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  Cuidarnos de quien nos cuida
 
Edgar London
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  La familia, primero que cualquiera… Después siguen policías, magistrados, y otros funcionarios públicos. Se supone que todos ellos existen para velar por nuestra seguridad, nuestros derechos, en términos generales, nuestro bienestar dentro de las reglas que se establecen en cada sociedad. Pero ya sabemos que no siempre es así.

La sensación de incertidumbre, que muchas veces se transmuta en temor, cuando no verdadero pánico, ante la simple cercanía física de un agente del orden no puede explicarse de otra forma que como consecuencia de los abusos —registrados algunos, callados otros— que los elementos de las distintas dependencias de seguridad han cometido contra civiles. Hay ciudades donde muchos prefieren utilizar la acera en que se juntan pandilleros que la otra, al cruzar la calle, donde se ha estacionado una patrulla. No debería ser así, pero así es.

Los magistrados no se quedan atrás. Jueces y abogados diversos, allende su mala fama de criaturas rapaces, también hacen palanca con el poder que destila su profesión para extorsionar a sus víctimas. En su caso, no recae en la fuerza bruta su mejor arma, sino en la desinformación, el desconocimiento de sus víctimas, para acosarlas y extorsionarlas a partir de amenazas y escaramuzas legales. La sensación de desamparo no es nueva. Tampoco el desprecio que algunos causan. Ya lo había expresado Shakespeare, en su obra Rey Enrique: «Lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados».

El problema más grave, sin embargo, es cuando policías, magistrados y otros funcionarios públicos engranan sus piezas para trabajar en conjunto. Las dimensiones y alcances de sus fechorías, por supuesto, se multiplican. Y, lo más peligroso, como sus áreas de desempeño suelen rozarse de manera bastante natural, el pacto a veces se crea de manera implícita. A fin de cuentas, es raro el policía que no conozca a un abogado, el abogado que no trabe amistad con algún otro funcionario público y, más raro aún, el funcionario público que no guarde el teléfono de un policía.

Su complicidad los hace creer invulnerables. Pero afortunadamente, no siempre es así. Y aunque cuesta mucho, muchísimo trabajo, hallar un representante entre estos tres ejemplares de la fauna cívica que sea verdaderamente honesto, no por eso podemos afirmar que no existan. La más reciente prueba la podemos encontrar en Puerto Vallarta, donde Luis Alonso “N”, director de recursos humanos de la policía municipal de esa entidad, permanece en prisión y en espera de juicio por abusar de una niña de 10 años en el interior de su vehículo. Mas no solo eso. En consecuencia, también será sometido a investigación el juez Jorge Luis Aranda —ya suspendido de su cargo— por negarse a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso “N”. Mientras la pesquisa se lleva a cabo, las cuentas de Aranda permanecerán congeladas.

Sin embargo, experiencias previas nos cohíben de una celebración prematura. Resta aún que se demuestren las implicaciones de los detenidos con este terrible suceso y, a posteriori, que los presuntos culpables sean castigados como se debe. El camino no es corto y resulta, además, tortuoso. Mil recovecos pueden ser aprovechados por los acusados para salvarse de la justicia. Ojalá no sea el caso. La sociedad está harta de frustraciones similares.

Y quiero terminar con mi primer elemento mencionado. La familia.

Si terrible resulta para cualquier persona no recibir apoyo de sus seres allegados, ¿cuán terrible no resulta para un menor que su padre, su tío o su hermano se aproveche de su vínculo sanguíneo para cometer sus abusos? En esta interacción nefasta suelen ser los niños los más lastimados. Resulta imprescindible ponerle un alto a tales atrocidades, sean cometidas por quienes fueren, familiar, agente del orden o funcionario público.

Si quien debe cuidarnos nos hiere, es porque algo podrido lacera nuestra sociedad.

 
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