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Edición 620

Migración

Coahuila en el ojo del huracán por enredos del fiscal general

La criminalización de la víctima y fabricación de pruebas en el asesinato del hondureño Marco Tulio Perdomo, en Saltillo, obliga a renunciar a Gerardo Márquez, dice el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicohténcatl. «La Fiscalía estatal no puede tener una cabeza totalmente corrompida», señala

Gerardo Moyano

«Se veía venir», señala el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicohténcatl sobre el asesinato del migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán, cometido por policías estatales la noche del 31 de julio en la colonia San Miguel, de Saltillo.

Y no tanto por el hostigamiento que ha sufrido recientemente la Casa del Migrante, sino por el «ambiente permisivo» para violar los derechos de los migrantes creado por la política de detención y deportación masiva adoptada por el gobierno de México tras la firma del acuerdo económico-migratorio con Estados Unidos (Espacio 4, 618).

En entrevista con Espacio 4, Xicohténcatl afirma que la criminalización de la víctima y la fabricación de pruebas en el caso, avaladas y luego desmentidas por el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, obligan a su renuncia. «Cuando la más alta autoridad de la institución ya muestra falta de claridad y asume una posición de autoprotección, lo éticamente correcto sería que el fiscal presente su renuncia», comentó.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, coindice: «Esta sociedad se está pudriendo. ¿Cómo es posible que tengamos autoridades para asesinar a gente inocente? Tienen que ir a la cárcel. Que el fiscal, con todos sus esbirros vayan a la cárcel. Deben de ir a la cárcel porque son asesinos», dijo durante una misa oficiada el día después del crimen.

Y es que, en la madrugada del 1 de agosto, cuando aún no se iniciaba la investigación del caso, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) emitió un comunicado asegurando que el grupo de migrantes atacado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal —conocida como Policía Investigadora— agredió con armas de fuego a los policías, por lo que éstos repelen el ataque y el «agresor cae abatido».

El grupo de unas veinte personas había salido horas antes de la Casa del Migrante y en él iban mujeres y niños, incluida la hija de la víctima, de ocho años de edad —que habría presenciado el crimen—, y otro pequeño de dos años que fue puesto a resguardo en una tienda durante la persecución.

A las 16:30 horas de ese mismo día, el propio fiscal asegura que hubo disparos contra los policías que buscaban a cuatro sospechosos de narcotráfico y que en la escena del crimen se aseguró un arma. Según esta versión, el enfrentamiento se inició a 400 metros de distancia de donde fue encontrado el cuerpo de Marco Tulio, quien habría sido herido durante el recorrido. Sin embargo, los vecinos aseguran que los disparos se escucharon donde fue hallada la víctima, lo que sugiere que Marco Tulio fue ejecutado en ese lugar.

Finalmente, el 3 de agosto, la FGE informó que detuvo al policía Juan Carlos «N», a quien imputa homicidio calificado con uso excesivo de la fuerza letal, por lo que enfrentaría una condena que va de tres a 60 años de prisión. Los otros cinco elementos que participaron del operativo están suspendidos y bajo investigación. Además, la FGE reconoció que la víctima «es totalmente inocente (...), pues en ningún caso se advierte que haya participado en agresión alguna en contra de los elementos».

El director de la Casa del Migrante indica que la presión mediática y la rápida intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Coahuila y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (NU-DH), hicieron que la Fiscalía no pudiera desarrollar una estrategia de protección a sus elementos.

«A la Fiscalía no le quedó otra que asumir su responsabilidad, pero (…) estaban preparando el terreno para lavarse las manos», acusa Xicohténcatl.

Si bien la Casa del Migrante y los organismos defensores de derechos humanos han pedido que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, ésta se niega por ser un delito del fuero común, por lo cual no recae en el ámbito federal.

El 7 de agosto, la CEDH informó que la hija de Marco Tulio, Nataly, viajó a Honduras acompañada de su tío Eliseo Méndez y de autoridades estatales y federales, para reencontrarse con su madre Egli Roxana Méndez. El cuerpo de la víctima sería repatriado horas más tarde.

«No solo deber haber sanción contra la persona que cometió el delito (…) sino que la (…) sociedad y la familia de la víctima conozcan la verdad y que haya una reparación del daño (...), una disculpa pública y, lo más fundamental, garantía de no repetición», indicó.

Xicohténcatl advierte que, si no hay un giro en la política migratoria de México para dejar de hacerle el trabajo sucio a EE.UU., detener la militarización de la seguridad pública y crear programas de inserción para los migrantes, la violencia contra esta población seguirá en aumento.

