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Edición 614
LUCES
 
Nayarit le está poniendo el ejemplo a Coahuila. El 3 de mayo, el Congreso de ese estado aprobó por unanimidad retirar el fuero constitucional al magistrado Jorge Ramón Marmolejo y a cuatro jueces del Poder Judicial estatal (Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez), por estar involucrados en el megafraude a derechohabientes del Infonavit. Otro magistrado, Pedro Antonio Enríquez Soto, ya había renunciado a su cargo y podría ser juzgado por el mismo delito. Según la Fiscalía estatal, entre 2013 y 2018, los desaforados ayudaron a despojar de sus casas a 60 mil derechohabientes del Infonavit de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, a través de juicios falsos tramitados en un despacho particular. En Coahuila se utilizó un modus operandi similar para despojar de sus viviendas a cerca de 100 mil personas de otros estados, por lo cual fueron suspendidos seis jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite, aunque hasta ahora nadie ha pisado la cárcel.
 
Cientos de investigadores marcharon en la Ciudad de México para exigir mayor presupuesto para la ciencia, en el marco de una protesta que se llevó a cabo en 50 ciudades del mundo, el 4 de mayo. Además de más recursos para el sector, los manifestantes pidieron mejorar las condiciones laborales y una mejor política de gobierno, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente presentado por gobierno federal, dedica apenas unas líneas a la ciencia y la tecnología. El Movimiento por la Ciencia-México señaló que la intención es «exigir a la administración federal actual que se reconozcan las limitaciones de la investigación científica en México y mostrar la importancia de la ciencia y la actividad intelectual que desempeñan los trabajadores de la ciencia». Los manifestantes pidieron que el sistema educativo fomente el pensamiento crítico sin tendencias reduccionistas, ni descontextualizadas, y que el presupuesto del sector alcance al menos el 1% del PIB, lo cual ya establece en la ley.
 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda puso en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, a quien se le congelaron cuentas bancarias que suman un saldo de 50 millones de pesos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Así lo informó el 14 de mayo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien reveló que la FGR indaga al magistrado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre ellos, a Juan Francisco Aguilar Santana, alias «Juan Pistolas», hombre cercano a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del CJNG. La investigación de Hacienda inició a raíz de que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado diera a conocer que Avelar Gutiérrez adquirió inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016. Según Nieto, en los últimos cinco meses, la UIF ha presentado 54 denuncias por lavado de dinero que implican un monto de 49 mil millones de pesos.
 
 
SOMBRAS
 
En lugar de encerrar a los políticos corruptos, la 4T los está liberando. El 8 de mayo, un juez dictó sentencia absolutoria del delito de peculado al exgobernador de Tabasco Andrés Rafael Granier Melo, que desde el mes de enero se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia en Coyoacán, Ciudad de México. En marzo de 2018, la jueza tercero penal de Tabasco, Guadalupe Cadenas Sánchez, lo había condenado a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de peculado, así como la reparación del daño al erario por 196 millones de pesos. Sin embargo, la nueva sentencia lo absuelve. «Es una sentencia absolutoria y nosotros en el gobierno del estado somos respetuosos de las decisiones de las autoridades judiciales», dijo el actual gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Granier gobernó la entidad de 2007 a 2012 y al concluir su sexenio fue acusado de desvío de recursos, por lo que fue arrestado en junio de 2013, durante la administración del perredista Arturo Núñez Jiménez.
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a darle la espalda a la ciudadanía. El 9 de mayo, la SCJN votó a favor de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa respecto al etiquetado en alimentos y bebidas procesados, el cual, en términos prácticos, aprueba que se oculte al consumidor que los azúcares añadidos no son necesarios para el consumo humano. Según la Suprema Corte, este etiquetado cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En respuesta, la organización El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, las cuales habían logrado un amparo contra el etiquetado, anunciaron que llevarán el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe destacar que un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que sólo 6% del público general logra captar lo que quiere decir el actual etiquetado alimenticio, incluso dos terceras partes de estudiantes de nutrición no lograron entenderlo.
 
Los jueces avanzan en su guerra contra la reducción de salarios propuesta por el gobierno de López Obrador. El 9 de mayo, La Jornada publicó una copia de la propuesta de resolución del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, que propone que se declaren inválidos los artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que fijan como tope salarial el ingreso mensual del presidente de la República. En caso de que alcance la votación requerida de ocho votos a favor, la sentencia tendría efectos retroactivos al 6 de diciembre de 2018, fecha en que entró en vigor el decreto que da sustento a la legislación. En términos prácticos, implica que todos los empleados públicos podrán recuperar los recursos que no han percibido como salarios desde que entró en vigor la ley y corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicables.
 
 
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