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Edición 611

Reportaje

Muñoz: el barón del huachicol en el gobierno de los Moreira

El presunto contador de Los Zetas generó millones de pesos con la venta de combustible robado a Pemex. Catorce de las 15 empresas que utilizaba para lavar dinero tenían su sede en el estado. Cateo en residencia de Madrid aporta más información

Gerardo Moyano

¿Por qué Juan Manuel «el Mono» Muñoz eligió Coahuila para lavar el dinero de Los Zetas? Simple: porque podía comprar protección. Así lo revelan documentos hallados por la policía española en el domicilio de su hijo Luis Javier Muñoz Ayup, en Madrid.

Las evidencias señalan que la red de gasolineras que Muñoz operaba en el estado le producía el 55% de sus ganancias, de las cuales sólo introducía al sistema bancario el 21%. El resto se manejaba en efectivo y se utilizaba para pagar sobornos y solventar su tren de vida en España (lo que encendió las alarmas de las autoridades de aquel país).

Entre los documentos incautados por las autoridades españolas, revelados por Reforma el 25 de marzo, figuran conversaciones de WhatsApp que explicarían por qué Juan Manuel Muñoz pudo actuar con impunidad por tantos años.

En una de ellas, el abogado Omar Ascencio Pulido Flores le pide a Muñoz cuatro millones de pesos para neutralizar una investigación por lavado de dinero. Después solicita seis millones más para que agentes ministeriales de unidades especiales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cierren las indagatorias.

Si bien no se sabe si ese dinero llegó a los destinatarios, la Procuraduría de la República (PGR), hoy Fiscalía General de República (FGR), no ejerció acción penal en contra de Muñoz, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya había detectado un posible lavado de dinero de compañías registradas a su nombre, de familiares y prestanombres.

Entre los documentos obtenidos por la policía española durante el cateo en Madrid a la casa de Luis Muñoz Ayup, el 31 de marzo de 2017, figura la copia de una denuncia por lavado de dinero realizada por Hacienda contra el Mono, Ricardo Fuyivara Romero y Rafael Medina Rea, el Rata, dos de sus operadores y prestanombres, quienes fueron detenidos por la PGR y ahora están en libertad.

Según la UIF, de 2006 a 2013, el Mono registró en sus cuentas bancarias depósitos por 79.7 millones de pesos, y retiros por 78.3 millones, así como la venta de divisas por 254 mil pesos. Sin embargo, sus declaraciones anuales de impuestos reportan cantidades mucho menores.

«Juan Manuel Muñoz Luévano instruye a sus hijos y se vale de ellos para llevar a cabo los actos jurídicos tendientes a la constitución de sociedades mercantiles con el objeto de dar una apariencia de legalidad a los recursos que operan dichas personas morales, con el propósito de ocultar el origen de los activos utilizados para crear dichas sociedades, así como los que subsecuentemente se generan a partir del momento de su constitución, como consecuencia de la posible comisión de conductas ilícitas», señala la investigación de la UIF.

¿De dónde provenían los recursos? La mayor parte, de la venta de combustible robado que no reportaban sus gasolineras en Coahuila, en una de las cuales era socio con Gerardo Garza Melo, quien renunció a la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial de Coahuila del gobierno de Rubén Moreira, luego de que Muñoz fuera detenido en España, en marzo de 2016.

Garza figura en la larga lista de políticos, empresarios y narcotraficantes que están en la mira de Estados Unidos, donde Muñoz enfrenta una serie de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Red huachicolera

Según documentos del Registro Público de la Propiedad de Coahuila, Juan Manuel Muñoz posee 15 empresas, 14 de ellas en Coahuila (en su mayoría en Saltillo, Torreón, Arteaga) y una más en Querétaro (Animal Político 01-11-16).

Once de esas empresas fueron creadas entre 2005 y 2012 (durante el sexenio de los hermanos Humberto y Rubén Moreira). El Mono aparece como accionista mayoritario, acompañado de 27 socios directos, entre los que se encuentran sus hijos, esposa y hermanos.

Siete de esas sociedades se dedican a la venta, almacenamiento y distribución de combustibles (tres de ellas concesionadas por Pemex). Dos recibieron contratos de la delegación del Seguro Social de Coahuila por 8.6 millones de pesos.

De acuerdo con la información contable, entre marzo y octubre de 2016 el consorcio gasolinero del Mono, Grupo Matamoros, registró ingresos totales por 26.4 millones de pesos, de los cuales solo 4.6 millones fueron ingresados a una cuenta bancaria. El manejo de los 21.8 millones restantes fue en efectivo.

