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Edición 613
LUCES
 
La nueva política de Comunicación Social del gobierno federal, la cual fija topes para la contratación de publicidad gubernamental, puede ser un buen ejercicio de transparencia. El acuerdo publicado por Presidencia, el 17 de abril, establece que el límite del gasto en publicidad institucional no puede rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por el Poder Legislativo. Además prohíbe que un medio de comunicación concentre más del 25% de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular, a cargo de una dependencia o entidad federal. También establece que las dependencias y entidades federales no podrán otorgar recursos públicos «encubiertos» que beneficien directa o indirectamente a los medios; o recibir algún pago a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones o inserciones. Toda la información relativa al gasto de campañas de comunicación social deberá ser publicada en los portales de transparencia de cada dependencia federal.
 
Después de 13 años, la demanda de los familiares de los 65 mineros que murieron en el derrumbe de la mina Pasta de Conchos ha sido escuchada. El 1 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el inicio de las labores de rescate de los cuerpos que quedaron enterrados en el lugar, lo cual calificó como «un acto de justicia». Tras la noticia, el panista Javier Lozano, quien fungía como secretario del Trabajo cuando sucedió la tragedia (y a la postre, fue vocero del candidato presidencial priista José Antonio Meade), invitó al líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia a encabezar la cuadrilla, pues, ironizó, «ya tiene una amplia experiencia como trabajador minero de base». En respuesta, Gómez Urrutia, hoy senador por Morena, le espetó: «Inicia el rescate e inicia la búsqueda de la verdad. (…) Ahí estuve desde que ocurrió la tragedia (...) ¿Tú dónde estuviste?». En aquellas fechas, el líder minero tuvo un choque de acusaciones sobre la responsabilidad del accidente con el expresidente Vicente Fox y con la compañía Grupo México, la cual operaba Pasta de Conchos.
 
Los elementos de la Guardia Nacional serán sometidos a un modelo de evaluación de control de confianza elaborado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Al presentar el modelo, el 30 de abril, en el marco de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dijo que el objetivo es «crear un cuerpo que responda a los estándares internacionales». La Comisión Permanente acordó prorrogar un año la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuyas evaluaciones venzan dentro de los 12 meses siguientes. En la misma línea, la Comisión Permanente acordó exhortar a los gobernadores para que apoyen la aplicación a este nuevo cuerpo policial en los centros de evaluación de control de confianza de sus respectivas entidades.
 
 
SOMBRAS
 
La negligencia de las autoridades de justicia y las lagunas en las leyes mexicanas han provocado que durante los últimos tres sexenios la PGR haya tenido que devolver viviendas, automóviles, cuentas bancarias y otros bienes incautados a políticos acusados de desvío de recursos públicos y otros delitos. Reforma reveló que la ausencia de notificaciones y las faltas en la aplicación de la ley de extinción de dominio, hicieron que la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo recupere siete cuentas bancarias, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos. En noviembre de 2018, el actual senador morenista Napoleón Gómez Urrutia logró el descongelamiento de tres cuentas bancarias del sindicato minero. Por su parte, en 2015, el exgobernador de Tabasco Andrés Granier logró recuperar nueve de los 13 inmuebles que le fueron asegurados dos años antes, tras haber sido acusado de desviar dos mil 605 millones de pesos del erario. La lista de políticos beneficiados con estas devoluciones incluye al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y a Raúl Salinas de Gortari, entre otros.
 
La «limpieza» que el gobierno federal está haciendo en Pemex aún no se ve reflejada en los números de la paraestatal. El 30 de abril, la petrolera informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que registró una pérdida de 35 mil 719 millones de pesos en el primer trimestre de este año. En el mismo período de 2018, había registrado un beneficio neto de 113 mil 312 millones de pesos. Pemex explicó que sus ventas totales disminuyeron en 10.3% respecto al mismo lapso de 2018 debido, entre otros factores, a una baja en el consumo de gasolinas –por los incrementos de precio–, la entrada de nuevos competidores al mercado y los efectos de la estrategia contra el «huachicoleo». Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda anunció que financiará a Pemex para evitar que pague una prima de riesgo muy alta por el refinanciamiento de 5.5 billones de dólares de su deuda, el cual tiene que realizar en menos de dos meses. Así lo informó Gabriel Yorio, titular de la Unidad de Crédito Público, en el marco de Cumbre Financiera Mexicana de LatinFinance.
 
Además de la crisis financiera, Pemex enfrenta un escándalo institucional por la fata de capacitación de varios de sus más altos funcionarios. El periodista Carlos Loret de Mola reveló que pese a no haber finalizado la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica en la UNAM, Fernando Palao Espíndol se encarga de supervisar los procesos de compra para el corporativo paraestatal en medicinas, tecnologías de la información, materiales de mantenimiento y construcción, por lo cual recibe un sueldo mensual de 104 mil pesos. Por su parte, Pablo Sánchez Rodríguez, quien en su currículum asegura no tener ni título ni cédula profesional, maneja un presupuesto de 100 millones de pesos para supervisar todos los procesos de adquisición y contratación de la paraestatal. Su salario es de 85 mil pesos al mes. Ambos funcionarios tienen cosas en común, señala Loret de Mola, por ejemplo, haber ocupado puestos de mediana importancia en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard al frente del gobierno de la Ciudad de México.
 
 
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