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Edición 631

Sociedad

«Rasuran» a inversión 1,857 mdp; menos obra por deuda: Zamarripa

El presidente del CCI Laguna advierte sobre inconsistencias en la aplicación de los recursos generados por el ISN y los derechos de control vehicular. El 100% de ese ingreso debe ser para infraestructura

Javier Mariscal

No solo la deuda estrangula el crecimiento de Coahuila, si no también el opaco manejo de lo recaudado por el Impuesto Sobre Nómina (ISN) y por los gravámenes de control vehicular. Así lo señala a Espacio 4 el director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, Marco Antonio Zamarripa González.

«Recordemos que el ISN fue creado para destinarse directamente a obra pública; y tengamos presente que, por ley, todo lo que se recaude vía derechos de control vehicular, llámese replaqueo, licencias y conceptos afines, debe destinarse a inversión en infraestructura carretera —mantenimiento o construcción de caminos—», explica.

«Ahora bien, si para 2020 se calculó un ingreso de 2 mil 411 millones de pesos por ISN y una recaudación de 1 mil 497 millones vía derechos vehiculares y similares (...) Nos llama mucho la atención que en el Presupuesto de Egresos se programa destinar solamente 2 mil 051 millones de pesos a obras.

«En síntesis: si dos impuestos muy fuertes que se cobran a nivel estatal y deberían destinarse a infraestructura sumarán 3 mil 908 millones, ¿por qué se programan solamente 2 mil 051 millones a obras?, ¿entonces hay 1 mil 857 millones ilegalmente destinados para asuntos que no corresponden?», se pregunta.

En este sentido, destaca, no es de sorprender que las organizaciones empresariales de las diferentes regiones del estado se manifiesten inconformes por la reticencia gubernamental a implementar un fideicomiso que vigile la manera en que se administran los recursos del ISN, el cual está indexado como garantía de los pagos programados de la deuda pública estatal.

De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base en las cuentas públicas de 2018 de cada entidad, Coahuila tiene la sexta deuda estatal más grande del país, solo superada por Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz.

De esas seis entidades, Coahuila ocupó el tercer lugar entre las que más desembolsaron por pago de intereses y capital (servicio de la deuda): 4 mil 010.4 millones de pesos (mdp), lo que representa 10.67% anual del saldo vigente. Al cierre del año referido, la deuda estatal a corto y a largo plazo era de 602.8 y de 37 mil 024 millones de pesos, respectivamente. (37,574.9 mdp).

Los cuatro mil millones de pesos destinados al servicio de la deuda superan el presupuesto de varios municipios y secretarías de gobierno, observa Zamarripa.

Además, refuta la versión del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Armando Plata Sandoval, de que Coahuila podría liberarse de la deuda en 25 años, si no recurre a nuevos créditos. «Pues hay instituciones financieras con las cuales el pago del pasivo está pactado a un plazo de hasta 30 años, no de 25».

El lastre de la deuda

El problema que representa el enorme pasivo coahuilense, señala Zamarripa, lo resienten las secretarías del gobierno estatal, las cuales reciben menos presupuesto.

Esto, debido a que una parte de los fondos que Coahuila recibe a través de impuestos, ya sean propios o canalizados desde la administración federal, operan como garantía o se destinan a pagos por concepto de intereses y capital comprometidos ante los bancos.

Entre las secretarías cuya reducción de presupuesto afecta más a la población se encuentran las relacionadas con Seguridad, Salud, del Trabajo y, desde luego, Obras Públicas. Además del preocupante problema que representa la crisis de recursos para fondear las pensiones de trabajadores del estado o del profesorado.