En diciembre de 2016, Grupo Matamoros reportó ganancias totales por 3.7 millones de pesos, de los cuales 2.7 millones, 55%, provenían de los «excedentes» ilegales.

«La organización distingue dos tipos de combustible comprado en las estaciones de servicio: el adquirido a Pemex y el adquirido a terceros, como por ejemplo a “Bebe” (Juan Cuitláhuac Martínez)», dice el reporte del cateo de la policía española.

«Los ingresos provenientes del “aforo” (combustible robado) son destinados al pago en efectivo de gastos corrientes a terceros o a miembros de la organización, incluidos la familia Muñoz Ayup, llevándose su contabilidad aparte de la contabilidad. Parte de esos beneficios son destinados al pago de la estancia de la familia de Juan Manuel Muñoz en Madrid», agrega.

En una de las libretas confiscadas en el operativo en Madrid, el hijo del Mono anota entre los proveedores de las gasolineras a Fernando Galaviz García (también conocido como Juan Carlos Gutiérrez, el Pinky, un jefe de plaza de Los Zetas en Torreón, quien fue detenido en 2013.

Entre febrero y diciembre de 2011, la gasolinera Las Teresitas compró al Bebé 15 mil litros de diésel y 104 mil 457 litros de Magna (119 mil 457 litros en total), a 657 mil pesos, 40% más barato que el precio del mercado. En ese tiempo, Pemex vendía el combustible a 8.92 pesos por litro, es decir 1 millón 65 mil 556 pesos con 44 centavos, lo que le dio una utilidad de poco más de 408 mil pesos.

En esa gasolinera eran socios Luis Javier Muñoz Ayup, hijo del Mono, y el ex secretario de Gestión Urbana, Gerardo Garza Melo, cada uno con el 50% de las acciones.

Entre 2017 y 2018, forzadas por las investigaciones en España, la PGR y la Policía Federal indagaron las gasolineras de la familia del Mono y detectaron que una parte del combustible que vendían era robado en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Santa Catarina, Nuevo León.

El producto era transportado por pipas de Grupo Baeza, que abastecían las gasolineras de Servicios Fuyivara, Comercializadora de Combustible La Cruz y Grupo Cargo Gas, las cuales operaban prestanombres del Mono en Coahuila.

Estación de Servicios Fuyivara, con sede en Saltillo, recibió contratos por 5.1 millones de pesos, aun cuando el principal accionista de Muñoz, Ricardo Fuyivara, tenía poco más de dos años preso por sus nexos con Los Zetas. Hasta el momento, tres gasolineras relacionadas con el Mono han sido cateadas en Saltillo y Arteaga.

El 16 de marzo fueron cateadas dos estaciones de servicio del grupo Murpa/ProGas, una en Torreón y otra en Gómez Palacio, Durango, donde se decomisaron combustible y efectivo.

Un día después, el director general de Murpa/ProGas, Ernesto Murra Papadópulos, publicó un comunicado dirigido al presidente Manuel López Obrador, donde acusa que el cateo se debe a que sus empresas venden gasolina más barata que sus competidores. «Hemos decidido bajar nuestros precios y mantenerlos por debajo de los grupos mezquinos y mafiosos. Sin embargo, ante esto, hemos recibido en repetidas ocasiones llamadas de estos grupos así como de franquicias extranjeras, donde nos cuestionan y nos reclaman ¿por qué bajan los precios? (…) ¿por qué no están robando? ¡Tienen que robar un 20% mínimo!», denuncia.

Publicidad, el otro negocio

Si bien el principal negocio del Mono Muñoz eran las gasolineras, tenía una red de empresas de otros rubros en las que podía reinsertar el dinero obtenido por la venta de combustible ilícito. Entre esas compañías, figuran refaccionaras y comercializadoras de productos y bienes naturales y agrícolas.

Sin embargo, en uno de los rubros que más éxito tuvo el Mono fue en el de la publicidad. Su empresa La Luz Publicidad Total fue inaugurada por Humberto Moreira cuando era alcalde de Saltillo (2005) y luego recibió sendos contratos para publicitar las obras de su administración cuando éste fue gobernador (2005-2011).

La empresa fue contratada por las alcaldías de Saltillo y Ramos Arizpe (esta última para rotular las patrullas de la Policía Municipal). En 2010, Rubén Moreira la contrató para promover su candidatura al gobierno.

Cabe destacar que cuando Humberto Moreira fue detenido en España, en enero de 2016, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, justificó sus ingresos a través de Unipolares y Publicidad del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad, investigadas a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de España.

