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Edición 609

Política

Aglutinar intereses no ha sido sencillo, dice Miguel Riquelme

Sin el control del Congreso, con la mayoría de los municipios en manos del PAN, UDC y Morena, y el activismo de un delegado presidencial omnipresente, el gobernador tiene poco margen para cumplir su agenda. Rubén Moreira podría ser sometido a juicio político por irregularidades en la cuenta pública de 2017

Redacción

Miguel Riquelme heredó del moreirato no solo una deuda cuya amortización parece impagable, sino un PRI castigado en las urnas, sin mayoría en el Congreso local y con los principales municipios —excepto Saltillo— en poder de la oposición. En un escenario así, «aglutinar los intereses de Coahuila no ha sido sencillo», reconoció el gobernador durante su participación en el informe del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, el 22 de febrero en Torreón.

La nueva realidad del estado se reflejó en el auditorio del Centro Cultural Universitario. El mensaje de Riquelme lo escucharon, en primera fila, el alcalde Jorge Zermeño y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres (PAN); el senador Armando Guadiana, y el superdelegado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Reyes Flores Hurtado (Morena). La sucesión gubernamental empezó después de las elecciones de 2018 en las cuales Morena se alzó como la primera fuerza política nacional.

El PRI gobierna actualmente 18 municipios, 10 menos con respecto a 2017; el PAN, 10 (entre ellos Torreón, Monclova y San Pedro); UDC, cinco (destacan Ciudad Acuña y Sabinas); Morena, cuatro, en tres de los cuales jamás habia habido alternancia (Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero); y el PRD, uno. En el Congreso, el PRI tiene 10 diputados, el PAN nueve, UDC tres, Morena dos y el PRD uno. Las diputadas Elisa Villalobos (Morena) y Claudia Ramírez (PRD) se han convertido en satélites del partido gobernante.

No es solo la falta de mayoría lo que dificulta la operación de Riquelme en el Congreso; también la impericia del grupo parlamentario de su partido, del cual forman parte los moreiristas Jaime Bueno, Jesús Loya (sustituyó a Samuel Rodríguez, operador electoral de Humberto Moreira, quien ahora cumple esas funciones en La Laguna como representante del gobierno), Lucía Ramos, Verónica Martínez (homónima de la senadora del PRI) y Diana González. Esta última coordina la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal.

La comisión, casi olvidada, pudo haber procesado al exgobernador Rubén Moreira —valedor de las diputadas Martínez, González y Ramos, quien también integra la junta instructora— y al auditor Superior del Estado, Armando Plata. El juicio político lo solicitó el presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Juan Antonio García Villa (PAN), con base en el proyecto de dictamen relativo al informe de resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017 «por observaciones no solventadas cuyo valor ascendió a nueve mil 311.7 millones de pesos», aprobado el 19 de febrero.

En 5 de marzo, en una sesión bastante acalorada, los diputados Jaime Bueno y Lucía Ramos (PRI), Elisa Villalobos (Morena) y Claudia Ramírez (PRD) votaron en contra del dictamen; García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y Emilio de Hoyos (UDC) lo hicieron a favor. Además de desechar la demanda de juicio político, la alianza PRI-Morena pidió la remoción de García Villa como presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Rubén Moreira tiene un pie en la Cámara de Diputados y otro en Coahuila.

La Auditoría Superior del Estado presentó, en julio de 2018, denuncias penales ante la Procuraduría General del Estado —entonces a cargo de Homero Ramos Gloria, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia— por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. El caso está congelado mientras los delitos prescriben. El Sistema Estatal Anticorrupción ha resultado tan útil como la carabina de Ambrosio.

El caso Torres Charles

El gobernador Miguel Riquelme no solo debe lidiar con un Congreso donde el PRI está impedido para reformar leyes y cambiar la constitución a su arbitrio, como sucedió durante el moreirato, y con 20 alcaldes de otros partidos, sino con un delegado federal omnipresente. Reyes Flores Hurtado, emisario del presidente López Obrador, es la segunda figura política más solicitada y relevante, después del ejecutivo. El exlíder del PAN y suplente del senador Armando Guadiana, asiste a las reuniones de seguridad y a cuanto acto oficial se realiza en el estado.

En el sexenio pasado, ese papel lo desempeñaba el delegado de Gobernación —siempre, igual que ahora Reyes, en primera fila o en las mesas principales—, mas no en calidad de representante de la Federación, sino como empleado del gobernador. Reyes le reporta al presidente, de ahí dimana su poder. Cuando no asiste a ceremonias oficiales, el superdelegado recorre el estado, se reúne con empresarios, visita albergues de emigrantes, fija criterios e incluso emite comunicados sobre asuntos que, en teoría, son de competencia local; por ejemplo, el control de incendios forestales.

