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Edición 627

Gobierno

Pifias, riñas y juegos malabares, balance del primer año de la 4T

El gobierno de AMLO ha sido incapaz de frenar la escalada de violencia y de hacer crecer la economía al 4% como lo prometió. La prensa internacional endurece la crítica contra el presidente y el gobierno de Estados Unidos lo presiona. Solo la lucha anticorrupción ofrece avances, pero falta encausar a Peña Nieto

Gerardo Hernández G.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) termina su primer año de gestión en medio de una tormenta provocada por su propia intemperancia. El presidente más legitimado se ha confrontado con todo el mundo: corporaciones, periodistas, medios de comunicación, calificadoras de riesgo, organismos internacionales y ONG cuya visión e intereses no coinciden con los suyos. La captura y liberación de Ovidio Guzmán López provocó la primera crisis de gran calado del sexenio, y enfado en algunos exmandos del ejército. Dieciocho años atrás, Joaquín «el Chapo» Guzmán, padre del narcojunior, había puesto en ridículo al gobierno de Vicente Fox al fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. En 2015 se evadió del penal del Altiplano.

El primer balance anual de la Cuarta Transformación es negativo en temas que impactan el acontecer de cada día, el ánimo social y la credibilidad gubernamental. La cifra de homicidios dolosos (32 mil 829 al cierre de esta edición) rebasa a la del peor año de la presidencia de Felipe Calderón, iniciador de la guerra contra el narcotráfico, en cuyo sexenio ocurrieron 121 mil 613 asesinatos. En 2018, la escalada de violencia se cobró la vida de 36 mil 685 personas, según el informe actualizado del Inegi. El gobierno de Peña Nieto fue el más cruento con 157 mil 137 víctimas.

Todavía resonaban los ecos del fracaso en Culiacán y las excusas del gobierno para salir del atolladero; el reproche de los generales en retiro Carlos Gaytán Ochoa y Mauricio Ávila Molina por la falta de respeto a las fuerzas armadas, y la insinuación de AMLO sobre un «golpe de Estado», cuando un nuevo acto de barbarie sacudió al país, incitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y provocó un aluvión de críticas de la prensa internacional: el asesinato de nueve integrantes de las familias norteamericanas LeBarón y Langford (tres mujeres y seis niños) en los linderos de Chihuahua y Sonora, al sur de la frontera con Arizona, el 4 de noviembre. En declaraciones a la cadena CNN, la cuñada de una de las víctimas atribuyó el ataque al cartel de Sonora —hoy de Sinaloa, fundado en 1980 por Rafael Caro Quintero—. El gobierno señala a La Línea, derivación del cartel de Juárez.

Al día siguiente de la masacre, Trump publicó en su cuenta de Twitter: «Si México necesita o solicita ayuda en eliminar a estos monstruos, EU está listo, con voluntad y capaz de involucrarse para hacer el trabajo rápido y eficazmente. (…) los carteles son tan grandes y tan poderoso(s) que se necesita un ejército para derrotarlos». ¿Solidaridad o censura por el fiasco en Sinaloa que dejó sin efecto la extradición de Ovidio Guzmán, solicitada el pasado 13 de septiembre? AMLO declinó el apoyo de Trump y de otros gobiernos para investigar el multihomicidio. «Es algo que le corresponde resolver al gobierno de México», dijo. El 11 de noviembre decenas de agentes del FBI llegaron a México para colaborar en las investigaciones.

Y mientras en el Capitolio los senadores republicanos Mitt Romney y Mike Lee demandaban castigar a los criminales, en México la senadora panista Indira de Jesús Rosales le obsequiaba al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, un Pinocho en su comparecencia sobre el arresto y liberación de Guzmán López cuyo padre, el Chapo, purga cadena perpetua en Estados Unidos. «Mentira tras mentira. La situación se vuelve confusa (…) para todo México», reconvino la legisladora veracruzana.

