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Edición 626

Medios

Fake news: ¿quién y por qué?

La difusión de noticias falsas sobre los sucesos del 17 de octubre en Culiacán agravaron el caos informativo y la sensación de inseguridad

Gerardo Moyano

El elevado número de noticias falsas que circularon durante el proceso electoral presidencial de 2018 ubicó a México como el segundo país más expuesto a información manipulada, después de Turquía y por encima de Brasil y Estados Unidos (Espacio 4, 624). El blanco más atacado: el tres veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por lo anterior, no sorprende el hecho de que algunos de los videos falsos que circularon sobre los enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre, hayan sido en realidad de sucesos ocurridos en esos países: un helicóptero derribado en territorio turco (2016) y un operativo policial en una favela brasileña (2019).

A ellos se agregan la explosión de un automóvil en Cali, Colombia —provocado por un accidente eléctrico el 8 de octubre—, un video de un ataque a policías en Guerrero (2018), la supuesta suspensión de clases en los 18 municipios de Sinaloa —solo se suspendieron en Culiacán—, así como supuestos relatos de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en un restaurante local de Culiacán, donde el capo se habría «rendido para evitar una masacre. Por su parte, el Ayuntamiento de Mazatlán tuvo que salir a negar que grupos armados hayan intentado entrar a la ciudad.

Coahuila no escapó a la psicosis. Un mensaje de Facebook que fue compartido unas 800 veces en las 12 horas posteriores a los enfrentamientos de Culiacán, advierte: «Se espera una ola de violencia para la zona norte del Estado de Coahuila». No obstante, la imagen adjunta a la publicación fue difundida el 17 de junio pasado por el grupo Frontera Código Rojo Noticias NL.

Si bien la mayoría de estos contenidos fueron propagados en grupos de Whatsapp y por cuentas de Twitter y Facebook de dudosa procedencia, algunos videos como el de la explosión del vehículo en Colombia fueron publicados por figuras de la talla de la periodista Adela Micha. Luego de ser fuertemente criticada por sus seguidores, Micha borró el mensaje de su cuenta personal de Twitter sin mayores explicaciones.

Pero dejando de lado a aquellos que compartieron noticias falsas por ignorancia, morbo o por mera diversión, la pregunta en el aire es: ¿quién genera este tipo de contenidos y por qué?

Un estudio reciente de la Universidad de Oxford denominado «El Orden de Desinformación Global», ubicó a México entre los 70 países en los que detectó manipulación informativa. El país se ubicó junto a Cuba, Brasil y Guatemala entre los que tienen «tropas cibernéticas de alcance «mediano», es decir, en los que se propagan campañas de desinformación con cierta consistencia y con una estrategia elaborada en diversas plataformas, incluyendo financiamiento de personal dedicado de tiempo completo a esta tarea.

Esto indica que hay personal pagado para la difusión de estas noticias cuyo objetivo en este caso parece haber sido debilitar la imagen del gobierno federal e insistir en la idea de que AMLO es «un peligro para México».

Guerra de hashtags 3.0

A la par de la cobertura mediática nacional, en la que la mayoría de los grandes medios sugirió algún tipo de «rendición del gobierno ante el narcotráfico, el debate sobre lo ocurrido en Culiacán polarizó las opiniones en Twitter a favor y en contra de AMLO.

Los hashtags #AMLORenuncia, #AMLOEstamosContigo —y su versión #YoApoyoaAMLO— marcaron tendencia entre el 17 y 18 de octubre. El primero, a través del cual se pedía la renuncia del presidente, fue trendig topic por unas horas hasta que los mensajes de apoyo a AMLO fueron creciendo gracias a un mayor número de interacciones. Por la tarde del 18 de octubre la etiqueta #AMLOEstamosContigo fue compartida más de 80 mil veces, ubicándose en segundo lugar a escala mundial —detrás de #NuriPakdil, en referencia a la muerte del escritor turco—, en contraste con las 41 mil veces que fue compartida la de #AMLORenuncia.

Si bien en ambos bandos hubo automatismos —los llamados bots—, el hashtahg #AMLOEstamosContigo fue compartido en mayor número de veces por cuentas verificadas y por figuras públicas reconocidas. E4



Cacho, Aguayo y Proceso, en la mira del poder

La justicia mexicana parece dar un paso adelante y dos hacia atrás en casos relacionados con la libertad de expresión.

El 15 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Cancún a Miguel Mora Olvera, exagente de la Policía Judicial de Quintana Roo, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Se trata del tercer detenido en el juicio que inició Cacho luego de que en 2005 fuera aprehendida ilegalmente en Quintana Roo y trasladada a Puebla para enfrentar cargos de difamación y calumnias presentados en su contra por el empresario Kamel Nacif, a quien la periodista involucra en una red de explotación infantil y trata de personas en su libro Los Demonios del Edén.

Las tres aprehensiones se dieron este año, tras las disculpas públicas que ofreció el Estado mexicano a la escritora, en enero pasado.

Por su parte, el 25 de octubre, la revista Proceso informó que un juez civil de la Ciudad de México le ordenó que no divulgue una demanda por daño moral presentada en su contra por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Banco Azteca, relacionada con una nota en la que se involucra al empresario en la compra, a sobreprecio, de Grupo Fertinal por parte de Pemex, en 2006.

En julio pasado, la revista publicó documentos internos y registros corporativos de jurisdicciones europeas, que muestran cómo Salinas Pliego «controló acciones de la empresa de fertilizantes a partir de 2006, mediante una red de sociedades offshore creadas en Bélgica y Suecia, con ramificaciones en Luxemburgo. También documentó que empleados y exempleados de Grupo Salinas ocuparon puestos clave en la empresa —entonces dirigida por Covarrubias—, que un fideicomiso administrado por Banco Azteca era la «tesorería» de Fertinal, y que aquel banco y Arrendadora Internacional Azteca prestaron 406 millones de dólares a la empresa, los cuales incluyeron un polémico dividendo de 51 millones de dólares (Proceso, 26-10-19).

«Se previene a todas las partes, incluyendo a los actores, demandados, y a los que puedan llegar a tener acceso a la misma para que se abstengan de usar o divulgar la información relacionada con el presente juicio», dice la notificación emitida el 3 de septiembre por Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, titular del Juzgado 62º Civil.

Según Proceso, el dictamen repite casi literalmente la demanda de los abogados de Salinas Pliego.

Otro caso de censura avalada por un juez de la Ciudad de México es el de la demanda por daño moral en contra del académico Sergio Aguayo por parte del exgobernador coahuilense Humberto Moreira (Espacio 4, 625).

Ante la posibilidad de que Aguayo deba pagarle a Moreira 10 millones de pesos por haber escrito que el exmandatario emitía un «hedor a corrupción», la Oficina en México de Naciones Unidas (NU) expresó su preocupación por el «efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios públicos que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos, debilitando la rendición de cuentas». Por lo mismo, pidió a las autoridades de México revisar la legislación civil en materia de protección al derecho al honor y reputación. E4

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