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Edición 618

Reportaje

INAI ordena abrir las cloacas; zar anticorrupción, acorralado

A través de solicitudes de transparencia y amparos, la ciudadanía empuja para que se esclarezca el destino de la megadeuda y se castigue a los responsables de éste y otros desfalcos. La Fiscalía estatal y la bancada priista en el Congreso le cubren las espaldas a los hermanos Moreira

Redacción

El desvío de recursos públicos durante el moreirato parecen laberinto sin salida. Sin embargo, tras ocho años de denuncias y presión, la ciudadanía ya abre paso a la justicia.

No es una tarea fácil, pues las instituciones que deberían velar por el bien de los coahuilenses, entre ellas, la Fiscalía General de Coahuila (FGC), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y priistas en el Congreso hacen hasta lo imposible para impedir que se castigue a los responsables.

En esta batalla, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) abren resquicios para la justicia, tanto en el caso de la mega deuda heredada por el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011), como en el de los desvíos a empresas fantasma en la administración de su hermano Rubén (2011-2017) y el fraude del Ficrea (2010-2014).

En las últimas semanas —ante la insistencia de los ciudadanos— ambas instituciones han logrado derribar algunos muros, pero detrás de ellos se han encontrado con otros.

El 21 de junio, la ASE informó que ganó 12 amparos contra el «no ejercicio de la acción penal» que en 2016 dictó la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía General) ante denuncias de irregularidades financieras. Una de ellas data de 2010 (cuando HMV era gobernador) y se relaciona con de créditos de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco). La Promotora presentó facturas en el programa Cadenas Productivas, de Nacional Financiera (Nafin), por tres mil 994 millones de pesos, que luego transfirió a cuentas de la Secretaría de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), entonces a cargo de Javier Villarreal, lo que constituyó un ocultamiento del crédito (Espacio 4 617).

Recién el 9 de julio, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, se pronunció al respecto. «En estos (12 expedientes), los señalados o es el titular o el auxiliar que operaban esas dependencias (…) Los expedientes de la deuda implican reanalizar, porque ya estaban determinados (…) Estamos recabando pruebas que nos permitan determinar si existe o no la comisión de un delito», atajó (El Siglo de Torreón 09.07.19).

Por las mismas fechas, el INAI le enmendó la plana al ICAI, quien había avalado la respuesta negativa de la ASE ante solicitud de información de una ciudadana, en octubre de 2018, para conocer los detalles de las obras públicas realizadas entre 2009 y 2011.

En un principio, la ASE se declaró «no competente» y argumentó que la entrega de la información financiera le correspondía a la Secretaría de Finanzas. No obstante, ante un recurso de revisión impuesto por el solicitante, el INAI determinó que «toda información generada, adquirida o en posesión de un ente obligado es pública en términos de la Constitución Política de Coahuila», por lo que le ordenó buscar en todas sus áreas y transparentar los documentos.

Finalmente, el 27 de junio de este año, la ASE declaró inexistente la información detallada sobre las obras públicas. Sin embargo, publicó 18 anexos relacionados con solicitudes de información que hizo a la Sefin sobre adquisición, financiamiento y destino de los contratos adquiridos en 2009, 2010 y 2011, de lo cual se negó información.

En respuesta, la ASE promovió, en 2011, 2012, 2013 y 2016, sanciones administrativas contra los tesoreros Jesús Ochoa Galindo e Ismael Ramos Flores, y contra los funcionarios del desaparecido Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y de la Sefin que resultaran responsables.

En otra solicitud de transparencia, presentada por el ciudadano «Pejejito» el 6 de enero de 2019, pide un detalle del total de denuncias que hizo la ASE ante la Fiscalía Anticorrupción. Al día siguiente, la ASE respondió que era información «reservada» por tratarse de averiguaciones en curso. Al igual que en el caso anterior, el ICAI avaló la respuesta, pero la cambió por orden del INAI.