Hasta simpatizantes de la 4T, como el actor Gael García Bernal, reaccionaron por la emboscada contra la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora. «Si no cambian el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. (…) El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien —medios de comunicación— jalen agua para su molino de tuits ajenos. (…) Por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia», escribió en Twitter.

Pesadilla sin milagro

El presidente López Obrador ha criticado al PRI y al PAN por la venalidad y el crecimiento mediocre de la economía en sus gobiernos. «El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación», dijo en su toma de posesión.

En ese periodo de 36 años, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento anual promedio de 0.18% en el gobierno de Miguel de la Madrid; de 3.9% con Salinas de Gortari; de 3.3% con Ernesto Zedillo; de 2.0% con Vicente Fox y Felipe Calderón; y de 2.4% con Peña Nieto. De la Madrid y Zedillo empezaron sus gestiones con crisis económicas severas. Calderón afrontó la Gran Recesión —detonada en Estados Unidos por regulaciones deficiente, delitos bancarios, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis de confianza en los mercados— cuyo efecto se tradujo en una caída del 5.2% del PIB.

Frente al modelo depredador —«la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. (…) y tanto por ella como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población…», ibídem—, AMLO voltea la mirada a los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, cuando la economía creció por encima del 6% «sin inflación y sin incremento de la deuda pública». Además, acotó, el secretario de Hacienda de López Mateos y Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena, «no era economista sino abogado».

Sin embargo, el «milagro mexicano» —comprendido entre 1952 y 1970— devino en pesadilla en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, caracterizados por la demagogia y el populismo. El derroche se compensó con deuda y en la imprenta de billetes del Banco de México. Cuando el secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, encendió las luces de alerta —«la deuda externa y la deuda interna tienen un límite. Y ya llegamos al límite»—, el presidente tomó el control de la economía.

Echeverría sustituyó a Margáin con su amigo José López Portillo —abogado, como Ortiz Mena, pero profano en asuntos económicos— y después lo convirtió en presidente con el 97% de los votos, pues el PAN, entonces único partido de oposición, no participó en los comicios. López Portillo terminó la obra iniciada por Echeverría: hundir a México. Con el agua al cuello, nacionalizó la banca y en su último informe intentó lavarse la cara con lágrimas de cocodrilo: «Soy responsable del timón, pero no de la tormenta».

En su discurso inaugural, AMLO se refirió a ese docenio: «… hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento». También con corrupción en el segundo caso. AMLO prometió crecer el PIB a un ritmo de 4% anual, pero deberá darse de santos si este año sube apenas medio punto y la economía no entra en recesión.

En su carta de renuncia como primer secretario de Hacienda de la 4T, el 9 de julio, Carlos Urzúa prendió las alarmas igual que Margáin lo hizo 46 años atrás: «…toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda». Sin embargo, el FMI avaló en lo general el manejo de la economía en el primer año de AMLO.

Intocables entre rejas

Es cierto, si todos los políticos y funcionarios venales fueran enjuiciados, faltarían cárceles. Empero, con solo uno de ellos en prisión se satisfaría el clamor de justicia de millones de mexicanos: Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, y ha cumplido. No al ritmo ni con las figuras más nefastas, pero sí con algunos de los intocables de los últimos sexenios, beneficiarios del «capitalismo de compadres» implantado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Los primeros encausados son Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México y uno de los empresarios más influyentes del país, según la revista Líderes Mexicanos; el abogado Juan Ramón Collado, entre cuyos clientes figuran el expresidente Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y el exlíder panista Diego Fernández de Cevallos; y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles. Excepto Ancira, quien enfrenta en libertad el proceso para su extradición, de España a México, los demás están presos. El exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el litigante Javier Coello Trejo podrían hacerles compañía.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda también detectó presuntas irregularidades en las cuentas de José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Vargas reportó ingresos por 1.7 millones de pesos en 2013, cuando era abogado electoral, y en 2017, ya en el Tribunal, declaró 7.2 millones de pesos (Reforma, 28.09.19). La responsable de investigar el caso es la Fiscalía General de la República (FGR), dijo AMLO.

