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Edición 613

Justicia

En el reino de la injusticia, la desinformación es la ley

Impunidad Cero y Tojil presentan en Torreón una herramienta de empoderamiento jurídico, la cual ayuda a detectar y evitar malas prácticas en las fiscalías. La sensación de pérdida de tiempo y dinero, así como el miedo y la aceptación de que “nada va a cambiar” desincentivan las denuncias, advierten

Renata Chapa
Twitter: @RenataChapa
Email: centrosimago@yahoo.com.mx

¿Alguien más tiene comentarios?, pregunta el conductor.

Lupita: Sí, buenos días. Pertenezco al Grupo Vida («Víctimas por sus Derechos en Acción», colectivo de familias de desaparecidos). Vengo de Tlahualilo, Durango. Sabemos de las contrariedades del Ministerio Público en el tema de las denuncias por desaparición forzada. Nosotros y ellos tenemos que abrir las carpetas de investigación; dar información sobre las labores de búsqueda; armar las entrevistas con los familiares para que aporten datos; y valorar si las víctimas se encuentran en situación de riesgo. Un trabajo muy importante de nuestro grupo es solicitar tanto a las autoridades como a los particulares que no destruyan ni modifiquen las evidencias.

Yo tengo a treinta familias a mi cargo y sus expedientes están en una bodega de la Fiscalía de Durango. Ahorita que el Grupo Vida estamos trabajando ahí, lo que nos dicen es que no podemos sacar ningún expediente por motivos de salud. Porque en la bodega donde están hay ratas. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta: ¿dónde quedaron, de verdad, los datos, las evidencias, para que nosotros podamos seguir con las búsquedas de nuestros familiares? ¿Dónde quedaron? Y nos dicen: «No, miren. Pasen. Van a volver a denunciar». Y comenzamos otra vez el proceso con una foja nueva.

Se los juro que trago saliva cada vez que voy. Porque en las carpetas ya no hay avances. Antes estaban gordas, y ahorita están así, delgaditas, delgaditas. Mi segunda pregunta es para ustedes: ¿puede suceder que las ratas coman hojas? Y si no, ¿qué instancia o qué poder ejecutivo o qué autoridad nos puede ayudar con este problema?

Moisés: Aquí, evidentemente, hay una irregularidad en la investigación. Tiene que ver el tema de la cadena de custodia. En caso de que los indicios —las pruebas— se encuentren en el estado que usted menciona, y si ustedes tuvieran una asesoría legal, su abogado es el quien tendría que iniciar una queja sobre el estado en el que están los indicios porque al momento de llevarlo a juicio, muy probablemente se puedan perder.

Lupita: Nosotros hablamos con la Fiscalía de Durango y nos dicen que, efectivamente, la bodega con las carpetas está infestada de ratas. A mí sí me gustaría ir a abrir esa bodega y sacar lo que se pueda sacar. Lo que se pueda recuperar de alguna familia y saber cómo iban las investigaciones de nuestra gente. Si las demás hojas y carpetas están comidas por las ratas, bueno, pues… a lo mejor inventamos algo que pueda desinfectar las demás y avanzar de alguna manera.

Irene: No puede ser que tantas investigaciones dependan del papel y de un expediente cuando ya deberíamos de tener las herramientas informáticas para que las investigaciones se realicen con el debido soporte tecnológico. De esta forma, si las carpetas con las pruebas están embodegadas o, como es su caso, a «merced de la hambruna de algún roedor», con una base de datos sería posible que distintos operadores podrían acceder a la información. Si después de haber denunciado en el Ministerio Público va cambiando quien llevar la investigación y se vuelve a empezar de cero, el problema resulta interminable.

Además, probablemente, si no dejamos «hablar a las carpetas entre sí», podríamos omitir que existen otros complejos fenómenos interdelictivos conectados detrás. No tiene caso que estemos viendo las desapariciones como fenómenos aislados.

Después de Lupita, otras voces tomaron el micrófono. Más preguntas, más dolor, más injusticias. En el ambiente, la impunidad y la desinformación compartían protagonismo. Así fue la presentación de la Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos en el ITESM Campus Laguna, coordinada por Adriana Greaves, Estefanía Medina e Irene Tello; respaldada por las investigaciones de Moisés Beristain, Bianca Bolaños, Adriana Greaves, Úrsula Amaranta Martínez y Estefanía Medina; y auspiciada por las organizaciones Impunidad Cero (www.impunidadcero.org) y TOJIL (tojil.org).

¿De dónde surgió la intención de presentar esta Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos en La Laguna? En términos institucionales, tres fuerzas afortunadas fueron las responsables: la de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey; la del grupo estudiantil El Poder de Uno del Tec de Monterrey Campus Laguna; y la de la catedrática e investigadora, Ana Olga Rodríguez Betancourt.

Las dos voces que presentaron la Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos son bastiones de Impunidad Cero.

La primera en intervenir fue Irene Tello Arista, directora ejecutiva de esta organización de la sociedad civil que se dedica a medir, analizar y visibilizar la impunidad en México para poder combatirla. Es articulista en El Universal y en la revista Este País. Es maestra en Relaciones Internacionales por la New York University, licenciada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y exbecaria Fulbright-García Robles. Fue asistente de investigación del licenciado Federico Reyes Heroles, el creador de Impunidad Cero.

