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Edición 624

Justicia

Coahuila en las «mañaneras» de AMLO por corrupción, nepotismo e impunidad

La indignación social de los laguneros por los excesos del moreirato, el abandono de los gobiernos de Coahuila y Durango, las supuestas irregularidades en el manejo del Fondo Metropolitano y la contaminación del acuífero por arsénico, llega a Palacio Nacional. «No quedará nada impune», dice López Obrador

Gerardo Hernández G.

El nombre de Coahuila y el apellido Moreira han resonado en los muros del Palacio Nacional durante las ruedas de prensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre relacionados con escándalos de corrupción, nepotismo e impunidad. Legiones de coahuilenses, indignados por las masacres, las desapariciones forzadas, la megadeuda, las empresas fantasma y la ruindad de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, tienen hambre y sed de justicia. El presidente no puede sustraerse a esa realidad ni a su compromiso de castigar a los venales.

Además de conocer el país palmo a palmo, AMLO toma el pulso a los estados cada día. Los superdelegados son sus ojos y oídos, pero también ellos están bajo escrutinio público. Carlos Lomelí Bolaños, delegado para los programas de bienestar y excandidato al gobierno de Jalisco en 2018, renunció en julio pasado tras la publicación del reportaje «El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí», elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según la investigación, familiares y colaboradores de Lomelí manejan una red de empresas que proveen medicamentos a varios estados y al gobierno federal. «Esas compañías ya han recibido contratos de la actual administración federal por un monto de más de 164 millones de pesos». El escándalo deja de pronto a Lomelí fuera de la próxima sucesión. En los comicios del año pasado, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, obtuvo la gubernatura jalisciense con casi el 40% de los votos; Lomelí, postulado por Morena, captó el 24.7%.

El superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha bajado de perfil en las últimas semanas, pero es él quien anuncia las visitas de AMLO, ya no el gobernador, como en el pasado. La quinta gira presidencial, el 27 de septiembre, comprendió Matamoros —donde Morena estrenó la alternancia después de 89 años bajo la férula del PRI— y San Buenaventura, como parte de un recorrido nacional por clínicas y hospitales del IMSS, cuyas condiciones son deplorables en la mayoría de los casos. A diferencia de las comitivas imperiales, las de AMLO son reducidas. Los trayectos se cubren por carretera y es Reyes quien acompaña al presidente, no el senador Armando Guadiana.

El título de supercoordinador, dado a esa nueva figura, no lo es por disponer de presupuestos abultados sino, al contrario, por tener acceso directo al presidente y por nuclear a las delegaciones en los estados; sobre todo las encargadas de ejercer el gasto social. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, los delegados dependían de la federación. Peña Nieto les cedió el control a los gobernadores, los cuales nombraron a incondicionales suyos, propensos a la corrupción.

La cercanía de Reyes Flores con AMLO le permite jugar un papel decisivo para responder al clamor de justicia de los coahuilenses por la deuda, las empresas fantasma y otros actos de corrupción. Como exlíder del PAN y militante de Morena, Reyes fue perseguido por los Moreira y sus secuaces. En vez de arredrarse, realizó huelgas de hambre contra el clan y su partido por despojar a Acción Nacional de la alcaldía de Lamadrid en 2010; contra «el fraude electoral del PRI y de Peña Nieto» en la elección presidencial de 2012; y frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para demandar la anulación de los comicios de gobernador de 2017, manipulados por Rubén Moreira en complicidad con el Instituto Electoral de Coahuila. AMLO escucha a Reyes.

Agua y Metrobús

«Los laguneros estamos cansados de tanta pinche transa», le espetó Juan Carlos Parga al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, en la rueda de prensa del 23 de julio. «Los gobernadores de Coahuila y Durango han olvidado a La Laguna durante muchos años (…) y han agarrado dinero del Fondo Metropolitano», acusó el activista. Por lo tanto, solicitó auditar el Metrobús, «impuesto por el anterior gobernador Rubén Moreira, (…) porque (el costo) ya subió casi al doble». La obra «está sin pies ni cabeza… mal hecha, mal ejecutada».

