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Edición 618

Política

En México los corruptos mueren de risa; Salinas y Peña la podrían perder

Mientras jefes de Estado de América Latina son detenidos, forzados a renunciar o se suicidan, en nuestro país aún son intocables. Los casos Odebrecht y Collado abren la puerta para enjuiciar a dos expresidentes

Gerardo Hernández G.

En algunos países de América Latina los presidentes acusados de corrupción huyen, renuncian, son defenestrados, están tras las rejas o se pegan un tiro. Apenas el 17 de abril pasado, el peruano Alan García, de 69 años, se disparó en la cabeza para evitar ser detenido; cuatro horas después falleció en un hospital de Lima. En México, los presidentes mueren de risa. Hasta hoy ninguno, ni los más venales, ha sido tocado siquiera con el pétalo de un citatorio. Enrique Peña Nieto podría ser enjuiciado en Estados Unidos por supuesto soborno en la compra de Grupo Fertinal; y en México, junto con Carlos Salinas de Gortari, por el caso de Juan Collado, detenido el 9 de julio por la Fiscalía General de la República bajo cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en su gestión como presidente de la caja popular «Ahorros y Servicios Financieros».

Según El Universal, un «informante» entregó al Departamento de Justicia estadounidense y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) un expediente sobre el caso, bajo pena de perjurio. «El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su “aprobación”, a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal» (18.06.19).

La operación se realizó en 2015 sin tomar en cuenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), según las cuales la productora de fertilizantes se hallaba en virtual quiebra: disponía de 12 mil dólares en efectivo y sus pasivos bancarios ascendían a 264 millones de dólares. «Aun así, Lozoya habría recibido autorización (…) para adquirirla y entregar a Fertinal 51 millones de dólares para un reparto de dividendos antes de la operación de compraventa».

Sobre el monto de la transacción y la supuesta coima al expresidente, el testigo declaró a la SEC: «El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno —a Peña Nieto— que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación (…). Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno», publica El Universal.

Covarrubias Piffer es uno de los beneficiarios del capitalismo de compadres. «En 1998 —de acuerdo con el diario— ganó la subasta pública de una de las dos partes del monopolio de la producción de fertilizantes en sociedad con Rogelio Montemayor, uno de los hombres cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari y que más tarde fue director de Pemex con Zedillo». En su confesión al Departamento de Justicia y a la SEC sobre el caso Pemex-Fertinal, el informante cita a Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. «Covarrubias tenía a Salinas —en un aprieto— debido a ciertos pagos de soborno a Peña Nieto».

El expresidente escapista, a quien solo el 3% de los mexicanos le creía «mucho» hacia el final de su sexenio (GEA-ISA, 28.06.17), refutó en Twitter los señalamientos. «Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten». En este caso, Peña no es investigado por la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública, que en 2015 lo exoneró por el escándalo de la Casa Blanca, sino por el Departamento de Justicia y la SEC de Estados Unidos donde los corruptos no tienen fuero.

Punta de la madeja

La «mafia del poder», como califica el presidente Andrés Manuel López Obrador a la élite que desde el sexenio de Carlos Salinas se apoderó del país y en el de Peña Nieto se aposentó en Los Pinos, puso sus barbas a remojar después de la detención Juan Collado y de Alonso Ancira, el 28 de mayo en España. El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) pagó una fianza por un millón de euros (alrededor de 21 millones de pesos) para enfrentar en libertad provisional el proceso de extradición a nuestro país por lavado de dinero en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex.

Amigo y acaso mecenas político de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, cuando la situación económica y patrimonial del clan era otra, Ancira pretendía expandirse al negocio del gas y del petróleo. «Zapatero a tu zapato: minería, acero y petroquímica, en eso estamos», declaró a Forbes (09.08.16) después de desprenderse del equipo de beisbol Acereros de Monclova. Sus relaciones con el poder le permitieron comprar y vender empresas públicas en condiciones ventajosas (AHMSA, Pajaritos y Agro Nitrogenados).

