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Edición 631

Seguridad

Fantasma de la violencia ronda de nuevo al estado

Los ataques del crimen organizado encienden focos de alerta por la posibilidad de que la entidad vuelva a convertirse en un campo de batalla. A diferencia del pasado, el gobernador responde rápido y libra la crisis, pero su amago contra medios de comunicación hace recordar lo peor de los Moreira

Gerardo Moyano

La imagen de la fachada de la alcaldía de Villa Unión, baleada por el crimen organizado el pasado 30 de noviembre, se coló entre los símbolos de la violencia de 2019, junto a las del enfrentamiento entre policías en Xaltianguis, Guerrero; la fallida captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa; y la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, entre otros. Según la tendencia de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado podría romper el récord de 33 mil 743 homicidios dolosos registrados en 2018.

La historia es conocida. Días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) elogiara al gobernador Miguel Riquelme «por su interés en el combate a la delincuencia» y casi al mismo tiempo en que éste último destacaba los avances en materia de seguridad en su segundo informe de actividades, el crimen organizado volvió a sembrar el terror en el estado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Allende, en 2011, cuando la policía local apoyó las operaciones de los Zetas para secuestrar y asesinar a un número indeterminado de personas –extraoficialmente se calcula en 300– y el gobierno estatal intentó tapar el asunto, en Villa Unión las fuerzas del orden repelieron el ataque atribuido al Cartel de Noreste (CDN) y Riquelme dio la cara.

A ese primer ataque, que dejó un saldo de 20 delincuentes, cuatro policías y dos civiles muertos, le siguieron otros dos los días 24 y 25 de diciembre, atribuidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) a una represalia del CDN «para atemorizar a la población». En el primero, fue asesinado un policía municipal de Piedras Negras cuando salía de su vivienda. En el segundo, hombres armados atacaron a policías municipales en Frontera y Monclova, incendiaron vehículos y arrojaron «ponchallantas» para escapar; por fortuna, no hubo víctimas fatales.

A estos hechos se suma el asesinato del empresario Juan Manuel Villarreal Valdés, el 23 de diciembre que, según el fiscal Gerardo Márquez Guevara, tuvo relación con un ajuste de cuentas por una compraventa de ganado. El hecho de que Villarreal Valdés fungiera como director de la Promotora para el Desarrollo Rural en Coahuila y que su hijo, Carlos Villarreal, sea jefe de la oficina del secretario de Gobierno, José María Fraustro, levantó sospechas sobre el móvil del crimen.

Los reportes oficiales sobre estos hechos tienen un denominador común: destacan la rápida y efectiva reacción de las fuerzas de seguridad, así como la captura casi inmediata de los involucrados, los cuales suman más de 60 por el caso de Villa Unión, cuatro por el asesinato de Piedras Negras, dos por el secuestro y ejecución de Villarreal y otros dos por los ataques en Frontera y Monclova.

Sin embargo, al informar sobre este último hecho, el gobernador Riquelme desdibujó la línea que lo diferenciaba de sus antecesores y cayó en la tentación de culpar a la prensa por el retorno de la sensación de inseguridad en la entidad.

«Hemos encontrado que algunos medios de comunicación han soltado informaciones literalmente falsas, como el día de ayer en Monclova, que se hacía alusión a cinco elementos (de la policía) fallecidos (...) hay instrucciones del crimen organizado a periodistas de tratar de distorsionar la información. Debemos dejar en claro que en Coahuila el Estado de derecho prevalece, y que no se debe jugar con los asuntos de información que competen a la opinión pública, porque en este caso también serían corresponsables», advirtió el mandatario.

En este sentido, el columnista Carlos Arredondo (Vanguardia, 28.12.19) recuerda que no se trata de la primera vez que autoridades estatales caen en el «facilismo discursivo» para «lanzar “buscapiés” a los adversarios políticos y a la prensa que incomoda», pues lo mismo hizo en 2015 el entonces secretario de Gobierno estatal Víctor Zamora, «quien acusó a “algunos medios de comunicación” y “algunos periodistas”, presuntamente incluidos en “narconóminas”, de realizar una campaña para “promover” el regreso del “crimen organizado a las calles (de Coahuila)”».

«Como Zamora, Miguel Ángel Riquelme está rotundamente equivocado y le vendría bien, en este caso particular, hacerse más eco de su reiterado discurso en favor de los derechos humanos (…). La prensa no es el enemigo, señor Gobernador. Y lanzarle veladas amenazas de “involucrarles” con el crimen organizado sólo deslegitima el discurso sostenido en favor de las libertades en los últimos dos años», escribe.

