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Edición 624

Estado

Deuda: justicia simulada, ¿impunidad garantizada?

Mientras una investigación de MCCI exhibe las artimañas jurídicas que permitieron absolver a exfuncionarios coahuilenses por la contratación ilegal de créditos bancarios, el exgobernador Jorge Torres se entrega a la justicia de EE.UU. y pone a temblar al moreirato

Gerardo Moyano

«Lo que pasó, pasó», dice el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como si siguiera al pie de la letra el reguetón de Daddy Yankee.

De gira por Coahuila, el 28 de septiembre, el mandatario insistió en «darle vuelta a la hoja y ver hacia delante», por eso de que no alcanzarían las cárceles para todos los funcionarios corruptos.

Se trató de la segunda afrenta a los coahuilenses en menos de una semana, pues en la conferencia mañanera del 24 de septiembre casi defendió al exgobernador Humberto Moreira, de quien dijo fue «exonerado» por un supuesto acuerdo entre los expresidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

También se lanzó contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que un día antes reveló un expediente jurídico en el que un juez saltillense absuelve a dos exfuncionarios acusados de la contratación de créditos a nombre de Coahuila con documentos falsos.

«Hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción… Ah no, me equivoqué, Mexicanos en favor de la corrupción. ¿No es así? Que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven amparos en contra de las obras, no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción», dijo AMLO con sorna.

Los amparos que tienen molesto al presidente son los que MCCI presentó contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. El equipo jurídico de la Presidencia pretende anularlos con el argumento de que las instalaciones estratégicas de la Secretaría de la Defensa (Sedena) son «de interés nacional».

MCCI pidió al presidente respetar su trabajo e hizo un recuento de las investigaciones realizadas. Entre ellas, «La Estafa Maestra», en conjunto con Animal Político, la cual obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística. El caso mantiene entre las rejas al pez más gordo atrapado hasta hoy en las redes de la Cuarta Transformación (4T): la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles Berlanga.

Sin embargo, ni el berrinche de AMLO contra González, ni sus dichos sobre la supuesta exoneración de Moreira deben leerse como una carta de impunidad a favor del exgobernador coahuilense, pues las contradicciones del tabasqueño no han impedido que la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda actúen contra exfuncionarios acusados de corrupción.

Además, si bien AMLO refrendó en Matamoros, Coahuila su postura a favor del «punto final» para casos de corrupción, también advirtió que «si hay denuncias en curso, que se resuelvan, que no haya impunidad, porque tampoco vamos a ser tapadera de nadie».

Y sí que las hay. Siete denuncias penales relacionadas con la deuda de Coahuila tienen carácter reservado por estar en fase de investigación, como lo demuestra la investigación de MCCI.

Y aun cuando éstas siguieran el curso infame que les dio a otras dos el hoy magistrado coahuilense Adrián González Hernández, aún queda la justicia no simulada de Estados Unidos, a la cual Jorge Torres ha decidido someterse para sumarse a la larga lista de testigos protegidos que señalan con dedo flamígero a la mente maestra detrás del saqueo más grande jamás realizado a las arcas de Coahuila: el profe Moreira.

Justicia simulada

La investigación «Mega deuda en Coahuila: justicia simulada» surge de la convocatoria de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por MCCI para darle seguimiento al caso de la contratación ilegal de los pasivos estatales en el sexenio de Humberto Moreira, que hasta el día de hoy siguen por encima de los 35 mil millones de pesos.

Básicamente, MCCI financió una batalla legal de solicitudes de transparencia para conocer el estado de las denuncias relacionadas con el caso, la cual incluyó un litigio ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

MCCI encontró que a lo largo de ocho años se iniciaron nueve denuncias en Coahuila relacionadas con el endeudamiento del estado: dos interpuestas por la bancada panista del Congreso local, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y la colusión de servidores públicos —28 de junio y 29 de diciembre de 2011—; seis hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por contratación irregular de deuda pública, contratación de montos superiores permitidos para adquirir deuda pública y falta de documentos que acreditaran el destino de los recursos —en 2011, 2013 y 2016—; y una más realizada por el Gobierno del estado en el mandato interino de Jorge Torres (2011).