Ante una solicitud de información del semanario Proceso, las autoridades estatales de Coahuila han negado tener vínculos con esas compañías. Sin embrago, Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, confesó ante fiscales de Texas que ambos negocios recibieron «desde el 2006 pagos del gobierno con sobrefacturación».

Cuando Javier Villarreal fue detenido en octubre de 2011 en Saltillo, acusado de falsificar documentos oficiales para contratar créditos bancarios a nombre del estado, su fianza de dos millones de pesos fue depositada por un «anónimo». En entrevista con Proceso (28-02-19), el padre de Javier Villarreal dijo que «quien se estaba moviendo para defender(lo) era Armando Luna Canales, entonces secretario de Gobierno, quien depositó el cheque». El exdiputado ha negado esa versión.

Proceso asegura que fuentes de la Corte de San Antonio reportaron que fiscales de Texas ya tienen una acusación formal en contra de Humberto Moreira, la cual darán a conocer cuando Jorge Torres López, exgobernador interino del estado (2011), sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero. E4


El lastre de la deuda eterna

P

asivos por 36 mil millones de pesos, contratados y refinanciados en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira, es la tercera más grande del país. La carga le impide al estado realizar obra pública.

Un estudio del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) ubica a Coahuila entre los estados con mayor deuda per cápita del país, al cierre de 2018.

La lista la encabeza Nuevo León, cuya deuda por cabeza es de 13 mil 748 pesos (a una tasa de interés de 9.9%). La mayor parte fue adquirida en la administración del priista Rodrigo Medina Cruz y ha estrangulado las finanzas de su sucesor, Jaime Rodríguez.

La deuda de Chihuahua por individuo es de 13 mil 174 pesos. Los pasivos se contrataron en el gobierno de César Duarte Jáquez, quien acumula 21 órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos públicos, desde marzo de 2017.

En tercer lugar aparece Coahuila, con una deuda per cápita de 12 mil 093 pesos. En la actualidad, el capital suma 36 mil 559.7 millones de pesos, casi la misma cifra que heredó el gobernador Humberto Moreira (2005-2011), pese a los miles de millones de pesos pagados en intereses. Las primeras dos restructuras de la deuda fueron en el gobierno de Rubén Moreira (2011-2017), y la última en la administración encabezada por Miguel Riquelme Solís.

A Coahuila le sigue Quintana Roo, con una deuda per cápita de 11 mil 666 pesos. El endeudamiento se disparó en el sexenio de Roberto Borge Angulo (2011-2016), detenido en Panamá y extraditado a México, por presunto peculado.

«Las entidades federativas han disminuido su deuda per cápita y sus niveles de endeudamiento desde que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera en 2016. Sin embargo, el incremento de tasas de interés del Banco de México (de 8.25%) aumentó el servicio de deuda potencial deteriorando la perspectiva de algunos estados, por lo que habrá menores recursos disponibles para programas sociales o las entidades federativas tendrían que incrementar impuestos para mantener su nivel de gasto público», señala el estudio.

«Para una menor afectación social, los estados con mayor incremento en servicio de deuda potencial podrían hacer ajustes a su presupuesto o recurrir a una reestructuración que disminuya la tasa de interés. Estos ajustes requieren considerar el presupuesto en pensiones, educación, salud, seguridad y combate a la pobreza. Además, cabe recordar que desde 2019 las entidades federativas ya no contarán con recursos del ramo 23 para saneamiento financiero como ayuda adicional al pago de obligaciones», advierte.

En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en los últimos nueve años, la deuda de los estados aumentó 96.2% (a 580 mil 644 millones 700 mil pesos) y alertó sobre la opacidad en el manejo de esos recursos.

«La Ley de Disciplina Financiera contribuyó a la disminución gradual de las deudas públicas locales, pero su cumplimiento es parcial en lo relativo al principio de sostenibilidad, reglas de responsabilidad hacendaria y revelación de información financiera, por lo que es necesario que los gobiernos locales generen acciones encaminadas a cumplir con las disposiciones establecidas para coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas», señaló. E4


Los estados con mayor endeudamiento pér capita

  1. Rodrigo Medina de la Cruz (PRI). Nuevo León. $13,748 pesos per cápita
  2. César Duarte Jáquez (PRI). Chihuahua $13,174 pesos per cápita
  3. Humberto Moreira (PRI). Coahuila 12,093 pesos per cápita
  4. Roberto Borge Angulo(PRI. Quintana Roo, 11 mil 666 pesos per cápita

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