Se rompe la burbuja

El clima de violencia que vivió el estado en en el sexenio de Humberto Moreira y en los primeros años de la administración de su hermano Rubén, a quienes narcotraficantes detenidos en Estados Unidos acusan de haber recibido sobornos para proteger a los Zetas, entró en un impasse durante el primer año del gobierno de Riquelme.

Atrás quedaban las balaceras a plena luz del día, la masacre de Allende, la fuga del penal de Piedras Negras, las vendettas como el asesinato de José Eduardo Moreira, los secuestros diarios, los cadáveres colgados de los puentes, los «entambados», los «encajuelados», los «encobijados»...

Así, mientras el país cerraba 2018 con más de 30 mil homicidios dolosos, los indicadores de seguridad en Coahuila se mantenían «sin focos rojos», según las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona (El Sol de la Laguna, 12.12.18).

Si bien los datos del Semáforo Delictivo Nacional confirmaron que los delitos de robo a vehículo, secuestro y feminicidio se mantuvieron estables ese año, no pasó lo mismo con las extorsiones, narcomenudeo, lesiones, violación y violencia familiar, los cuales fueron en aumento.

No obstante, la capital del estado su ubicó en el primer lugar nacional de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 17 de abril pasado. Con 26.4% de percepción de inseguridad, Saltillo se convertía en «la ciudad más segura de México».

Diez días después de que se diera a conocer el sondeo del INEGI, un enfrentamiento en la colonia Loma Linda, en el oriente de la ciudad, rompió la burbuja. La balacera del 27 de abril dejó un saldo de nueve presuntos delincuentes abatidos y dos policías heridos.

En respuesta, el gobernador convocó a una reunión urgente de la Comisión de Seguridad en Palacio de Gobierno y días después el fiscal estatal amplió la información en una rueda de prensa, donde señaló que el enfrentamiento se dio cuando investigaban el asesinato de una mujer cometido un día antes. Según testigos, junto al cuerpo de la mujer había una «narcomanta» de la cual no se dieron detalles.

El fiscal tampoco relacionó a los delincuentes con algún cartel en específico y pidió «no sobredimensionar» los hechos, pero los ataques perpetrados en los meses siguientes confirmaron la avanzada del Cártel del Noreste en la entidad y el inicio de una guerra por la plaza:

El 18 de mayo, presuntos integrantes del CDN dejaron cinco cadáveres frente a las instalaciones de la Fiscalía estatal en Nueva Rosita y más tarde atacaron a tres policías en la carretera Nava-Piedras Negras.

El 20 de mayo, vehículos identificados como del CDN se enfrentaron con elementos de la policía estatal entre Palaú y La Florida, en el municipio de Múzquiz, donde fueron abatidos nueve delincuentes y otros dos fueron capturados.

Un día después, en una brecha del municipio de Progreso, fue hallada una camioneta robada a un comerciante de la región, en la que se encontraron tres cuerpos sin vida, dos hombres y una mujer, los cuales no fueron identificados.

El 27 de mayo, las oficinas de la Fiscalía estatal y de la Policía Municipal en Monclova fueron atacadas. La primera recibió al menos 100 impactos de bala de grueso calibre.

El 6 de junio, camionetas del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Región Centro (C4) fueron atacadas en el municipio de Frontera. La Fiscalía ubicó un vehículo con armamento y uniformes falsos de las fuerzas estatales.

El 1 de julio, fue incendiado el bar La Antigua, en Monclova, y aunque los propietarios intentaron sostener la versión de que el siniestro se debió a un cortocircuito, la Fiscalía confirmó que fue provocado.

Nueva pesadilla

La mañana del 30 de noviembre, al menos 50 vehículos con cerca de 130 hombres armados ingresaron en caravana a Villa Unión, donde atacaron la alcaldía.

Al dirigirse al oeste del pueblo, los agresores se encontraron con militares y policías estatales que llegaban a reforzar a los policías municipales e iniciaron los enfrentamientos que dejaron una veintena de delincuentes y cuatro policías muertos, así como una decena de heridos y medio centenar de inmuebles baleados.

En su huida, los criminales secuestraron a tres civiles, dos bomberos locales y un empleado del Departamento de Obras Públicas municipal, dos de los cuales aparecieron muertos. También capturaron a cinco menores a quienes liberaron luego de que los guiaran por las brechas de los ranchos hacia Tamaulipas.

Por la noche, cuando policías y militares rastrillaban las afueras de la ciudad, se registraron más enfrentamientos con delincuentes que portaban armamento militar y vestían chalecos antibalas. Las autoridades confiscaron 25 vehículos, algunos con ametralladoras fijas calibre .50, blindaje y con insignias del CDN.

La rápida reacción de las fuerzas de seguridad, la presencia de Riquelme en la zona y el paso al costado de López Obrador, quien endosó el éxito del operativo a los elementos locales, fueron percibidos no solo como una victoria del gobierno estatal, sino como el fin de la estrategia de «abrazos, no balazos» del presidente.

