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  Edición 638
  ¿Y si no hubiera elecciones presidenciales por una pandemia?
 
Juan Antonio García Villa
   
  Todo México sufren una gravísima emergencia sanitaria que nadie sabe cuánto tiempo habrá de durar. La actual generación, ni las dos o tres anteriores han vivido o vivieron algo ni remotamente igual. Literalmente en menos de cien días el panorama del país —y de todo el mundo— se nubló, y muy feo. El impacto de esta terrible contingencia será brutal en los más diversos aspectos de la vida nacional. Afectará por supuesto en mayor o menor medida, sin distinción de grupos, la vida de todos los mexicanos, y del planeta todo.

En esta ocasión el origen de la catástrofe fue sanitario. Aunque pudiera tener en el futuro otra génesis. Por ejemplo un gran sismo, igual o —Dios nos libre— peor que el de 1985, si bien este fenómeno natural, con sus réplicas y todo lo demás que ya conocemos, difícilmente llegaría a cubrir todo el territorio nacional, pero sí varias de las entidades más pobladas del país, que son conocidas zonas sísmicas.

¿Se imagina el lector la declaración de una emergencia sanitaria de las proporciones de la que estamos viviendo y aun un temblor de tierra de gran magnitud, dos semanas antes de unas elecciones presidenciales? ¿Qué pasaría si los comicios no pudieran celebrarse antes del 1 de agosto? Como se sabe, esta es la nueva fecha que la Constitución señala para la toma de posesión de los nuevos diputados y senadores electos, o en su caso reelectos, el 1 de agosto.

Cabe antes plantear bien los términos del problema. La ley electoral establece que los comicios federales sean cada tres años, el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir diputados. Y cada seis para senadores y presidente de la República, también el primer domingo de junio. Lo cual hace que cada seis años coincidan los comicios para diputados federales y para senadores. Unos y otros, estos últimos, para entrar en funciones el siguiente 1 de agosto según lo dispone el Artículo 64 de la Constitución. Y el titular del Ejecutivo el 1 de octubre, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 de la Carta Magna.

En la hipótesis planteada habría un cierto —aunque mínimo— problema, considero que salvable, para llevar a cabo el relevo del ocupante de la silla presidencial, en el caso de no realizarse los comicios precisamente en la fecha señalada del primer domingo de junio. Bien sea porque tomando posesión del cargo el presidente dos meses después de la fecha en que entran en funciones los diputados y senadores, en el interín se pueden celebrar los comicios presidenciales, o bien porque conociendo la Legislatura saliente que para el 1 de octubre la elección presidencial no estará hecha ni sería posible realizarla, bien pudieran los diputados y senadores que van de salida hacer el nombramiento de un presidente interino con fundamento —bien argumentado— en lo previsto por el artículo 85 de la Constitución, que a la letra dice:

«Si antes de iniciar un periodo constitucional, la elección (del titular del Ejecutivo) no estuviese hecha o decretada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso en los términos del artículo anterior»; es decir, del 84.

El problema se presentaría en la integración de ambas Cámaras, si entre el momento en que se declara la emergencia, en la hipótesis antes del primer domingo de junio, y el día 31 de julio —en el extremo— no es posible llevar a cabo la elección de diputados y senadores. La Constitución mexicana no prevé este supuesto y mucho menos una salida o solución al problema que se generaría, consistente en no tener conformadas ambas Cámaras del Congreso. Con la actual emergencia sanitaria que el país vive, queda claro que el hipotético caso sí es factible.

El pasado 1 de abril, el INE resolvió, considero que con aceptable argumentación jurídica —con fundamento en un olvidado inciso c) de la fracción V, en su Apartado C, del artículo 41 constitucional—, suspender los procesos electorales en curso de Coahuila e Hidalgo.

En el caso de Coahuila, su marco jurídico no tiene contemplada la figura relativa a la suspensión de un proceso electoral. Ni nunca antes, que se recuerde, se había necesitado. Hasta que se necesitó y se pudo tener una solución a pesar del vacío de la legislación local.

 
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