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Edición 631

Justicia

Después de García Luna y Muñoz, ¿los Moreira?

Los testimonios de exintegrantes de carteles de la droga en cortes norteamericanas han sido clave para procesar a políticos mexicanos, como el exsecretario de Seguridad Pública, por haber recibido sobornos del crimen organizado. En el caso de Coahuila, tres investigaciones apuntan a las dos últimas administraciones

Gerardo Hernández G.

Tres investigaciones colocan a Coahuila en el punto de mira de la justicia de Estados Unidos, las cuales sin duda tendrán consecuencias para políticos acusados de corrupción impunes en México. La primera es por causas parecidas a las que provocaron la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, señalado por haber recibido «decenas de millones de dólares» del cartel del Chapo Guzmán durante varios años; la segunda, por las denuncias de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) contra cuatro exgobernadores; y la tercera, por los supuestos vínculos del expresidente Peña Nieto con Juan Manuel Muñoz, operador del cartel de los Zetas.

Según el fiscal federal Richard P. Donoghue, García Luna «abusó (de) su puesto como servidor público para ayudar al cartel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos. A cambio de sobornos millonarios, permitió a ese cartel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México». (Reforma, 10.12.19). Las autoridades norteamericanas prendieron al exfuncionario en su territorio, pues de haber sido detenido en México su extradición habría tardado años, dice la nota.

La detención de García Luna es permanente, a solicitud de Donoghue, para evitar su fuga a México donde podría recibir protección del cartel o de «funcionarios de alto rango». El caso se asignó a la Corte Federal para el Distrito de Brooklyn, donde Joaquín Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019. El testimonio de Jesús «el Rey» Zambada en el juicio contra el Chapo puso en la picota a García Luna, quien el 3 de enero se declaró no culpable de los delitos que se le imputan.

No obstante, un expediente judicial entregado a la oficina del juez Brian Cogan, el cual fue difundido por Alan Feuer, periodista de The New York Times, señala que su defensa está involucrada en «negociaciones, las cuales podrían resultar en una disposición de este caso sin un juicio». El documento, firmado por García Luna, uno de sus abogados y un fiscal del Departamento de Justicia, refiere que el objetivo es «concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio».

El acusado inició su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, antecedente de la siniestra Dirección Federal de Seguridad) creado al principio del gobierno de Salinas de Gortari y el cual fue desaparecido por el presidente López Obrador. Su nombre actual es Centro Nacional de Inteligencia.

Hermano de Ismael «el Mayo» Zambada —sucesor del Chapo en la jefatura del cartel del Sinaloa—, el Rey asegura haber entregado personalmente al exsecretario de Seguridad Pública entre tres y cinco millones de dólares en efectivo. Jesús Zambada fue detenido el 19 de octubre de 2008 y extraditado a Estados Unidos el 3 de abril de 2012, último año de Calderón en la presidencia. «El primer cooperante estrella en la causa contra el capo del cartel de Sinaloa de la droga se centró este jueves en detallar la estructura montada para sobornar a las autoridades federales, estatales y municipales mexicanas» (El País, 15.11.18).

Zambada enfrenta cargos por introducir 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos varios años, cuyo valor en el mercado se cifró en 5 mil 800 millones de dólares. Según funcionarios estadounidenses, la droga se movió en aviones Boeing 747, submarinos, barcos contenedores y botes ultra rápidos, trenes, autobuses, tráileres y autos. Imposible hacerlo sin tener a las autoridades de su lado.

El Rey puede librar la cárcel de por vida, por su cooperación, mas no una sentencia larga. Quizá no en la temida prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, «la Alcatraz de las Rocosas». En ella, el Chapo y otros narcotraficantes como Juan García Ábrego, exjefe del Cartel del Golfo —raíz de los Zetas—, pasarán el resto de sus días. En el mismo complejo permaneció varios años OsielCárdenas, sucesor de GarcíaÁbrego, quien se declaróculpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. Tras un acuerdo y una multa por 50 millones de dólares se dispuso su traslado a una cárcel de mediana seguridad.

Anatomía… y Yugo Z

La barbarie vivida por Coahuila en los años más cruentos de la guerra contra los carteles de la droga, comprendidos entre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, no figura en las narcoseries donde la ficción y la verdad se confunden. Empero, el terror está documentado en dos investigaciones: «Anatomía de una masacre» de Ginger Thompson (Premio Pulitzer 2001), difundida por ProPublica y National Geographic en junio de 2017; y «Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011» de Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, y Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México e investigador asociado del FXB Centro de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presentada en noviembre del mismo año.

Los autores describen el infierno donde murieron y desaparecieron centenares de personas —muchas de ellas inocentes— ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, en algunos casos por complicidad y en otros por negligencia. En su reportaje, Thompson advierte: «Los registros del gobierno obtenidos (…) indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e “invasiones a hogares” por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar».

