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Edición 609
LUCES
 
Se le hizo justicia a Carmen Aristegui. El 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia que obligaba a la periodista a probar las expresiones que realizó en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, en el cual sugiere que los dueños de la empresa MVS cedieron a presiones del poder político. Los ministros de la Primera Sala de la SCJN dejaron sin efecto la sentencia por daño moral que había sido parcialmente favorable para Joaquín Vargas, al considerar que las opiniones de Aristegui en el texto demandado no son ofensivas ni implican un menosprecio personal al dueño de MVS. Los ministros determinaron que en el caso de opiniones periodísticas que tengan impacto de interés público, se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca ante los derechos de la personalidad de los involucrados, pues el debate en estos temas debe ser “desinhibido, robusto y abierto”. Tras la resolución, la periodista llamó a los demandantes a desistirse de ese juicio y a terminar con “el terrible periodo que hemos vivido tanto MVS como nosotros”.
 
El gobierno federal deberá investigar el uso que la Procuraduría General de la República (PGR) le dio al software espía Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto. Esto después de que el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) determinara presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dar vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, desde el ámbito administrativo y presupuestal, investiguen y promuevan sanciones contra quienes resulten responsables. No obstante, el colectivo #GobiernoEspía, al que pertenecen Artículo 19, Social Tic y el Centro Prodh, entre otras ONG, denunció que con la desinstalación del software en la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la extinta PGR, se destruyó evidencia del mal uso de ese sistema. Pegasus es un programa de origen israelí creado para extraer información de dispositivos inteligentes, que el gobierno federal adquirió en 2014 y habría usado para espiar a periodistas y activistas.
 
La Guardia Nacional será enteramente civil y el uso del Ejército será limitado. Así lo determinó el Senado, al aprobar la creación de este cuerpo de seguridad, que dispondrá de un periodo de 5 años para su conformación. En ese periodo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero su labor será de carácter extraordinario, regulado, fiscalizado y de tipo auxiliar de las instituciones civiles. También se exhorta a las entidades federativas a emprender un programa de fortalecimiento de sus policías estatales y municipales en un plazo de 6 años, cuyos avances serán evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, el artículo 21 del dictamen establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la operación de la Guardia. Asimismo, los delitos cometidos por elementos de la nueva corporación en el cumplimiento de sus deberes serán juzgados por jueces civiles. También se eliminó la facultad investigadora de la Guardia y se definió expresamente que actuará como auxiliar del Ministerio Público.
 
 
SOMBRAS
 
En medio del escándalo por los juicios ilegales a través de los cuales el Infonavit despojó a 300 mil derechohabientes de sus viviendas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que dos directivos del Instituto aprovecharon un programa para obtener créditos millonarios y comprar inmuebles en zonas residenciales. Se trata del programa Empleavit, lanzado en octubre de 2015 por el entonces director del Infonavit, Alejandro Murat, a través del cual se ofrecieron a empleados del instituto créditos equivalentes a 41.2 meses de sueldo con una tasa anual de 4%, a 20 años y sin intereses. El actual director empresarial del Infonavit, Sebastián Fernández, obtuvo en diciembre de 2015 un crédito con HSBC por 5.2 millones de pesos para comprar una casa de 22 mdp en la alcaldía Álvaro Obregón. El 22 de diciembre abrió su crédito con Infonavit y canceló su adeudo con HSBC. Lo mismo hizo José Pelayo, director general de Riesgos, que trasladó al instituto una deuda bancaria por 8.5 millones de pesos, que usó para adquirir una casa en Cuajimalpa, detalla la investigación.
 
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto perdonó a Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, uno de los principales huachicolerosde Puebla. En agosto de 2017, cuando el empresario gasolinero fue detenido en un operativo de la Marina en el que se le encontraron armas de grueso calibre, la administración estatal del panista José Antonio Gali Fayad informó que “se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible” y lo vinculó a Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, líder de una banda dedicada a la ordeña de gasolina en Triángulo Rojo (ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México). Sin embargo, el pasado 1 de marzo Reforma reveló que en agosto de 2018, “El Cachetes” negoció con la PGR declararse culpable de posesión de armas de fuego a cambio de una sentencia de sólo tres años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y beneficios legales para no pisar la cárcel. Pese a que dos de sus gasolineras fueron clausuradas, finalmente Muñoz Bravo no fue imputado por robo de hidrocarburos.
 
Los gobernadores no quieren abucheos y abogan por una ley que los prohíba. La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, informó que los mandatarios priistas le pedirán a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que haga un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga contra los abucheos en los eventos de gobierno estatales. Massieu dijo que la propuesta emanó de una reunión con los gobernadores de su partido, el pasado 3 de marzo. “Nos reunimos con los gobernadores (del PRI) y se busca un pronunciamiento desde la Conago. Este es un tema (los abucheos) de todos, no nada más del PRI”, dijo Massieu en conferencia de prensa. Además, informó que los grupos parlamentarios del PRI subirán puntos de acuerdo, a través de los cuales se exhortará al Ejecutivo Federal para que se acabe con esta práctica y que “se explora algún camino jurídico que se pudiera seguir”. Bajo esa perspectiva, ¿también pedirá que se hagan obligatorios los aplausos?
 
 
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