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Edición 617

Aniversario

La Laguna tendrá línea directa con AMLO; fijan prioridades

El Consejo Regional de Fomento se instaló en Palacio Nacional sin la participación de los gobernadores de Coahuila y Durango, pero ambos salieron bien librados de la reunión con el presidente. Agua, seguridad, bienestar económico y equidad social también forman parte de la agenda

Abraham Álvarez Ramírez

Los laguneros atribuyen el rezago de su región al favoritismo de los gobiernos de Coahuila y Durango hacia las capitales. Con ese antecedente, Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del Palacio Nacional a la cúpula empresarial de la Comarca Lagunera el 12 de junio para instalar el Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Es el único orientado a una zona específica, pues la cobertura de los 32 restantes será estatal. El órgano colegiado nacional lo encabeza Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI), y de Durango, José Rosas Aispuro (PAN), no fueron convocados a la reunión; tampoco los delegados federales Reyes Flores y Enrique Novelo. Por espacio de dos horas, AMLO, Romo y una treintena de empresarios intercambiaron información y puntos de vista. «El presidente estuvo muy atento; conoce los problemas, ofreció respaldar a La Laguna y recibió propuestas para desarrollar el sureste», dijo uno de los asistentes.

El Consejo Regional de Fomento, cuya cabeza es Eduardo Tricio, presidente del Grupo Lala, surgió del Grupo Laguna, formado hace varios años por Roberto Villarreal. Los empresarios sostuvieron reuniones previas con Romo en Monterrey y Ciudad de México. En la junta con López Obrador, los temas predominantes fueron: bienestar económico, seguridad, agua y equidad social. Sin duda los más sensibles en una región donde el abatimiento del acuífero provoca problemas de salud (hidroarsenicismo). Durante el moreirato, la violencia colocó a la metrópoli lagunera entre las más peligrosas del mundo. El fenómeno ahuyentó inversiones nacionales y extranjeras, frenó la generación de empleos y expulsó talento y mano de obra calificada a otras regiones.

El 25 de marzo, en Tabasco, donde presidió la ceremonia por los 500 años de la Batalla de Centla, López Obrador puso en jaque a La Laguna y desató la tormenta: «Ya no se puede seguir produciendo leche en las zonas desérticas, donde no hay agua. ¿Qué es la leche? Fundamentalmente, agua. Imagínense estar produciendo leche en La Laguna; por eso se están contaminando los mantos acuíferos (…) con problemas ya hasta de arsénico, porque no hay agua, y nosotros tenemos aquí el Usumacinta y tenemos la vocación productiva».

Además de la refinería en Dos Bocas y del Tren Maya, el presidente promueve inversiones en estados históricamente abandonados. Por lo tanto, ofreció a sus paisanos «impulsar mucho todo lo que es la ganadería lechera; vamos a producir aquí, en Los Ríos, la leche que ahora se está importando (…) se va a producir en esta región del país, Chiapas y Tabasco». La reacción en La Laguna fue inmediata. Productores y autoridades defendieron la cuenca. Para calmar los ánimos, el superdelegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, matizó: «El presidente solo pone como ejemplo una región en la que ha habido sobreexplotación del manto (freático), pero no advierte que se va a detener la actividad, (…) sino que solo se puede fortalecer otra área del país en la que se tienen ventajas climáticas favorables para producir leche sin problemas de disponibilidad» (El Diario, 27-03-19).

El gobernador Riquelme refutó a Reyes y llevó el debate a otro plano: «no puede insultar la inteligencia de los coahuilenses respecto a las intenciones del presidente de la república en torno a la cuenca lechera. (…) esa ocurrencia del gobierno federal pone en riesgo más de 100 mil empleos en la industria agroalimentaria de La Laguna» (El Diario, 30-03-19).

Industria láctea, a salvo

La cuenca lechera de La Laguna, donde concurren varios grupos nacionales, es una de las más tecnificadas y desarrolladas del país; su impacto económico y social la convierten en un factor de poder. Su influencia política le ha permitido eludir compromisos y obtener ventajas. En una gira por la comarca, el entonces presidente Felipe Calderón pidió a líderes ganaderos pagar sus adeudos con la CFE, los cuales sumaban entonces cientos de millones de pesos. La sobreexplotación del acuífero no existiría si las extracciones estuvieran sujetas a reglas y sanciones estrictas. Empero, la corrupción en la Comisión Nacional del Agua y la codicia del sector agravan el abatimiento y contaminación de los mantos freáticos.