En los gobiernos del PRI y del PAN, los delegados no tenían acceso directo al presidente, tampoco competían con el gobernador y menos se atrevían a pedir públicamente la destitución de un funcionario federal. La aparición del exprocurador General de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles, en el organigrama del Sistema de Administración Tributaria (SAT), le brindó a Reyes Flores la oportunidad de cobrar una factura a los hermanos Moreira, quienes le acosaron e incluso le inventaron delitos.

El 21 de febrero, en un video publicado en las redes sociales, Reyes se dijo indignado por el nombramiento de Torres como administrador central de Investigación Aduanera. «Es uno de los actores que más daño le hicieron a este estado en los últimos años. Como procurador general de Justicia en el sexenio de Humberto Moreira, ha sido acusado en Cortes de Texas por ser el brazo protector de Los Zetas (…). Este grupo, (el de los Moreira) que permitió que los coahuilenses fuéramos asaltados por la delincuencia organizada, no puede continuar en la función pública. (…) Exigiré que se destituya del cargo», advirtió.

Ese mismo día, la directora del SAT, Margarita Ríos Fajar, publicó en su cuenta de Twitter: «Hoy fue desvinculado del @SATMX el Administrador Central de Investigación Aduanera. La reputación del SAT es su activo más importante, y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional». En una carta al administrador general de Aduanas, Torres califica de «calumniosa» la información sobre su desempeño en la Procuraduría de Justicia de Coahuila e informa de su separación del cargo «para estar en total libertad de emprender acciones legales para salvaguardar mi integridad».

En el informe del rector de la UAdeC, Salvador Hernández, el gobernador Miguel Riquelme explicó su apoyo al presidente López Obrador en el tema de la Guardia Nacional: «Porque (…) sabemos el costo que significaría retroceder en materia de seguridad». Frente al senador Guadiana, el superdelegado Flores, y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres (PAN), el gobernador pidió «cuidar la institucionalidad (…) sobre todo, debemos cuidar a nuestras instituciones». Los Moreira las pervirtieron y Coahuila paga las consecuencias.

Futurismo en la UAdeC

El informe de Salvador Hernández Vélez tuvo una fuerte carga política desde la sede que eligió para rendirlo: Torreón, de cuya alcaldía Miguel Riquelme saltó a la gubernatura. El rector presentó a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) como una maquinaria electoral, con un proceso cada 15 días. Se jactó de que mientras los partidos debaten sobre la segunda vuelta y la revocación de mandato, en la institución existen desde hace varios lustros. «Esa es la vida democrática de la UAdeC».

Las universidades públicas no han escapado de los recortes ni de la «austeridad republicana» del gobierno del presidente López Obrador. La mayor parte de los recursos de los 195 organismos agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) son federales. Empero, no es solo por razones presupuestarias que las finanzas universitarias están hoy bajo la lupa de una administración dispuesta a atacar la corrupción y la impunidad, aunque hasta ahora no haya pasado del discurso.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrieron que en la «Estafa Maestra» participaron siete universidades y un instituto tecnológico, además de Pemex, Banobras y las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones, Educación Pública y Agricultura. El fraude, cometido en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, se cifró en siete mil 670 millones de pesos, de los cuales tres mil 433 millones se desviaron a empresas fantasma y mil millones a universidades, por concepto de «comisiones».

La UAdeC ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación y su equivalente en el estado (ASE) por irregularidades financieras. En el ejercicio correspondiente a 2017, la ASE realizó 576 observaciones por tres mil 884 millones de pesos. La Universidad ha servido también como brazo electoral y caja chica de los gobiernos de turno, según denunció el excandidato a gobernador Armando Guadiana (Morena), actualmente senador.

Guadiana asistió al informe de Hernández Vélez, quien, dada la circunstancia, ofreció multiplicar los panes y los peces y elevar la calidad educativa para colocar a la UAdeC por «encima de la media nacional en cuanto a indicadores». En la clasificación de QS World University Rankings 2019, los cinco primeros lugares los ocupan la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. La UAdeC no figura entre las restantes del top 20.