Aguayo y Dayán hallaron respuestas para explicar lo ocurrido. «En un memo de 2003 la DEA aseguraba que los Zetas —entonces brazo armado del Cartel del Golfo— ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras. Para 2010 y 2011 el control sobre el norte de Coahuila era total. Los municipios estaban sometidos. El gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios eran cómplices. La federación era indiferente y displicente. Todos ignoraban a las víctimas. Lo anterior ya ha sido mencionado por víctimas, periodistas, instituciones gubernamentales, académicos y organismos civiles».

Sobre la cárcel de Piedras Negras, señalan: «era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos». Descrito como Campo de ejecución y exterminio, la prisión «era uno de los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Otros centros de exterminio eran un terreno baldío cercano a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero y un campo de futbol».

¿Dónde estaban las autoridades estatales? Frente a las masacres en Allende y Piedras Negras, ¿cuál fue la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, a cargo de Homero Ramos Gloria, y del presidente de esa comisión en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, postulado por el PRI al gobierno en 2011? Raúl Plascencia tampoco abrióla boca. La Universidad Autónoma de Coahuila premióel silencio del ombudsman nacional con un doctorado honoris causa, y una vez como expresidente de la CNDH, Plascencia recibió contratos de Moreira cuando por ley estaba impedido. Para taparle el ojo al macho y darse golpes de pecho, se creó la Academia Interamericana de Derechos Humanos cuyo presupuesto ascendió a 38.5 millones de pesos en 2018. Nada mal en un estado agobiado por la megadeuda de 37 mil millones de pesos, herencia del moreirato.

Colusión y corrupción

Mientras el ombudsman del estado y el país miraban para otro lado y Rubén Moreira se contemplaba el ombligo y planeaba su despedida del gobierno cual campeón de los derechos humanos, el 6 de noviembre de 2017, días antes de su último informe, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el análisis «Control… sobre todo el estado de Coahuila». Según el documento, «varios testigos describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira a cambio del control total del Estado» (El País, 6.11.17).

Desarrollado en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios —ganador, el año pasado, del premio Sergio Vieira de Mello que otorga la Asociación Villa Deciusa, de Polonia—, el informe se sustenta en el análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en los Estados Unidos. «Entre el 2013 y el 2016, integrantes del cártel de los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Río, Texas, por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero».

Ofendido en su ego, Moreira restó importancia al estudio, cuestionó su veracidad y amagó con demandar a la Universidad de Texas, lo cual no hizo. Con base en el mismo informe, el obispo de Saltillo Raúl Vera y el subdirector del Centro Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, presentaron el 6 de julio de 2017 ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad». Los juicios en Estados Unidos aportan «más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo de los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de esos grupos», dice el documento.

Un día después de la denuncia ante la CPI, Proceso publicó: «Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante los tribunales de Texas, no solo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de su gabinete, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad». A partir de entonces, el gobierno inició una andanada judicial y mediática contra el obispo Vera— fundador del Centro Juan de Larios y de la Casa del Migrante de Saltillo— y activistas por los derechos humanos.

La Clínica de Derechos Humanos advierte que «el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano y políticos estatales. Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira (…). Según los testimonios, la influencia de los Zetas sobre todo el estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios (…) con impunidad, y a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales».

El testimonio de un capo —Jesús «el Rey» Zambada— provocó la captura de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien habría recibido hasta 6 millones de dólares del cartel de Sinaloa. «El que tenga oídos, que oiga». (Mateo 13:9-15) E4

(García Luna) «abusó (de) su puesto como servidor público para ayudar al cartel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos. A cambio de sobornos millonarios, permitió a ese cartel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México».

Richard P. Donoghue, fiscal federal

(Reforma, 10.12.19).

«Los registros del gobierno obtenidos (…) indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e “invasiones a hogares” por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar».

Ginger Thompson

«Anatomía de una masacre»


Muñoz Luévano, testigo protegido de «alto valor»

La protección de Peña Nieto a Humberto Moreira la podría explicar su presunta conexión con el operador de los Zetas

Felipe Calderón no exoneró a Humberto Moreira por contratar créditos irregulares a cargo de los coahuilenses, sino Enrique Peña Nieto. El exgobernador no solo habría financiado parte de la campaña presidencial del priista con recursos del estado, también lo pudo haber presentado con Juan Manuel Muñoz Luévano. El supuesto operador de los Zetas es informante protegido de «alto valor» para el gobierno de Estados Unidos después de declararse culpable por el delito de lavado de dinero en una corte de Texas.

Muñoz «ofreció a la justicia de Estados Unidos una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila que recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, dinero que lavaron en bancos de Texas con la ayuda de empresarios de medios de comunicación del estado» (Agencia Proceso, 21.05.19). Moreira y Muñoz fueron detenidos en Madrid, el 15 de enero y el 18 de marzo de 2016, respectivamente, como parte de la misma investigación. Tras una semana en el penal de Soto del Real, Peña rescató al exgobernador y exlíder del PRI.

