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Edición 626

Política

Torres López: el canto del cisne

El juicio en Estados Unidos contra el gobernador interino estrecha el cerco en torno a Humberto y Rubén Moreira, cuyo acceso al poder no hubiera sido posible sin una red de intereses y complicidades que los respaldara. El silencio de la clase política y del sector privado les facilitó la tarea

Gerardo Hernández G.

El ascenso de los Moreira al poder no se explica sin una intrincada maquinaria de complicidades cuyos motores eran aceitados por la avaricia —forma extrema de la corrupción, según la define el periodista y sociólogo argentino Mariano Grondona—, la soberbia y otros pecados capitales. En una ciudad conservadora y clasista como Saltillo, un clan sin fortuna ni abolengo no habría podido hacerse con el poder doce años sin cómplices y sin conocer la naturaleza humana. El moreirato explotó las debilidades de las clases media y alta e identificó a políticos y empresarios tan mediocres como ambiciosos para introducirse en sus círculos y trepar en la escala política y social.

Las pocas voces que advirtieron sobre los riesgos de aceptar gobiernos sin escrúpulos, antes de que Moreira I despachara en el Palacio Rosa, fueron ignoradas. El docenio envileció la política y agravió a la sociedad. Los partidos de oposición, los organismos patronales y la mayoría de los medios de comunicación se rindieron ante el tintineo del dinero. Prefirieron aplaudir que denunciar, callar que alzar la voz, asociarse con el poder en vez de plantar cara. La humillación cayó sobre todos.

Los Moreira actuaron a ciencia y paciencia de la clase política tradicional y de la oligarquía. La primera fue desplazada y sustituida por quienes antes habían sido sus empleados y operadores electorales; hoy les rinden pleitesía. La segunda, acomodadiza, ha sido exhibida con la extradición de uno de los suyos, Jorge Torres López, a Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude (electrónico y bancario). Nieto del fundador de Grupo Industrial Saltillo, Isidro López del Bosque, a Torres lo sedujo el canto de sirena del poder y del dinero.

Reconocido como hombre bueno, Torres se prestó al juego de los Moreira —algunos de sus parientes también lo hicieron, desde distintas trincheras, bajo la lógica de ganar sin correr riesgos— para mejorar su posición y ganar notoriedad en la pasarela de las vanidades. La línea no priista de la estirpe ha tenido dos alcaldes por el PAN, Manuel López Villarreal (1997-1999) y su hermano Isidro (2014-2017). La brecha la abrió su tío Rosendo Villarreal, primer presidente de Saltillo, postulado por el mismo partido de derecha.

Los Moreira encumbraron a Torres López para después destruirlo. Mientras ellos, desde su nuevo estatus económico, disfrutan la vida como si tal cosa, después de haber endeudado subrepticiamente al estado con 38 mil millones de pesos, cuyo destino permanece oculto y protegido por el Sistema Estatal Anticorrupción y las denuncias penales por la contratación ilegal de créditos y las empresas fantasma duermen el sueño de los justos, su peón vive un infierno. Lo suyo no fue inocencia, sino codicia.

El clan convirtió a Torres en alcalde y en gobernador interino (de Humberto). También le entregó las llaves de la Secretaría de Finanzas, donde compartió el mando con Javier Villarreal Hernández. El cerebro financiero de Moreira I, gente anónima comparada con Torres, prefirió entregarse al gobierno de Estados Unidos, renunciar a millones de dólares y a propiedades adquiridas con recursos del erario para dejar de ser un perseguido. Pero lo más valioso que proporcionó a los fiscales de Texas fue otra cosa: información sobre la corrupción en el gobierno de Coahuila. Lo mismo hizo el empresario mediático Rolando González Treviño. Igual lo hará Torres.

Alianzas y traiciones

Los Moreira se afianzaron en el poder por tres vías: 1) colocaron a sus incondicionales en puestos estratégicos —en Finanzas y la Secretaría de Gobierno hubo desfile de neófitos— y les dieron las arcas del estado, manos libres y protección; 2) eliminaron cuadros y liderazgos del PRI que representaban un riesgo para su proyecto transexenal, a unos les ofrecieron candidaturas y luego les hicieron perder —Alejandro Gutiérrez y Enrique Martínez y Morales— y a otros los persiguieron —Noé Garza, Javier Guerrero y Claudio Bres—; y 3) el control del Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los órganos teóricamente autónomos —Instituto Electoral, ICAI, Derechos Humanos, Sistema Anticorrupción—.

