Espacio 4
Ediciones:
  Facebook Twitter
Inicio Justicia Política Reportaje Medios Luces y sombras Opinión Firmas El pez en el agua
 
 

Edición 609

Justicia

El Mono pone en ascuas a la clase política estatal

Testimonios de exintegrantes de Los Zetas, expuestos por la Universidad de Texas en 2017, relacionan a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira con esa organización criminal. Legisladores, alcaldes, jueces y dueños de medios de comunicación también están en el punto de mira

Gerardo Hernández G.

El juicio contra Juan Manuel «el Mono» Muñoz Luévano, en Estados Unidos, sacudirá las estructuras políticas y el árbol de la corrupción plantado en Coahuila durante el moreirato. Exgobernadores, legisladores federales y locales, autoridades universitarias, magistrados, jueces, exalcaldes, juniors de políticos y hombres de negocios, concesionarios y comentaristas de radio y televisión, líderes del PRI, notarios públicos, contratistas... aparecen en las declaraciones de testigos del gobierno norteamericano, algunos de ellos bajo su protección.

Los objetivos son Humberto y Rubén Moreira en cuyo gobierno de doce años el cartel de Los Zetas se apropió de la entidad, según el estudio «Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río». El trabajo, desarrollado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, se basa en declaraciones de 24 exintegrantes del cartel en tres procesos federales celebrados entre 2013 y 2016.

El ensayo se anunció el 6 de noviembre, luego de su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ese mismo día, a 680 kilómetros de distancia, Rubén Moreira se despedía del Congreso local, dominado por el PRI, con una falsa aureola de estadista: «Hoy las cosas son distintas, los grandes capos que asolaban Coahuila y que, por cierto, vinieron de otras partes, o están abatidos o en la cárcel. (…) mi estado (…) es el único que ha desentrañado los grandes crímenes, castigado a los culpables y dictado órdenes de aprehensión contra los más terribles delincuentes».

El estudio de la Universidad de Texas, realizado por Sarah Gohray y Marovia de la O, dice otra cosa: «Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. (…) Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de inumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta».

Por otra parte, advierte: «Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos». (Para vender otra imagen, Moreira promovió la creación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo director, Efrén Ríos, ha encabezado varias defensas del PRI ante tribunales electorales).

Entre los testimonios sujetos a estudio por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, figuran los de Efrén Tavira, Humberto Uribe Tapia, Enrique Rejón y Alfoso Cuéllar. En una nota de la revista Proceso, titulada «Informe revela control de Los Zetas en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Moreira», el periodista Juan Alberto Cedillo, cita: «Según Tavira, Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. (…) Tavira describió una ocasión en la cual Los Zetas entregaron a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero». Con respecto a un supuesto soborno a Humberto Moreira, Uribe declaró: «Se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles» (Apro, 6-11-17).

¿Entregó HM al Mono?

Entre la detención de Humberto Moreira y la de Juan Manuel Muñoz Luévano, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de España, en 2016, mediaron dos meses. La causa es la misma: «lavado de dinero y organización criminal». La captura del exgobernador de Coahuila ocurrió el 15 de enero, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y la del supuesto enlace de Los Zetas en Europa, el 18 de marzo, en su residencia madrileña. Empero, el político y el narco no corrieron con la misma suerte. Moreira abandonó la prisión de Soto del Real una semana después, y el empresario lagunero fue extraditado a Estados Unidos donde será juzgado. Según una nota de Reforma, el exlíder del PRI habría negociado con el FBI la entrega de Muñoz para salvarse él (06-03-19).

Una investigación de El País explicaría también la rápida liberación de Moreira: «El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel», dice el texto de José María Irujo, publicado el 22 de febrero de 2016. «La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del exgobernador de Coahuila».

Moreira se estableció en Madrid a principios de 2013, «después de su defenestración política y de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el cual pagaba 3.000 euros al mes (unos 65 mil pesos al tipo de cambio actual)», añade la nota.

Para acreditar transferencias por 200 mil dólares, el exgobernador dio los nombres de un par de empresas suyas: Unipolares y Publicidad del Norte, y Negocios, Asesoría y Publicidad, las cuales son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de España (la de Coahuila sigue sin decir esta boca es mía).

Luego de la extradición del Mono a Estados Unidos, Irujo informó: «Hace un año, el fiscal de Texas que le reclamaba se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz en compañía del abogado norteamericano del narco, según confirman fuentes cercanas a este último. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades estadounidenses, pude poner en aprietos a la larga lista de políticos y funcionarios del Estado mexicano de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación» (El País, 02-02-19).

¿Todos eran de fuera?

El 14 de noviembre, Santiago Pedraz, juez la Audiencia Nacional, reabrió la investigación contra Moreira «por el supuesto blanqueo de capitales e integración en la banda del crimen organizado de los Zetas» (Newsweek México, 14-11-18).

La decisión se tomó con base en las declaraciones de Javier Villarreal (exsecretario de Finanzas de Moreira) y del empresario Rolando González Treviño frente a Juan José Rosa y José Grinda, fiscales anticorrupción de España, en San Antonio. Según Villarreal, Unipolares y Publicidad del Norte lavaron 14 mil millones de pesos del erario (Espacio 4, 606).

En su entrevista secreta con el fiscal estadounidense, Muñoz Luévano pudo haber aportado información relevante sobre las actividades de los Moreira, quienes han negado toda relación con él.

No todos los capos «vinieron de fuera», como aseguró Rubén Moreira en su último informe, frente a una legislatura cómplice. Muñoz es de Matamoros, donde los hermanos solían reunirse en privado con el Mono.