Teniendo en cuenta el hostigamiento que ha sufrido la Casa del Migrante, ¿veían venir una tragedia de este tipo?

No te podría decir que hay una relación directa entre el acoso a los migrantes y el hostigamiento a nuestra organización, pero sí que la firma del acuerdo de aranceles entre México y Estados Unidos creó un ambiente permisivo para violar los derechos de las personas migrantes. Es decir, la política migratoria federal crea un contexto de detención y deportación masiva que permea en el ámbito estatal.

En ese sentido, sí lo veíamos venir. Cada vez que nos preguntaban sobre el futuro del tema migratorio, decíamos que la situación se iba a recrudecer, sobre todo porque si bien los esfuerzos que ha hecho México para detener a las personas migrantes fueron reconocidos por Mike Pompeo (secretario de Estado de EE.UU.) en su visita al país, él mismo advirtió que no eran suficientes. Dijo que ese 33% de detención del flujo hacia la frontera norte era bueno, pero que esperaban que fuera el 100%.

Si eso lo sumamos al hostigamiento que viven los albergues, no solo la Casa del Migrante de Saltillo, sino otros como los de Veracruz, Tenosique, Baja California, Sonora, San Luis Potosí, era evidente que la violencia en contra de la población migrante iba a seguir incrementándose.

Lo advertimos en su momento y le pedimos al gobierno federal que cambiara el rumbo de la política migratoria. Así que esto es una terrible muestra de que cuando se crea un ambiente permisivo, las corporaciones de seguridad desdeñan la protección de la vida de las personas migrantes.

En este caso está involucrada la policía estatal. ¿Ya habían tenido antecedentes de maltrato a migrantes por parte de esta corporación?

Con la policía estatal habíamos tenido muy pocos incidentes. En este caso se trata de la Policía Investigadora, que no es una policía de seguridad pública, pues depende de la Fiscalía General de Coahuila, que es un órgano independiente del Ejecutivo. Es una instancia autónoma, como ahora está de moda.

¿Qué opinión te merece que la Fiscalía haya cambiado tantas veces de versiones, incluyendo la del arma supuestamente encontrada en la escena del crimen?

La Fiscalía siempre criminaliza a las víctimas sin siquiera haber empezado un proceso de investigación. Se trata de una práctica sistemática. Sin embargo, como la presión mediática creció rápidamente y el tema escaló a nivel nacional, y como hubo intervención inmediata de la CNDH, CEDH y Naciones Unidas, que pidieron tener conocimiento de la investigación antes de que se hiciera la prueba de rodizonato de sodio —para determinar si la víctima accionó un arma—, eso hizo prácticamente imposible que la Fiscalía pudiera desarrollar una estrategia de protección a sus elementos.

A la Fiscalía no le quedó otra que asumir su responsabilidad, pero me parece que estaban preparando el terreno para lavarse las manos. Prueba de eso es la «siembra» de un arma. El fiscal declara que el migrante había disparado con esa arma a los agentes de la Fiscalía; sin embargo, ahora que las pruebas salen negativas, el arma ya no se vuelve a incluir en los comunicados de prensa. Lo que tenemos ahí es la fabricación de una prueba.

Eso y la criminalización de la víctima, antes de que se inicie la investigación, reflejan la falta de ética del fiscal. Si bien cualquier corporación puede tener elementos que corrompan la ley, cuando la más alta autoridad de la institución ya muestra falta de claridad y asume una posición de autoprotección, lo éticamente correcto sería que el fiscal presente su renuncia. La Fiscalía estatal no puede tener una cabeza totalmente corrompida.

En este sentido, ¿crees que la FGR debería atraer la investigación?

Yo le solicité personalmente la atracción del caso a la subprocuradora de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, pues en esa instancia está la Dirección de Delitos contra Migrantes. Lo que ella me comenta es que no lo pueden atraer por tratarse de un delito del fuero común. Insistí en que se trata de un caso de relevancia, pero no hay disposición. Lo que sí me dijo es que iba a ponerse en contacto con la Fiscalía de Coahuila para apoyar en lo que fuera necesario.

Lo ideal sería la atracción del caso, pero eso tampoco garantiza nada. Por desgracia, tanto las fiscalías estatales como la nacional tienen un alto déficit en procuración de justicia.