Parga no es periodista, él mismo hizo la aclaración, pero aprovechó la política de puertas abiertas en Palacio Nacional para exponerle al presidente problemas regionales desde la perspectiva de un ciudadano que se ha refugiado en Estados Unidos varias veces «huyendo de las persecuciones». Parga dirige el Movimiento por la Calidad del Agua, y en ese carácter pidió acciones contra el desabasto en la metrópoli lagunera, agravado por la sobreexplotación de los mantos freáticos. «La Laguna puede ser un edén, tenemos el Plan Meva, traer agua por gravedad de la Sierra Madre Occidental (…), pero está fallando mucha gente que se subió con usted. Aquí traigo investigaciones de fraudes en la calidad del agua».

El activista se refirió también, sin citarlo por su nombre, al Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de La Laguna, instalado por AMLO el 12 de junio en Palacio Nacional. «Tenemos empresas que vienen con usted (que) van a invertir, pero es más el daño ambiental que hacen. Lala nos dejó sin agua durante muchos decenios». También blandió la espada contra los superdelegados de Coahuila (Reyes Flores Hurtado) y Durango (Enrique Novelo Solís, sustituido por Édgar Morales Garfias el 29 de agosto). Los acusó de fallarle al presidente y de ser camajanes subidos al carro de la Cuarta Transformación: «venían de otros partidos y ahora son “morenos”».

AMLO reconoció el valor de esos diálogos, pues le ayudan a informar a la gente. El plan para dotar a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo de agua suficiente y buena calidad ya está en marcha, dijo. Una de las alternativas es tender un acueducto entre la presa Francisco Zarco y la zona metropolitana. El cultivo de alfalfa redujo el nivel del acuífero y afectó las reservas de Cuatro Ciénegas, aceptó, pero «tampoco se trata de destruir una actividad productiva (lechera), sino de optar por el desarrollo sustentable y, lo principal, (por) la salud del pueblo. (…) cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico se demuestra que hay un problema grave».

Conjurada con anterioridad «la desaparición de la industria láctea», uno de los pilares de la economía regional, el mandatario insistió en desarrollar cuencas en el sureste, donde hay agua, con ganado adaptado al trópico. En el proyecto participan empresarios de La Laguna, pero por encima de todo está la salud, insistió. «Como el gobierno ya no está al servicio de ningún grupo de interés, puede actuar con libertad. Antes, los grupos de interés creados financiaban las campañas y entonces llegaba el nuevo presidente y no podía hacer nada; al contrario, les tenía que dar».

Cristóbal Jaime, exdirector de Lala, estuvo al frente de la Comisión Nacional del Agua en el gobierno de Vicente Fox. Se conocieron en Coca Cola. E4



¿El fin de la monarquía en el estado?

El segundo coahuilense en desfilar por la pasarela de las mañaneras y poner en la picota a los Moreira fue Albino Córdova, de ACM Canal 54 de YouTube. El origen de los problemas del estado es la corrupción, dijo sin ambages el periodista sampetrino al presidente, el 13 de agosto. Tres décadas después de haber recibido una lluvia de tomates y huevos podridos, cuando era candidato, «en La Laguna todavía se vive la venganza de Salinas. (…) los campesinos tiran sus melones y sus sandías porque no tienen precio; las tierras ejidales volvieron a ser de unos cuantos». Tal es el resultado de la reforma al artículo 27 constitucional, sentenció Córdova con voz trémula.

Enseguida le preguntó al presidente: «¿Es justo que la familia Moreira, en Coahuila, se haya traspasado el poder como una monarquía, en el colmo del cinismo, de la desfachatez, para crear programas electoreros? ¿Qué le espera a la región lagunera de Coahuila con sus programas sociales? ¿Cuándo van a aterrizar? Todavía hay muchas casas de cartón, todavía hay amplios cinturones de miseria».

AMLO ofreció a los laguneros justicia. «La justicia a veces tarda, pero llega cuando se lucha por ideales y principios». Las mañaneras se prestan para el lucimiento e incluso para el oportunismo. Algunas veces no se plantean preguntas, sino tesis. El presidente sabe escuchar. Peña Nieto despedía a los periodistas y ciudadanos críticos con la fórmula salinista del «ni los veo ni los oigo». Jamás concedió una entrevista en forma.

El 15 de agosto, Dalila Escobar, de Capital Coahuila, puso a prueba al presidente: «En el gobierno de Rubén Moreira se denunció y se demostró que hubo desvío de millones de pesos —475 según denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado—… mediante el esquema de empresas fantasma. Incluso esto derivó en la renuncia de María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura y brazo derecho del ahora diputado federal. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera va a atender estos casos, va a seguir una investigación respecto a este hecho o, en todo caso, quedará impune?».