El segundo turno fue para Moisés Beristain Cabeza de Vaca, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en derecho penal y maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados. Exfiscal ejecutivo asistente en la Procuraduría General de la República (PGR), exapoderado legal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), exsubdirector de Área en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Actualmente, el maestro Beristain es el coordinador logístico dentro del Organismo Internacional Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), así como el coordinador de proyectos de Impunidad Cero.

Fueron 15 los puntos críticos de impunidad en los ministerios públicos citados de la Guía:

1. El inicio de una investigación no requiere ratificación

2. Solicitud de gratificaciones («mordidas») para proporcionar copias, actuaciones o informes

3. Libertad de la persona a la que se le acusa de cometer delito

4. Terminación de investigaciones

5. Archivo temporal

6. Notificación a víctima u ofendido de una determinación

7. Omisión de investigación

8. Detención arbitraria

9. Medidas cautelares

10. Asesoría de víctimas

11. Defensa adecuada

12. Acuerdos reparatorios

13. Suspensión condicional del proceso

14. Procedimiento abreviado

15. Dilación o retraso en el procedimiento

Los representantes de Impunidad Cero abordaron —con ejemplos cotidianos y penosos— el nivel de desinformación tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos. Destacaron que la pérdida de dinero y de tiempo, el miedo, así como la creencia de que «nada va a cambiar» en materia de impartición de justicia en México son los factores principales por los que muy pocos interponen denuncias.

Contaron la manera en que Federico Reyes Heroles creó este organismo y lo que ha sido necesario sortear para obtener la información referencial de los Ministerios Públicos indagados.

Los maestros Tello y Beristain concluyeron con una invitación al público a dar continuidad a la formación ciudadana construida esa mañana gracias a la presentación de una plaqueta que, en palabras de la titular de Impunidad Cero, no es un manual de altanería para la víctima de frente al MP.

La Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos es una herramienta informativa para el empoderamiento jurídico, respetuoso y en equidad, tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos. E4



¿Qué podemos hacer los usuarios?

Para brindar información clara que contribuya a evitar actos de corrupción y de violación de los derechos de los usuarios, Impunidad Cero en conjunto con «TOJIL, estrategia contra la impunidad» presentaron el artículo «Impunidad y corrupción en las procuradurías y fiscalías, ¿qué podemos hacer los usuarios?» (marzo 2019).

«Tener una sociedad informada de sus derechos en materia de justicia penal es crucial para combatir la impunidad y lograr que el proceso penal cumpla con sus funciones de impartición de justicia. Sin embargo, la complejidad del lenguaje jurídico y las malas prácticas de los operadores del sistema, que se presentan desde la denuncia y durante la investigación, contribuyen a que denunciar un delito sea un proceso tortuoso y en ocasiones se cometan actos de corrupción y abusos de las autoridades», señala el artículo elaborado por Adriana Greaves y Estefania Medina.

Las investigadoras advierten que la transición al sistema penal acusatorio se ha visto obstaculizada por una serie de deficiencias en la actuación de sus principales operadores, «es decir, los ministerios públicos y policías, toda vez que su implementación y consolidación ha adolecido de esquemas de monitoreo y supervisión en su operación tanto a nivel estratégico como directivo, así como en lo particular en la operación cotidiana de las funciones de investigación y persecución de los delitos».

Estas deficiencias, señalan, se han visto acentuadas por la falta de mecanismos eficaces y eficientes de denuncia y procesamiento de las irregularidades y actos de corrupción cometidos por los operadores del sistema. «Lo anterior, debido a que ni el establecimiento del sistema penal acusatorio ni el SNA (Sistema Nacional Anticorrupción), han creado esquemas efectivos para la prevención, detección, persecución y sanción de las irregularidades y delitos, especialmente los relacionados con actos de corrupción», indican.

En este contexto, señalan, una de las medidas que puede resultar efectiva para garantizar el debido cumplimiento de la ley y la exigencia del respeto de los derechos de los usuarios del proceso penal es precisamente el empoderamiento de todos los usuarios, iniciando por el conocimiento de sus derechos, así como de las vías y mecanismos para ejercerlos y las rutas para inconformarse de manera efectiva ante las arbitrariedades, atropellos u omisiones de los operadores; más que como un acto de venganza, como un acto de corresponsabilidad y contribución en la mejora colectiva para la aplicación del sistema de justicia penal.

«Si nos preguntamos qué se puede hacer ante la crisis de impunidad y corrupción del sistema de justicia penal, la respuesta es que mucho», concluyen.

El artículo viene acompañado de la Guía contra la corrupción en Ministerios Públicos, la cual expone de una manera clara cómo debe funcionar el proceso penal y reúne las quince conductas más recurrentes por parte de los funcionarios de las fiscalías y procuradurías que lo entorpecen y transgreden los derechos tanto de la víctima u ofendido como del imputado, generando corrupción e impunidad.

Éste y otro material relevante puede ser descargado de la página oficial de Impunidad Cero: www.impunidadcero.org. E4

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