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Edición 615

Reportaje

Moreirazo: justicia en EE.UU.;en Coahuila, temor y esperanza

El «Mono» Muñoz negocia sentencia y libertad condicional a cambio de convertirse en informante de «alto valor» para el gobierno de Estados Unidos. Sus declaraciones serán clave para llevar a juicio a los responsables de saquear las arcas públicas y provocar en el estado una espiral de violencia durante el gobierno de los hermanos Moreira

Gerardo Moyano

En Estados Unidos, la libertad tiene precio. Lo saben bien los delincuentes mexicanos cuya suerte e impunidad acaban cuando son detenidos en el país vecino.

Con la ayuda de capos del narcotráfico convertidos en informantes, como Jesús Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, o Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, la justicia estadounidense ha logrado extender su brazo para llevar al banquillo a los criminales mexicanos más buscados, incluido el mismísimo Joaquín «Chapo» Guzmán.

Por eso, no es de sorprender que hayan seguido el mismo camino empresarios y exfuncionarios coahuilenses relacionados con el exgobernador Humberto Moreira Valdés (HMV). El extesorero del estado Javier Villarreal Hernández y el empresario mediático Rolando González Treviño se declararon culpables de lavado de dinero y aceptaron colaborar con la justicia estadounidense para lograr el beneficio de la libertad condicional.

En ambos casos, los detenidos señalaron a Humberto Moreira como cabeza de un esquema para lavar dinero «proveniente de las arcas de Coahuila». Entrevistado por fiscales españoles, Villarreal —que además de manejar las finanzas del estado, administraba los gastos personales de HMV— habría confirmado que Humberto Moreira se reunió en al menos una ocasión con el contador de Los Zetas, Juan Manuel «el Mono» Muñoz Luévano, extraditado de España a Estados Unidos, en marzo pasado.

Si bien Moreira lo ha negado en reiteradas ocasiones, ahora será el mismo Luévano Muñoz quien confirme lo anterior. El 20 de mayo, el Mono se declaró culpable por el delito de conspiración para el lavado de dinero ante una corte de Texas y formalizó un acuerdo para convertirse en un informante protegido «de alto valor» para el gobierno estadounidense (San Antonio Express-News 21-05-19). A cambio, habría obtenido el beneficio de la libertad condicional, según revelaron a Milenio «fuentes cercanas al caso» (29-05-19).

La versión de que el «Mono» ofreció una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila que recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, corrió como pólvora en la prensa mexicana y en las redes sociales.

«Son mentiras», respondió uno de los abogados de Muñoz al San Antonio Express-News. Sin embargo, el periódico texano destacó que desde hace varios años las autoridades de justicia de EE.UU. están investigando a «algunos políticos y funcionarios mexicanos, incluyendo a un exgobernador de Coahuila, por lavado de dinero».

A la misma conclusión había llegado la justicia de España, donde Humberto Moreira estuvo detenido como parte de una investigación por blanqueo de capitales (enero de 2016), pero fue liberado después de justificar sus ingresos con empresas de publicidad indagadas en el marco de una causa que sigue abierta.

Un informe de la Policía Nacional española señala que «Juan Manuel Muñoz (…) se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos».

Lista negra

La relación de funcionarios vinculados al Mono en las investigaciones de la justicia española incluye a los exprocuradores de Coahuila, Homero Ramos (actual magistrado) y Jesús Torres Charles; al exfiscal de Nuevo León, Adrián de la Garza (alcalde de Monterrey); y a Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en el sexenio de Rubén Moreira.

En una indagatoria de la PGR relacionada con Muñoz Luévano por delitos contra la salud y delincuencia organizada, también aparece el nombre del exsecretario de Gobierno, Armando Luna Canales, quien habría recibido sobornos de Los Zetas como pago por seguridad. Luna colaboró con Humberto y Rubén.

En noviembre de 2016, agentes federales y elementos de la Marina catearon el domicilio de Roberto Casimiro González (RCG), hermano de Rolando González, en el marco de una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El 26 de mayo, se añadió otro nombre a la nómina: el de Ricardo Aguirre, exalcalde de Ramos Arizpe y actual titular de la Comisión Estatal de Vivienda, luego de que su domicilio fue cateado por la SEIDO en horas de la madrugada.

