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Edición 611
LUCES
 
Van por los gobernadores. Luego de que el Senado aprobara una reforma constitucional para que el presidente, los senadores y los diputados puedan ser imputados y juzgados por delitos electorales y actos de corrupción, Morena presentó una iniciativa para también eliminar el fuero constitucional a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como a los magistrados y diputados locales. La iniciativa aprobada en el Senado establece además que el presidente y legisladores podrán ser juzgados durante el ejercicio de su encargo por «cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19». Éstos son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Los inculpados podrán llevar el proceso en libertad y el auto de vinculación a proceso penal podrá defenderse ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
El INAI le enmendó la plana a la Presidencia de la República, la cual se había declarado incompetente para informar a un particular sobre los nombramientos y los salarios de los delegados de los programas para el desarrollo. La Presidencia había argumentado que el particular debía solicitar esa información a la Secretaría del Bienestar, pero el INAI estableció que si bien es cierto que los delegados están adscritos jerárquica y orgánicamente a esa dependencia, también son administrados por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que está bajo el mando directo del presidente. El comisionado Joel Salas recordó que las delegaciones coordinarán programas prioritarios de la actual administración, tales como las becas Benito Juárez, el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad y la Pensión Universal para Adultos Mayores. «Dada la relevancia de los delegados de programas para el desarrollo, se entiende que la población, como en el caso de este recurso de revisión, requiera ubicar quiénes son, qué atribuciones tendrán y cuáles serán sus percepciones económicas», dijo.
 
Buenas noticias para el periodismo… y malas para Humberto Moreira. El 29 de marzo, el periodista Sergio Aguayo fue notificado de que ganó la demanda que interpuso en su contra el exgobernador coahuilense por supuesto daño moral, y en la cual exigía una indemnización de 10 millones de pesos. Tras tres años de juicio, un juez de la Ciudad de México estableció que Moreira no acreditó que su honor haya sido dañado. «Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila», escribió Aguayo, cuando Moreira estaba encarcelado en España, en enero de 2016. Si bien Moreira puede apelar la sentencia, los abogados de Aguayo se sienten en terreno jurídico sólido. Aguayo, quien acusó que la denuncia intentaba amedrentarlo por una investigación que encabezó sobre las masacres de Allende y Piedras Negras, pidió que se modifiquen las leyes para evitar que los políticos acosen judicialmente a los periodistas.
 
 
SOMBRAS
 
Una de cal y dos de arena. Después de exigirles al rey de España y al papa Francisco que pidan perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista de México en nombre del cristianismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que las iglesias puedan tener canales de televisión y radio pública, con el objetivo de que se difundan valores morales. La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, confirmó que recibió instrucciones del presidente para modificar el marco legal para que las iglesias puedan licitar medios de comunicación públicos. El pedido había sido hecho por Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice). Esto no solo pondría en riesgo el principio de laicidad del Estado, consagrado en la Constitución, sino que se utilizaría un bien nacional para imponer una visón religiosa a las políticas públicas y programas de gobierno. Benito Juárez, el héroe nacional que inspira a AMLO, está dando vueltas en su tumba.
 
Vaya manera de combatir la obesidad que tiene el acalde de Ahome, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman, quien está siendo investigado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los comentarios que le hizo a una niña en una visita a una escuela. Tras preguntarle a la niña si come muchos dulces, «Billy» Chapman se dirigió a la maestra: «Esta niña tiene obesidad espantosa, horrible, ¿por qué, sabe usted?», dijo en presencia de la niña. La maestra añadió más leña al fuego: «Porque la mamá le da lo que la niña le pide a cualquier hora. Es hija única, sobreprotegida, eso es lo que nosotros hemos detectado». El Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) dio a conocer que la niña no se ha presentado a clases a partir de la difusión del video del encuentro y que se analiza la posibilidad de cambiarla de plantel. Chapman pidió disculpas por los comentarios, pero el daño ya estaba hecho, incluso la madre de la niña, quien sufre de diabetes, tuvo que recibir atención médica luego de ver el video.

 
Y hablando de la obesidad infantil, el gobierno de Coahuila tampoco parece estar entendiendo el impacto de esta enfermedad. El 3 de abril, Vanguardia informó que la administración que encabeza el gobernador Miguel Riquelme gastará 10.4 millones de pesos para repartir 905 mil bolsas de dulces, conocidos como «bolos», durante los festejos del Día del Niño, el próximo 30 de abril. La empresa Restaurantes Industriales Pozolcali, la cual fue la única en presentar propuesta para la licitación pública nacional CE-905002984-E5-2019, será la encargada de proveer los dulces. Cada «bolo» contendrá siete golosinas: una bolsa de frituras de 19 gramos, un bombón (mini mini) en presentación de 13 gramos, una galleta sabor chocolate tipo wafer de 10 gramos, una paleta de caramelo macizo de 5 gramos, un dulce de caramelo macizo de 4 gramos, un dulce cremoso bisabor tipo Duvalin de 15 gramos, y una bolsa de cacahuates tipo japonés de 13 gramos, todo empacado en una bolsa de papel celofán transparente cerrada con liga de látex, informa el rotativo. Todo un cóctel de azúcar.
 
 
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