Críticos y ambientalistas responsabilizan a la industria lechera de la escasez y mala calidad del agua para consumo humano y, por ende, de los problemas de salud derivados de las sales de arsénico; también la culpan de contaminar el aire y el suelo con desechos de ganado. El problema no es nuevo. Hace una década, La Laguna generaba casi el 50% del estiércol de la población bovina nacional, calculado entonces en 30 millones de toneladas anuales. El metano, producido por esos residuos, contribuye al efecto invernadero y es uno de los causantes del incremento de la temperatura a escala global. Una de las opciones para reducir riesgos es aprovechar el gas como fuente de energía. El ejido Batopilas, en Francisco I. Madero, genera su electricidad usando ese energético desde hace varios lustros.

En busca de soluciones de fondo, el Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico ofreció al presidente López Obrador aportar entre el 15% y el 20% del agua para riego almacenada en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, correspondiente al sector agropecuario. El propósito consiste en dotar a la población de líquido de buena calidad mediante un sistema de canales y plantas potabilizadoras. Solo faltaría la aceptación del sector social. La inversión correría a cargo del gobierno federal. Asimismo, se planteó una veda de cuatro años en los pozos profundos de las zonas urbanas.

También se propuso desarrollar una cuenca lechera en Tabasco, con inversión privada y vaquillas brasileñas adaptadas al clima de la zona, y apoyo para comercializar el producto. La industria láctea de La Laguna está por lo pronto a salvo. Los empresarios entraron a Palacio Nacional «con el Jesús en la boca», y salieron de la reunión —calificada por Ramón Alberto Garza, en el sitio Código Magenta, como «Pacto en Palacio»— con otro ánimo. (En el sexenio de Fox se ensayaron inversiones de La Laguna en Chiapas, las cuales devinieron en negocio de oportunistas).

El 16 de junio, cuatro días después de la junta, el presidente visitó Gómez Palacio. Ya no se refirió a la cuenca lechera, pero sí, tangencialmente, al tema del agua. AMLO canceló de un plumazo el Metrobús, en la parte de Durango, y reasignó los 450 millones de pesos del proyecto para obras de agua potable y salud, en una consulta fársica a mano alzada cuya duración fue de 31 segundos (Reforma, 18-06-19). El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, calificó de absurda la suspensión de ese proyecto de transporte, pues la obra, a punto de terminar en esa ciudad, dejará sin conexión a Gómez Palacio y Lerdo.

El tema de la seguridad

Los gobernadores Miguel Ángel Riquelme (Coahuila) y José Rosas Aispuro (Durango) no participaron en la instalación del Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, pero salieron bien librados de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 12 de junio en Palacio Nacional. De acuerdo con la versión de uno de los concurrentes, AMLO puso de relieve la estrategia aplicada en La Laguna para recuperar la paz, después de años de violencia entre carteles de la droga por la disputa de territorios. El modelo podría seguirse a escala nacional.

Incluso antes de la guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, La Laguna era ya una de las zonas donde la delincuencia organizada lavaba más dinero, declaró el entonces procurador general de la república, Rafael Macedo, en una visita a la comarca. En los ochenta y los noventa del siglo pasado, los municipios conurbados de Coahuila y Durango sirvieron de residencia alterna para algunos de los mayores capos: Amado Carrillo —el Señor de los Cielos— fue detenido en Torreón y después liberado en Ciudad de México; Rafael Aguilar Guajardo, también del cartel de Juárez; Alfredo Ceja del Río, de la organización de Juan Manuel Salcido, el Cochiloco (Sinaloa); Vicente Carrillo Fuentes (Juárez), aprehendido en Torreón en 2014; y Joaquín «el Chapo» Guzmán, entre otros.

Entonces la violencia era entre carteles, no contra la población. En ese tiempo, el gobierno federal «pactaba» con los capos las rutas de la droga, dijo el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en el marco de una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. El expresidente Carlos Salinas de Gortari lo reprendió. ¿Por faltar a la verdad o por revelar secretos? Si uno da crédito a las series sobre narcos, sería por lo segundo. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente Miguel de la Madrid sugirió que los Salinas —sobre todo Raúl— tenían tratos con organizaciones de ese tipo.