Ancira contaba con aliados en Pemex y en el Clúster de Energía de Coahuila (Rogelio Montemayor) para explotar gas shale. Sin embargo, la prohibición de la fractura hidráulica (fracking), dispuesta por el presidente López Obrador, y el escándalo por la venta de Agro Nitrogenados, frustraron el sueño. Para AMLO, privatizar equivale a corrupción. «El poder político y el poder económico se han alimentado mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación», dijo en su discurso de toma de posesión.

Las operaciones de Agro Nitrogenados (2014) y de Fertinal (2015), empujadas desde Los Pinos, observan el mismo patrón. Pese a las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y de Pemex sobre el estado operativo y la situación financiera de las plantas, el gobierno las compró en ruinas y prácticamente en quiebra. No solo eso, también pagó más de 200 millones de dólares por encima del valor real de cada una, sin incluir inversiones para reactivarlas y elevar la producción de fertilizantes, lo cual tampoco se logró.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indaga a Peña Nieto por un presunto soborno en la compra de Grupo Fertinal, pero el caso de Agro Nitrogenados podría conectarlo a Odebrecht. El escándalo de la constructora brasileña provocó la renuncia del presidente peruano Pablo Pedro Kuczynski, el 23 de marzo de 2018, y el suicidio del expresidente Alan García un año después. Según Animal Político, un mes después de vender su planta a Pemex, AHMSA remitió más de 3.7 millones de dólares a la offshore Grangemouth Trade Company, empresa fantasma de Odebrecht.

Quinto Elemento Lab, organización independiente dedicada al desarrollo de reportajes de investigación para empoderar a los ciudadanos, descubrió que Grangemouth transfirió cinco millones de dólares a la offshore Zecapan S.A., a través de la cual Lozoya habría recibido los sobornos de Odebrecht. Funcionarios de la multinacional brasileña declararon que entre 2012 y 2014 entregaron 10 millones de dólares al exdirector de Pemex a cambio de contratos. Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que, días después de la toma de posesión de Peña Nieto, Lozoya compró una casa por dos millones de dólares en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.

¿Nadie sobre la ley?

El presidente López Obrador sigue atrapado en el laberinto de la corrupción. «La venganza no es mi fuerte», insiste, como si el robo de recursos públicos y los negocios al amparo del poder fuesen agravios contra su persona y no contra el país. Al mismo tiempo, ofrece realizar «una consulta para revisar todo el periodo neoliberal», no para presentar ante la justicia a chivos expiatorios, «sino empezar arriba, con los expresidentes, desde Salinas a la fecha».

Mientras tanto, Salinas y Peña parecen haber optado por el autoexilio; el primero al Reino Unido —donde ya obtuvo la residencia— antes que AMLO asumiera la presidencia; y el segundo a España. Según el columnista Raymundo Rivapalacio (08.97.19), Peña partió «con visa de turista, y no regresará sino hasta finales de año o, si puede, extenderá su estancia por una temporada más larga... Salinas se fue sin esperar lo que podría venir sobre él en términos de hostigamiento, sabedor del insalvable diferendo con López Obrador. Peña escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando un creciente malestar en Palacio Nacional».

AMLO declaró, en la rueda de prensa del 18 de junio, que la compra de Agro Nitrogenados está bajo investigación, y en la de Fertinal —adquirida también por Pemex en la gestión de Emilio Lozoya— «no puede haber impunidad (…) son procesos penales, no es perseguir a nadie». Misael Zavala, de El Universal, aprovechó para cuestionarlo sobre la indagatoria del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por el supuesto soborno al expresidente Peña para autorizar la adquisición de Fertinal.

Aguijoneado por Zavala («Todos los negocios jugosos pasaban por las manos de los expresidentes»), López Obrador concedió: «Pues esa es una regla general; o sea, es muy difícil que el presidente de la república no se entere de un negocio de esa magnitud». Sobre el futuro de las plantas, dijo que una opción «es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes»; pero antes «teníamos que desahogar el asunto jurídico», lo cual, en su opinión, no contradice su propósito de «ver hacia adelante» y no emprender una caza de brujas.