«No, no queda nada impune, replicó el presidente, (a) todo lo que se denuncia se le da curso. (…) si nos piden información en el caso de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda…, se entrega; y también cuando se presentan datos se indaga… (si) se encuentra que hay manejos turbios, indicios de corrupción, se procede a entregar esa información a la Fiscalía. Es lo que estamos haciendo».

Seis días después, Escobar volvió a la carga. «Usted me decía que no tenía más información (sobre las acusaciones contra Rubén Moreira); sin embargo, sí existe una denuncia interpuesta por 20 senadores, el 26 de septiembre de 2016… (por) el desvío de recursos a través de empresas fantasma. ¿Este tipo de denuncias van a quedar en la congeladora o se les va a dar seguimiento? Porque sí existen».

«Pues si existe, que la Fiscalía (General de la República) les dé curso, como hace en otros casos», respondió AMLO. Acerca de la deuda, dijo que un partido (PAN) acusaba de corrupción a las autoridades, pero «resulta que el gobierno de ese partido (Calderón era presidente) exoneró a ese personaje (Humberto Moreira)».

No fue Calderón quien absolvió a Humberto, sino su hermano Rubén. En recompensa por obstruir la justicia, el procurador del moreirato Homero Ramos Gloria recibió una sinecura en el Tribunal Superior donde cuida los intereses del clan. Las denuncias por la deuda y las empresas fachada, presentadas por la Auditoría Superior del Estado, duermen todavía el sueño de los justos.

El tema no puede ir al «basurero de la historia», como el ejecutivo lo sugiere, sin haberse castigado antes a los responsables. Menos ahora, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo ha fijado en la agenda nacional con su investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada». Ni perdón ni olvido. E4



Torres, el tercer extraditado; faltan los peces gordos

El exgobernador interino utiliza la táctica de Villarreal y González Treviño: libertad a cambio de dinero e información a EE. UU.

Jorge Torres López, uno de los peones del moreirato, será el tercer exgobernador mexicano procesado penalmente en Estados Unidos. En 2013, una Corte de Nueva York sentenció a Mario Villanueva (Quintana Roo) a 10 años de prisión por lavado de dinero, luego de declararse culpable de tráfico de drogas; en 2017, fue extraditado a México para terminar de cumplir una condena de 22 años por narcotráfico. En abril de este año, Italia entregó a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas a Tomás Yarrington (Tamaulipas), quien enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y extorsión.

Lanzado al estrellato político y manipulado por Rubén Moreira, el poder detrás del trono en el gobierno de su hermano Humberto, la situación de Torres López es menos grave, pues no se le acusa de narcotráfico, pero sí de blanqueo de dinero, fraude bancario y transferencias electrónicas engañosas por 8.8 millones de dólares —extraídos de las arcas del estado—, de los cuales 2.8 millones ya fueron confiscados.

Torres es el primer exgobernador detenido en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Su captura la realizaron agentes de la Fiscalía General de la República el 6 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco. El primer secretario de Finanzas del moreirato era buscado en 194 países por una notificación roja de la Interpol («solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción similar»). El 23 de junio de 2014, la DEA lo incluyó en su lista de los más buscados bajo la clave W-739029173.

La Corte del Distrito Sur de Texas inició desde finales de 2017 trámites para la extradición de Torres López, al saberse que el exgobernador interino había sufrido un infarto el 6 de diciembre en Saltillo. Torres y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, fueron acusados de transferir 35 millones de dólares del erario de Coahuila a Estados Unidos. Parte de los fondos se ocultaron en los bancos JP Morgan Chase e Inter National, de Texas, y el Old Mutual de Bermudas.

Tras casi nueve meses de prisión y la negativa de un juez a concederle un amparo para enfrentar en libertad provisional el juicio de extradición, Torres solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su entrega a Estados Unidos, «de manera inmediata por la vía y conducto legales». Se trata, a toda luz, de un movimiento táctico de la defensa de Torres para negociar con la justicia norteamericana la liberación de su cliente a cambio del dinero congelado y de información.

