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Edición 617

Medios

Barbarie vs. la prensa libre: CPJ

El presidente López Obrador recibe fuertes críticas en la Cumbre de Libertad de Expresión; periodistas lo acusan de abonar al clima de violencia contra el gremio

Gerardo Moyano

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó pasar una buena oportunidad de refrendar el respeto a la libertad de prensa que presume su gobierno.

Para los asistentes a la Cumbre de Libertad de Expresión, realizada el pasado 18 de junio en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, la ausencia del mandatario en el evento confirmó que el ejercicio de apertura que deberían representar sus conferencias mañaneras no son más que una simulación.

«Me decepciona que el presidente haya permitido que sus diferencias con los medios se hayan convertido en algo tan personal. Me decepciona que pese a nuestras insistentes invitaciones, el presidente no nos acompaña hoy para responder preguntas sobre la libertad de los medios, la protección y seguridad de los periodistas en todo el país y el futuro de la democracia mexicana», lamentó Joel Simon, director del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Simon recordó que la fecha de la cumbre, organizada por el CPJ y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, con apoyo de la embajada de Reino Unido en México, fue modificada para que AMLO pudiera asistir. Sin embargo, parece que al presidente no le agrada exponerse al debate con la prensa fuera del show mediático que ofrece cada mañana en Palacio Nacional.

En ese sentido, Daniel Moreno, director del portal informativo Animal Político, acusó que «desde el poder, con el pretexto del derecho de réplica y desde una tribuna privilegiada como son las mañaneras (...) se ha querido inhibir la crítica, el disenso y el periodismo libre».

Moreno, quien figuró en la lista filtrada por Presidencia, de los 36 periodistas «maiceados» con contratos de publicidad oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto (Espacio 4, 615), fue de los críticos más duros de AMLO. Incluso lo acusó de haberse aliado con los medios a los que antes culpó de orquestar campaña de descrédito en su contra.

«¿Cuántas veces habían celebrado el 1 de julio el triunfo electoral del candidato ganador en su casa los directivos de los tres principales medios de comunicación? Sorpresa: en este gobierno. En la casa del ahora presidente estuvieron el CEO de Televisa, el dueño de Televisión Azteca y el dueño de Grupo Imagen, los tres principales medios beneficiarios de la publicidad oficial. Y en parte, los receptores de las críticas de la ciudadanía por el periodismo que hacemos», señaló Moreno ante Jesús Cantú, jefe de Comunicación Social del gobierno federal, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Todo igual… o peor

En sintonía con Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, Alejandro Encinas reconoció que el país atraviesa una «crisis humanitaria con respecto a violación derechos humanos, con cifras incluso de situación de guerra».

Sin embargo, el gobierno federal ha recortado el presupuesto para Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los asesinatos de comunicadores no cesan. El más reciente fue el de Norma Sarabia, reportera del Diario Tabasco, quien fue ejecutada a balazos el pasado 12 de junio frente a su domicilio, en el municipio de Huimanguillo. Con ese suman nueve asesinatos de periodistas en lo que va del actual sexenio (siete, en 2019).

El CPJ, con sede en Nueva York, contabiliza más de 100 periodistas asesinados en México desde 1992 y señala que al menos 50 de esos crímenes se relaciona directamente con la labor profesional de las víctimas.

«Este nivel de barbarie ha convertido a México en el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo y el de mayor violencia mortal contra la prensa en el mundo en lo que va de este año», advirtió Simon.

En las mesas de debate de la Cumbre se señaló que la impunidad en los crímenes contra comunicadores, la cual ronda entre el 97% y 99% según diferentes organismos, es un factor que alienta las agresiones.

Al respecto, Patricia Espinosa, hermana del fotorreportero Rubén Espinosa, asesinado en Ciudad de México en 2015, señaló que son las propias autoridades las que obstaculizan las investigaciones. «Pareciera que los familiares seamos los culpables (...) y pensamos que con el cambio de gobierno tendríamos apoyo. Sí nos llamaron a reuniones, pero el caso estuvo rodeado por total impunidad con el anterior gobierno y lo está ahora con el actual», dijo.

La directora general del semanario Zeta, de Tijuana, Adela Navarro Bello, fue más allá y acusó a AMLO de fomentar el clima de violencia contra la prensa.

«A la prensa la califica de “sensacionalista”, “amarillista”, “fifí”; y eso abona al clima hostil en el que nos hemos desarrollado los periodistas en México en los últimos años», agregó Navarro, y recordó que el próximo 22 de junio se cumplen 15 años del asesinato del editor de Zeta, Francisco Ortiz Franco; los homicidas aún gozan de impunidad.

Gobierno espía 2

En la Cumbre de Libertad de Expresión, la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D) exigió al gobierno de AMLO rendir un informe sobre los avances en las investigaciones por el uso del software de espionaje Pegasus, que empleó el gobierno de Enrique Peña Nieto para investigar a periodistas y defensores de derechos humanos.

Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017, acusó, en la mesa sobre el tema, que 10 días después de la ejecución de su marido recibió mensajes para instalar el software en su teléfono.

«Ocurrió poco después de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto se pronuncó sobre el asesinato de Javier, asegurando que se esclarecería. (…) Creyeron, equivocadamente, que yo tenía información sobre los motivos por los cuales despojaron a Javier del derecho más importante que tenemos las personas, el derecho a la vida», indicó.

El 5 de junio, una investigación realizada por Reporte Índigo y R3D, reveló que en mayo de 2018, días después del arranque de las campañas electorales, la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), adquirió un software de vigilancia que le permite rastrear la localización de teléfonos celulares. El «Servicio de Localización Geográfica en Tiempo Real, para Equipos de Comunicación Móvil Asociados a una Línea Telefónica», por el cual se pagaron 4.5 millones de pesos a la empresa Neolinx de México, tiene una capacidad para 255 mil 500 búsquedas.

De acuerdo con Reporte Índigo y R3D, se trata del software Geomatrix, elaborado por la firma israelí Rayzone Group, que Neolink también vendió a la Fiscalía General de Quintana Roo en 2017, durante la gestión del gobernador con licencia Alejandro Moreno, candidato a la presidencia del PRI.

«Neolinx estuvo ligada a los procesos de venta y/o adquisición del Remote Control System (RCS) a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (2013), así como los gobiernos de Guerrero (2014) y de Sonora (2015). Neolinx también estuvo involucrada, entre 2014 y 2015, en los procesos de venta de dicho equipo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal y la Procuraduría General de la República», indica la investigación.

«El volumen de búsquedas adquiridas, 255 mil 500, no coincide con las estadísticas sobre solicitudes de geolocalización reportadas por la PGR a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La PGR reportó a la PNT solo 207 solicitudes de localización geográfica en tiempo real en todo el año 2018. La cifra tampoco corresponde con las estadísticas reportadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en su Informe Anual de Labores 2018, respecto del número de solicitudes de autorización judicial para llevar a cabo medidas de vigilancia», advierte.

«Estas revelaciones demuestran, una vez más, que la adquisición y uso de herramientas en México sigue fuera de control y en un estado general de impunidad», concluye. E4

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