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Edición 620

Política

La «Ley Bonilla» abre las puertas para la reelección sin votaciones

Tirios y troyanos impugnan los cambios al decreto 112, aprobados por un Congreso de mayoría panista, para ampliar a cinco años el período de un gobierno electo para dos. Es un precedente peligroso, dice Cárdenas; Calderón atiza el fuego y lleva agua al Partido México Libre, en formación. El caso se resolverá en la Corte

Gerardo Hernández G.

Medio siglo tardó el PAN, desde su fundación, en obtener la primera gubernatura. En ese lapso, fue objeto de persecuciones y libró batallas memorables, pero la «dictadura perfecta» era implacable, y cuando no ganaba, arrebataba. En 1986, Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y ahora director de la CFE, calificó de «patriótico» el fraude contra Francisco Barrio para imponer a Fernando Baeza (PRI). Perder Baja California, su buque insignia, después de timonearlo por tres décadas (1989-2019), habría significado, sí, un fracaso, normal en cualquier democracia —el poder corrompe—, mas no el fin del mundo. Pero avalar la ampliación del período del gobernador electo Jaime Bonilla (Morena), de dos a cinco años, es distinto. Traicionar sus principios constituye un acto deleznable difícil de ignorar y menos aún de perdonar.

El golpe al Estado de derecho habría fracasado si la XXII legislatura, dominada por el PAN, votaba en contra de la reforma al decreto 112 (octavo transitorio constitucional) propuesta por el diputado de Morena Víctor Manuel Morán, el 8 de julio. Sin embargo, sus diputados la aprobaron ese mismo día, mes y medio después de las elecciones del 2 de junio. El presidente López Obrador se ha deslindado con tibieza del asunto, en tanto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo juzga violatorio de la Constitución. El abogado Francisco J. Rubio comparte el criterio de la exministra de la Corte. «La inconstitucionalidad de la medida en Baja California se sustenta en la temporalidad de su expedición y por el contenido sustantivo del proceso legislativo. Por estas razones, se trata de una reforma claramente inconstitucional» (Nexos, 22.07.19).

El líder del Congreso federal, Porfirio Muñoz Ledo, quien ya le ha enmendado la plana al presidente varias veces, planteó una solución tajante, respaldada por el PRD: desaparecer los poderes del estado por violar la Constitución. Aunque el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó esa vía, tomarla sentaría un precedente positivo, pues enviaría un mensaje a los gobernadores, a las legislaturas y a los tribunales superiores de justicia de los estados para apegarse a la ley fundamental o atenerse a las consecuencias.

La mayoría de los ejecutivos locales pertenecen al PRI (11) y al PAN (10); Morena pasará de cuatro a seis con Baja California y Puebla. En caso de desaparición de poderes, el artículo 76 constitucional, fracción V, faculta al Senado para nombrar gobernador sustituto, quien convocara elecciones extraordinarias. A pesar del abstencionismo del 70%, Morena triunfó en Baja California con mayor contundencia. Hace 30 años, el PAN obtuvo la gubernatura —con Ernesto Ruffo Appel—, dos ayuntamientos y nueve de 15 distritos. El 2 de junio, el movimiento de AMLO hizo carro completo al ganar, en coalición con los partidos Verde, del Trabajo y Transformemos, el gobierno, las cinco alcaldías (antes no existía la de Playas de Rosarito) y todas las diputaciones de mayoría (ahora son 17 bajo ese principio y ocho de representación proporcional).

Después del atraco legislativo, lo procedente es regresar al período de dos años para el cual fue electo Bonilla o anular la elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntó en la primera dirección el 29 de mayo al revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, según la cual el candidato de Morena podría ser gobernador por cinco años. El caso se resolverá en la Suprema Corte de Justicia.

El origen de la crisis

Baja California, primer estado donde hubo alternancia, en 1989, refleja la nueva realidad política del país. En las elecciones de junio pasado, Morena captó el 50% de los votos y terminó con 30 años de hegemonía del PAN, cuyo candidato obtuvo el 23% de los sufragios. El PRI (4%) pasó al quinto puesto, superado por el PRD (8%) y Movimiento Ciudadano (6%). La fuerza dominante entre 1930 y 1989 está ahora al nivel del Partido de Baja California, al que superó por un punto porcentual.

