)


Dresser encara y AMLO evade

Disco rayado: Calderón «exoneró» a Humberto Moreira

La cruzada para impedir que políticos como Humberto Moreira acosen a periodistas llegó hasta las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 29 de enero, Denise Dresser se presentó ante AMLO como una periodista de Reforma —medio con el cual el mandatario tiene un abierto enfrentamiento— y Proceso. Y en nombre de Sergio Aguayo.

La dignidad, la firmeza y la mesura —en palabras del propio Aguayo— con las que Dresser habló contrastaron con la postura evasiva y dubitativa de éste.

«Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar (…) Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lydia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción.

«Entonces, mi pregunta: ¿usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna?, preguntó la periodista.

«Lamento mucho que me confundas con gobiernos anteriores (…) Para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma», contestó López Obrador.

Luego de que Dresser le recordara que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, fue quien presentó la iniciativa de reforma al Código Penal Nacional, AMLO excusó que la Fiscalía General de la República es autónoma y e insistió en que «quien exonera a Moreira es (Felipe) Calderón».

Posteriormente, el presidente argumentó que se enteró de la iniciativa del fiscal leyendo el periódico El Financiero. «Veo ahí: “Nos quiere encarcelar a todos, nos va a meter a la cárcel a todos”. Entonces, me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. (…) Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos falta de democracia».

Dresser volvió a plantarle cara: «Y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el 1 de febrero si Alejandro Gertz, la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré».

«No, eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar», dijo el tabasqueño.

En un mensaje de Twitter, Aguayo agradeció el apoyo de Dresser, pero lamentó que AMLO no fijara una postura clara. «@DeniseDresserG fue digna, firme y mesurada ante el Presidente. Un ejemplo de interpelación cívica. Le agradezco la solidaridad hacia mi caso. Fue una lástima que el Presidente evadiera responder con claridad sobre la relación entre periodistas y políticos», escribió. E4

«Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar».

Denise Dresser (29.01.20)

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