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Edición 622
LUCES
 
Para eliminar el «compadrazgo y el dedazo», el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una convocatoria para sustituir a sus 35 delegados estatales, a través de un método de selección que privilegia el profesionalismo. El director general del organismo, Zoé Robledo, indicó que las delegaciones se convertirán en oficinas de representación y que los nuevos titulares deberán ser médicos —en activo o jubilados— o enfermeras que laboren bajo el régimen ordinario o en IMSS Bienestar, de manera que la selección de cada funcionario responda a méritos profesionales y no políticos. El proceso implicará una evaluación curricular y un examen de conocimientos, pues los aspirantes deberán entregar un ensayo y serán entrevistados por un panel de especialistas. «En el nombramiento de delegados, (…) se sacrificaban a elementos con experiencia, con una probada honestidad y lealtad de la institución (…) muchas veces se imponía una lógica política, el compadrazgo y demás (…). Este es el evento donde yo me corto el dedo», dijo Robledo. La convocatoria cierra el próximo 15 de septiembre.
 
Gracias a sus desarrollos de aplicaciones digitales (apps) de utilidad en seguridad, agricultura y finanzas, jóvenes saltillenses han ganado reconocimiento nacional e internacional en varias competencias de tecnología. En la primera edición del «Hackathon», realizado por el Grupo Salinas en la Ciudad de México, Gerardo Saucedo, Andrés López, Diego Flores y Jonathan López recibieron un premio de 200 mil pesos por su propuesta Trackattackers, un sistema para evitar fraudes on line. Previamente, en un evento del Tec de Monterrey campus Saltillo, habían ganado un premio de 20 mil pesos por su proyecto Agrotech, una aplicación que ayuda a identificar plagas por reconocimiento de fotografías; mientras que en la última edición del TalentLand 2019, el congreso más importante de tecnología en Latinoamérica, realizado en abril, compitieron contra cinco mil jóvenes y obtuvieron el segundo lugar por una app que ofrece a indígenas totonacas la posibilidad de realizar trámites bancarios en su propia lengua.
 
Más de 30 familias de Morelos, Coahuila, que enfrentan problemas de terrenos intestados, recibirán apoyo municipal para solucionar su situación. Así lo informó Mario Alberto Sánchez Ríos, director de Sedesol en aquel municipio, quien dijo que ya se realizan estudios técnicos y trámites en oficinas de gobierno del estado ubicadas en Saltillo (La Voz, 07.08.19). El 30 de agosto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los presidentes nacional y estatal del Colegio de Notarios, firmaron un convenio para poner en marcha el «Mes del Testamento». Durante todo el mes de septiembre, se realizará una campaña para fomentar la regulación de la posesión de la tierra. «El interés se centra en promover la cultura de prevención y certeza jurídica a las familias (…) Los notarios de Coahuila no cobrarán más de mil 600 pesos para tramitar un testamento. (…) Actualmente apenas un 30% de los adultos en México cuenta con ese documento y a casi 40% de los predios en el país les hace falta un título de propiedad formal», señala el acuerdo.
 
 
SOMBRAS
 
En una discusión bajo el influjo del alcohol, Sergio Armando Mitre, pitcher del club Saraperos de Saltillo, golpeó a su pareja sentimental en la habitación de hotel en la que residen. Al escuchar los gritos de la víctima, los trabajadores llamaron al número de emergencias 911. El Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Saltillo informó que la Fiscalía del Estado ya abrió un caso por violencia familiar, delito que en Coahuila se persigue de oficio y sin necesidad de denuncia. «El beisbolista fue inicialmente trasladado a la Fiscalía, donde la jueza Gricelda Elizalde dictó prisión preventiva tras negarle el beneficio del uso de brazalete. Enfrentaría su juicio en el penal de Saltillo. La afectada acudió a la audiencia y salió del sitio cubierta, pero con una férula visible en su pierna derecha» (Milenio, 03.09.2019). El club Saraperos suspendió al deportista en espera de que la situación se aclare. Sergio Mitre nació en Los Ángeles, California, pero creció en Tijuana, donde entrenó artes marciales, lucha y boxeo. Aunque se reconoce que domina el español, se concedió petición de su abogado para contar con un traductor.
 
Con solamente 13 médicos geriatras en activo, Coahuila tiene un grave déficit de este tipo de especialistas. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) en esta entidad hay 138 mil adultos mayores y aunque el 90% de ellos vive y recibe la atención básica en su familia, en algún momento requieren de servicio médico especializado. En México, la existencia de profesionales en este campo es escasa. «Se habla de 500 geriatras, 300 gerontólogos y muy pocos gericultistas», advierte Lucila Ruiz Múzquiz, maestra en Gerontología y directora del Centro Estatal del Adulto Mayor (Vanguardia, 28.08.19). Esta institución, con sede en Saltillo, atiende a 180 pacientes que afrontan problemas de hipertensión, diabetes y otros relacionados con la memoria, principalmente. Ruiz Múzquiz lamenta que la Universidad Tecnológica de Coahuila, donde hace tres años se graduaron 19 gericultores, haya decidido cerrar esta carrera técnica para centrarse en las de carácter industrial.
 
El asesinato del periodista NevithCondés, el cuarto en el lapso de un mes, confirma al país como uno de los más peligrosos para ejercer la profesión. El cuerpo de Condés, quien era director del portal de noticias El Observatorio del Sur, fue encontrado el 24 de agosto en el Cerro de Cacalotepec, en el Estado de México, con lesiones de un arma punzocortante. Según reporta el diario El País, el periodista había recibido amenazas en las últimas semanas, pero no recibía protección. En este sentido, el 26 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó a la Secretaría de Gobernación un centenar de recomendaciones para reforzar el Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Entre otras medidas, el organismo propone la creación de un marco normativo que prevea sanciones administrativas para servidores públicos que amenacen, desprestigien u obstaculicen «indebidamente» las labores de defensa de derechos humanos y periodismo.
 
 
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