El informe sirvió también de pasarela política. Además de Guadiana, asistieron otros aspirantes a la gubernatura; el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño; el primer presidente no priista de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres; y el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Óscar Pimentel, expresidente del PRI, lo mismo que Hernández Vélez, representó al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Para evitar dudas sobre la intencionalidad política de la ceremonia, Samuel Rodríguez, representante del gobierno del estado en La Laguna, ocupó lugar en la primera fila. Cerebro electoral de Humberto Moreira, Rodríguez tiene la consigna de recuperar Torreón para el PRI.

El aplauso para los líderes reunidos en el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre fue de tibio a frío. El mensaje de la comunidad universitaria es inobjetable: la educación y la política deben marchar por caminos separados. Por no entenderlo así, la UAdeC está por debajo de la media tabla en las clasificaciones nacionales. (Gerardo Hernández). E4

Frases:

«(…) debemos de cuidar la institucionalidad y sobre todo (…) a nuestras instituciones”.

Miguel Riquelme, gobernador del estado


«Como procurador general de Justicia en el sexenio de Humberto Moreira, (Torres Charles) ha sido acusado

en Cortes de Texas por ser el brazo protector de Los Zetas»

Reyes Flores, delegado de AMLO


¿Carro lleno con caballadas flacas y un PRI desahuciado?

Las elecciones legislativas (2020) y municipales (2021) definirán el futuro de la gubernatura. AMLO es el principal activo de Morena para lograr la alternancia en Coahuila

La costumbre de hablar para la galería ha puesto en evidencia al líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, en más de una ocasión. En 2018 declaró que su partido haría carro completo en las elecciones federales y locales. El mentís de los electores ocurrió en las urnas: el ente fundado por Calles perdió la presidencia, las senadurías y cinco de siete diputaciones. A escala municipal, no le fue mejor, pues solo obtuvo 18 alcaldías. Las 20 restantes las ganaron el PAN (10), UDC (cinco), Morena (cuatro) y el PRD (una).

Fuentes perdió, en 2017, la diputación por el distrito XI con la panista María Eugenia Cázares. La misma suerte corrieron María Luisa Quintero, Mario Cepeda y Román Alberto Cepeda, en Torreón; José Luis Flores, en San Pedro; y Graciela Fernández, en Matamoros. La mayoría de ellos fue incorporado al gobierno del estado, lo mismo que otros priistas derrotados el año pasado. El presidente del PRI apunta ahora al 2020, año en que se renovará el Congreso local. Asegura que ganará los 16 asientos de mayoría relativa, de los cuales ahora solo tiene siete.

Si el pronóstico se basa en que las elecciones intermedias son las más desairadas, pues solo se vota para diputados, está equivocado y puede provocar sorpresas desagradables, por varias razones: 1) la ciudadanía ha adquirido conciencia sobre la importancia del Congreso como contrapeso del poder ejecutivo, 2) el repudio al gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira estimula el voto contra el PRI; y 3) la fuerza de Morena. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría en 20 de las 32 legislaturas locales.

Esa realidad se manifestó en 2017 cuando el PRI perdió nueve de los 16 distritos. En las elecciones legislativas previas había conseguido carro completo. Para obtener asientos de representación proporcional, postuló a militantes suyos bajo las siglas del Verde, Nueva Alianza y otros partidos. Sin embargo, la Sala Regional en Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impidió la sobrerrepresentación y le asignó tres diputados plurinominales más al PAN.

El PRI necesita recuperar la mayoría en el Congreso para asegurarle al gobernador Miguel Riquelme un cierre de sexenio suave. Tener el control de sus respectivas legislaturas les permitió a Humberto y a Rubén Moreira (RM) librar sin dificultad los escándalos de la deuda, las empresas fantasma y otras irregularidades. El último servicio de los diputados del PRI a RM fue aprobar en tiempo récord la cuenta pública de 2016, la cual registraba pagos a empresas fachada denunciados por la Auditoría Superior del Estado. El plazo para dictaminar la cuenta era de 60 días, pero los legisladores de Moreira lo revisaron y aprobaron en cuestión de horas.

Otra de las prioridades del PRI consiste en recuperar La Laguna. La única posición que ocupa ahora es la alcaldía de Viesca. El PAN gobierna Torreón y San Pedro; y Morena, Matamoros y Francisco I. Madero, donde todos los ayuntamientos precedentes habían sido priistas. El resultado de las elecciones de 2020 (para diputados) y de 2021 (para presidentes municipales) determinará la próxima gubernatura. Coahuila estuvo a un paso de la alternancia hace dos años, pero el PAN desaprovechó el momento. Morena, con AMLO en la presidencia, no lo dejará pasar. Entretanto, este año se hará con los gobiernos de Baja California y Puebla. E4

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