Javier Villarreal y Rolando González Treviño, socio de Humberto Moreira en la compra de medios de comunicación, utilizaron el mismo esquema. Ambos se declararon culpables de lavado de dinero y conspiración para transportar en Estados Unidos fondos robados de la hacienda coahuilense; el primero entregó 6.5 millones de dólares y 1.8 millones el segundo, además de pagar una multa por 250 mil dólares, luego fueron liberados. González recibió una condena de cinco años de libertad condicional y Villarreal aún espera sentencia.

Los peces gordos de la trama investigada en Estados Unidos son los Moreira —como antes lo fueron Mario Villanueva y Tomás Yarrington—, quienes también han sido acusados en cortes texanas por exmiembros de Los Zetas de haber recibido sobornos del cartel a cambio de protección. Además de Torres López, el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández se encuentra en proceso de extradición por lavado de dinero, peculado y falsificación de documentos. E4



Megadeuda, el repentino silencio de Guadiana y Salazar

Según el presidente López Obrador, Felipe Calderón exoneró a Humberto Moreira, pero aún existen denuncias penales por investigar

Al menos cinco coahuilenses de la órbita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) —exmilitantes del PRI y el PAN— fueron espiados, acosados e incluso amenazados por denunciar la megadeuda, las empresas fantasma y los supuestos vínculos de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira con el crimen organizado. Todavía en 2016, el empresario Armando Guadiana y el senador panista Luis Fernando Salazar presentaron nuevas acusaciones ante la PGR, lo cual desmiente la versión de AMLO en el sentido de que Felipe Calderón exoneró a Humberto Moreira.

El expediente de la deuda sigue abierto, aun cuando el gobierno de Rubén Moreira intentó echarle tierra. En febrero de 2017, el entonces procurador Homero Ramos Gloria informó a una comisión de diputados que la PGR —entonces a cargo de Raúl Cervantes, amigo de Peña Nieto y excolaborador de Humberto Moreira en el PRI— investigaba el desvío de recursos del erario para uso personal por parte de servidores públicos que contrataron créditos por 35 mil millones de pesos en el sexenio 2005-2011 (Reforma, 22.02.17).

Al mismo tiempo, la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía) declaraba el no ejercicio de la acción penal por el ocultamiento de créditos por casi cuatro mil millones de pesos transferidos de la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila a la Secretaría de Finanzas. La Auditoría Superior del Estado (ASE) promovió un amparo contra la resolución, y en agosto pasado el Juzgado Segundo de Distrito de Torreón falló a su favor, por lo cual la Fiscalía General deberá reabrir el proceso. Seis denuncias de la ASE y una del grupo parlamentario del PAN aún se encuentran en fase de investigación, de acuerdo con el estudio «Megadeuda de Coahuila: justicia simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El tema adquirió relevancia nacional en 2011 cuando Guadiana publicó en diarios de Ciudad de México desplegados donde exigía investigar la deuda de 35 mil millones de pesos y enjuiciar a quienes contrataron créditos con documentos falsos. La presión política forzó a Humberto Moreira a renunciar a la presidencia del PRI. El 7 de julio de 2016, en su carácter de presidente de Claridad y Participación Ciudadana, Guadiana denunció ante la PGR al Gobierno de Coahuila y a la empresa Leadman por la contratación de «aviones no localizados y autos chatarra» por 675 millones de pesos, utilizados para justificar una parte de la deuda. Entonces se comprometió a seguir «luchando para que al pueblo (…) se le haga justicia y para que las autoridades transparenten, peso por peso, el destino de la deuda de Coahuila».

Entre el 26 de julio y el 29 de septiembre de 2016, el senador Luis Fernando Salazar presentó ante la PGR denuncias contra Humberto Moreira por la megadeuda (en Estados Unidos, dijo, también se le investiga por una red de corrupción para invertir dinero robado en cuentas y propiedades en Texas, así como por haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado, El Diario de Coahuila, 27.07.16) y contra Rubén Moreira por desviar 160 millones de pesos a empresas fantasma. El monto real era de 475 millones de pesos. En agosto de 2018, la ASE denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado; un año después, no hay resultados.

Javier Guerrero y José Ángel Pérez, excandidatos al gobierno de Coahuila, y Reyes Flores Hurtado, superdelegado federal en el estado, también denunciaron la deuda y la corrupción del moreirato. Lo que extraña es el silencio de Guadiana, senador por Morena, y del diputado Salazar, quien renunció al PAN para incorporarse a la bancada de la Cuarta Transformación. E4

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