Cuando Calderón afrontó el problema, sin el apoyo de los estados —Humberto y Rubén Moreira controlaban Coahuila—, el equilibrio se rompió y los carteles se multiplicaron. Algunos gobernadores pactaron con el narco protección a cambio de dinero. La violencia le allanó el camino al PRI para recuperar la presidencia. Peña Nieto trató de revertir el fenómeno, pero no pudo, pues el gobierno federal y los locales habían perdido el control incluso de las instituciones.

En el caso de Coahuila, Los Zetas entraron por La Laguna y se expandieron después por el resto del estado, donde radicaron sus principales líderes. Uno de sus operadores financieros, Juan Manuel Muñoz Luévano —el Mono—, supuesto protegido del moreirato, es clave para desentrañar las relaciones entre el cartel y el gobierno. Sobre todo, después de haberse declarado culpable de lavado de dinero en una corte de Texas y de llegar a un acuerdo de cooperación para enfrentar el proceso en libertad mientras recibe sentencia. El Mono, al parecer, fue entregado; ahora le toca a él jugar sus cartas.

La situación en Coahuila, tal como se planteó en la reunión del 12 de junio en Palacio Nacional, es distinta a la del periodo 2009-2014, pero el presidente López Obrador y el gobernador Riquelme cometerán un grave error si echan las campanas al vuelo. La demanda de la cúpula patronal de La Laguna, de no descuidar la seguridad, responde a nuevos síntomas de descomposición. El mensaje de las agresiones contra agentes e instalaciones de Fuerza Coahuila —herencia de Rubén Moreira— es irrefutable: la guerra no ha terminado... y las venganzas tampoco. Por eso la zozobra y el crujir de dientes entre la clase política. E4



Metrobús: encuesta mata consulta

El 10% de la población ocupada en la Zona Metropolitana se desplaza cada día entre Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros: Instituto de Planeación

La cancelación del Metrobús Laguna en el tramo de Durango, decidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mitin cuyo propósito era entregar apoyos sociales y no otro, truncaría la única obra diseñada hasta hoy para interconectar la zona metropolitana. Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros abarcan a una población de 441 mil 163 personas; alrededor del 10% trabaja fuera de sus municipios, pero dentro de la misma conurbación, conforme al estudio «Movilidad laboral cotidiana en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML)», elaborado por el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan).

El proyecto representa una inversión de dos mil 380 millones de pesos, mil 500 millones de los cuales ya se ejercieron en la parte de Coahuila. Sin embargo, mientras el 12% de la población de Gómez Palacio se traslada a otro municipio para trabajar, en Torreón solo el 4.2% se encuentra en esa situación. En cambio, dice el Implan, «la cantidad de matamorenses que trabajan en Torreón es abrumadoramente mayor» a la de cualquier otro municipio, pues son 7 mil 073 personas, el 95% de su población ocupada.

Más de seis mil gomezpalatinos y de tres mil lerdenses se desplazan a Torreón, donde tienen su trabajo. Por su parte, Gómez Palacio ocupa casi a cinco mil habitantes de Torreón, a seis mil 727 de Lerdo y a 310 de Matamoros. Los datos confirman la necesidad del Metrobús tal como fue planeado originalmente.

El 28 de diciembre pasado, durante la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna, el presidente López Obrador comprometió ante los gobernadores de Coahuila y Durango 474 millones de pesos para terminar el proyecto. El 12 de junio lo canceló en una improvisada consulta a mano alzada.

De acuerdo con una encuesta de Massivecaller, levantada el 19 de junio a solicitud del gobierno de Durango, el 63.1% de los laguneros juzga necesaria la construcción del Metrobús y el 36.9% la rechaza. El desglose, por municipio, coincide con el estudio del Implan sobre movilidad laboral, pues la obra tiene mayor apoyo en Matamoros: 71% a favor y 28% en contra; en Lerdo la relación es de 70-29 y en Torreón de 61-39. En Gómez Palacio, la oposición sube al 41% y la aprobación disminuye al 58% (Noticieros GREM, 20.06.19).