Finalmente, el 26 de junio, la ASE se vio obligada a entregar la información sobre 201 denuncias penales por actos de corrupción, aunque argumentó que «lo extenso de la documentación y debido a las limitaciones que presenta el Sistema de Procesamiento de Información Pública (INFOCOAHUILA-PNT), respecto a la carga de información masiva, no es posible adjuntar al presente dichas denuncias, motivo por el cual éstas se ponen a su disposición (del solicitante) en medios electrónicos o digitales, tales como USB o disco compacto». El «Pejejito» tiene la llave de la Caja de Pandora.

Deuda: destino incierto

La solicitud de transparencia (00902118) que podría destapar la cloaca de la deuda fue de la ciudadana Ana Cristina Vázquez Anchondo, en representación de 21 asociaciones civiles, entre ellas, Participación Ciudadana 29 Laguna, Casa del Migrante, Sumemos, Coahuila Observa, #México Sin Corrupción, Alzando Voces Laguna y Ciudadanos Construyendo un Mejor Gobierno.

La solicitud se divide en tres partes:

«Primero.- Una relación detallada de todas las obras correspondientes a inversiones públicas realizadas únicamente, por cada año solicitado (2009, 2010 y 2011), comprendiendo los siguientes conceptos: 1. Descripción completa de la obra realizada, 2. Ubicación y dirección de tal obra, 3. Costo total de la misma, 4. Nombre o razón social del contratista(s) o proveedor(es), 5. Dirección del contratista(s) o proveedor(es), 6. Número de contrato(s) con el contratista o proveedor, 7. Fecha de terminación de la obra.

«Segundo.- Un informe que detalle la forma, mecanismo, auditoría, proceso de comprobación o cualquier otra forma en que este organismo determinó que efectivamente, todos los recursos de la deuda coahuilense, contraída entre 2009 y 2011 se emplearon en inversiones públicas y obras públicas.

«Tercero.- Una relación, por lo menos en digital, de los documentos que, se supone, el Poder Ejecutivo del Estado, mostró como información justificativa para sus cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2009 y 2010, en el rubro de aplicación y destino de los recursos contratados con los créditos que el estado tramitó y obtuvo en esos dos años, incluyendo los legales y los obtenidos de manera ilegal».

Tras declararse «no competente» y pedir al solicitante que revise vínculos electrónicos de su sitio que no funcionaban, finalmente la ASE —requerida por el INAI— publicó 18 anexos relacionados con la deuda estatal, donde aparecen las promociones de sanciones contra los extesoreros Ochoa Galindo y Ramos Flores. En ningún caso hubo castigo.

Pero del destino de la deuda, nada. «Esta Auditoría Superior se encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada en virtud de que no obra en los archivos», señala.

La ASE argumenta que las sanciones se promovieron porque la Sefin y el SATEC no presentaron la información requerida de las cuentas 2009, 2010 y 2011: nombres de instituciones financieras que otorgaron créditos, números de contratos, saldos finales de ejercicios, monto de amortizaciones, créditos contratados, tasas de los contratos, plazo de préstamos, garantías otorgadas, fin o destino de los mismos y traspasos a cuentas de la Tesorería General del estado.

Insatisfechos con la respuesta, los colectivos detrás de la solicitud de transparencia no solo se ampararán contra la ASE, sino que apuntarán sus baterías hacia la Secretaría de Finanzas. Cabe destacar que en más de una ocasión esta dependencia ha señalado que no encontró irregularidades en la contratación de la deuda y ha declarado como reservada toda la información al respecto.

«La deuda, aprobada por el Congreso, tuvo que haber pasado por la Auditoría, para su análisis y, si pasó para su análisis, ¿cómo es que no tienen la información?», señaló Rosendo Villarreal Dávila, de Coahuila Observa. «La ley de Coahuila marca 30 años para que se guarden los archivos y ahí deben de estar, es imposible que no exista esa información o si se la robaron o si la destruyeron, ¿quién es responsable de eso? (…) Estamos pidiendo información que se le entrega al Congreso, no que se le presta», agregó (Reforma 05.07.19). Villarreal fue alcalde de Saltillo por el PAN y funcionario de Pemex, donde obtuvo concesiones de gasolineras. En 2016, Código Magenta lo vinculó con el robo de combustible junto con Juan Manuel Muñoz, el Mono, presunto operador financiero de Los Zetas.

