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  Edición 640
  ¿Y las políticas públicas?
 
Jaime Torres Mendoza
   
  Perdone el lector mi abordamiento de este tema a partir de las definiciones del diccionario, pero trato de entender el complejo sistema político que norma la vida ciudadana de mi país. Y apenas así, con esa ayuda.

Partimos de una definición general que, además, es muy clara. El presidencialismo —sigo el diccionario de la RAE— es un régimen político que caracteriza a los Estados republicanos (como México) en el que el presidente es elegido mediante sufragio universal y no por otras instancias, como podría ser un Parlamento, por ejemplo, tal y como ocurre con algunos países europeos.

En el contexto de esa libresca definición, entonces, todo nuestro sistema es presidencialista. Pero encuentro que, en la práctica, existen dos tipos de presidencialismo. El anterior, que es un supuesto teórico, legitimado por un marco jurídico, y otro, el que se ejerce en la práctica cotidiana.

Y en este artículo quiero referirme al presidencialismo que se ejerce sin contrapesos y que, por eso, se convierte en una forma de gobierno que tiene como figura principal al presidente de la República, sin que medie entre él y sus gobernados ningún poder que permita equilibrar las relaciones de ejercicio de funciones.

El problema de un presidencialismo así no es exclusivo de México, sino de todos los Estados que mantienen este régimen —América latina es el mejor ejemplo— y que, como ejercicio de poder político, ofrece escasas posibilidades de desarrollo, de transparencia, de diálogo.

Un presidencialismo de este tipo mantiene vigentes las siguientes características: El presidente se vuelve una figura autoritaria; hay un desbalance de poder a favor del Ejecutivo; el presidente comete excesos que nadie sanciona; el presidente convierte su régimen en un cacicazgo; se cuidan los intereses de los personalismos por encima de los intereses sociales; inevitablemente se da una escasa transparencia y; la corrupción en la gobernabilidad política se enseñorea en todos los actos que rodean a la figura presidencial.

Un presidencialismo así crea una figura de características muy particulares: el presidente representa en la conciencia colectiva la unidad nacional; es el jefe del Estado; ejerce una multiplicidad de poderes; es la única figura fuerte del sistema; es un paradigma cultural; es paternalista; es populista.

En ese sentido, entonces, el presidencialismo mexicano, aunque tenga su justificación en la Constitución Política del país; es decir, es legal, su ejercicio real borra toda imparcialidad a la hora de gobernar —gobierno para todos, como sería el ideal en una democracia—; deja de ser garante de la democracia; deja de ser factor de unidad y orden; sus acciones no influyen positivamente en todos los asuntos de la vida nacional; sus políticas de desarrollo son sustituidas por políticas sociales de corte paternalista.

La experiencia histórica de México en este campo, es notoriamente negativa. El juarismo pudo haber conservado el contrapeso de la iglesia católica en lugar de borrarla del área de influencia social; el porfiriato, de gran impulso de desarrollo al principio, terminó convirtiéndose en una dictadura; el ejercicio hegemónico del PRI durante sesenta años generó escaso desarrollo; y el actual presidencialismo de López Obrador está a punto de fracturar seriamente la estructura sociopolítica y sociocultural del país.

El surgimiento de un presidencialismo así no está ligado al surgimiento de un líder capaz de mover masas a su favor, sino a los órganos de poder que en México funcionan como poderes de equilibrio y que, en momentos específicos pierden su carácter autónomo. Me refiero a la Cámara de diputados y senadores —que en este caso están compuestas por mayoría del partido en el poder y que, claramente, están bajo las órdenes del presidente— y el Poder Legislativo, que también ha perdido su carácter autónomo. A todo esto hay que añadir la inexistencia de una oposición política que fue borrada de un plumazo en las elecciones pasadas sin que ningún partido haya sido capaz, hasta hoy, de dar signos vitales para su resurgimiento.

Sin esos contrapesos, el presidente Andrés Manuel es la figura principal en la escena política pues no tiene oposición alguna.

La consecuencia de esto —y sólo para ejemplificar con el actual presidente y sin ánimo de entrar en polémica ni trasfondo de agresión— es que tenemos un presidente que controla los otros dos poderes de la Unión desde una figura de autoridad que exige sumisión total; un presidente que genera políticas paternalistas y no políticas de Estado, con una visión de futuro para construir el bien común; un presidente que pone énfasis en programas sociales sin soporte económico que acentúan más las diferencias sociales; un presidente que genera políticas recaudatorias para sostener sus programas populistas sin apoyarse en una economía fortalecida por medidas que la hagan crecer; un presidente que genera políticas que acentúan la pobreza; un presidente que no genera políticas de desarrollo; un presidente que no es capaz de hacer una lectura adecuada de los signos del mundo moderno.

Una sociedad es una entidad viva, se mueve, palpita, reacciona. Un Estado democrático que se sabe fuerte debe moverse, palpitar y reaccionar en concordancia con esa sociedad que gobierna. Para ello debe poner en marcha políticas públicas que atiendan adecuadamente a esa sociedad que se mueve, que palpita, que reacciona. Si no es así, entonces el Estado es rebasado por la sociedad viva que tiene frente a sí.

El Estado que sabe ejercer su poder, jamás deja vacíos, porque sabe que en esos desequilibrios se crean los campos propicios donde fructifican otros intereses que pueden ser ajenos a los del Estado; es decir, son espacios llenados por una parte de esa sociedad viva que se mueve, palpita y reacciona.

Como ocurre ahora. Sin políticas públicas claras, los cárteles de la droga reparten despensas para ganar adeptos entre la población, se fortalecen los cacicazgos regionales, se deteriora la economía, se vulneran los principios de igualdad, crece la violencia.

Somos un país que depende de la caridad pública. El sistema de salud necesita que alguien le haga la caridad de regalarle cubrebocas, guantes, ventiladores; la población civil está urgida de que alguien se compadezca de ellos y les regale una despensa.

Por eso, como tenemos políticas públicas que atiendan esas carencias, también los gringos se otorgan el derecho de exigir a este país que reabra su economía al ritmo de la de ellos. Sin políticas públicas bien definidas, México se encamina directamente a una crisis que terminará en el abismo más profundo de su historia.

 
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