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Edición 613

Fronteras

Migrantes: ¿crisis humanitaria o asunto de seguridad nacional?

La esperanza de un cambio positivo en la política migratoria empieza a menguar. La administración de AMLO aprieta las clavijas para “ordenar la migración” y suaviza su discurso contra Donald Trump

Gerardo Moyano

La estrategia migratoria del gobierno federal suena bien en el discurso, pero no tiene eco en la realidad. De ahí que la redada del 22 de abril contra de cientos de migrantes en Chiapas desatara la indignación de organizaciones defensoras de los derechos humanos y pusiera en entredicho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

«Lo que vimos el pasado 22 de abril y lo que hemos estado documentando desde el pasado 23 de marzo, nada tiene que ver con la protección de derechos humanos (…) el gobierno federal mantiene la migración bajo el enfoque de seguridad nacional, lo cual favorece la persecución y criminalización de las personas migrantes», señalaron en un comunicado cerca de 200 organizaciones, colectivos, académicos y activistas de México, Centroamérica y Estados Unidos.

Las agrupaciones cuestionaron también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; y a Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migraciones (INM), quienes habían afirmado que las 371 personas migrantes detenidas (mientras descansaban de una caminata de siete horas), se habían rehusado a su registro.

«Muchas de ellas habían iniciado sus trámites de regularización y solicitud de asilo en Tapachula y se vieron afectadas por el cierre de la oficina de regularización del INM y por el colapso de la atención en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. (…) Ante el cierre de las oficinas, la falta de claridad en los trámites y la ausencia de atención humanitaria integral, la desesperación obligó a las personas a reiniciar el tránsito por la costa de Chiapas», advirtieron.

Frente al aumento de las detenciones y deportaciones, así como el incumplimiento en la emisión de visas laborales y las multas que se están aplicando a camioneros que trasladan a migrantes ilegales, muchos centroamericanos han optado por regresar a «La Bestia», el tren de carga que utilizan para trasladarse en México.

Esto ya le ha costado la vida a un salvadoreño, quien murió de un infarto por la deshidratación, así como la pérdida de un brazo a un hondureño, quien cayó del tren en su recorrido de Palenque a Salto de Agua, Chiapas.

«Están abordando el tren otra vez, eso es un hecho. Va a regresar a ser como era antes, el gobierno no quiere que sean visibles. Si los migrantes se mueven en silencio como una fila de hormigas, los dejarán, pero no van a permitir que se muevan de manera pública o masiva. Ya no van a dejar ser a las caravanas», dijo el padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.

El cambio en la actitud del gobierno federal parece responder a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que si México no detiene la ola de migrantes, cerrará las fronteras. Trump incluso ordenó el despliegue de militares armados a la frontera, luego de denunciar que soldados mexicanos amenazaron con armas de fuego a elementos de la Guardia Nacional. El gobierno mexicano confirmó el incidente, pero argumentó que los elementos estadounidenses viajaban en un vehículo sin identificación al sur de la valla fronteriza.

En este sentido, el presidente López Obrador ha optado por suavizar el discurso con respecto a su homólogo norteamericano. «Se aproximan elecciones en Estados Unidos, entonces los partidos ponen en la agenda el tema migratorio y el tema México; eso es de considerarse, de tomarse en cuenta porque en cualquier país con elecciones en las vísperas siempre hay propaganda y confrontación política electoral y a veces se exagera, debemos entender esa circunstancia, por eso lo mejor es la prudencia y actuar de manera responsable», dijo AMLO en su conferencia del 26 de abril.

El mandatario reconoció que el fenómeno migratorio es un «asunto complejo» y destacó que su gobierno hace lo posible por «ordenar la migración».

AMLO ha recurrido al gobierno de Estados Unidos para concretar proyectos de desarrollo en Centroamérica como una forma de frenar el flujo migratorio. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que precisamene esos proyectos expulsan a la población.