Para AMLO, investigar a Lozoya y al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no significa incumplir «el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, (…) esto ya estaba en proceso; son denuncias que ya se habían presentado, y si nosotros nos quedábamos callados, íbamos a ser cómplices, encubridores, y eso no». El 1 de julio, en su mensaje por el primer aniversario de su elección, López Obrador empezó por informar que «ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la presidencia de la república». Asimismo, dio por abolidos «el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. (…) La corrupción y el fraude electoral fueron clasificados como delitos graves».

Sin embargo, no es posible erradicar los vicios del sistema por simple voluntad presidencial o por decreto. Máxime en casos cuya flagrancia y falta de castigo indignan a la sociedad, como la Estafa Maestra, en la cual participaron secretarías de Estado y universidades públicas, el enriquecimiento de funcionarios federales, estatales y municipales, las empresas fantasma y el endeudamiento de estados como Coahuila. Según López Obrador, la adquisición de Agro Nitrogentados y Fertinal formaron parte del Pacto por México suscrito por PRI, el PAN y el PRD con Peña Nieto.

Para mejorar la posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135, junto con Honduras y Paraguay, se necesitan más acciones y menos retórica. La investigación contra Peña en Estados Unidos y la presunta sociedad de él y Salinas con Juan Collado, le brindan a López Obrador la oportunidad de demostrar que «nadie está por encima de la ley». Bajo ese principio, Brasil, Argentina, Guatemala y otros países de América Latina, además del Perú, han procesado, destituido y encarcelado a expresidentes corruptos. ¿Por qué México no? Motivos sobran. E4



Odebrecht en Coahuila: la cereza del pastel

Rubén Moreira pagó 3.8 millones de pesos por limpieza y lavandería a una de las empresas fantasma de la corruptora brasileña: MCCI

Al moreirato no le bastó endilgarle a Coahuila una deuda superior a los 38 mil millones de pesos, sin autorización del Congreso y sin explicar cuál sería su destino. La codicia era tal que el gobierno de Rubén Moreira, además de elevar los pasivos, utilizó otros medios para distraer recursos del erario. El año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias penales por el desvío de 475 millones a 13 empresas fantasma, incluidos 65 millones no comprobados por la Secretaría de Salud (Espacio 4, 579). Hasta hoy, el Sistema Estatal Anticorrupción no ha movido un dedo para actuar contra los responsables.

Riviera Álamo, una de las firmas fachada —propiedad del esposo de la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis—, recibió 71 millones de pesos. Las otras son Asha Consultores Especializados, Centro de Especialidades Corporativas, Distribuidora Universal Tobosa, Comercializadora Vilansa, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Murano, Consultorías Bardo, Grupo SJ3, Hotelería y Alimentos GRF, Nuberia Comercial, Operadora de Negocios EGEO y Consultoría Integral Vilsel.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el 26 de junio pasado que la administración de Rubén Moreira «asignó un contrato a PLC Servicios por 3.8 millones de pesos». Una bagatela frente a las irregularidades detectadas por la ASE. Lo relevante es que PLC Servicios figura entre las empresas utilizadas por Odebrecht para sobornar a políticos.

«Nuevos documentos del caso Odebrecht, (…) extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña, revelan la transferencia encubierta de 13 millones de dólares del llamado Departamento de Sobornos a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países como Ecuador y Guatemala. Dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht (PLC Servicios y TTG Asociados) han sido declaradas este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas “fantasma” (…). Una de ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio, en instancias del gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del exmandatario Enrique Peña Nieto», dice MCCI.

Los 13 millones de dólares son adicionales a los 10 millones pagados al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2012 y 2014, confesaron exfuncionarios de Odebrecht ante los fiscales del caso. PLC Servicios se registró como proveedora de «servicios profesionales, científicos y técnicos». Sin embargo, fue por supuestos trabajos de lavandería y limpieza por los cuales recibió 172 millones de pesos del gobierno del Estado de México; 3.8 millones del de Coahuila y tres millones del SAT (Hacienda) en las gestiones de Alfredo del Mazo, Rubén Moreira y Luis Videgaray.