Humberto y Rubén Moreira podrían figurar entre los exgobernadores denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República. Rodrigo Medina (Nuevo León, 2009-2015) es investigado por triangular 3 mil 500 millones de pesos a Estados Unidos para adquirir propiedades. El exsubprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, acusó al presidente Peña Nieto de obstruir las indagatorias contra Medina (El Norte, 29 y 30.12.19).

Moreira ha insistido en que el gobierno de Felipe Calderón (PAN) lo absolvió por adquirir deuda con documentos falsos. El presidente López Obrador apoyó esa versión en la rueda de prensa del 24 de septiembre pasado. Calderón lo refutó de inmediato en su cuenta de Twitter: «Sr Presidente: Rechazo categóricamente haber tenido arreglos con el exG Moreira, con quien tengo pública diferencias. Si existiese algún documento que lo exonere —de dudosa legalidad— debe haber sido, como Ud. Dice, por “cochupos” que la FGR debe castigar, le pido que lo haga».

La megadedua oculta de Coahuila se descubrió a mediados de 2011 cuando Moreira ya era presidente del PRI y su hermano Rubén hacía campaña por la gubernatura. Un hecho consignado el 27 de julio de 2016 —penúltimo año de la gestión de Peña Nieto— le otorga la razón a Calderón y desmiente a López Obrador. Ese día, Luis Fernando Salazar, al frente de un grupo de senadores de Acción Nacional, presentó «una denuncia formal en la PGR en contra de los saqueadores de Coahuila».

El legislador lagunero, hoy militante de Morena después de haber ganado una diputación federal por Torreón bajo las siglas del PAN, explicó a los reporteros: «Hemos presentado esta denuncia para solicitar que se inicie una investigación al exgobernador y exdirigente del PRI, Humberto Moreira y a quienes resulten responsables, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado». Salazar, aspirante a la alcaldía lagunera, recordó que Estados Unidos investiga «la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas» (los mismos delitos atribuidos a Rodrigo Medina).

La sombra de Manlio

La supuesta conexión entre Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono, desvelada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna «Estrictamente personal» («Año caliente», El Financiero, 06.01.20), vincularía al expresidente con el cartel de mayor influencia en el estado durante los años negros del moreirato: los Zetas. El caso agravaría la situación de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, señalados por exintegrantes de esa organización en juicios realizados en San Antonio, Austin y Del Río (Control… sobre todo el estado de Coahuila, Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, 2017).

También podría tratarse de un doble arreglo de cuentas: 1) del grupo de Manlio Fabio Beltrones, eliminado de la carrera presidencial en 2012 por una maniobra de Humberto Moreira; y después de la jefatura PRI, por Peña, para excluirlo de la sucesión de 2018; y 2) de Muñoz por una aparente traición. El personaje clave es el prófugo exgobernador de Chihuahua, César Duarte —protegido de Beltrones—, acusado por su sucesor panista Javier Corral de peculado y otros delitos.

Según Riva Palacio, Duarte «lleva más de un año hablando con fiscales» de Estados Unidos —por esa razón no ha sido extraditado a México, dice—. Los primeros contactos los estableció con la DEA, pero la Agencia Antinarcóticos lo remitió al Departamento de Justicia. Con ese motivo viajó a Miami, «sin saberse con precisión dónde se encuentra en la actualidad. Lo que sí está confirmado es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Peña Nieto con Los Zetas».

La información relevante «tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz Luévano, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016, dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien más tarde fue capturado en España (nota: la detención del también exlíder del PRI ocurrió primero). Moreira fue liberado, mientras Muñoz Luévano (…) fue acusado por fiscales federales de Texas por lavado de dinero. Agentes federales estadounidenses hablaron varias veces con él en Madrid y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante el juez y se convirtió en testigo protegido de “alto valor”».

Una vez en la presidencia, Peña le habría pedido a Duarte asignar obra pública a las empresas de Muñoz. Sin saberse aún si el gobernador cumplió la instrucción, «la Fiscalía estadounidense le ha dado valor, al no haberlo extraditado y usar parte de sus declaraciones, se puede conjeturar, en el proceso que están armando contra Peña Nieto y Moreira. Año caliente el que se avecina, y si los pronósticos son correctos, escandaloso, peligroso y altamente comprometedor para la arquitectura política», apunta Riva Palacio.

Un párrafo anterior de la columna debe tener también con los pelos de punta a los socios de los Moriera: «Durante las dos últimas décadas el crimen organizado se ha entreverado con las instituciones del Estado Mexicano, no solo en el corpus político en todos sus niveles, sino en el Poder Judicial, ONG’s, empresarios, sacerdotes, sindicalistas, periodistas, abogados y notarios, como decenas de declaraciones de narcotraficantes han mostrado en sus declaraciones ministeriales a lo largo de los años, algunas falsas, algunas ciertas».

En este juego de intereses y complicidades, algunos medios de comunicación jugaron un papel clave. Hoy están en ascuas. E4

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