Coincidencia o no, su nombre aparece en una lista de funcionarios difundida en Facebook por el usuario «Pedro Malo», el 24 de mayo: «Última hora, el gobierno de EUA mandó solicitudes de aprehensión contra varias personalidades de la política y de la vida social de Coahuila». El listado incluye, además de los ya mencionados, a David Aguillón, María Esther Monsiváis, Alejandro Froto García, Vicente Chaires, Víctor Zamora, Jericó Abramo y Luis Gerardo García.

En una nota de portada de Zócalo (27-05-19), el columnista Luis Carlos Plata destaca que en su declaracio?n patrimonial presentada en 2014, al finalizar el primer an?o de su mandato como alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre dijo poseer una casa en el extranjero, cuentas bancarias e inversiones fuera de Me?xico, adema?s de inmuebles adquiridos a trave?s de una persona moral (Sinembargo, en 2019).

«Al reingresar el 15 de enero a la administracio?n estatal, casa e inversiones en el extranjero, adema?s de inmuebles adquiridos a trave?s de una persona moral, desaparecieron de su declaracio?n patrimonial actualizada, pese a que Grupo Zo?calo ha detectado actividades durante el primer trimestre del an?o y servicios domiciliados a su nombre, en Pharr, Texas», señala.

Por su parte, Jorge Torres López, el exgobernador interino de Coahuila (2011), estaría a un paso de ser extraditado en el marco de la misma causa por lavado de dinero que se le sigue a Javier Villarreal, luego de que un juez de la Ciudad de México diera por sobreseído el juicio de amparo con el que pretendía evitar su traslado a Estados Unidos. Torres López está detenido desde el 6 de febrero. ¿Quién sigue?

Operación Coahuila

Al menos tres testigos inculpan a Humberto Moreira en el esquema de lavado de dinero robado al erario. Además de Villarreal y González Treviño, el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones, declaró haber pagado sobornos al gobierno de Humberto Moreira para recibir contratos de obras públicas.

En enero de 2017, Cervantes se declaró culpable de lavado de dinero y señaló a varios gobernadores mexicanos como sus cómplices, entre ellos a los coahuilenses Humberto Moreira (2005-2011) y Jorge Torres (2011). En una de sus declaraciones a la Corte Federal de Corpus Christi, Texas, Cervantes dijo que le entregó 6.8 millones de dólares en sobornos a Torres, a quien ayudó a lavar el dinero en el sistema bancario de Estados Unidos.

Villarreal confirmó que el dinero que recibía Humberto Moreira por sobornos se lavaba a través de empresas en México y Estados Unidos y que finalmente volvía a las cuentas del entonces gobernador.

Incluso dijo que «Humberto Moreira participa con empresas suyas» en licitaciones de obras públicas, comunicaciones y publicidad. Entre ellas, Unipolares y Publicidad del Norte, la cual recibió «desde el 2006 pagos del gobierno de Coahuila con sobrefacturación».

Villarreal también señala que otras empresas de Moreira, Construcciones Chavana y Diamante, que estuvieron a nombre de María Elena Chavana Martínez y Marco Martínez, recibieron pagos por 600 millones de pesos. Y sostuvo que durante su gobierno Moreira pagó unos 25-30 millones de pesos al mes a RCG. «Al final el dinero iba a empresas del propio Humberto Moreira», dijo.

Además, se habrían desviado unos tres mil millones de pesos, «tanto para él (Moreira) como para el partido», dinero que se usaba para rentas de casas, despensas y «regalos para el día de la elección». Villarreal confesó que él era el encargado de «dar el dinero para que se pagara a los votantes, pudiéndose haber entregado para Coahuila 800 millones de pesos el día de la votación».

La razón por la que hasta ahora Humberto Moreira ha logrado evadir a la justicia, según Villarreal, es porque el exmandatario no ponía nada a su nombre, sino al de familiares, en particular al de su esposa Vanessa Guerrero, quien manejaría cuentas por 6.1 millones de dólares en bancos de Mónaco, según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El eslabón del narco

Pero el dinero lavado en Estados Unidos no solo habría sido sustraído de las arcas del estado, sino de pagos realizados por el narcotráfico, a cambio de protección.

En julio de 2016, el periódico San Antonio Express-News reveló que Adolfo Efrén Tavira, integrante de Los Zetas, declaró a la corte de Texas que en 2012 miembros de esa organización criminal le entregaron a Rubén Moreira una camioneta —una Chevrolet Suburban— llena de dinero, como «contribución a la campaña» electoral de ese año.

En su testimonio, Tavira describió además cómo el capo Marciano Millán reunió a un grupo de 40 hombres, mujeres y niños en una finca de Piedras Negras, donde los obligaron a hincarse y luego les dieron un tiro de gracia.