La información proviene de archivos «extraídos del sistema secreto Drousys, desarrollado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para ocultar pagos ilegales, como sobornos y financiamiento de campañas políticas», advierte MCCI en el documento titulado «Las corruptoras mexicanas de Odebrecht».

En medio de la desaseada campaña del PRI para elegir a su futuro presidente, el nombre de Rubén Moreira, cuya esposa Carolina Viggiano aspira a la secretaria general, surge, cual pájaro de mal agüero, en un escándalo internacional de corrupción investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina. «El que tenga oídos, que oiga» (Mateo 13:1-9). E4



La guerra perdida contra la corrupción y la impunidad

Zedillo pone entre rejas al mayor del clan Salinas por lavado de dinero y homicidio; la justicia lo exonera y le regresa dinero y propiedades

La impunidad en México obedece al diseño de la Constitución y de las leyes secundarias, cuyo propósito consiste en proteger a los poderes público y económico. El Congreso aprobó reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema y atacar la corrupción. Empero, en casi ocho meses de gobierno, los resultados de la estrategia contra ese flagelo —núcleo de la campaña presidencial de 2018— han sido pobres o de plano nulos en un país con las peores calificaciones en materia de Estado de derecho y transparencia.

«El distintivo del neoliberalismo es la corrupción», insiste AMLO. Implantado hace 36 años, según el presidente, el modelo comprende cuatro gobiernos del PRI y dos del PAN. Sin embargo, Ernesto Zedillo, sin aspavientos, creó las condiciones para la alternancia de 2000, reformó el Poder Judicial y encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Salinas fue enlistado después por la revista Forbes entre «Los diez mexicanos más corruptos de 2013», junto al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

«Mister ten percent», como era conocido Salinas por las comisiones que cobraba a contratistas y proveedores del gobierno federal, fue detenido el 28 de febrero de 1995 bajo los cargos de lavado de dinero del narcotráfico, enriquecimiento ilícito y presunto autor intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, padre de la actual líder del PRI, Claudia Ruiz Massieu. El expresidente Carlos Salinas de Gortari quiso presionar a Zedillo con una huelga de hambre. Finalmente, se autoexilió en Irlanda. Después de 10 años en prisión, Raúl Salinas no solo fue absuelto, también recuperó 19 millones de dólares y 41 propiedades.

Así ha operado siempre el sistema judicial. López Obrador pretende cambiarlo… sin castigar a los corruptos. Ningún presidente había puesto entre rejas a uno de los intocables del régimen como Zedillo lo hizo con Raúl Salinas. Vicente Fox, lo mismo que AMLO, prometió una pesca abundante de corruptos, pero solo encausó a Rogelio Montemayor por el Pemexgate, el cual consistió en el desvío de más de mil millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida, en el año 2000. El exdirector de Pemex fue exonerado, como Salinas, y el PRI multado con mil millones de pesos.

Zedillo —candidato sustituto del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio— es uno de los presidentes de México mejor calificados; y Salinas, junto con Peña Nieto, los más repudiados. La corrupción alcanzó en sus gobiernos las máximas cotas. Zedillo superó la crisis económica de que le heredó Salinas, cuyas consecuencias fueron el empobrecimiento de millones y el rescate de la banca, a través del Fobaproa. El costo para el país excedió el medio billón de pesos.

De los 14 últimos presidentes, Zedillo aparece en el segundo lugar de la clasificación global del portal México Mágico, después de López Mateos, y por encima de Fox. En «desempeño personal», ocupa el primer lugar; Felipe Calderón, el segundo; y Lázaro Cárdenas, el tercero. Los primeros sitios del ranking «desarrollo económico» corresponden a López Mateos, Fox y Ruiz Cortines; y en «desarrollo social», los líderes son Luis Echeverría, López Portillo y López Mateos. Es muy pronto para calificar a López Obrador, pero a escala mundial es uno de los presidentes mejor evaluados —y el número uno de América—, con una aprobación de 67% (Consulta Mitofsky). E4

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