Con una ventaja de 206 mil votos con respecto al PAN, lo único que explica el atropello para extender a cinco años un gobierno electo para dos, es el personalismo de Jaime Bonilla, cuyo ejercicio debe terminar el 31 de octubre de 2021, de acuerdo con la Constitución local. En julio de ese año se votará —en el mismo proceso— para diputados federales y gobernador, quien volverá al período ordinario de seis años; así se homologarán las elecciones federales y locales, como ya ha ocurrido en otros estados.

La maniobra para imponer a Bonilla hasta 2024, cuando habrá elecciones presidenciales, le ha generado a Morena un desgaste innecesario y oposición incluso en el mismo partido de López Obrador. En los comicios del año pasado en Puebla, para elegir gobernador, la panista Érika Alonso ganó por una diferencia de cuatro puntos porcentuales al candidato de Morena, Miguel Barbosa. El resultado fue impugnado, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Alonso. Barbosa mantuvo una actitud beligerante y enconó al estado.

Alonso falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre —10 días después de su toma de posesión— junto con su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Barbosa ganó la elección extraordinaria, pero Morena perdió 350 mil votos en relación con los comicios del año previo. Los electores les cobraron en las urnas su mal comportamiento.

El PRI captó el 18% de los votos y se ubicó en el tercer lugar. El PAN perdió los gobiernos de Puebla y Baja California, pero en Tamaulipas derrotó a Morena en todos los distritos. En Durango, el partido del presidente solo conquistó dos municipios, pero en Quintana Roo se hizo con la mayoría de las diputaciones. La competencia tiende a ser entre el PAN y Morena. El PRI retrocede en cada proceso y nada hace pensar en su recuperación; al contrario, los escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto y la desaseada elección de su dirigencia nacional lo hunden cada vez más en el ánimo de los electores y de su propia militancia.

El PAN entró en crisis antes de los comicios de 2018 por la disputa entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala por la candidatura presidencial. Su mejor momento lo tuvo en 2016 cuando ganó siete gubernaturas bajo la batuta de Anaya. Marko Cortés, líder de Acción Nacional, no ha podido reunificar a su partido, pero aun así es la principal oposición de López Obrador y de Morena. El apoyo de los diputados panistas de Baja California a la «Ley Bonilla» representa un fallo difícil de superar, a menos que Cortés logre dejar sin efecto la reforma para ampliar el período del gobernador electo a cinco años. Tal es el propósito de la controversia constitucional que el PAN presentará ante la Suprema Corte de Justicia una vez promulgado el decreto 112.

AMLO: cortina de humo

La extensión a cinco años de ejercicio del próximo gobernador de Baja California, Javier Bonilla Valdez, hasta ahora solo existe en el papel (decreto 112 aprobado por la XXII legislatura). Para cuando el morenista asuma el poder, el 1 de noviembre próximo, la Suprema Corte de Justicia ya habrá resuelto que el cargo solo podrá desempeñarlo por dos años, de acuerdo con en el decreto publicado el 17 de octubre de 2014, cuyo transitorio octavo advierte:

«Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021».

La resolución se modificó el 8 de julio para prolongar el gobierno de Bonilla a cinco años, cuando ya había sido electo, sin cumplir los trámites parlamentarios del caso ni tomar en cuenta la Constitución general. Quince días después, en una sesión al vapor celebrada secretamente en la presidencia municipal de Playas de Rosarito, el anterior Congreso, de mayoría panista, ratificó la decisión.

La XXIII legislatura local entró en funciones el 1 de agosto, entre protestas por la «Ley Bonilla», con un dominio aplastante de Morena (13 diputados) y sus aliados PT (dos), Verde (una) y Transformemos (otra). El resto de las curules las ocupan el PAN (cuatro), el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido de Baja California (una cada uno). Frente a la negativa del gobernador panista Francisco Vega para promulgar la nueva versión del decreto 112, la aplanadora de Morena podría publicarla en el Periódico Oficial del Estado. Pero aun ese supuesto, la Suprema Corte de Justicia obligaría al Congreso a respetar el período de dos años.

