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  Edición 644
  Cuentas claras en Monclova
 
Juan Antonio García Villa
   
  En septiembre de 2011, el municipio de Monclova tenía alcalde y ayuntamiento priistas. En ese mes y año la autoridad municipal requirió a la empresa Teléfonos de México el pago de un adeudo por la cantidad de 68 millones 995 mil pesos. El concepto: derechos municipales correspondientes a la expedición de licencias para colocación de anuncios y carteles publicitarios en la llamada ciudad del acero, así como el uso de espacios públicos donde aquéllos fueron instalados.

Teléfonos de México interpuso una demanda de amparo en contra de la determinación —y obviamente del pago— del citado crédito fiscal. Dio inicio así una larga batalla jurídica que finalmente se vino a resolver de manera firme a favor de la comuna monclovense hasta el año 2017. Es decir, seis años después. Para entonces ya el alcalde y el ayuntamiento eran panistas, cuando el Tribunal Colegiado del octavo circuito dictó la sentencia que causó estado.

Desde entonces nadie sabe a ciencia cierta si el adeudo fue cobrado o no por la Tesorería Municipal. Precisamente en 2017 concluyó el periodo del anterior alcalde, cuando el caso se resolvió. Luego, como se recordará, para ajustar el calendario electoral vino un ayuntamiento de un año, que fue 2018. El nuevo cabildo de un solo año tuvo el mismo origen de partido, o sea, Acción Nacional, que luego fue reelecto para el periodo 2019-2021. En consecuencia, es el que está en funciones.

A lo largo de los últimos cuatro años, desde que se ganó el pleito legal a Telmex, no han sido pocos los ciudadanos que han estado preguntando si el cobro del cuantioso adeudo ya se hizo efectivo. Y sólo obtienen un denso silencio por respuesta. El adeudo, por cierto, con actualizaciones y recargos anda más o menos en 162 millones 101 mil pesos si sólo se consideran los recargos de los últimos cinco años, o en 221 millones 78 mil pesos si se le calculan recargos de nueve años.

Cansados de que no les hicieran caso, dos regidores panistas del ayuntamiento de Monclova solicitaron al Congreso, mediante denuncia, que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice una investigación sobre este asunto. El pleno de la Legislatura turnó dicha petición-denuncia a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública (que yo coordino), para análisis y dictamen.

Realizado el estudio del caso y examinadas las constancias del expediente, el proyecto de dictamen propuso, con fundamento en lo establecido en los artículos 60 a 62 de la «Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila», que en efecto procede que la ASE lleve a cabo una revisión que la ley llama «por situación excepcional», toda vez que se cumplen los requisitos establecidos por los referidos preceptos. El plazo de que dispone la ASE para efectuar la revisión y presentar un informe al Congreso es de 30 días hábiles (Artículo 64).

En la sesión de la Comisión celebrada el pasado 24 de junio, los diputados del PRI se negaron a dar su aprobación al dictamen. Con la indicación de que este dictamen no obtuvo mayoría, a través de la Oficialía Mayor lo turné al Pleno para que resolviera en su sesión del 30 de junio. Ya en la sesión, los legisladores priistas promovieron y ganaron con sus aliados de siempre una moción suspensiva.

Como a partir del 1 de julio el Pleno entró en receso y la Diputación Permanente carece de facultades para resolver el asunto, el caso quedaría para septiembre, en que arranca el nuevo periodo de sesiones ordinarias. Extraoficialmente los priistas se comprometieron a que el tema se incluya en la convocatoria de un eventual periodo extraordinario de sesiones que es necesario llevar a cabo hacia finales de julio. Mientras les dará tiempo de analizar con calma el dictamen.

Un par de cosas ha de quedar en claro: Indicar a la ASE que realice esta investigación en modo alguno significa señalar a alguien como responsable de no gestionar el cobro de un monto tan cuantioso en perjuicio del municipio de Monclova, sino de saber exactamente qué ha pasado. Y dos, que en estas cuestiones la filiación de partido no debe impedir tomar las decisiones que se consideren correctas.

 
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