Hasta hoy ningún moreirista ha sido procesado por enriquecimiento ilícito. En cambio, integrantes de dos las familias más influyentes han tenido problemas con la justicia. Alejandro Gutiérrez pasó casi un año en una cárcel de Chihuahua acusado de participar en el desvío de 240 millones de pesos del gobierno a campañas políticas del PRI, junto con el exlíder de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. El 13 de mayo pasado, el exsecretario general del PRI recibió una sentencia de tres años en libertad condicional al ser hallado culpable de peculado por 1.7 millones de pesos.

Torres López fue detenido por la Policía Federal Ministerial el 5 de febrero pasado en Puerto Vallarta con fines de extradición. En junio de 2014, Janice Ellington, jueza federal de Texas, lo había etiquetado como prófugo de la justicia y la DEA —Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés— emitió una ficha de búsqueda internacional. Durante ese tiempo, el exgobernador vivió en Saltillo sin ser molestado. Luego de sufrir un infarto en diciembre de 2017, Estados Unidos reactivó los trámites para su extradición.

El político y empresario trató de evitar su traslado a Texas, pero en septiembre pasado decidió ponerse en manos de la justicia norteamericana. Torres López ha pagado cara su ambición y su alianza con los Moreira, quienes utilizaron la marca para relacionarse con el poder económico y neutralizar a políticos acaudalados como Alejandro Gutiérrez, quien aspiró al gobierno del estado en la sucesión de 2005 cuando el PRI postuló a Humberto Moreira y seis años después a su hermano Rubén.

El 18 de abril de 2008, Torres abrió las puertas de la casa paterna al clan con motivo de los 45 años de Rubén Moreira. La comida devino en una fiesta grotesca e ignominiosa. Miles de personas asistieron al besamanos y a la unción del futuro gobernador. Torres es corresponsable del desastre financiero y de la venalidad en el estado. Su elección como interino de Humberto Moreira no fue un acto de generosidad, sino para terminar de hundirlo y humillar más a su clase. Se le impuso la imposible tarea de explicar y justificar la megadeuda de 38 mil millones de pesos.

En el sexto informe de administración, que no rindió Humberto Moreira por ser presidente del PRI, Torres dedicó menos de cinco minutos al tema de la deuda. Un fiasco. Según versiones, el exgobernador le habría reclamado por no firmar documentos que lo incriminaban. El 11 de noviembre de 2011, pocos días antes de entregar el poder, Jorge Torres McGregor, sobrino de Torres López, murió acribillado. El asesinato se atribuyó al crimen organizado. E4



Testigos protegidos hunden a exgobernadores

Imposible ver a Jorge Torres subir esposado a un avión para ser extraditado a Estados Unidos y no pensar en sus jefes, Humberto y Rubén Moreira. Fueron ellos quienes manejaron el estado y lo endeudaron de por vida. El exgobernador interino se suma a la lista de coahuilenses vinculados a una red de corrupción para desviar dinero de los coahuilenses a cuentas, campañas políticas y negocios particulares: fraccionamientos, ranchos, plazas comerciales. Es un secreto a voces dónde está una parte de los 38 mil millones de pesos de la deuda.

Espacio 4 publicó en julio de 2015: «Humberto Moreira está libre (no de culpa; de sospecha jamás lo ha estado) porque el sistema lo protege, así de simple. Los señalamientos de que “robó cientos de millones de dólares del erario de Coahuila”, hechos en la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, colocan al exgobernador en una situación delicada. La deuda por más de 36 mil millones de pesos dejó de preocuparle, solo en apariencia, cuando la PGR lo eximió por “falta de pruebas” y la “extinción del delito”, sin haberlo investigado. Mas no es lo mismo afrontar la justicia en México que al norte del Bravo.

«El lagunero Guillermo Flores Cordero, el extesorero Javier Villarreal Hernández y el empresario Rolando González Treviño se declararon culpables de lavado de dinero en Estados Unidos para reducir sus sentencias e incluso purgarlas en libertad. Ahora las baterías apuntan a Humberto Moreira. González admitió haber conspirado para enviar dinero a Estados Unidos de las arcas de Coahuila durante la gestión de Moreira. Confesó para obtener algunas ventajas, pero además consciente de que el gobierno norteamericano tiene elementos para probar los delitos…

«Aún sin aclarar el destino de la deuda ni castigar a los responsables, Estados Unidos puso a Moreira bajo los reflectores. Antes lo estuvo el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso en Nueva York por lavar dinero para el narcotráfico —cartel de Juárez, el de mayor influencia en el sexenio de Carlos Salinas—; y en tiempos más recientes, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. ¿Hasta cuándo las autoridades mexicanas harán la vista gorda?».