«Muchos de los proyectos de desarrollo y megaproyectos que hoy se realizan en Honduras, El Salvador y Guatemala han generado despojo de tierras y bienes, ocasionando el desplazamiento forzado interno e internacional de comunidades enteras, el asesinato de personas defensoras de tierra, territorio y recursos naturales, y presionando a las personas a huir (…) Sería muy lamentable que México, con su intervención, impulsara este tipo de hechos», señalan.

Fuera de control

Si bien resulta difícil conocer con certeza el número de migrantes que ingresan a México por la frontera sur, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acepta que se trata de un flujo «inédito».

«Se estima que durante los primeros tres meses de este año han transitado por México cerca de 300 mil personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos», dijo la funcionaria en rueda de prensa el 27 de abril.

La primera gran caravana migrantes (de siete mil integrantes, según cifras de Naciones Unidas) llegó a México dos meses antes de la toma de protesta de López Obrador. En ese entonces, AMLO conminó al gobierno de Enrique Peña a tratarlos con respeto y prometió que su gobierno les daría oportunidades de trabajo.

Sin embargo, la oleada de migrantes ha desbordado las estaciones migratorias del sur del país. La situación ha ocasionado protestas como la del 6 de abril, en la oficina del INM de Tapachula, Chiapas, donde más de dos mil centroamericanos rompieron una caseta de vigilancia y tiraron las rejas para exigir el permiso de tránsito hacia Estados Unidos.

Veinte días después, cerca de mil trescientos migrantes escaparon de la misma estación, luego de que un grupo de cubanos se amotinara y amenazara con prender fuego las instalaciones. La estación de Tapachula tiene capacidad para 900 personas, pero ha llegado a albergar a más de tres mil.

ONG defensoras de derechos humanos denuncian que los «albergues» instalados por el gobierno, como la Feria Mesoamericana en Chiapas, son en realidad centros de detención desde donde se han deportado a más de 30 mil migrantes este año.

El presidente Trump reconoció el aumento de las deportaciones durante una visita a Calexico, California. «Quiero agradecer a México, y estoy totalmente dispuesto a cerrar la frontera, pero México en los últimos cuatro días ha hecho más de lo que había hecho antes. Están deteniendo a la gente por miles y llevándola de vuelta a sus países. Eso está pasando en su frontera sur, y es una gran diferencia. (...) Ellos nunca lo habían hecho antes. Cuando digo que nunca lo habían hecho, quiero decir que en 30 años nunca lo habían hecho como lo están haciendo ahora», dijo.

El recuerdo de San Fernando

Dos hechos han despertado el fantasma de San Fernando, Tamaulipas, donde en agosto de 2010 se encontraron los cadáveres de 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres), quienes fueron secuestrados y ejecutados por el cartel de Los Zetas, según declaró un testigo que logró escapar de la masacre.

El 21 de febrero, en la carretera Monterrey-Ciudad Mier, dos autobuses de pasajeros fueron detenidos por organizaciones criminales y tomaron a 25 migrantes, los cuales siguen en calidad de desaparecidos.

El 11 de marzo pasado, un grupo armado interceptó el autobús número 9596 de la empresa Transpaís —en Tamaulipas— y se llevó al menos a 22 pasajeros. El presidente López Obrador confirmó que los desaparecidos son migrantes, pero precisó que una línea de investigación apunta que no se trata de un secuestro, sino de «una manera de internarse a Estados Unidos».

«Hay hipótesis de que es una forma de introducirse al territorio estadounidense; no es que desaparezcan, cruzan así la frontera, ya van dos casos parecidos en este gobierno, por eso estamos investigando a fondo. (…) Seguiremos investigando, no queremos que se sigan repitiendo casos lamentables, horrendos como los de San Fernando», dijo el 12 de marzo.

En esta línea, las redes y colectivos que enviaron una carta a AMLO, señalan que una política basada en los derechos humanos «implicaría el despliegue inmediato y coordinado de asistencia humanitaria, sin llegar a los lamentables casos de personas, entre ellas niños y niñas, que pasaron días sin comer y beber agua, hasta que su salud se vio comprometida».