De ellas, MCCI solo pudo acceder a las dos que fueron concluidas: una de las presentadas por el PAN y la del gobierno estatal, las cuales fueron agrupadas en la causa penal 76/2011 en el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, a cargo del entonces juez Adrián González Hernández.

Éstas fueron en contra de Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador de Políticas Financieras del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Juan Manuel Delgado Hernández, funcionario de la misma dependencia, por la obtención de mil millones de pesos con documentos falsos.

Por este caso, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), encabezada entonces por Jesús Torres Charles —nombrado por HMV en 2009— inició la investigación por el delito de Equiparado al Fraude en su Modalidad de Simulación de Acto Jurídico —simular un acto que causó un daño al gobierno de Coahuila—. La investigación la continuó Homero Ramos Gloria, procurador del estado designado por Rubén Moreira en 2012 (hoy magistrado).

La investigación de MCCI revela que tanto la FGEC como el juez González Hernández cometieron «omisiones» durante el proceso. Las más burdas, la extracción de documentos —incluido el decreto falso que daba sustento a toda la denuncia— y el falaz argumento de la absolución.

La primera sentencia absolutoria, en la que el juez señala que «no quedó acreditado el cuerpo del delito», fue apelada por el Ministerio Público, por lo que se inició el expediente 456/2017, en el cual cinco magistrados de Coahuila que revisaron el caso dejaron asentado que «hubo impunidad y falta de efectividad» en el proceso (página 131).

«Por ello, consideramos que en atención a los principios éticos que rigen el actuar de todo juzgador, debieron incorporarse al fallo determinados aspectos que resultan ser esenciales para el total esclarecimiento de los hechos denunciados y que por circunstancias incomprensibles no se incluyeron en la acusación del ministerio público y consecuentemente quedaron impunes», concluyen los entonces magistrados del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Superior del Estado: Óscar Aarón Nájera Davis, Armín José Valdés Torres, Antonio Berchelmann Arizpe, Juan Antonio Martínez Gómez y Efraín Rogelio García Flores.

Los magistrados también refirieron que la investigación del Ministerio Público no debió ser parcial y la acción penal debió llevarse a cabo con seriedad y no «como una simple formalidad condenada a ser infructuosa».

MCCI entrevistó a uno de los cinco magistrados que revisaron el caso, Armín José Valdez Torres, quien con una ligera sonrisa que denota incredulidad y resignación —el video se puede ver en Youtube— señaló que la Fiscalía estatal ni siquiera anexó el decreto falsificado al expediente.

«Por lo deficiente que vino la averiguación, no puede ser que te quieran acreditar la simulación de un acto jurídico (…) y no te agrega ni siquiera el Periódico Oficial falsificado. (…) Entonces cómo vas a probar que hubo una simulación si ni siquiera tienes el acto jurídico simulado y así una serie tremenda de documentos que se sustrajeron de la averiguación y que al final tenían como propósito que no hubiera una sentencia condenatoria», dice Valdés Torres.

El magistrado lamenta que la causa haya sido calificada como simulación de acto jurídico —dos a ocho años de cárcel y una multa sin monto exacto— y no por peculado —inhabilitación definitiva, mismo periodo de cárcel y una multa de 500 a mil 500 millones de pesos—, que era el más fácil de perseguir.

El decreto «perdido»

Si bien las denuncias que se han concluido fueron en contra de Enrique Ledezma Sánchez y Juan Manuel Delgado Hernández, los verdaderos artífices de la contratación ilegal de créditos fueron incondicionales de Humberto Moreira: Javier Villarreal Hernández, Sergio Fuentes y Fausto Destenave Kuri.