El gobernador se ha limitado a decir que «en el ámbito de mi gobierno, se tendrá toda la colaboración para entregar la información requerida y que se haga llegar a manos de quien así ordene un juez o cualquier otra autoridad» (El Diario de Coahuila 22.06.19).

¿Y las denuncias?

La otra solicitud de transparencia (00015119) que podría arrojar luz no solo sobre la deuda estatal, sino sobre el pago de 475 millones de pesos a empresas fantasma, empresas fantasmas, el fraude de Ficrea y otros actos de corrupción en la administración estatal, la presentó el ciudadano “Pejejito”», el 6 de enero de 2019.

El ciudadano solicita: «El total de las denuncias hechas por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción. Estas señalando al imputado o presuntos responsables y el hecho que se indaga o se atribuye. Así como el estatus en que se encuentran las carpetas de investigación. Información responsable por favor. De declarar reserva o confidencialidad de la información remítame al acta correspondiente de su comité de transparencia donde se funde y motive a la restricción de información. De declarar la competencia a otro sujeto obligado lo mismo que el punto que antecede» (sic).

El 7 de enero la ASE informó que existen 201 denuncias penales «las cuales se interpusieron en contra de quien o quienes resulten responsables y se encuentran en averiguación previa, es decir que se encuentran abiertas carpetas de investigación ante dicha fiscalía (Fiscalía Especializada por Actos de Corrupción) y en tanto ésta no determine el ejercicio o no de la acción penal, la información relativa a los hechos o irregularidades denunciados tienen el carácter de reservado (...)» (el subrayado es de la ASE).

El 16 de enero, el «Pejejito» presentó un recurso de revisión y el 17 del mismo mes la ASE informó al ICAI de recibido. El 29 de enero, último día para contestar, la ASE vuelve a reiterar que la información es reservada, esta vez presentando una serie de artículos y tesis sobre «los conflictos de leyes», así como documentos que avalan una sesión extraordinaria del Comité de Transparencia en la que se determinó mantener la reserva.

En los meses subsiguientes, la danza de los amparos continuó hasta que el 12 de junio, el ICAI se vio obligado por el INAI a solicitarle a la ASE que entregue la información. Finalmente, el 27 de junio, la ASE argumentó que intentó enviarle por correo electrónico la información a «Pejejito», pero como su dirección no existe y en vista de que la información es demasiada extensa para subirla a los portales de transparencia, lo invitó a pasar por sus oficinas a recogerla.

Se lavan las manos

Ante las respuestas del INAI, los organismos civiles detrás de la primera solicitud le exigieron al SEA construir un micrositio web con formato de datos abiertos con la información referente al caso de la deuda. Sin embargo, el secretario técnico del organismo, José Gil Navarro, no muestra interés.

Ni hablar del fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, quien presume haber recuperado 700 mil pesos en el marco del «reto de los 100 días», pero nada dice sobre las más de 200 denuncias presentadas por la ASE. De ellas, solo 10 han sido concluidas y «en ninguna se ha emitido sanción», señala la Auditoría en el oficio UT-ASE-09824-2019.

El 21 de junio, el auditor Armando Plata Sandoval acusó a Flores Mier de obstaculizar las investigaciones, pues al no tener acceso pleno a los expedientes de las denuncias penales derivadas de la revisión de cuentas públicas ante la Fiscalía Anticorrupción, se corre el riesgo de que prescriban los delitos.

Flores Mier argumentó que no puede entregarle al auditor las copias de los expedientes, porque no está permitido por la ley, mientras que la moreirista Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y Alma Leticia Gómez, representante de la Judicatura, mostraron sus reservas y señalaron que la propuesta de Plata implica modificar el marco normativo.

El auditor pidió también que las autoridades que conocen de las denuncias penales presentadas por la ASE informen al SEA de manera trimestral acerca de la situación que guardan y que sean del conocimiento público. El Comité Coordinador del SEA dijo que las propuestas de Plata «serán estudiadas», pero Rodríguez Wong advirtió sobre «posible colisión de derechos del solicitante como de los imputados» (Vanguardia 21.06.19).

