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Edición 615
LUCES
 
Las mujeres ocuparán la mitad de los cargos públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a escala municipal, estatal y federal. Así lo determinó el Pleno de la Cámara de Diputados, el 23 de mayo, al aprobar por unanimidad y sin cambios una minuta del Senado que garantiza la paridad de género en todos los cargos públicos y que obliga además a los partidos políticos a incluir a hombres y mujeres por igual en sus candidaturas. La reforma, que modifica nueve artículos constitucionales, deberá ser avalada por 17 congresos locales para posteriormente ser promulgada por el Ejecutivo federal. La reforma establece que la integración de las cámaras de Diputados y de Senadores se basará en candidaturas bajo el principio de equidad de género, y el mismo criterio prevalecerá en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. «El día de hoy representa un hito en la historia de esta Cámara y de este Congreso, porque se reconocen los derechos plenos, humanos y políticos de la mitad de la población», dijo la diputada perredista Guadalupe Almaguer.
 
La renuncia de Josefa González-Blanco a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) envía un mensaje de congruencia al país, no solo por parte de la Cuarta Transformación, sino de la ciudadanía. González-Blanco presentó su renuncia luego de aceptar que cometió un error al llamar a un directivo de la aerolínea Aeroméxico para pedir que el avión que perdió, por no llegar a tiempo, se regresara a buscarla. «Ella me comentó (…) que había cometido un error y que ponía su renuncia a disposición, yo le recomendé que era lo mejor para ella y para todos. (…) No podemos ser tolerantes en actos de prepotencia, cero corrupción, cero influyentismo, cero nepotismo», dijo al respecto el presidente López Obrador. Por su parte, el consultor Jorge R. Rioja, quien denunció en su cuenta de Twitter que hicieron regresar el avión para recoger a la funcionaria, dijo que «lo haría otra vez». Sin embargo, lamentó que a la Semarnat pudiera llegar un personaje como el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco, según rumores que transcendieron a la prensa.
 
México podría sumarse a los países que han sentenciado a funcionarios y empresarios relacionados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El 28 de mayo, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) fue detenido en España por la Interpol, a solicitud el gobierno mexicano, el cual lo investiga por operaciones ilícitas. Por el mismo caso, se giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya. En 2014, bajo la dirección Lozoya, Pemex compró los activos de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar, por la cual pagó 275 millones de dólares e invertiría otros 200 millones para ponerla en operación. Días después de la venta, AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, firma offshore de Odebrecht, desde la cual se pagaron sobornos a la élite política de países en los que operaba la empresa brasileña. En 2017, el exdirector de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll, declaró haber pagado sobornos por 10 millones de dólares a Lozoya, de 2012 a 2014.
 
 
SOMBRAS
 
No solo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (PRI) condonó millones de pesos en impuestos, sino también el de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa. El 20 de mayo, Margarita Ríos Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó que en los dos últimos sexenios (de 2007 a 2018) el gobierno federal condonó 400 mil 902 millones de pesos de impuestos a más de 153 mil contribuyentes. De este total, el 52% se concentró en 108 contribuyentes, 45 de los cuales se ampararon para que no se diera a conocer la información relacionada con sus condonaciones (unos 102 mil millones de pesos). En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un decreto por el cual renuncia a su facultad de condonar impuestos, a pesar de que así lo faculta el Código Fiscal Vigente, el cual utilizaron sus antecesores para «perdonar» a los deudores del SAT. El mandatario calificó las condonaciones como «huachicol con cuello blanco».
 
Vaya desvergüenza la de la Felipe Calderón, quien envió una carta al presidente López Obrador para pedir que se le restituya la seguridad a él y a su familia, pues asegura que su situación económica no le permite solventarla. «Entiendo que, para algunos, los expresidentes debemos contratar por nuestra cuenta tal protección. Es posible que algunos expresidentes estén en una situación de solvencia económica que no tengan ningún problema para hacerlo. No es mi caso», señaló. «Mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos», agregó. En respuesta, el gobierno federal, que acabó con las pensiones y los beneficios de los expresidentes, le asignó 12 elementos de seguridad. Ojalá que esos gastos puedan ser solventados con la subasta de vehículos del gobierno anterior, entre ellos, las dos camionetas de lujo que el Rey de Jordania, Abdullah II, regaló a Enrique Peña Nieto, en 2014.
 
Doble sombra para la Secretaría de Hacienda. Una por la «injerencia perniciosa» de esta dependencia en el IMSS, la cual derivó en la renuncia de su titular, el expanista Germán Martínez. Y otra que se remonta al tiempo que estaba bajo el mando de José Antonio Meade, quien le habría pedido al presidente Felipe Calderón meter en la cárcel a los comisionados del IFAI (hoy INAI), si hacían públicos los nombres de los contribuyentes beneficiados con perdones fiscales. En su renuncia, Martínez acusó que pese a que «el presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo” que el “encargo”». Por su parte, Ángel Trinidad Zaldívar, integrante del IFAI dijo que en una comida en Palacio Nacional, en 2011, Meade amenazó con meter a los comisionados en la cárcel si revelaban los nombres de los contribuyentes a los que se les perdonó en conjunto 74 mil millones de pesos.
 
 
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