El Implan advierte que «en una zona metropolitana en donde los límites municipales son divisiones imaginarias, en términos prácticos, para las necesidades de la población el traslado de una ciudad a otra es una realidad». Destaca, también, que «en cuestiones como la vivienda, el trabajo, el consumo, la educación y la oferta cultural, entre otras, analizar el flujo de personas de un municipio a otro se vuelve trascendente para comprender la dinámica metropolitana e indispensable para el diseño de políticas públicas eficientes».

Frente a la reacción de los sectores público, privado y social por la cancelación del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, el presidente López Obrador ofreció una consulta pública para decidir el futuro del proyecto. Sin embargo, una región «abandonada» por la federación y los gobiernos de Coahuila y Durango no quiere consultas, sino inversiones que atiendan las necesidades ingentes. El sistema de transporte metropolitano se planeó justamente con ese propósito. Suspenderlo significaría un retroceso para la ZML, un golpe para millares de usuarios y un premio para el pulpo camionero. E4



La 4T pone al país en vilo cada mañana

Antes eran los informes presidenciales los que estremecían a los mexicanos; hoy son las ruedas de prensa y las giras de López Obrador

Luis Echeverría y José López Portillo sumían al país en la zozobra cada 1 de septiembre. En esa fecha, bautizada como «El día del presidente», el ejecutivo federal informaba a los mexicanos sobre el estado de la administración pública. Las sesiones del Congreso —desaparecidas ya para ese propósito— eran maratónicas. Desde «la más alta tribuna de la nación», Echeverría se envolvía en la bandera, retaba a los empresarios y abanderaba al tercer mundo. Sus delirios provocaron las primeras crisis.

El 1 de septiembre de 1982, López Portillo lloró por «haberle fallado a los pobres» y para «compensarlos» nacionalizó la banca. «¡Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!», sentenció en su último informe. Salinas de Gortari reprivatizó las instituciones de crédito; Ernesto Zedillo las rescató y después pasaron a manos de extranjeros. En un desplegado tipo crónica sobre el tema, Amparo Espinosa Rugarcía, hija del accionista mayoritario de Bancomer, Manuel Espinosa Yglesias, narra cómo se escribió «la historia de una de las empresas nacionales más exitosas de nuestro país».

«Una historia que —dice—, de no haber ocurrido la expropiación bancaria del 82, bien podría haberse escrito al revés, y quizá hoy estaríamos viendo a Bancomer comprar BBVA y desaparecer sus siglas». Y es que este año —explica— los inversionistas españoles adquirentes de la institución dirigida por Espinosa Yglesias hasta el momento de la nacionalización suprimieron de sus iniciales el nombre de Bancomer. «La joya de la corona, el banco mexicano que le reporta más utilidades que su matriz —mismas que en buena medida repatria— ostenta desde ahora, solo las siglas del banco español» ((Reforma, 21-06-19).

Si los actos de un ciudadano común tienen consecuencias, el efecto de las decisiones tomadas por el hombre más poderoso del país —el presidente— es mayor, pues perduran y afectan a varias generaciones, máxime si son arbitrarias. Los informes presidenciales ante el Congreso dejaron de rendirse en 2008 —segundo año del gobierno de Felipe Calderón—, pero ya desde antes el 1 de septiembre había dejado de ser «día de tormenta».

Sin embargo, con López Obrador la incertidumbre se apodera del país todos los días, en cada conferencia mañanera y en cada gira por los estados. El presidente despotrica lo mismo contra medios de comunicación y periodistas críticos, que contra empresarios, sociedad civil y organismos autónomos. Igual ahorca financieramente a instituciones de salud, ciencia y cultura, que abre la billetera para obras inviables como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y los subsidios de la Cuarta Transformación. Con la misma facilidad con la que cancela rondas petroleras y desacredita a las calificadoras, o fija crecimientos del PIB inalcanzables. Y, para más inri, perdona a los corruptos cuyos capitales ofreció devolver a las arcas nacionales.

Querer resolverlo todo a base de consultas amañadas, en algunas de las cuales solo participa una persona: él, refleja desconfianza, incapacidad y miedo. El mensaje es: las equivocaciones son del pueblo y los aciertos míos. El presidente gobierna con la vista puesta en el retrovisor en una autopista sin límites de velocidad. El primer choque ha sido con el muro de la realidad. Las bases para una nueva crisis, que nadie desea, están sentadas. AMLO podría salvarla si corrige; si no, pasará a la historia junto con Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari y Peña Nieto. E4

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