Todo empezó con la creación del SATEC, aprobada por el Congreso local en 2010 a iniciativa de HMV, «como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio para recaudar y encargarse de la adquisición de créditos bancarios».

Un decreto emitido por el gobernador Moreira le otorgaba al SATEC la facultad de suscribir en representación del Gobierno de Coahuila «los contratos de financiamiento, reestructura y los demás que se requiriera para la buena marcha de la administración pública estatal, con instituciones de crédito y financieras». Javier Villarreal Hernández fue nombrado titular del organismo y Sergio Fuentes administrador de Políticas Públicas del mismo.

El decreto establecía además la sectorización de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Gobierno de Coahuila (CEAS), la cual pasaría a endosarle todos sus ingresos al SATEC.

Fue a través de estas dos dependencias que se hizo la contratación de un crédito de mil millones de pesos con un documento falso en una sucursal del banco Santander de la Ciudad de México, el 28 de marzo de 2011.

Debido a que tanto el banco como la Ley de Deuda Pública del Estado tenían como requisito la aprobación del Congreso local mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial de Coahuila, Fausto Destenave Kuri, en calidad de titular de la CEAS, y Enrique Ledezma Sánchez, en representación del SATEC, presentaron el decreto número 476, el cual no existía. Un decreto con ese número fue publicado el 19 de abril de 2011, pero no trató de la deuda, sino de una ratificación de Deyanira de la Cruz como cuarta regidora del Ayuntamiento de General Cepeda.

MCCI solicitó el documento vía transparencia a la Secretaría de Finanzas de Coahuila, pero ésta dijo que no lo tenía en su poder, y la versión pública del contrato del préstamo publicada en su página web tampoco lo incluye.

Como si fuera poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que la deuda nunca fue registrada como lo marcaba la normatividad vigente.

«En su declaración en primera instancia, Fausto Destenave Kuri, extitular de la CEAS, reveló que al acudir a las oficinas de Santander a suscribir el crédito nadie le mostró ningún documento anexo, es decir el decreto», señala MCCI.

Fausto Destenave Kuri, quien declaró que entre trabajadores del SATEC y el personal del banco había «mucha amistad y confianza», dijo que el día de la firma de la adquisición de los mil millones de pesos a los presentes «les urgía que firmara».

Dependencia fachada

Si bien Humberto Moreira ha dicho una y mil veces que el dinero de la deuda fue destinado a obras para el estado, una sentencia judicial en manos de MCCI revela que no hay constancia de que el dinero adquirido se haya utilizado en infraestructura y fue desviado «con propósitos desconocidos».

De hecho, al declarar por el caso, el administrador normativo del SATEC, de quien se reserva el nombre en el expediente, declaró que fue trasladado de la Secretaría de Finanzas al SATEC para «no hacer nada».

«Aunque me es penoso decirlo, yo iba a no hacer nada honestamente porque me involucraban muy poco en el trabajo de la oficina de Políticas Públicas», declaró el funcionario ante la FGEC.

Lo mismo dijo el administrador de Proyectos Especiales y Estadísticas Económicas —de quien también se reserva el nombre—, cuya función era el desarrollo de proyectos y de servicios públicos, así como la elaboración de estudios económicos.

«A mí me tenía excluido en participar en este tipo de actividades que, aunque era mi función como ya lo mencioné, analizar tasas de interés y condiciones del mercado no se me asignaban estos proyectos, no obstante que yo intenté participar en estos trabajos. Llegué a escuchar que pactaban contratos en condiciones muy altas o desfavorables para Coahuila, pero yo no podía tener participación en esas decisiones», declara.

Los intocables

Lo cierto es que además de Ledeza y Delgado, ningún otro de los involucrados en la denuncia ha sido sancionado en Coahuila. El 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal Hernández, entonces titular del SATEC estuvo unas horas detenido en el Cereso de Saltillo, pero el juez Adrián González le impuso una multa y lo dejó en libertad condicional.