Incluso la lenta generación de empleos formales en Coahuila se vincula en parte al lastre de la deuda, pues la obra pública es un elemento que activa el engranaje económico en las diferentes regiones del estado y, por tal motivo, su reducción ralentiza tanto el encadenamiento industrial como la contratación de proveeduría de materiales y servicios diversos.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el último bimestre de 2018 se perdieron cerca de 18 mil empleos formales, los cuales —a decir del secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda— debieron recuperarse en el primer trimestre de 2019; sin embargo, transcurrieron 11 meses y aún faltaban aproximadamente 3 mil puestos por recuperar, según cifras del instituto con corte a noviembre pasado.

Si bien hay que reconocer que la cuestión del empleo es multifactorial y que el reducido aumento no es privativo de Coahuila, Zamarripa González señala que resulta difícil mencionar alguna obra que pudiera considerarse trascendente en los dos primeros años del gobierno de Miguel Ángel Riquelme.

En los casos del Teleférico y el Metrobús en Torreón, indica, se trata de proyectos que ya estaban programados, y con una parte de sus recursos etiquetados desde la administración previa. Además, el Metrobús involucra aportes del gobierno de Durango y en lo que respecta a obras viales, la mayoría son fondeadas con recursos federales.

El CCI considera que el programa estatal denominado «Vamos a Michas», a través del cual se destinan recursos estatales para apoyar el desarrollo de infraestructura en municipios, podría funcionar mejor si la deuda no afectara tanto las arcas del estado.

«No debemos olvidar que miles de millones de pesos de esa deuda que los coahuilenses pagamos fueron contratados con documentos apócrifos o se justificaron con pagos realizados a empresas fantasma», enfatizó Zamarripa.

Desviar la atención

Para el director del CCI Laguna, el hincapié que hizo el auditor Armando Plata sobre las irregularidades detectadas a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) contribuye a desviar la atención de temas más preocupantes, como lo es el «manejo opaco de la recaudación estatal».

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, a la UAdeC se le detectaron irregularidades por 2 mil 792 millones de pesos, monto que representa el 52% de las observaciones realizadas a todos los órganos fiscalizados, algo relativamente fácil de aclarar con la presentación de itinerarios de clases que certifiquen que no hubo horas «empalmadas» y que, por lo tanto, no hay duplicidad de cobros.

En la apreciación de Zamarripa González, lo anterior puede prestarse a suspicacias, pues todo ese «aparente desfalco» en la UAdeC sólo ayuda a desviar la atención de cuentas que no parecen haber sido revisadas con la misma profundidad, como pueden ser todas las relacionadas a obras públicas que en el estado se debieron realizar y de las cuales, incluso para instituciones como el CCI no es tan fácil obtener información ni de avances ni de fondos destinados a ellas.

Para el director del CCI Laguna, «lamentablemente la falta de transparencia y claridad es factor común en la revisión de cada nueva Cuenta Pública estatal que se libera, como la más reciente (2018) entregada por la ASE en diciembre pasado».

De ahí que señale la necesidad de despertar el interés ciudadano y reforzar el ejercicio de vigilancia del desempeño de las instituciones y autoridades que administran los recursos que son de todos.

Si bien reconoce que es complicado aumentar los pagos anuales a la deuda estatal, esto se podría lograr con recursos etiquetados como gasto corriente o publicidad oficial, por mencionar solo dos rubros, los cuales podrían canalizarse a liquidación anticipada de capital. E4

«Si dos impuestos muy fuertes que se cobran a nivel estatal y que deberían destinarse

a infraestructura sumarán 3 mil 908 millones, ¿por qué se programan solamente

2 mil 051 millones a obras?, ¿entonces hay 1 mil 857 millones ilegalmente

destinados para asuntos que no corresponden?».

Marco Antonio Zamarripa González, director del CCIL

Crece la desconfianza

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental difundida por el INEGI, en los últimos años, el porcentaje de coahuilenses que considera que los actos de corrupción son frecuentes en el estado va en aumento.

• En 2015, un 83.5% de los encuestados en Coahuila considera que los actos de corrupción en esta entidad eran frecuentes.

• En 2017, ese porcentaje avanzó 2.9 puntos porcentuales a 85.9%.