Para estas ONG, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) «sobrepone una situación de relación económica (con EE.UU.) sobre una de respeto, protección y garantía de derechos humanos».

Por su parte, el Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) denunció que los migrantes forman familias falsas para cruzar la frontera y evitar su detención en territorio estadounidense.

En su cuenta de Twitter, la agencia dijo que trabaja con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para arrestar a «individuos, redes y organizaciones que facilitan el tráfico de menores y el fraude de documentos para ingresar ilegalmente a Estados Unidos».

La CBP ha empezado a tomar huellas digitales y a detectar a través del iris a inmigrantes menores de 14 años para hallar posibles casos de explotación infantil y establecer la identidad del menor y sus padres.

De acuerdo con la agencia federal, entre el 1 de octubre de 2018 y hasta el 30 de marzo pasado, se identificaron a más de dos mil 700 personas en la frontera con México que de manera fraudulenta afirmaron ser parte de una familia.

En el caso de los niños que viajaban solos, marzo tiene el registro más alto en lo que va de año fiscal, que arrancó con cuatro mil 968 arrestos en octubre y tuvo su estadística más baja en diciembre —cuando dos niños guatemaltecos murieron en custodia de autoridades estadounidenses—, con cuatro mil 755 detenciones.

En este sentido, Donald Trump declaró que fue «un error» detener la separación de familias en la frontera, pues «el problema es que ahora hay 10 veces más personas que llegan con sus familias; ahora es como Disneylandia».

Por ello, su nueva estrategia para desincentivar el cruce de migrantes es cobrar una cuota a los solicitantes de asilo para procesar sus formularios, lo cual instruyó a través de un memorándum presidencial. E4



Caridad y misericordia, pide la Iglesia católica

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exhortó a los gobiernos de México y Estados Unidos a trabajar en conjunto con la Iglesia católica para enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa el país.

«Hacemos un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para acoger e integrar a los miles de migrantes que ya están en nuestro país, a los medios de comunicación dar cobertura objetiva y justa, ante las caravanas que siguen llegando, y a los hombres y mujeres de buena voluntad, que habitan nuestro amado país, a mirar con claridad y misericordia al hermano migrante que sufre, y a no cerrar el corazón y seguir apoyando», señala un comunicado del 28 de abril, firmado por el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, y el secretario general del organismo, Alfonso Miranda Guardiola.

La Iglesia católica también agradeció al papa Francisco por el reciente donativo de 500 mil dólares para atender a los migrantes Guatemala, Honduras y El Salvador que marchan en caravanas rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Los recursos se distribuirán entre 27 proyectos de 16 diócesis y congregaciones religiosas mexicanas que han solicitado ayuda para seguir proporcionando vivienda, alimentos y artículos de primera necesidad a los migrantes. Los 14 restantes están en fase de evaluación, pues «se requiere un uso regulado y transparente de los recursos antes de que se pueda conceder la ayuda, de la cual se debe rendir cuentas», señaló la Santa Sede.

«En los últimos meses, miles de migrantes han llegado a México, después de haber recorrido más de cuatro mil kilómetros a pie y por medios improvisados desde Honduras, El Salvador y Guatemala. Hombres y mujeres, a menudo con niños pequeños, huyen de la pobreza y la violencia, con la esperanza de un futuro mejor en Estados Unidos. Pero la frontera de Estados Unidos permanece cerrada para ellos.

«En 2018, seis caravanas de migrantes entraron a México, con un total de 75 mil personas, y se anunció la llegada de más grupos. Todas estas personas quedaron bloqueadas, sin poder entrar a los Estados Unidos, sin hogar ni medios de subsistencia. La Iglesia católica acoge a miles de ellos en los albergues de las diócesis o congregaciones religiosas, proveyendo lo necesario para vivir, desde el alojamiento hasta la ropa», indicó.

En este sentido, lamentó que «la cobertura mediática sobre esta emergencia ha ido disminuyendo y como consecuencia se ha reducido también la ayuda a los inmigrantes por parte del gobierno y de los privados». E4

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