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  Edición 642
  Impacto económico de la emergencia sanitaria
 
Alejandro Dávila y Miriam Valdés
   
  El paro de actividades por la epidemia de COVID-19 disminuirá el valor de producción de las industrias automotriz y minera en la región Centro-Norte del país. Se perderían más de 370 mil empleos y un 8.4% del PIB

Más de 370 mil empleos formales e informales, así como 192,495 millones de pesos de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra proporcional al 8.4% del valor anual estimado para este último indicador, forman parte de los costos económicos ocasionados por dos meses de aplicación de las medidas de emergencia sanitaria en la región Centro-Norte del país.

Y este saldo catastrófico puede exacerbarse como resultado de la incertidumbre en la propia evolución de la pandemia, así como por los errores en el diseño y aplicación de la política económica del gobierno federal, especialmente en los ámbitos fiscal y energético.

Integrada por los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, esta región ocupa el 15.1% del territorio nacional, alberga al 11% de la población y contribuye con el 9.5% del PIB del país.

Durante la última década, se benefició del desplazamiento relativo del boom exportador de la economía mexicana, desde las entidades de la frontera norte, hacia el Bajío y el Altiplano de México. De hecho, fue la región con la mayor dinámica en las ventas foráneas de productos mineros y manufactureros, incrementando su penetración en las exportaciones totales de estas mercancías del 7.8 al 13.7%.

Guanajuato encabezó el movimiento, con crecimientos promedio anual, en dólares corrientes, del 13.1% entre 2007 y 2018. Le siguieron San Luis Potosí (11.1), Durango (7.7), Aguascalientes (7.4) y Zacatecas (3.5). En éste último estado y en Durango, el esfuerzo se sustentó en las exportaciones mineras, en tanto, en los tres restantes, en las de equipo de transporte y, en menor medida, de productos de plástico y hule. Esta evolución le permitió escalar al tercer sitio en el índice de exportaciones por habitante (1.24), solo por detrás de las dos regiones de la frontera norte.

Y es justo en las actividades exportadoras más dinámicas; automotriz en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, así como; minería, en Zacatecas y Durango, en dónde las medidas de emergencia sanitaria provocan las mayores pérdidas del valor de la producción bruta.

En términos del PIB anual de cada estado, los dos meses de paro en las actividades «no esenciales» producirán una contracción en esa variable del 8.7% (27,860 millones de pesos) en Aguascalientes; 8.3 en Zacatecas (16,760 millones); 8.1 en San Luis Potosí (41,938 millones); 6.9 en Guanajuato (69,542 millones); y 6.2 en Durango (16,655 millones).

Casi dos tercios de las fuentes de trabajo en fuerte riesgo de desaparición, cuya magnitud global se apuntó en el párrafo de apertura, se concentran en seis actividades productivas: Construcción (19.8%); Otros servicios (9.9); Automotriz (9.2); Servicios de apoyo a los negocios (8.6); Comercio al menudeo (7.6) y; Prendas de vestir y productos de cuero (7.4). La distribución entre las entidades federativas depende del tamaño de sus economías y del peso relativo de las distintas actividades productivas: Guanajuato concentra el 41.7%; San Luis Potosí el 24.5; Aguascalientes (14.6); Durango (10.8) y Zacatecas (8.5).

La reanudación gradual de actividades a partir del 1 de junio en la fabricación de equipo de transporte, la minería y la construcción, así como su reclasificación como sectores esenciales, abren paso al inicio de la recuperación. Ésta será incierta, como lo es la propia evolución de la epidemia, hasta en tanto se disponga de un medicamento específico para su combate o de una vacuna que permita la inmunidad.

La incertidumbre del curso de la enfermedad se amplifica por sus repercusiones en el devenir del proceso de recuperación económica, así como por los cambios inducidos por esta experiencia, los cuales se anticipan relevantes, en la reorganización de la economía internacional y en el comportamiento de los consumidores.

A estos desafíos hay que agregar, en el caso de México, lo que la gran mayoría de los analistas consideran errores y omisiones graves en la formulación de la política económica del gobierno de la 4T.

Las cancelaciones caprichosas de grandes proyectos de inversión, el incumplimiento unilateral de contratos y la manipulación grosera de las reglas del juego, han minado seriamente la confianza de los inversionistas. Aún antes de la emergencia sanitaria, la inversión fija bruta, en febrero del 2020, registró una reducción del 10.2% respecto del mismo mes del año previo, y al final del primer trimestre del 2020, el PIB de la economía nacional acusó una variación de -2.4% en relación al mismo trimestre del año anterior.

Por si esto fuera poco, el titular del Ejecutivo se niega a instrumentar un programa emergente de apoyos fiscales para proteger el empleo y la permanencia de las empresas. Pero esta recomendación solo se aplica en la parcela del compadre, pues mientras a las empresas y a sus empleados se les pide «que se rasquen con sus uñas» para tratar de sobrevivir a la hecatombe, el gobierno federal juega con dados cargados a favor de Pemex y CFE.

Poco importa que el resultado de la maniobra condene a los consumidores a comprar una electricidad más costosa (ya sea en el monto del recibo o en el costo fiscal), con efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud pública, pues la decisión afecta a las plantas generadoras de energía renovable, la cuales ofrecen la electricidad más económica y limpia.

Tampoco es relevante que en el camino se atropellen los legítimos intereses de los inversionistas, ni que, en el centro de la tempestad económica, se aseste un golpe adicional a la competitividad sistémica de la economía mexicana.

Con justa razón, el gobierno de la 4T manifiesta preocupación por los temas de desigualdad económica, bienestar y desarrollo. En su perspectiva, estos aspectos son más importantes que los de generación de valor medidos mediante el PIB. Tratando de demostrar lo contrario, por un error involuntario, el propio presidente proporciona evidencia de la correlación que existe entre crecimiento del PIB y la disminución de la desigualdad (ver la gráfica que aparece en la página 25 de «La nueva política económica en los tiempos del coronavirus»).

En ejercicio de congruencia, el gobierno federal debe informar a los ciudadanos cómo inciden estas decisiones en los aspectos aquí enunciados.

Y como su gobierno ya se ocupó de los pobres, ahora el presidente abriga una duda existencial: ¿Qué hacer con los ricos? Le propongo que atienda el consejo del viejo sabio de la izquierda Latinoamericana, José Mújica: «Póngalos a trabajar y asóciese con ellos».

Si tiene éxito en la empresa, contará con los recursos para construir un moderno estado del bienestar a la mexicana. De lo contrario, le ocurrirá lo que al estudiante foráneo que se pelea con la cocinera: padecerá hambre. E4

*Los autores son Investigadores Nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (CISE-UA deC).

 
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