• El número de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes en Coahuila fue de 11,097 en 2015, y de 11,272 en 2017, lo cual implica un incremento de 1.6%.

• En esta entidad, los tres principales trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción por cada 100 mil habitantes durante 2017 fueron:

o En el contacto con autoridades de seguridad 42,822 víctimas.

o En oficinas del Ministerio Público hubo 20,533 casos.

o En juzgados o trubinales hubo 11,441 afectados.

• En Coahuila, el costo por incurrir en corrupción en 2017 se ubicó entre 1,751 mdp y 2,654 mdp.

• Solo 48.1% de la población confía en los gobiernos municipales; la confianza baja hasta 37.1% cuando se trata del gobierno estatal, pero incluso es menor (39.4%) cuando se trata de partidos políticos.

• Solo un 42.4% de la población confía en jueces y magistrados.

• Apenas un 35.6% de la población cree en los organismos policiacos.

• Esta encuesta se realiza cada dos años. Los datos de 2019 se emitirán en mayo

En el caso particular de Coahuila...

36,972.1 millones de pesos corresponden a deuda de largo plazo.

602.8 millones corresponden a deuda de corto plazo y de entes públicos con respaldo.


CCI: Contra la corrupción, fiscalización ciudadana

Aunque parezca contradictorio, la creación de organizaciones civiles que vigilen el desempeño de las autoridades se finca en el interés de conseguir que las relaciones de confianza entre gobernantes y gobernados sean cada vez más sólidas.

Con base en ello y en aras de pugnar por el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades, se hace necesario fomentar la participación ciudadana en organismos como el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

Marco Antonio Zamarripa González, director de ese observatorio ciudadano, dijo a Espacio 4 que en todas las entidades federativas debería replicarse este tipo de iniciativas de fiscalización.

Eso contribuiría a evitar, por ejemplo, que la apatía colectiva derive en ignorancia y facilite a quienes administran recursos públicos incurrir en los actos de corrupción.

Por como se describe en su página de internet, el CCI Laguna es una asociación civil apartidista, integrada por instituciones, organismos e individuos representantes de la sociedad. Su propósito consiste en fortalecer las iniciativas entre las organizaciones afiliadas, así como promover la vinculación y participación ciudadana para coadyuvar en un mejor gobierno.

El CCI está compuesto por individuos, cámaras empresariales, ONGs, asociaciones, empresas, escuelas y universidades, colegios de profesionistas, sociedades estudiantiles y de padres de familia, clubes sociales y deportivos y Juntas de vecinos y comités.

Grosso modo, su finalidad comprende:

Articular y coordinar efectivamente organizaciones e iniciativas ciudadanas.

Validar y obtener apoyo de una red nacional, con los organismos asociados.

Fomentar la cultura cívica y participación ciudadana.

Construir una relación entre ciudadanos y gobiernos.

Realizar mediciones y monitoreo sobre delitos y problemáticas especificas.

Desarrollar evaluaciones y reportes informativos.

Su expectativa se centra en consolidarse como organización de representación y activación ciudadana que lidere el desarrollo de iniciativas estratégicas para la incidencia en políticas públicas en materia de seguridad, justicia, transparencia y rendición de cuentas tanto en Coahuila como en todo México para, con ello, contribuir a la consolidación de un mejor país y sus instituciones a través de una participación ciudadana.

En el caso de Coahuila, la enorme deuda pública estatal de largo plazo es el más claro ejemplo de cómo las autoridades pueden confabularse y manipular las cosas para desviar una inmensa cantidad de dinero hacia fines poco claros, a la par de procurarse mecanismos que impiden que a futuro se les llame a cuentas y pagar por los delitos cometidos. Por lo tanto, Zamarripa considera que es imperativo reforzar la vigilancia ciudadana y pugnar por que los entes oficiales de fiscalización —que en su operación absorben decenas de millones de pesos— realicen con efectividad sus funciones. E4

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