No es la primera vez que se habla de corrupción, tráfico de influencias y venta de sentencias en el TEPJF para anular o validar elecciones impugnadas. La crisis en el Tribunal «se gestó cuando el PRI y sus aliados decidieron ampliar los periodos de cuatro magistrados, incluyendo al propio Vargas», declaró Eduardo Huchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal a Aristegui Noticias (29.09.19).

Sin embargo, el icono de la corrupción neoliberal más codiciado hasta el momento es Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Pemex habría recibido sobornos por 10 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht y de la contratista española OHL. El gobierno congeló sus cuentas y la Interpol lo busca para detenerlo. La FGR lo acusa de pagar sobreprecios de cientos de millones de dólares en la compra de Fertinal y Agro Nitrogenados; la segunda planta, adquirida a Altos Hornos de México, además era chatarra.

Gilda Margarita Austin Solís, madre de Emilio Lozoya, fue detenida el 23 de julio por la Interpol en Alemania, donde vacacionaba con sus nietos, y extraditada a México el 2 de noviembre. Enfrenta cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. La mujer, de 71 años, habría recibido alrededor de siete millones de pesos entre 2010 y 2012, como parte de los sobornos pagados por Odebrecht a su hijo. El exdirector de Pemex caerá en manos de la justicia tarde o temprano. El siguiente en ser sentado en el banquillo podría ser Peña Nieto. De ser así, la 4T y su líder AMLO pasarán a la historia. E4



«Los muchachos sí tienen memoria»

Estudiantes del Tec de Monterrey no le perdonan a Calderón ni al ejército el asesinato de dos compañeros

Veinticinco mil firmas en el portal de internet Change.org le dieron con la puerta en la cara al expresidente Felipe Calderón, quien canceló su participación en el Simposio Internacional de Derecho «En Juicio» del Tec de Monterrey, programada para el 9 de octubre. «La ponencia de Calderón representa una grave ofensa a la memoria de Jorge (Antonio Mercado) y Javier (Francisco Arredondo) y de todas las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la SEDENA, SEMAR y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía», reza la petición.

Mercado, de 23 años, y Arredondo, de 24, ingenieros en mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Saltillo, fueron asesinados en el campus por miembros del ejército el 19 de marzo de 2010. Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge, reprobó la visita del expresidente al Tec. «Es una persona que no tiene memoria, que se olvidó lo que hizo cuando estuvo al mando del país y ahora va como si nada hubiera pasado, pero los muchachos sí tienen memoria, ni siquiera conocieron a Jorge y Javier, pero están luchando por el respeto…» a su memoria, declaró a Azucena Uresti, de Milenio Televisión.

De acuerdo con Calderón, la crítica de Rosa Elvia lo disuadió de acudir al Tec, cuyas autoridades apoyaron inicialmente la versión oficial de que Mercado y Arredondo, quienes cursaban una maestría y un doctorado, eran sicarios «armados hasta los dientes». «Su parecer… es razón más que suficiente para que suspenda mi visita (…) es fundamental respetar el dolor, independientemente de que haya quien utilice esta circunstancia con propósitos mediáticos y políticos», dice la carta del expresidente al rector David García Salazar.

Alberto Arnaut llevó el caso a las pantallas y este año ganó el Ariel al mejor largometraje documental «¡Hasta los dientes. En su dedicatoria del premio a a Jorge Antonio y Francisco Javier, el guionista demandó «un país donde ya no sea necesario que el ejército esté realizando labores de seguridad pública y donde la Guardia Nacional sea realmente una guardia civil» (Excélsior, 25.06.19).

Elena Reina, de El País, reseñó el documental: «Dos estudiantes yacían en el piso de una institución académica sagrada sujetando, ya muertos, dos armas largas. Nadie dudó entonces de que se había ejecutado a dos sicarios. Y lo celebraron. En esos momentos de terror, un asesino menos en las calles era recibido como una victoria para el país. Pero ellos no eran narcos, eran dos alumnos que se habían quedado hasta tarde estudiando y habían salido a por algo de comida. En la puerta de su universidad les alcanzaron los balazos. Podía haber sido un error fatal, pero no lo fue».