El supuesto enlace de Los Zetas en Europa tiene mucho que contar a las autoridades de Estados Unidos. Si cae Humberto, también caerá Rubén. E4


De cómplices, venganzas y traiciones

«Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces». La sentencia bíblica (Mateo 26:34) bien podría aplicarse a la intricada red de complicidades en torno al cerebro financiero de Los Zetas, Juan Manuel «el Mono» Muñoz, extraditado por España a Estados Unidos a finales de febrero.

Pese a que el exgobernador coahuilense Humberto Moreira ha negado tener alguna relación con él en múltiples ocasiones —la última el 3 de marzo—, un documento hallado en un cateo a la casa del hijo del Mono, Luis Javier Muñoz Ayup, señala que Humberto Moreira habría negociado con las autoridades de Estados Unidos la entrega de información que llevó a la captura de Muñoz, en Madrid, España.

De acuerdo con Reforma (06-03-19) el trato se habría llevado a cabo hace tres años entre agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses con el exgobernador de Coahuila, «para evitar acusaciones de nexos y vínculos con el operador financiero de Los Zetas». Así lo detalla el informe 31.929/’18 UDEF-BLA de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de España, al que tuvo acceso el rotativo.

El documento indica que el 23 de noviembre de 2016, el entonces candidato del Partido Verde de México (PVEM) a la alcaldía de Saltillo, Eugenio Pío Cisneros Rodríguez, envió un correo electrónico a los defensores de Muñoz en España, Arturo Cabrero y el Bufete García Cabrero, en el que señalaba que Moreira había pactado con el consulado estadounidense en Monterrey.

Descubierto en la casa del hijo del Mono —junto con documentos judiciales y evidencias de pagos de sobornos—, el correo señala que un individuo conocido como Luis Monzón, quien había trabajado con Moreira, realizó gestiones para que el exlíder del PRI realizara el trato con las autoridades estadounidenses.

«Esta persona (Monzón) formó parte del grupo que se conformó junto con Humberto Moreira Valdez para fraguar la entrega de Juan Manuel a las autoridades tanto españolas como norteamericanas, mencionando Monzón que cuando acordaron lo narrado, él optó por no participar por inconformidades en cuestiones de dinero», detalla el correo.

La idea del trato entre Moreira y los estadounidenses habría sido impulsada por Ariel Maldonado Leza. «Esta persona fue quien le sugirió a Humberto entregar a Juan Manuel ya que el FBI y demás agencias de USA están dándole seguimiento a los delitos de Humberto y esta fue una de sus negociaciones con los agentes de USA en el consulado de Monterrey, Nuevo León», se lee en el mensaje.

Según Reforma, Maldonado Leza fue director general de la Coordinación Interinstitucional de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que dirigió Jorge Madrazo Cuéllar, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Maldonado se desempeñaría actualmente como consejero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Cabos sueltos

«La larga lista de políticos y funcionarios del Estado mexicano de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación», como la llama el periódico El País (02-02-19), incluye a políticos cercanos a los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía española señala: «En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y exprocuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (exprocurador de Coahuila). La influencia de esta persona en la vida política del Estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador, Rubén Moreira, con informaciones reservadas que tiene en su poder».

El documento recoge una conversación del 27 de mayo de 2014 en la que se pone de manifiesto la relación de Muñoz con Alejandro Froto García, que fue subsecretario de Finanzas en el gobierno de Humberto Moreira. Según la interpretación policial de la misma, el político «le solicita (a Muñoz) un préstamo de 10 mil pesos para la reparación de su barco».

El informe también cita una conversación del 7 de junio de 2014 en la que se hace mención a Jesús Torres como persona próxima a Rubén Moreira «para ser utilizada por Juan Manuel Muñoz en beneficio de sus propios intereses».

El 20 de febrero, Jesús Torres (quien negó los vínculos con Muñoz en una carta enviada a El País) fue removido de la Administración Central de Investigación Aduanera, después de que el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, hiciera pública una carta dirigida a la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Fajart, en la cual señala el «negro historial (de Torres) en nuestro estado en materia de seguridad y además fue acusado, junto con su hermano (Humberto Torres), de recibir 300 mil pesos mensuales para dar protección a los Zetas».

La policía española destaca también la presunta vinculación entre el Mono Muñoz y Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en el gobierno de Rubén Moreira. El informe señala una conversación de Humberto Moreira del 14 de octubre de 2013 en la que se hace mención a esta supuesta relación entre el narcotraficante y el alto funcionario.

—Humberto: No, no, todo porque no dicen que Gerardo Garza Melo está con el Mono Muñoz metido, este, los va a investigar la CIA, ¿lo sabías eso?

—Varón desconocido: no sabía, profe.

También cita otra conversación del 9 de mayo de 2015, en la que una persona comenta desde México a Muñoz «que está batallando con temas de alcoholes con las autoridades administrativas», a lo que Juan Manuel responde «que si el problema que tienen es con Garza Melo, él se lo arregla enseguida».

Garza Melo también aparece como involucrado con Muñoz en una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que menciona además al exsecretario de Gobierno Armando Luna Canales, y a Gerardo García Martínez, director de Servicios Aeroportuarios de Coahuila.

Luna Canales negó las acusaciones y acusó a elementos de la SEIDO de haber intentado extorsionarlo para no hacer públicas las investigaciones. ¿Alguien le cree? (Gerardo Moyano). E4

Publicidad
 
Espacio 4 © 1995-2019. Todos los derechos reservados Espacio Editorial Coahuilense, S.A. de C.V.

De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos.

Ir arriba