El golpe en Baja California ha sido censurado por las oposiciones, los diputados de Morena Tatiana Clouthier, quien coordinó la campaña presidencial de López Obrador, y Gerardo Fernández Noroña, así como por líderes históricos de la izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas alertó sobre las implicaciones de la medida: «sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato que podría recibir cualquier funcionario electo» (El Universal, 12.07.19).

Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala aprovecharon para golpear a su expartido y llevar agua a su molino. «Los diputados del Partido @AcciónNacional apoyaron esta medida votando a favor. Lo dicho, el PAN desgraciadamente ya no tiene remedio. Por eso hay que unirnos en @MexLibre_ (…)», publicó el expresidente en su cuenta de Twitter, el 9 de julio. Zavala reforzó: «Lo que hizo el Congreso de Baja California, al aprobar la ampliación del período del gobernador a 5 años en favor del gobernador @Jaime_BonillaV, es absolutamente anticonstitucional: los ciudadanos votaron por un gobernador de dos años. Es una agresión al sistema democrático».

Prolongar el gobierno de Bonilla equivaldría a una reelección sin votaciones, es decir, a un golpe al Estado de derecho. Baja California ha puesto también en el ojo del huracán al presidente López Obrador, quien, con un documento notarial sin validez para el caso, pretende convencer al país de que no despachará en Palacio Nacional después de 2024. E4



Nepotismo, «corrupción sanguínea»

Sin reformar leyes, los gobernadores imponen como sucesores a esposas, hermanos o subordinados. El moreirato, un lastre para Coahuila

Morena procedió en Baja California en sentido contrario a como lo hizo el PAN en Puebla y Veracruz, en 2016, donde se apegó a los períodos de 20 meses y dos años para los cuales fueron electos José Antonio Gali y Miguel Ángel Yunes, respectivamente. El plazo se acortó, como resultado de la reforma al artículo 116 constitucional de 2014, para empatar las elecciones locales con las de presidente, diputados federales y senadores, y regresar a los gobiernos de seis años a partir de 2018.

Gali y Yunes también pudieron haber promovido en los congresos de sus estados una norma equivalente a la «Ley Bonilla» para prolongar sus mandatos a cinco años, o al menos intentarlo, como pretende hacerlo Morena en Baja California. No se atrevieron, pero tenían otras motivaciones. En el caso de Gali, allanarle la sucesión a Martha Érika Alonso —esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, con quien colaboró como secretario de Infraestructura y alcalde de Puebla—.

Alonso venció al candidato de Morena, Miguel Barbosa. Sin embargo, en el décimo día de su mandato murió con su esposo al desplomarse su helicóptero en un viaje entre Puebla y Ciudad de México. Barbosa triunfó en las elecciones extraordinarias, marcadas por la guerra sucia y un elevado abstencionismo, pero en distritos clave fue vencido. Moreno Valle era la figura más destacada del PAN, pues encabezaba la bancada senatorial y ya había empezado a construir su candidatura para las presidenciales de 2024.

El incentivo de Yunes, en Veracruz, consistía en heredarle a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez la gubernatura de seis años en 2018, pero el morenista Cuitláhuac García ganó en su segundo intento consecutivo. De esa manera, Acción Nacional perdió dos estados estratégicos, mientras el PRI se desplomó. En Puebla, su candidato Alberto Jiménez Merino captó el 18% de los votos; y en Veracruz, José Yunes Zorrilla obtuvo el 13%. La segunda fuerza en ambas entidades es el PAN.

Michoacán también tuvo una gubernatura corta con Fausto Vallejo (PRI), electo para un período de tres años siete meses en 2011, sin pretensiones reeleccionistas. Empero, su gestión se caracterizó por los escándalos de corrupción y sus nexos con Servando Gómez Martínez, la Tuta, jefe de Los Caballeros Templarios. Vallejo pidió licencia por problemas de salud; el gobernador interino, Jesús Reyna, fue detenido después por la PGR acusado de brindar protección al cartel de Gómez. El pasado 29 de enero, la Fiscalía General de la República capturó a Rodrigo Vallejo —hijo del exgobernador— por delincuencia organizada. El PRI perdió el estado en 2015 con Silvano Aureoles (PRD).

