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  Edición 640
  Simulacro y sentencia a modo
 
Luis Enrique Coronado
   
  Resulta que el oficioso ombudsman coahuilense, de nombre Hugo Morales, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto del gobernador de Coahuila que limita la movilidad. De entrada parecía hacer su trabajo, que es defender los derechos humanos de las y los coahuilenses, pero en realidad el fin no era ese, sino simular.

Lo anterior, porque dadas sus facultades, el señor es muy oficioso para iniciar quejas excediendo sus facultades, al menos así lo hace en contra del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, curiosamente es el único municipio contra el que se pone así de activo.

¿Por qué no se puso de oficioso ante violaciones de derechos humanos en su vertiente a la salud de las y los trabajadores de la salud ante la falta de implementos y medicamentos o por la falta de atención y acceso a hospitales? ¿Por qué no ante los diversos retenes ilegales de la Policía de Coahuila, desde aquellos para detener automovilistas con placas vencidas, o recientemente para restringir la movilidad de la ciudadanía?

La idea era legitimar las acciones del gobierno del estado, porque de entrada no era necesario promover una acción de inconstitucionalidad local, que dicho sea de paso, es la primera y la catalogan quienes la resolvieron como «histórica», lo cual es una burla.

Pero antes de analizar lo resuelto, estimado lector y lectora, le digo que Hugo Morales tenía y tiene facultades para iniciar de oficio las quejas, al menos ya sabemos que en Torreón así lo hace, para investigar violaciones o posibles violaciones a los derechos humanos y fundamentales de las y los coahuilenses, caso que no sucedió.

Es en allí donde pierde total credibilidad su escrito solicitando la acción de inconstitucionalidad, lo que no es otra cosa que un simulacro para decir que sí hizo cuando, teniendo las facultades, no hizo nada. Bueno, solo a Torreón, cuyo alcalde tuvo la osadía o el valor de decir, en Torreón, «no vamos a detener gente que anda en la calle, por decreto del gobernador», y aclaró, la Constitución Política de México es muy clara en su artículo 29: le corresponde al presidente de la república, con aprobación del Congreso de la Unión, el restringir de manera temporal derechos, aclarando que no todos pueden ser suspendidos. La constitución es muy clara al señalar: «no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos».

Por más que le busquen y señalen de histórica dicha sentencia, no es más que una burda acción legal para decir que el decreto de gobernador es constitucional y legal. Tan fácil que es analizar el 29 de la Constitución Política de México.

A nadie sorprende que el recién estrenado magistrado Luis Efrén, aspirante a ocupar el máximo cargo, que es la presidencia del Poder Judicial en el Estado de Coahuila, sea quien haya realizado el proyecto, lo raro es que se dice ser experto en derechos humanos. No sorprende lo resuelto, salvo un voto en contra, pero por dónde le busquen no es constitucional la restricción de la libertad de tránsito emitida en el decreto.

Extraña que un «experto» en derechos humanos no haga un ejercicio de convencionalidad y del derecho internacional de los derechos humanos, ello alegando el derecho humano a la salud de todas y todos. Y es que no criticamos que efectivamente se debería estar en cuarentena a fin de evitar una propagación, pero ello le corresponde al ejecutivo federal, no al gobernador y más absurdo es que las y los magistrados que votaron a favor digan que dicha medida es constitucional, mostrando con ello una falta total de conocimiento al control de constitucionalidad y de convencionalidad.

Para concluir, dicho decreto es inconstitucional e inconvencional, al ser contrario a los numerales 3, 9, y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ser violatorios de los derechos humanos a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, a la privacidad o vida privada, a la integridad personal, de no injerencias arbitrarias, así como de los principios de legalidad y de certeza jurídica.

 
   
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