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Edición 613

Medios

Entre las balas y el autoritarismo

Si bien México subió tres posiciones en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019, todavía es uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas

Gerardo Moyano

Después de varios años de descensos, México subió tres peldaños en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esto, señala la ONG, se debe a que «la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia (…), tras una campaña electoral marcada por innumerables agresiones a periodistas en todo el país, calmó temporalmente la tensión entre el gobierno y la prensa mexicana».

Sin embargo, la ONG califica al país como «patria de los cárteles de la droga» y advierte que «México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación».

Y es que pese al «ligero progreso» (de la posición 147, en 2018; a la 144, en 2019, de un total de 180 países evaluados), «la colusión de políticos y funcionarios corruptos con miembros del crimen organizado, sobre todo a escala local, amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia a todos los niveles», señala el informe.

RSF alerta además que los periodistas que cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades, sobre todo los gobiernos locales, o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones y pueden ser asesinados a sangre fría. «Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. La impunidad, que se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, alcanza niveles récord y alimenta el círculo vicioso de la violencia», indica.

No solo eso. Luego de que el presidente López Obrador les dijera a periodistas que «si se pasan, pues ya saben lo que sucede», la ONG replicó en Twitter: «En uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo como México, cualquier expresión que descalifique la labor de los periodistas puede agudizar las agresiones y la censura».

AMLO dijo lo anterior en su conferencia de prensa matutina del 15 de abril, cuando fue cuestionado sobre la polémica que sostuvo días antes con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, sobre las cifras de asesinatos en lo que va de su mandato.

Al repudio a la «amenaza» del presidente se sumaron varias organizaciones, entre ellas, Artículo 19, que consideró que «el mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas”.

En este sentido, un análisis de Bloomberg (12-04-19), señala que «la sección de comentarios en las transmisiones en YouTube de las conferencias de prensa presidenciales es una catarata de insultos dirigidos a los periodistas que toman el micrófono. Se les acusa de recibir sobornos, ser irrespetuosos o cosas peores. Los comentarios contra reporteras tienden a mostrar un sesgo de género. Se les llama “putas” o “perras” o se burlan de ellas por no usar maquillaje y en ocasiones se les denigra con referencias a actos sexuales».

Por otra parte, el enfrentamiento entre AMLO y Reforma, periódico al que llama prensa «fifí» y al cual le pidió revelar la fuente que le filtró el borrador de la carta que el presidente envió al rey de España, también generó fuertes críticas de medios.

En un artículo titulado «Las críticas de AMLO provocan amenazas de muerte contra un periódico», el diario británico The Guardian consideró que la relación con Reforma ha resultado «especialmente irritable», a tal punto de que «los observadores ven similitudes con los tuits de Donald Trump que señalan al “fallido The New York Times”».

Autoritarismo y desinformación

RSF observó un «preocupante deterioro» de la situación de la libertad de prensa en América Latina durante el año pasado, debido al retroceso en las condiciones de trabajo de la prensa en la mayoría de los países de la región.

De los países latinoamericanos, solo Costa Rica (puesto 10) se encuentra entre aquellos con «buena situación de libertad de prensa». Le siguen Uruguay (19), que avanzó una posición para ubicarse en la «categoría satisfactoria», y Chile (46), que no obstante registró un descenso de ocho puestos respecto al índice anterior, debido a los casos de procesos judiciales «abusivos» contra periodistas que trataron temas delicados, como las reivindicaciones de las comunidades mapuches y la corrupción de los políticos.

En la «situación problemática» de Chile, también se encuentran Argentina (57), Haití (62), Panamá (79), El Salvador (81), Perú (85), Ecuador (97), Paraguay (99) y Brasil (105).

Nicaragua es el país que tuvo el mayor deterioro del continente, al caer 24 puestos para situarse en la posición 114, lo que lo ubica en «situación de dificultad», junto a Bolivia (113), Guatemala (116), Colombia (129), México (144), Honduras (146) y Venezuela (148).

En 2018, la ONG registró un número récord de detenciones arbitrarias y de actos violentos perpetrados por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia venezolanos, así como expulsión de su territorio de periodistas extranjeros. También condenó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) privara de frecuencia de difusión a emisoras de radio y canales de televisión que considera críticos con el gobierno.

Cuba (169) se mantiene en el último lugar de la región, en la categoría de «mucha dificultad», que es la última de las cinco contempladas por RSF en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Las mejores condiciones para la prensa se encuentran en Noruega (1), Suecia (2) y Finlandia (3), seguidos por Holanda (4) y Dinamarca (5). Las cinco naciones peor clasificadas fueron Turkmenistán (180), Corea del Norte (179), Eritrea (178), China (177) y Vietnam (176).

RSF resalta que la ligera mejora observada en Latinoamérica en la edición anterior de su ranking «duró poco», debido a que el ambiente en que trabajan los periodistas es cada vez más hostil.

Como ejemplo, cita las elecciones celebradas el año pasado en México, Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia, El Salvador y Cuba, en las cuales registró un aumento de las agresiones a periodistas. «Estos incidentes contribuyeron a crear un clima generalizado de desconfianza, y a veces de odio, hacia la prensa», concluye.

Los asesinatos no paran

De acuerdo con la organización de Reporteros Sin Fronteras, la violencia contra el gremio periodístico mexicano comenzó a crecer desde el gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), que junto con el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) «se caracterizaron por la impunidad y pasividad» ante estos casos. En total, en los dos sexenios pasados, las agresiones contra periodistas mexicanos sumaron 116 (102 asesinatos y 14 desapariciones).

El 12 de marzo, Christophe Deloire, secretario general de RSF, sostuvo una reunión oficial con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, en la que anunció que un día antes la ONG acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los crímenes cometidos en México contra periodistas entre 2006 y 2018.

Deloire le expresó a Encinas la gran preocupación de la organización por los numerosos asesinatos y actos de violencia contra reporteros y exhortó a las autoridades a considerar la justicia en «estado de emergencia» e implementar lo antes posible «un ambicioso plan de lucha contra la impunidad».

También lo incitó a que México respete los compromisos internacionales en lo que se refiere a la protección de periodistas, pues la delegación de RSF había previsto con anticipación una reunión confirmada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin explicación por parte de Presidencia, se canceló a última hora.

A los asesinatos de periodistas registrados en los dos sexenios anteriores, se suman seis en la administración de AMLO: Jesús Alejandro Márquez Jiménez (Nayarit), Rafael Murúa Manriquez (Baja California Sur), Santiago Barroso y Reynaldo López (Sonora), Jesús Ramos Rodríguez, (Tabasco) y Omar Camacho (Sinaloa). E4

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