La declaración fue confirmada por Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador financiero de los Zetas, quien también señaló a Humberto Moreira de haber recibido sobornos de al menos dos millones de dólares.

Uribe, hijo de un exalcalde de Piedras Negras, explicó que estuvo a cargo del pago de sobornos a políticos estatales y describió la estructura operativa que le permitió a Los Zetas controlar Coahuila: «focas», «halcones», «sicarios», «jefes de plaza».

Las focas vigilaban las calles, los halcones denunciaban los movimientos de la policía, los sicarios se encargaban de los secuestros y las extorsiones y los jefes de plaza negociaban los acuerdos políticos, en especial el control policiaco. Cuando los mandos oficiales no aceptaban trabajar con ellos, eran «eliminados», explicó.

En este sentido, en julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y otras organizaciones mexicanas interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila durante las administraciones de los hermanos Moreira.

En el documento entregado ante la CPI, las organizaciones piden abrir un expediente preliminar sobre México para que se investigue la colusión del gobierno con Los Zetas entre los años 2009 y 2016, la cual derivó en torturas y desapariciones.

Los detalles de lo ocurrido en esos años se pueden encontrar en los estudios «Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», elaborado por la FIDH; «Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río», realizado por la Universidad de Texas; y El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, del El Colegio de México (Colmex). E4


Los (malos) ejemplos del «nuevo» PRI

De los 19 mandatarios estatales que posaron en 2012 junto al flamante presidente Enrique Peña Nieto, quien los calificó como «ejemplos del nuevo PRI», al menos doce enfrentan cargos penales, son investigados o están bajo sospechas de actos de corrupción.

El último de ellos, es el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (2011-2017), a quien el gobierno estadounidense lo identifica como líder de un esquema de lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Sandoval habría recibido sobornos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los hermanos Beltrán Leyva y de Raúl Flores Hernández, «el Tío», identificado en 2017 como jefe de otro esquema de lavado ligado al cantante Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos también acusó al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, quien por años estuvo adscrito a un tribunal unitario de circuito en Guadalajara, de recibir sobornos del CJNG y Los Cuinis «a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales».

Se trata de la primera vez que un miembro del Poder Judicial de la Federación es incluido en la lista negra del OFAC, la cual ordena bloquear todos los activos de los señalados en Estados Unidos.

En respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió al magistrado por tiempo indefinido. Morena acusó a Avelar de comprar inmuebles por 18.7 millones de pesos, entre 2010 y 2016.

La red de Sandoval involucra a su esposa Ana Lilia López Torres y a sus hijos Alejandra y Pablo Roberto Sandoval López, quienes controlan distribuidoras de carne, ropa y accesorios huicholes, una empresa de bienes raíces y la fundación «Valor y Principio de Dar», a la que se liga al boxeador Saúl «Canelo» Álvarez.

El 17 de mayo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que se preparan las denuncias contra el exgobernador y contra el magistrado Alvelar Gutiérrez, a quienes se les congelaron sus cuentas.

La UIF anunció que ha bloqueado de forma preliminar 42 cuentas bancarias de personas e instituciones que en conjunto suman unos 70 millones de pesos.

Si bien Roberto Sandoval negó las acusaciones, el PRI se deslindó de él.

«Nunca recibí dinero del narcotráfico (…) No tenemos más de 300 mil pesos entre todos (los miembros de mi familia), y voy a esperar unos 15 días, si tengo para vivir 15 días o un mes, y voy a buscar a mi abogado para ver qué sigue», dijo en Twitter.

«La ley está por encima de cualquier persona. Cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias», indicó el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en un comunicado.

En enero pasado, el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, se declaró culpable de haber conspirado para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2013 hasta 2017, cuando fue detenido en Estados Unidos. Al respecto, Sandoval asegura que no le preocupa, debido a que nunca tuvo una relación de corrupción con él.

Por otra parte, la UIF detalló que investiga si existen nexos entre Sandoval y el exgobernador de Chihuahua César Duarte (2010-2016), prófugo de la justicia, a través de negocios ganaderos. Sandoval habría aportado recursos a una asociación ganadera de Duarte, que recibía fondos públicos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

«Hay un intercambio de adquisición de ganado y de venta entre César Duarte y Roberto Sandoval, financiado evidentemente con recursos de naturaleza pública entre los dos exgobernadores (…) De ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, a la generación de una unión de crédito y otros elementos de naturaleza federal», dijo Santiago Nieto. E4

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