Pese a una medida precautoria, Villarreal viajó a Estados Unidos, donde fue detenido el 10 de febrero del 2012 por una infracción menor. Como le encontraron 67 mil dólares en efectivo, las autoridades de Texas le iniciaron una investigación que derivó en un juicio por los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado, por el cual espera sentencia.

Por su parte, Sergio Fuentes se mantiene en libertad gracias a juicios de amparo que han impedido que el juzgado pueda avanzar con su proceso judicial.

Sobre Fausto Destenave Kuri, quien «reconoció en declaraciones ministeriales haber participado en la petición del crédito, incluso confesó que observó irregularidades, pero dijo desconocer la firma del contrato en poder de la Fiscalía», el juez Adrián González determinó que actuó bajo una «excluyente de responsabilidad».

Destenave Kuri renunció al PRI en 2016 y se lanzó como candidato independiente a la alcaldía de Saltillo en 2017. El 5 de abril, reapareció en el Museo Fuerte de Guadalupe, para contar las aventuras de su bisabuelo Pablo Dionisio Mejía, quien participó al mando del general Ignacio Zaragoza en la batalla del Sitio de Puebla de 1863. E4



El laberinto de la deuda

Autores y cómplices de la contratación ilegal de la deuda de Coahuila.

Humberto Moreira

Desde que se creó el SATEC trabajadores admitieron que los transfirieron “para no hacer nada”.

Rubén Moreira

Fue gobernador de Coahuila después que su hermano Humberto Moreira y durante su sexenio la Procuraduría del estado no logró penas para los responsables por la adquisición de mil millones de pesos.

Héctor Javier Villarreal Hernández

Fue titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y había ocupado puestos de primer nivel en la administración de Humberto Moreira.

Fausto Destenave Kuri

Fue Director de la Comisión de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS) y había sido Secretario de Seguridad Pública a principios del sexenio de Humberto Moreira.

Sergio Fuentes Flores

Fue administrador de Políticas Públicas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) cuando se adquirió una tajada de la deuda.

Enrique Ledezma Sánchez

Fue subadministrador de Políticas Financieras del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) cuando se adquirió la deuda.

Juna Manuel Delgado Hernández

Buen servidor público del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) cuando se adquirió la deuda.

Adrián González Hernández

Fue el juez que absolvió a los involucrados de la deuda de mil millones de pesos adquirida con documentos apócrifos.

Infografía: MCCI



Nuestro trabajo habla por sí mismo

El 24 de septiembre, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) respondió a las acusaciones de AMLO con un comunicado en el que hace un recuento de sus investigaciones desde su creación, en 2016, las cuales «han ayudado a generar una conciencia y demanda social para acabar con la corrupción y han contribuido a abatir la impunidad».

  • 179 investigaciones periodísticas sobre redes de corrupción.

  • 57% de las investigaciones involucran a gobiernos del PRI, 24% de Morena, 17% del PAN y el resto de otros partidos.

  • 53% denuncia la participación del sector privado en presuntos actos de corrupción

  • 30 publicaciones sobre las operaciones ilegales de Odebrecht en México.

  • «Los piratas de Borge» (con Expansión), sobre desfalcos cometidos en la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (2011-2016).

  • «¿Por qué se cayó mi edificio?», sobre irregularidades en la construcción de inmuebles que se derrumbaron en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en CDMX.

  • «La Estafa Maestra» (con Animal Político), sobre desvíos en Sedesol y Sedatu a través de ocho universidades.

  • Investigación que detalla cómo Javier Duarte entregó millonarios recursos a empresarios que financiaron ilegalmente al PRI (con Animal Político).

  • «El emporio farmacéutico a la sombra del superdelegado Lomelí», sobre los ilícitos cometidos por Carlos Lomelí Bolaños, delegado de Morena en Jalisco.

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