Para nosotros no solo deber haber sanción contra la persona que cometió el delito —la cual tiene que ser conforme a derecho, ni sobrecargada ni subestimada—, sino que la justicia tiene que ver con que la sociedad y la familia de la víctima conozcan la verdad y que haya una reparación del daño. Marco Tulio era jefe económico de familia y entendemos que, aunque una vida nunca se regresa, tiene que haber una compensación económica, una disculpa pública y, lo más fundamental, garantía de no repetición. Es decir, saber qué acciones se tomarán a escala estatal para que esto no vuelva a suceder.

La investigación tiene que determinar también si la responsabilidad solo recae sobre los elementos que participaron en el operativo o sobre mandos superiores. Aunque el fiscal no haya sido quien dio la orden de tirar a matar, él dio la cara por la serie de atropellos, violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas y culpables que se cometieron aun antes de que iniciara la investigación, por lo que lo ético sería que renuncie.

¿Confías más en la Guardia Nacional que en otras corporaciones de seguridad?

No estoy en contra de la Guardia Nacional como tal, sino en contra de la militarización de la seguridad pública. Eso no es un avance, sino un retroceso en materia de derechos humanos. Cuando un país se militariza se incrementan las violaciones a los derechos humanos. No solo la experiencia de países de Latinoamérica da un ejemplo claro de esto, sino también lo que pasó en las dos últimas administraciones federales, en las cuales la militarización incrementó la violencia y debilitó la institucionalidad y la incipiente democracia.

Nos parece terrible que la Guardia Nacional ahora pretenda contener los flujos migratorios, porque uno de los pretextos por los cuales se creó esta fuerza fue la pacificación del país. Asumir que disminuir la presencia de migrantes contribuye a mantener la paz es criminalizar a estas personas.

¿Cuál es el giro que debería tomar la política migratoria en México?

En primer lugar, se deben incrementar los recursos a las instancias de protección a migrantes y refugiados, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Es decir, fortalecer estos organismos no solo de forma discursiva.

Por otro lado, no hay que permitir que las personas que buscan asilo o refugio en EE.UU. esperen la resolución de su caso en México, sobre todo en los municipios fronterizos, donde corren riesgos por la violencia relacionada con la delincuencia organizada.

También se deben crear programas de diferentes secretarías de Estado, como la del Trabajo, la del Bienestar, de Seguridad Pública, para que la población que no puede llegar a EE.UU. en flujos tan grandes como los de antes, tengan no solo documentos, sino posibilidades de inserción. El costo económico de la violencia y de la detención y deportación de migrantes es mucho más elevado que el de desarrollar políticas de acogida, protección e integración.

Las personas tienen derecho a pedir asilo donde quieran. Estados Unidos firmó un acuerdo totalmente ilegal con Guatemala para que los solicitantes de asilo que viajen por ese país primero soliciten refugio ahí.

En el caso de México, le está haciendo el trabajo sucio a EE.UU., pues es una obligación internacional que cada país atienda dentro de su territorio a los solicitantes de asilo. Así como nosotros no podemos pedirle a los solicitantes de asilo que esperen en Guatemala, Estados Unidos no puede pedirle a México que esperen aquí.

¿Crees que la reciente masacre de odio en contra de hispanos en El Paso, Texas, se inscribe en este contexto de presión y hostigamiento sobre la población migrante? ¿Cuál debería ser la postura de México en este caso?

México tiene muy poca capacidad moral para exigir protección a extranjeros en EE.UU; sin embargo, tiene que hacerlo. México ha sido muy pasivo con el presidente Donald Trump y ha sucumbido a sus caprichos. Es importante un mensaje público al presidente estadounidense que vincule estos actos con la creación de la plataforma de odio diseñada y ejecutada desde el más alto nivel de ese país. E4



Trump contra «invasión hispana»: del odio a la violencia

Si en 2016 Donald Trump pudo ganar la presidencia de Estados Unidos gracias al robo de datos de usuarios de Facebook, lo cual le permitió elaborar anuncios personalizados para manipular a votantes indecisos, no es de sorprender que su discurso de odio esté cobrando hoy vidas humanas.

Las recientes masacres de Texas y Ohio, que dejaron una treintena de muertos, entre ellos ocho mexicanos, se inscriben en ese marco de guerra de comunicación que se atiza desde la Casa Blanca.

Así lo confirma el manifiesto racista de Patrick Crusius, el autor del tiroteo del Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso, en el que asegura que su ataque fue en respuesta a la «invasión hispana de Texas», mismas palabras que el equipo del mandatario ha utilizado en más de dos mil anuncios de Facebook en el último año, según un análisis de The Guardian (05.08.19).