Del Congreso tampoco se puede esperar mucho, pues el bloque priista y sus satélites han bloqueado todos los puntos de acuerdo relacionados con la apertura de datos de la deuda. El 3 de julio, el diputado panista Gerardo Aguado presentó un punto de acuerdo para dar seguimiento a las denuncias presentadas por la ASE.

«Nuevamente el PRI mandó a (la) comisión el punto de acuerdo que lo único que pedía era que se diera una conclusión definitiva a las investigaciones, averiguaciones previas y carpetas de investigación por la megadeuda» (El Siglo de Torreón 03.07.19).

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de UDC en el Congreso, Emilio de Hoyos, pidió que los dichos de Plata Sandoval «no se queden en solo ruido» y culpó al PRI y aliados de obstaculizar la justicia.

«Los ciudadanos tenían la esperanza de que con un congreso plural, independiente, más equilibrado podría trascender el tema de la megadeuda, las empresas fantasma y los ciudadanos tenían puestas sus esperanzas en este Congreso. Lástima que ahí están las votaciones, no hay mucho qué decir, nos ha hecho falta un voto para trascender en estos temas», dijo (Vanguardia 09.07.19).

En este contexto, la única vía para avanzar en la rendición de cuentas parece ser la ciudadanía, la cual deberá enfrentarse a la opacidad de las instituciones y el encubrimiento del ICAI, presidido por Luis González Briseño. E4



Deuda actual supera la que heredó HMV

Javier Mariscal

Según el «Reporte trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y municipios», correspondiente al primer trimestre de 2019 y emitido por la Dirección General de Finanzas del Senado de la República —sin incluir el pasivo de municipios— el adeudo coahuilense asciende a 37 mil 149 millones 420 mil 900 pesos.

A eso faltaría sumarle mil 504 millones 635 mil 485 pesos que la actual administración de Riquelme debe a proveedores, según indica la diputada María Eugenia Cázares, lo que eleva el total a más de 38 mil millones de pesos, quedando 2 mil 145 millones de pesos por encima de la deuda que Humberto dejó.

Con la insistente pugna social para que se abran los expedientes y se exhiba qué se hizo con el dinero de la megadeuda, la pregunta podría ser: ¿cuáles fueron las grandes obras de todo el sexenio de Humberto Moreira?

El exgobernador solo atina a justificarse con la obra del Distribuidor Vial El Sarape, de Saltillo, obra que costó mil 400 millones de pesos, mientras que durante sus seis años de gobierno, vía presupuesto formal, recibió 137 mil 877 millones de pesos (ver recuadro). Si a ello se le suman los 36 mil 509 millones de pesos de la megadeuda, el gasto total de su gobierno debería superar los 174 mil 386 millones de pesos. E4

Tabla

2006 16,495 mdp

2007 16,508 mdp

2008 19,028 mdp

2009 24,969 mdp

2010 29,712 mdp

2011 31,165 mdp

TOTAL 137,877 mdp

Fuente: Cuentas públicas del Gobierno de Coahuila



Ficrea, el fantasma del Tribunal Superior de Justicia

El estado está que arde. A las sentencias del INAI a favor de que se abran los expedientes sobre la deuda de Coahuila adquirida en el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011), habría que agregarle los avances en la investigación sobre el fraude del Ficrea (2010-2014), los nuevos datos sobre los contratos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira (2011-2018) y la falta de comprobación de 256 millones de pesos de los recursos que recibió la administración de Miguel Riquelme del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Vamos por partes.

El fraude

El 8 de julio, se dieron a conocer detalles sobre la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila por el caso del Ficrea, en el que el Poder Judicial invirtió y perdió dinero que no le pertenecía (Espacio 4 502 y 608).

La ASE señala haber encontrado irregularidades en el manejo del dinero del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, omisiones por parte de los administradores y falta de interés por parte del Consejo de la Judicatura y la presidencia del Poder Judicial, para advertir del peligro que había al invertir en una Sociedad Financiera Popular (Vanguardia 07.07.19).