Villanueva regresó a México el 19 de enero de 2017 para terminar de pagar una condena de 22 años por lavado de dinero y tráfico de drogas. El exgobernador de Quintana Roo —ligado a Raúl Salinas de Gortari— habría lavado 100 millones de dólares en complicidad con funcionarios de su administración. José Chejín Pulido, secretario de Finanzas en el gobierno de Villanueva, el equivalente de Jorge Torres López y Javier Villarreal Hernández, participó en el proceso como testigo protegido de la DEA.

Otra pieza clave del caso Coahuila es Juan Manuel Muñoz Luévano, «el Mono», empresario de Matamoros, Coahuila, relacionado con los Moreira. El narcotraficante y supuesto enlace de Los Zetas en Europa fue extraditado el 28 de febrero a Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero, organización criminal y otros cargos. Muñoz se declaró culpable de uno de los delitos y se acogió a la figura de testigo protegido para seguir en libertad el proceso mientras se le dicta sentencia. Los mismos pasos se dieron para atrapar y extraditar a Villanueva y Yarrington. Al final fueron colaboradores e informantes quienes pusieron entre rejas a dos intocables del sistema. El moreirato está en jaque. E4



Alternancia castiga a políticos corruptos

Después de la extradición de Jorge Torres López a Estados Unidos, aún están en prisión los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Eugenio Hernández (Tamaulipas). César Duarte, de Chihuahua, se encuentra prófugo. Enfrentan cargos por lavado de dinero y peculado; al veracruzano también se le imputa asociación delictuosa. En una entrevista por televisión, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto declaró que los Duarte y Borge representaban «al nuevo PRI».

El PRI perdió en 2016 los cuatro estados. Sin alternancia, los exgobernadores seguirían libres. Javier Duarte y Roberto Borge huyeron del país; meses más tarde fueron capturados en Guatemala y Panamá, respectivamente. A César Duarte lo busca la Interpol. Disparó la deuda estatal a 55 mil millones de pesos y la Secretaría de la Función Pública lo denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por desviar 80 millones de pesos de los trabajadores del estado al PRI.

El exgobernador de Chihuahua se enriqueció ostensiblemente. La Fiscalía General del Estado libró 21 órdenes de aprehensión en su contra, y una la Fepade. Los principales funcionarios de la administración priista han sido detenidos. Duarte está acusado de desviar más de mil 230 millones de pesos. El gobierno de Javier Corral (PAN) le aseguró 37 inmuebles con valor aproximado de 100 millones de pesos, adquiridos durante su gestión. El 28 de mayo pasado le aseguraron otros cuatro ranchos.

«Como parte de la operación Justicia para Chihuahua y de la investigación realizada por el grupo especial de fiscales en materia de corrupción, además se hallaron animales exóticos y de colección, entre ellos al menos 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de jabalíes», informó el portal Eje Central. Duarte, cuya extradición exigen el gobierno de Chihuahua y grupos ciudadanos, era uno de los mandatarios protegidos del exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones y del entonces coordinador de los senadores de ese partido, Emilio Gamboa.

El único exgobernador de este grupo bajo extradición es Eugenio Hernández. Estados Unidos le imputa peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos. «El 3 de julio de 2014, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reportó presuntos sobornos de un cartel de la droga a Hernández Flores durante su periodo como gobernador, todo para permitir a dicho cartel operar sin restricciones por parte del gobierno de Tamaulipas. Ese dinero sería posteriormente lavado en el sur de Texas por el empresario Guillermo Flores Cordero, quien, arrestado por la DEA, implicó al exgobernador (“Liga DEA con Zetas a Eugenio Hernández”, El Norte, 03.07.14). Eugenio Hernández Flores negó esas acusaciones de inmediato» (Wikipedia).

El mismo día de la entrega del exgobernador coahuilense Jorge Torres López a Estados Unidos, Karime Macías, esposa del veracruzano Javier Duarte, fue detenida en Londres a solicitud de la Fiscalía General de la República como primer paso para extraditarla a nuestro país. Se le atribuye un fraude superior a los 112 millones de pesos mediante la simulación de contratos a través de empresas fantasma. Macías pagó 150 mil libras de fianza para enfrentar el proceso en libertad. Es la primera esposa de un gobernador perseguida por la justicia.

En Coahuila existen denuncias penales por la megadeuda y el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, pero aquí las autoridades siguen cruzadas de brazos. E4

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