Con leyes «Bonilla» o sin ellas, los estados están plagados de nepotismo —«corrupción sanguínea» lo llama Ricardo Peralta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; Excélsior, 31.07.17—. Los gobernadores se las ingenian para conservar el poder a través de sus hijos, esposas, hermanos o peones, no en todos los casos con éxito. La experiencia de Coahuila, con los Moreira, resultó funesta; y a pesar de la megadeuda, las masacres, las desapariciones forzadas y las empresas fantasma, nadie les ha apretado las clavijas —AMLO, hasta hoy, ha preferido mirar para otro lado—.

El caso de Baja California es todavía más grave, pues para forzar la ampliación del gobierno de Morena —partido del presidente— se vulneran flagrantemente las constituciones federal y local. Jaime Bonilla fue electo para dos años y por lo tanto no deberá ejercer el cargo ni un día más. E4



Más cornadas pega la política; el caso Guadiana

Al senador Armando Guadiana se le puede aplicar el test del pato, adaptado al caso: «Si parece candidato, anda como candidato y habla como candidato, entonces probablemente sea un candidato». Guadiana apostó por López Obrador, y ganó. Renunciar al PRI frente al ahora presidente en 2012, cuando los Moreira iniciaban su segundo mandato, reabrió las puertas de la política a este «próspero empresario coahuilense» (Wikipedia). En 2017 compitió por la gubernatura y hoy, desde el Senado, organiza su segunda campaña; ahora para suceder a Miguel Riquelme.

El pretexto para placearse es el mismo usado por anteriores aspirantes al gobierno —Hilda Flores, Jericó Abramo, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar—: presentar su informe legislativo. Con ese motivo, recorre el estado, se reúne con sectores… y le come el mandado al PRI y al PAN. Guadiana parece contar aún con el apoyo del presidente López Obrador, pero no tiene partido. Morena es un cuerpo amorfo. En el triunfo del hombre del sombrero Stetson, en 2018, contribuyó su campaña previa para gobernador, pero el factor decisivo fue montarse en la ola de López Obrador.

En Coahuila, el fundador de Morena captó 609 mil votos, José Antonio Meade 358 mil y Ricardo Anaya 307 mil. En la elección para senador, la fórmula encabezada por Guadiana recibió 493 mil; la de Verónica Martínez, 442 mil y la de Guillermo Anaya, 391 mil. Con esos números, Guadiana tendría hoy asegurada la gubernatura, pero todavía faltan cuatro años para la sucesión. El legislador de Morena, de 73 años, no oculta sus aspiraciones, pero la edad, como él mismo lo admite, es determinante: «Si tengo el mismo vigor de hoy, volveré a ser candidato» (Espacio 4, 597).

Guadiana pasó de los palcos reservados a los criadores de reses de lidia y de las vueltas al ruedo con el triunfador de la tarde, a los embistes de la política. Se le ha acusado de aprovechar su posición como presidente de la Comisión de Energía del Senado para vender carbón a la CFE —conflicto de interés—. Un tuit del 19 de marzo, acompañado por una fotografía, atizó el fuego: «En reunión con @ManuelBartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad, @ReyesFloresH, Coordinador del Gobierno Federal en Coahuila y un Servidor, se acordó la aprobación de los pedidos emergentes de Carbón para las Plantas Carbón I y II, ubicadas en Nava, Coahuila».

Bartlett replicó al día siguiente en la misma red: «Ante las solicitudes de información luego del boletín que emitió la oficina del senador @aguadiana, les comunico que no sostuve ninguna reunión con el también Presidente de la Comisión de Energía». Guadiana reconoció que la fotografía era de archivo y no correspondía al día de su publicación, pero que las pláticas para concertar la liberación de un pedido emergente por 360 mil toneladas de carbón, sí se realizaron.

Guadiana, quien saltó a la palestra por denunciar la deuda de Coahuila y exigir castigo para los responsables, se metió al «callejón de los trancazos» —frase de Humberto Moreira—. Expertos en guerra sucia, los hermanos disponen de recursos, medios y plumas para golpear a un viejo enemigo e incidir en la sucesión de 2023. Así conservarían influencia, privilegios e impunidad «en el estado más priista de México». E4

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