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  Edición 645
  Crujen las arcas estatales
 
Alejandro Dávila y Miriam Valdés
   
  La fuerte dependencia de los recursos federales, la ineficacia del gasto y el exagerado endeudamiento agravan el impacto económico de la emergencia sanitaria en las entidades del país

Agobiados por el costo del servicio de la deuda, que tiene como garantía los ingresos federales participables y en algunos casos, hasta determinados impuestos locales, las finanzas de los gobiernos estatales están «haciendo agua» ante el desplome de las aportaciones y participaciones federales y los gastos emergentes para combatir la pandemia.

Aún antes de la emergencia sanitaria, la participación de la inversión pública en los egresos totales de las entidades federativas se había desplomado en dos tercios, pasando de 11.6% en 1989 a 4% en el 2018 (último año con cifras liberadas por el Inegi).

La gravedad de la situación y la imposibilidad de modificarla a partir de la interlocución individual de los gobernadores con el presidente del país, sirvieron de aglutinante a los dos grupos que aquellos han conformado para ganar capacidad de gestión ante el titular del Ejecutivo federal. Uno está conformado por gobernadores de extracción panista, en tanto el otro abarca un espectro político más amplio e incluye a gobernantes de 12 estados del occidente, centro y norte de la República.

Al menos en las formas, el presidente que regresó de su viaje a Washington tiene un comportamiento diferente; escucha, es más empático con sus interlocutores y bosqueja vías de atención a los problemas. En lo que cada vez se perfila con mayor claridad como un ajuste en la estrategia política del gobierno de la 4T, López Obrador tomó la iniciativa de visitar los estados de Jalisco y Guanajuato, abriendo vías de diálogo con quienes considera tienen capacidad de liderazgo en esos grupos. Reconoció la legitimidad de su demanda de buscar un nuevo pacto fiscal y ofreció analizar la conformación de una nueva fórmula de distribución de recursos.

De inmediato saltó a la palestra el gobernador de Querétaro (Francisco Domínguez), quien encabeza a la asociación de mandatarios panistas y también ha participado en reuniones de la Alianza federalista. Su propuesta: modificar la actual forma de distribución de recursos (80% para la Federación, 10% para los estados y 5% para los municipios), disminuyendo en 10 puntos la participación federal y aumentando en cinco la de los estados y otro tanto la de los municipios.

Dependencia federal

Pero las dificultades financieras de los gobiernos locales no se limitan a la disponibilidad de fondos. De hecho, entre el 2003 y el 2018 los ingresos de los estados crecieron casi tres veces más rápido que el Producto Interno Bruto (PIB). Como proporción del PIB, las entradas de los estados pasaron de 7.1% en 1989, a 10.8% en el 2018 (3.7 puntos adicionales). ¿Por qué no les alcanza?

En parte, porque las necesidades crecen con la población; en parte, porque la plataforma para las políticas de impulso a la competitividad económica basada en clústeres regionales de innovación, demanda una ampliación sustancial del campo de acción de los gobiernos locales.

Pero también debido a una baja eficiencia en el gasto, facilitada por la desarticulación entre recaudación de ingresos y su ejercicio. Mientras la participación de los gobiernos locales en el gasto público creció rápidamente, hasta representar en grueso un tercio del total, la contribución a la recaudación impositiva se estancó en una cifra de alrededor de 5%.

Cuando analizamos los cambios más relevantes en las estructuras de ingresos y gastos de los gobiernos estatales, destacan dos aspectos: la mayor dependencia de los recursos federales, que pasó de poco más de 50% en 1989 a 77.7% en el 2018, y el aumento en el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que en esos mismos años brincó de 12 a 43.3% de las erogaciones totales. Y de la eficiencia en el gasto de estos dineros, que son los más cuantiosos, sabemos «mucho» y muy poco.

Deuda infinita

Para completar el cuadro, tenemos el tema del sobreendeudamiento en un grupo de entidades en las cuales se observaron prácticas abiertamente ilegales, con la complacencia de instituciones bancarias y de instancias del gobierno federal, en la contratación y disposición de recursos obtenidos por la vía del financiamiento. En tan solo tres años (2009-2011), los gobiernos estatales contrataron créditos por 188 mil millones de pesos (monto equivalente a casi un tercio del saldo total de la deuda de estados y municipios en el 2018).

Durante esos tres años, los GoldenBoys del nuevo PRI (como Rodrigo Medina, César Duarte, Javier Duarte, Humberto Moreira, y Roberto Borge) y otros gobernadores de otros partidos (PAN, PRD, PVEM y MC), bailaron con sus acreedores la danza de los millones.

Como resultado de lo anterior, los estados de Coahuila, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, destinaron entre 8.5 y 31.6% de sus egresos al pago del servicio de la deuda en el año 2018. El tema merece atención más detallada en una próxima entrega.

Resumiendo. Si la 4T quiere realmente ser eso, debe aprovechar la invitación de los gobernadores para hacer un análisis a fondo del pacto federal; que incluya la definición clara de responsabilidades de cada ámbito de gobierno, las potestades fiscales de cada uno para captar los recursos necesarios para atenderlas, la corresponsabilidad en el costo económico y político de la recaudación, la definición transparente de las reglas de repartición de esos dineros y los mecanismos de rendición de cuentas que garanticen su correcta aplicación. Los parches ya no alcanzan. E4

*Investigadores nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

 
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