Sin embargo, los ataques del 24 y 25 de diciembre, a los que le siguieron otras agresiones en Nuevo Lerdo, Tamaulipas, los primeros días de enero, dejaron en claro que el CDN no bajará la guardia en su intento por controlar la plaza.

En este sentido, el peligro de que la entidad se suma a una nueva espiral de violencia es real y poco tiene que ver con la desinformación o el amarillismo de una parte de la prensa.

Riquelme asegura que su gobierno impondrá el Estado de derecho y hará caer «todo el peso de la ley» contra quienes osen desafiarlo. En este sentido, el pasado 2 de diciembre, en el marco del Día del Policía, el gobernador presentó en Piedras Negras su estrategia de seguridad para el año 2020, a la cual bautizó como «Modelo Coahuila».

Según sus declaraciones, el «Modelo Coahuila» es un «ejemplo a nivel nacional», pues se basa en la coordinación de las fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), lo que ha permitido «esclarecer» el 50% de los crímenes cometidos en la entidad en 2019.

En esta línea, destacó que durante el año pasado se registraron 314 homicidios en Coahuila, una de las estadísticas más bajas del país, con 70 delincuentes abatidos, «lo que habla de la coordinación entre las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales».

Mientras AMLO reconoce que en 2020 el reto es «serenar al país», analistas y expertos auguran un año muy difícil en materia de seguridad, en particular por las disputas entre los 37 grandes grupos delictivos que operan en el país. Coahuila no es la excepción. E4

«Habría que hacer una reunión ya operativa (y) desglosar lo ocurrido en Villa Unión, porque no está exenta ni La Laguna, ni Torreón ni Gómez Palacio».

Miguel Ángel Riquelme,

gobernador del estado (23.12.19)


Lucha por territorios provoca escalada

Los recientes ataques en Coahuila y Tamaulipas llevan la marca del Cartel del Noreste (CDN), de acuerdo con las autoridades. Se trata de un grupo criminal escindido de los Zetas, quienes controlaron a sangre y fuego la región fronteriza del noreste del país durante la última década.

En 2015, luego de la detención de Omar Treviño Morales, alias Z 42, inició una sangrienta lucha por el control de los Zetas, protagonizada por Juan Francisco Treviño Chávez, alias Kiko —sobrino de «El Z-40» y «Z-42», e hijo de Juan Francisco Treviño Morales, alias El Kiko Ozuna—, y los fundadores del grupo con pasado militar, «La Vieja Escuela».

Tras la captura del Kiko, en 2016, los seguidores de los Treviño se agruparon en el CDN, liderado por Juan Gerardo Treviño Chávez, alias el Huevo, quien salió fortalecido tras la captura de José María Guízar Valencia, alias el Z-43, considerado el último de los líderes fundadores de los Zetas, en febrero de 2018.

Según la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el CDN opera en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, y tiene presencia en EE.UU., Guatemala, Honduras y Colombia, donde le habría quitado el control de la compra de cocaína a Los Zetas.

¿Por qué el noreste? Porque Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde también opera el Cartel del Golfo —al que pertenecían Los Zetas— es un punto clave para el trasiego de drogas a Estados Unidos, ya que se conecta fácilmente con el corredor de la Carretera Interestatal 35.

En marzo de 2019, la firma estadounidense Strategic Forecasting (Stratfor), especializada en servicios de inteligencia y espionaje, ya advertía que se avecinaba una guerra de cárteles por el control de la región.

«El Cartel del Noreste (CDN), el remanente del cartel de Los Zetas que controla la lucrativa plaza de contrabando de Nuevo Laredo, ha tomado medidas (…) sugiriendo que está preparando un impulso para tomar el control de Monterrey, la tercera área metropolitana más grande de México», señala.

«Tal ofensiva probablemente enfrentaría la resistencia de los grupos que se encuentran actualmente en el área y, por lo tanto, implicaría una violencia significativa, algo para lo que deberían prepararse las empresas con intereses en el área», indica.

Un informe de la compañía señala que «el Huevo» busca avanzar en Tamaulipas, donde también hay fragmentos de Cartel del Golfo, liderados por José Alfredo Cárdenas, también conocido como El Contador, además de un grupo de «Los Metros», apoyado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Un mes después, el 30 de abril de 2019, miembros del CDN que se trasladaban en una camioneta blindada se enfrentaron al Ejército mexicano en Vallecillo, Nuevo León, apenas a 50 millas de la frontera con Texas, donde un delincuente resultó muerto, cuatro fueron detenidos y otros escaparon.

Desde entonces, la región no ha conocido la paz. La guerra apenas comienza. E4

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