Otro recuento de Los Angeles Times resalta que de las 15 matanzas que se han registrado en el gobierno de Trump —252 muertos—, la mitad ha ocurrido en Texas y Florida, dos estados con fuerte presencia hispana. En El Paso, se calcula que el 85% de la población es hispana, principalmente mexicana, y lo cierto es que entre 2016 y 2017, los crímenes de odio relacionados con el racismo aumentaron 18.5%.

En EE.UU., una persona de 18 años no puede comprar o beber bebidas alcohólicas, pero puede adquirir un rifle semiautomático en una tienda, tras responder algunas sencillas preguntas. En internet, la compra de armas es aún más fácil. E4



Terror en El Paso: Antes muerta que wallflower

Renata Chapa

El Paso, Texas es una ciudad donde puebla una enraizada devoción mía. Ha sido puerto vital desde que nací. Aquella tierra fronteriza es coordenada geográfica emocional que, incluso sin cerrar los ojos, puedo recorrer de mano y voz de mis padres.

Sé con precisión, a gusto de respirarla tanto, los nombres de calles, así como de parques, farmacias, barecitos, el correo, tiendas de primera y segunda mano, el aeropuerto, sitios para comer, iglesias, la UTEP, librerías, el zoológico, hospitales, zapaterías, la casa de Caty y la de mi tío Cony, gasolineras y las entradas y salidas de los puentes fronterizos.

Mi paso por El Paso fue, es y será hogareño lugar, rebosado de aprendizajes, por el que siento una gratitud de cinco picos gigantes, como los de su icónica estrella en la montaña que yo veía hipnotizada cuando era niña, desde la calle Mesa, cada vez que salía con unos imperdibles Taco Bells en la panza, lista para irme a dormir.

La medida de mi obstinado amor por El Paso, Texas, es la misma —incluso aún más enorme— que la de este sentimiento de indignación ocasionado por imágenes y diálogos que llegaron a mi celular, vía Whatsapp. Aquí, la transcripción de una parte del monólogo de una mujer que, el sábado 3 de agosto de 2019, se encontraba en el estacionamiento del Walmart aledaño a Cielo Vista Mall, ubicado por la Interestatal 10 cientos de veces recorrida con mi familia.

Esa mujer, celular en mano, nos debe una profunda disculpa pública por lo que videograbó, por lo que narró y que fue compartido en una página de Facebook aquella mañana de horror en El Paso:

A cuadro en el celular: Toma inestable de la fachada del supermercado Walmart.

Voz femenina se graba en su celular: —«¡Un herido! ¡Tenemos un herido por aquí, señora! Tirado aquí afuera de la vendimia que tenían los de la escuela. Un señor herido».

Voz masculina grita a lo lejos, con enojo. Frases inentendibles en inglés.

Voz femenina se graba en su celular: —«¡Ay, no!».

A cuadro en el celular: Cuerpo tendido, al parecer de una mujer, con algo ensangrentado alrededor de la cabeza. A su lado, un carro de supermercado y una camioneta gris con placas de números visibles del estado de Texas. Una mujer pasa corriendo a un costado del cuerpo tendido con rumbo al frente del supermercado.

Voces femenina y masculina gritan a lo lejos, enojados: —«Turn it off! » (¡Apágalo!)

Voces femenina y masculina dan indicaciones en voz alta. Frases inentendibles en inglés.

A cuadro en el celular: Tres personas comienzan a acercarse a los cuerpos de dos hombres que se encuentran tirados. Al parecer, inertes.

Voces femenina y masculina dan indicaciones en voz alta. Frases inentendibles en inglés.

Voz femenina se graba en su celular: —«It’s ok? It’s ok? »

A cuadro en el celular: Una mujer está boca abajo, en la banqueta, escondida detrás de un bote de basura. Sube la cabeza y asiente. Dos hombres y una mujer dialogan y gesticulan con mortificación cerca de ella.

Voz femenina se graba en su celular: —«¿La ambulancia? ¡Aaayy!»

A cuadro en el celular: De nuevo, la toma al cuerpo tendido de la mujer al lado de la camioneta gris y luego se regresa para grabar el cuerpo de uno de los dos hombres tendidos.

Voz masculina grita con enojo: —«Hey, you! Move, move! »

A cuadro en el celular: Tomas inestables, en movimiento, que dejan ver otras personas tiradas en el asfalto de la entrada de la tienda. Aparecen más tomas panorámicas del estacionamiento del supermercado.

