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Edición 633

Medios

Informática: otra estafa «magistral»

El gobierno de López Obrador presenta medio centenar de denuncias por compra de equipos de computación chatarra, contratos amañados y tráfico de influencias en los dos sexenios anteriores

Gerardo Moyano

El gobierno de Enrique Peña Nieto no solo espió a opositores, activistas y periodistas, sino que desvió miles de millones de pesos a través una estafa «magistral» en la contratación de servicios informáticos. El esquema se habría aplicado desde el gobierno de Felipe Calderón.

Así lo denunció Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Presidencia, al anunciar que la dependencia a su cargo ha presentado 50 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por diversas irregularidades en los contratos de servicios de tecnologías de la información y comunicación, los cuales sumaron más de 40 mil millones de pesos en el sexenio anterior.

Entre las irregularidades, destacan la contratación de servicios con empresas cercanas a funcionarios públicos, la compra de equipo chatarra y gasto discrecional en proyectos de bloqueo de comunicaciones, sistemas de inteligencia, seguridad de información, manejo de datos biométricos, centros de datos y de control, licencias de operación, fibra óptica, obtención y procesamiento de videos y hasta fotocopiado e impresión.

«Ese robo a veces nosotros decimos que el tema de tecnologías no es la estafa maestra, es la estafa magistral porque es muy difícil encontrar los robos porque había contratos firmados», dijo Mercado.

Como ejemplo, mencionó contrataciones del ISSSTE, las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En el caso del CISEN, se detectaron contratos inflados en la adquisición de sistemas de bloqueo de comunicaciones móviles de cárceles estatales (193.7 millones de dólares), en sistemas para la obtención y procesamiento de videos a distancia (204.5 millones de dólares) y en soluciones de inteligencia (143.9 millones de dólares).

La Secretaría de Desarrollo Social, envuelta en el escándalo de la Estafa Maestra, también participó del esquema de desvío al pagar 274.7 millones de pesos para la compra de un sistema de información social integral que nunca funcionó.

«El conocimiento y capacitación estaba en manos de personal ajeno a la Secretaría, 43 de los 65 contratos fueron adjudicados a personas físicas y se adquirieron licencias no utilizadas por 105 millones de pesos», dijo el funcionario.

Cuestionado sobre si la responsabilidad debería recaer sobre la encargada del área digital en el sexenio pasado, Alejandra Lagunes, Calderón Mercado anticipó que será difícil encontrar un solo responsable, pues la red incluía diversidad dependencias y una gran cantidad de funcionarios.

«Es difícil que haya un culpable directo porque todo está legalmente aprobado, incluso con comités, así que es difícil tener el resultado de alguien en la cárcel, porque al final no hay responsable, por la dispersión en el proceso de compra», dijo.

Tráfico de influencias

El titular de la EDN señaló que el origen del «desorden» en la contratación de servicios informáticos por parte del gobierno federal inició en diciembre de 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se expidió un decreto de austeridad que incluía la contratación de tecnología y la aportación de equipos, asistencia técnica y reemplazo de tecnologías por particulares.

Esto hizo que se «enmascaren» gastos en tecnología en rubros como sistemas administrados, integrales o de seguridad, en los cuales las compras y proyectos no eran verificados, ni evaluados y se entregaban a empresas cercanas a funcionarios del gobierno.

«Contratos y bases de licitación que favorecían a ciertos proveedores. En muchas ocasiones se pedían características únicas que sólo una empresa podía dar. Tampoco existían cláusulas específicas de migración para poder cambiar de proveedor», indica el informe presentado por Calderón Mercado.

«Contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios. Se favorecía a empresas particulares a costa del recurso público y esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados», agrega.

«También encontramos la subcontratación de actividades sustantivas del gobierno (…) Este es un tema muy delicado ya que el desarrollo, alojamiento y operación de sistemas estaban y aún siguen algunos en manos de terceros, muchos. (…) Los servidores, públicos, tristemente, que deberían ser técnicos, los encontramos convertidos en administradores de contratos», dijo Calderón.

El funcionario destacó además que «había muy malas compras y había muy malas estrategias», sin un «rumbo claro en las políticas de gobierno»

De ahí que el gobierno actual recibiera «un cementerio de máquinas obsoletas y apagadas (…) Hay muchos sistemas del gobierno que tienen más de 10 años de obsolescencia», denunció.

El diagnóstico de la EDN señala que con la nueva política de austeridad que impulsa le gobierno de AMLO, las secretearías de estado han logrado un ahorro de 39% solo en el rubro de Tecnologías de la Información y Comunicación, lo que representa poco más de 2 mil 431 millones de pesos, en comparación con 2018, el último año del gobierno de EPN. El ahorro alcanza un 56% en la caso de la Oficina de la Presidencia. E4

«Contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios. Se favorecía a empresas particulares a costa del recurso público y esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados».

Emiliano Calderón, director de Estrategia Digital Nacional


La 4T insiste en el derecho al olvido

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha advertido que la iniciativa de Morena que propone el «derecho al olvido» en plataformas digitales representa una amenaza contra la libertad de expresión y acceso a la información.

R3D se refiere a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que fue presentada por el senador Ricardo Monreal el 5 de diciembre pasado, la cual propone la supresión de contenidos —textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales, entre otros— en medios digitales, a escala nacional e internacional.

«Bajo esta óptica, por ejemplo, un funcionario que haya incurrido en actos de corrupción podría apelar a la eliminación de una nota periodística, bajo el argumento de que su delito ya prescribió o porque ha cumplido su condena», señala R3D en un comunicado.

Esto, asegura, atenta gravemente contra la libertad de expresión al facultar la supresión de información de interés público, «mediante una interpretación errada y maliciosa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales; en concreto, del derecho de cancelación».

La propuesta de Monreal también incluye la creación de la figura del «responsable digital», que será la persona física o moral de carácter privado que lleva a cabo el tratamiento de datos personales digitalizados a través de dichos medios.

«Con la reforma, este responsable tendrá la obligación de realizar las operaciones necesarias para cancelar de manera inmediata y definitiva los datos personales que hayan sido objeto de la solicitud del titular, así como las copias de seguridad y demás respaldos electrónicos existentes», argumenta la propuesta. E4

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