El 22 de octubre —cinco días después de la captura y liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo—, el general en retiro Carlos Gaytán Ochoa criticó al presidente López Obrador por «decisiones estratégicas que no han convencido a todos», en un desayuno con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. «Actualmente —dijo— vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento».

Cuando Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados en el Tec de Monterrey y acusados de sicarios, Gaytán era subsecretario de la Defensa. En ese entonces no cuestionó la guerra de Calderón contra el narco ni la ideología de derecha dominante. E4



¿Quién le planta cara al presidente?

Mientras el sector privado guarda silencio y los gobernadores se alinean con López Obrador, la prensa y la sociedad civil se crecen

La crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año de gobierno ha provenido principalmente de medios de comunicación y de analistas nacionales y extranjeros con los cuales suele confrontarse; de la sociedad civil, a la que califica de «conservadora», e incluso de exmandos del ejército. El sector privado se mantiene expectante, como en cada inicio de gobierno, pero en general ha reaccionado con tibieza frente a la inseguridad y la política económica de la Cuarta Transformación. El apoyo de los empresarios a AMLO, para quien la concentración de la riqueza «provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia», es de dientes afuera.

Las corporaciones se sentían más cómodas con Peña Nieto y sus predecesores, pues les permitían, precisamente, acumular capital, hacer negocios con el gobierno, recibir privilegios fiscales y recuperar porciones significativas de los impuestos pagados. Pocas voces denunciaron la corrupción rampante en el sexenio peñista y guardaron silencio frente a las masacres. El organismo empresarial más crítico del gobierno es la Coparmex, de la cual surgió un candidato presidencial, Manuel J. Clouthier. La misma aspiración tendría su dirigente actual Gustavo de Hoyos, sin poseer el liderazgo, el arrojo ni el carisma de Maquío.

AMLO es por ahora el dueño de la situación. El poder recibido en las urnas le permite poner a raya a los gobernadores, cuya influencia en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto creció desmesuradamente, pues dispusieron de dinero y libertad política como nunca. Además de tener un delegado en cada estado para coordinar los programas sociales y clientelares de la 4T, y de contar con mayoría en 20 de las 32 legislaturas locales, el presidente les cerró a los mandatarios las llaves de Hacienda.

Pocos gobernadores se atreven a cuestionar a López Obrador como lo hacían con Calderón —en Saltillo, durante el moreirato, en bardas y otros espacios públicos se le tachaba de borracho—, y menos aún a mangonearlo como a Peña Nieto, para no exponerse a ser investigados por irregularidades propias o de sus predecesores. Están conscientes de su debilidad frente a un ejecutivo todopoderoso y a una Unidad de Inteligencia Financiera convertida en azote de los corruptos. Con varios peces gordos en prisión, más vale andarse con cuidado.

En los tres últimos sexenios los gobernadores pudieron presionar al presidente, negociar con la federación mayores recursos económicos e inversiones y obtener impunidad de la PGR, porque controlaban a los diputados y senadores, cuyo apoyo en gobiernos divididos es crucial a la hora de votar reformas constitucionales. Eso también cambió. AMLO, Morena y sus aliados, incluido el PRI, tienen mayoría en el Congreso donde no solo se aprueba el presupuesto, sino también se pueden iniciar juicios políticos y desaparecer poderes locales.

AMLO empieza a reinstaurar la presidencia omnímoda, sin contrapesos, lo cual representa un retroceso democrático. En la Suprema Corte de Justicia tendrá pronto mayoría y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impuso a Rosario Piedra Ibarra en un proceso cuestionado. La excandidata de Morena a diputada federal será literalmente una piedra en el zapato de los gobernadores. Frente a las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras y las desapariciones forzadas durante el gobierno de Humberto y Rubén Moreira, el ombudsman Raúl Plascencia prefirió mirar para otro lado. Era amigo de Rubén. E4

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