Voz femenina se graba en su celular (Con respiración muy agitada): — «Ya me corrieron, ya me corrieron, ya me corrieron, ¿eh? Ya no puedo más. Pero está aquí horrible la situación. ¡Ay, Dios mío! Nunca me había pasado esto. Todavía está el que disparó adentro de Walmart, ¿eh? No se retira, ¿eh? Todavía está ahí. Y ya me acerqué con un señor, pero ya está muerto. Tiene dos balazos. Uno en una pierna… ¡Ay, Dios mío!».

A cuadro en el celular: En movimiento, otra vez es acercada la toma a la camioneta gris y, en primer plano, la mujer muerta.

Voz femenina se graba en su celular: — «Y aquí enseguida tengo (sic) estallamiento de vísceras y un balazo en la cabeza».

A cuadro en el celular: Acercamiento a la mujer muerta. Yace con la mayor parte del cuerpo ensangrentado y parte de la masa encefálica expuesta sobre el pavimento. La toma se sigue moviendo y regresa a la parte frontal del supermercado, para grabar de nueva cuenta los cuerpos de los dos hombres tendidos.

Voz femenina se graba en su celular: —«Desabróchale el cinturón, desabrócheselo».

En todo el video se escucha el sonido de alarma del supermercado.

A tan sólo unos momentos de que Patrick Crusius, un joven de 21 años, ejecutara a balazos a varias personas ubicadas en ese estacionamiento del Walmart de Cielo Vista, y teniendo los cuerpos de algunos de ellos de frente, y al asesino sin capturar —aún armado y con evidente intención de continuar los disparos—, ubicado a metros de distancia dentro del mismo centro comercial, ¿de dónde sacó valor, en esos precisos momentos, la mujer que videograbó en su celular lo arriba narrado? ¿Qué pudo haber sido más poderoso en ella para videograbar una y varias veces a los recién asesinados en lugar de velar por su propia vida y por la de otras personas ahí mismo en alto riesgo? ¿Qué tipo de cruel y ciego empoderamiento brota con celular en mano? ¿Hasta dónde llega la necesidad de dar cuenta del dolor ajeno, de la caída del otro, de la vulnerabilidad humana ante el fanatizado morbo viral? ¿Y los familiares de las víctimas videograbadas y los derechos humanos de unos y de los otros? ¿Adquiere, entonces, más peso un «valiente» videograbador de masacres que el masacrador? Las dudas siguen, al igual que el profundo sentimiento de ofensa.

Cierro con varias reflexiones del libro electrónico, Redes sociales: del daño virtual a la responsabilidad legal (Kindle Edition, Bogotá, 2018, recuperado de Storytel). Su autor, Felipe Sánchez Iregui, señala puntual: «Para muchas personas, las redes se han vuelto una herramienta de validación social, aceptación, o el medio con el cual son escuchadas para no pasar inadvertidas en un mundo donde los medios de comunicación exigen, enseñan o difunden una cierta necesidad de aceptación o visualización social. (…) ¿Qué riesgos aparecen, entonces, bajo el contexto de la disponibilidad de datos de internet, la portabilidad de las herramientas tecnológicas y la inmediatez de los hechos? (…) El riesgo social que comporta la información en eventos de alto impacto masivo como situaciones catastróficas, actos de terrorismo, situaciones políticas, marchas masivas, crímenes de lesa humanidad, actos o decisiones judiciales de trascendencia, cuyo manejo exige tacto, prudencia y llamado a la calma, entre otros. (…) No ser un wallflower —es decir, una persona impopular, imperceptible, tímida— es un reto (enfrentado) por la presión social, muchas veces inculcada en la misma casa, colegio o entorno familiar (y laboral)». Daños a la moral, la autodenigración, lo irracional e indigno por los «cinco minutos de fama» que buscan llenar quién sabe cuántos vacíos emocionales.

Ricardo Raphael explica en su libro, Mirreynato: la otra desigualdad (Ed. Planeta, México, 2016) que una de las características esenciales de los «mirreyes» de cepa es atreverse a lo endemoniadamente peligroso. Al marasalvatruchismo versión millonarios. Caiga quien caiga. Le pese a quien le pese.

Patrick Crusius se atrevió a pasar por alto la vida; y la mujer del celular, a pasar por alto la muerte. Entornos que dan miedo al miedo mismo. Violentaciones supremas como opción a qué. Por qué. Hasta dónde. Cuántas disculpas en una cada vez más larga lista de espera. E4

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