Los señalados en la denuncia son: Gregorio Alberto Pérez Mata, exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ) de Coahuila; María del Carmen Ibarra Vázquez, exdirectora de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor; Salvador Balderas Rangel, auditor interno; y Héctor Alvear, oficial mayor.

Según la ASE, el TSJ abrió dos cuentas irregulares en Ficrea. La primera, por un monto de 90 millones 56 mil 608 pesos, ahorrados en el período de 2010 al 2014, que generaron intereses por 25 millones 902 mil 813 pesos, de los cuales seis mil 298 pesos quedaron pendientes de cobro.

Sobre la segunda, la ASE asegura que se invirtieron recursos del presupuesto del Tribunal, que durante los ejercicios 2013-2014 cerraron con un saldo de 35 millones 588 mil 961 pesos y tres millones 965 mil 590 pesos generados de intereses, así como un millón 286 mil 918 pesos de intereses que no se llegaron a cobrar por la intervención de Ficrea por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

«El presunto daño patrimonial», señala la ASE, fue de 126 millones 938 mil 787 pesos. Y si bien la presidenta del TSJ, Miriam Cárdenas, dice haber recuperado una parte, la ASE advierte que el organismo no ha mostrado fichas de depósitos o cualquier otro documento oficial que lo compruebe.

Al igual que en el caso de la deuda, el fiscal anticorrupción Jesús Homero Flores Mier solo atina a señalar: «El estatus en el que se encuentra esta denuncia es que estamos recabando información y se están llevando las diligencias correspondientes». Aplausos.

Los desvíos

El 3 de julio, la ASE dio más detalles sobre las denuncias por contratos otorgados a empresas fantasma en el sexenio pasado, las cuales involucran a tres exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Rubén Moreira Valdez: el extitular de la dependencia, Ismael Eugenio Ramos Flores; el exsubsecretario de Egresos, Julián Montoya de la Rosa (fallecido el 8 de julio); y el exdirector general de Adquisiciones, Naza “N” (Zócalo 03.07.19).

Se trata de contrataciones irregulares por 400 millones de pesos que se hicieron a 13 empresas fantasma, por el concepto de servicios de consultoría, publicidad y compra de despensas. Entre ellas Riviera Álamo, la cual tenía como propietarios a dos prestanombres de la exsecretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis Guajardo, quien renunció a su cargo debido al escándalo, en 2016.

Para más inri, el 27 de junio, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer nuevos documentos del caso Odebrecht, según los cuales el gobierno de Rubén Moreira pagó 3.8 millones de pesos por «limpieza y lavandería» a PLC Servicios SA de CV, la presunta intermediaria del Departamento de Sobornos de Odebrecht.

PLC fue creada en 2008 en Veracruz, pero con domicilio fiscal en Monterrey, para otorgar «Servicios profesionales, científicos y técnicos». En febrero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaró como «fantasma», al determinar que simulaba operaciones.

Rubén Moreira argumentó que los gobernadores «no firman contratos» y dijo que los montos señalados «corresponden a áreas muy pequeñas de la administración» (CNN 27.06.19).

El presupuesto

Por su parte, en su primera entrega sobre la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que Coahuila no pudo comprobar 256.9 millones de pesos de los 486.5 millones auditados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), es decir más de la mitad: 52.8%.

Solo Nayarit supera a Coahuila en porcentaje de observaciones en ese rubro, con 422.8 millones de pesos, que significaron el 88% de la muestra auditada.

Del total de los mil 298.4 millones de pesos del FAFEF auditados a los estados en 2018, la ASF encontró «falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto» en 52.2% de los recursos. «Al respecto, el estado de Nayarit aportó el 32.2%, Oaxaca el 30.1%, Coahuila el 12.4%, Guerrero el 9.7% y Puebla el 8.2%», señala.

Por el concepto de irregularidad «Obra pagada no ejecutada o de mala calidad», la ASF hizo observaciones por 90.4 millones de pesos. «Los estados de Coahuila, Tamaulipas y Yucatán presentaron el 45.2%, 31.2% y 11.7%, en relación con el importe de este rubro, respectivamente», señala. E4

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