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  Edición 637
  Las desmesuras de la Auditoría Superior del Estado
 
Juan Antonio García Villa
   
  La Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano técnico del Congreso, tiene el encargo de revisar la Cuenta Pública que anualmente deben presentar las dependencias o entidades fiscalizadas, tanto estatales como municipales.

Si al llevar a cabo sus revisiones la ASE encuentra alguna irregularidad, ésta le es comunicada a la entidad fiscalizada a través de los llamados pliegos de observaciones y pliegos de recomendaciones, según se trate, para el efecto de que las observaciones sean solventadas —es decir, explicadas o justificadas—, y si se trata de recomendaciones para aportar evidencias de que fueron atendidas.

Para solventar observaciones y/o recomendaciones, loss auditados disponen de un «plazo improrrogable de 15 días hábiles» (artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila).

¿Quince días es, o no, un plazo razonable para los citados propósitos? En general, aparentemente no. Veamos la experiencia de los últimos dos años, 2017 y 2018, revisados por la ASE. Y advirtamos también la cambiante, movediza actitud de la ASE en torno al punto.

En su Informe Anual de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2017, la ASE lamenta que «prevaleció insuficiencia en el interés administrativo para solventar (las) observaciones realizadas, no obstante contar (los auditados) con plazos legalmente establecidos para tal efecto» —Informe Anual de Resultados 2017, tomo Ejecutivo, página 78—. En ambos casos —para observaciones o recomendaciones—, el plazo es de 15 días hábiles sin prórroga.

Aunque la ASE utiliza a manera de eufemismo la frase «insuficiencia de interés administrativo para solventar las observaciones», lo que en realidad quiere dar a entender es que a las dependencias auditadas les importa muy poco, les tiene sin cuidado, solventar las observaciones que les formula.

Y ese escaso interés la ASE lo cuantificó en su informe anual de 2017 al dar cuenta —de cada una de las 144 entidades auditadas— del porcentaje de observaciones solventadas. Por grupos, los 38 municipios no solventaron el 62.8% de las observaciones; los sistemas de aguas y saneamiento dejaron sin solventar el 51.4% y las entidades directamente dependientes del gobernador del estado no solventaron el 74.6%. Lo cual evidencia que solventar las observaciones no está entre las prioridades de las dependencias. De lo cual se puede concluir, a manera de premisa mayor, que hay una especie de cultura de incumplimiento.

Ahora bien, ¿a qué obedece ese generalizado incumplimiento? ¿A que el tiempo de que disponen los entes fiscalizados es en realidad insuficiente? ¿A que la ASE tiene establecidos procedimientos muy complicados y confusos para solventar observaciones? ¿O quizá a que es vista (la ASE) más como un órgano político que técnico, diseñado para actuar selectivamente y a contentillo, según las circunstancias? ¿O se trata de una mezcla de todas estas hipótesis?

En el proceso de revisión de la Cuenta Pública del año siguiente; es decir, ahora la de 2018, luego de señalar la ASE que en los años recientes el número de irregularidades que se observan «ha ido en aumento», apunta que las entidades auditadas argumentan «que el plazo de 15 días hábiles que actualmente se les otorga por parte de la Auditoría Superior —en realidad otorgado por la ley— representa un periodo muy corto de tiempo considerando las diversas funciones que tienen asignadas, así como sus tareas ordinarias».

La Auditoría Superior hace suyo el argumento y plantea que «resulta indispensable que las entidades públicas cuenten con una mayor oportunidad para responder por las observaciones y recomendaciones determinadas con motivo de las revisiones correspondientes» [Tomo Ejecutivo del Informe Anual de Resultados 2018, página 51].

¿Qué plazo propone la ASE se conceda a las dependencias auditadas para solventar las observaciones que les formula?

No es muy clara su propuesta. Por un lado parece que pretende se le otorguen facultades discrecionales para establecer el plazo según le parezca, pues en su Informe de 2018 dice: «se propone a esa Legislatura que se otorguen facultades a la Auditoría Superior para ampliar los plazos para solventar los pliegos de observaciones» [Ibid., página 52]. Increíble, pero esto propone; es decir, que la facultad de ampliar los plazos sea de la propia ASE. De ninguna manera.

Y en otro pasaje de ese mismo Informe dice: «se sugiere un esquema bajo el cual se otorgue un plazo adicional de seis meses respecto a las revisiones de las cuentas públicas 2017, 2018 y 2019 —esta última por cierto aún no presentada—, con el propósito de que tanto la Administración Pública del Estado, como las administraciones públicas municipales, presenten mayores elementos para solventar las observaciones que les fueron determinadas» (Ibid, pág. 53).

A todas luces las propuestas de la ASE, poco claras, más bien confusas, son de entrada sendas desmesuras. Por decir lo menos.

Quizá influido por la posición y propuestas de la ASE, en la sesión del Congreso del pasado 2 de marzo el Dip. Emilio de Hoyos (UDC) presentó iniciativa para reformar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, a fin de establecer en 90 días naturales el plazo de que dispongan las entidades auditadas para solventar los pliegos de observaciones y de recomendaciones que les presente la ASE.

El plazo de 90 días naturales propuesto por el Dip. De Hoyos es más o menos equivalente a tres meses y aproximadamente a 60-64 días hábiles.

Por mi parte, en la sesión del 11 de marzo presenté otra iniciativa para establecer dicho plazo en 40 días hábiles. Más del doble del ahora previsto. Entre los argumentos que esgrimo está uno de derecho comparado.

Me di a la tarea de revisar las leyes en materia de rendición de cuentas de las 32 entidades federativas y encontré que ninguna de éstas concede más de 30 días hábiles para solventar observaciones. Sólo diez entidade-s contemplan un plazo superior al hoy vigente en Coahuila. A saber: Aguascalientes, Durango, Sonora y Zacatecas que lo establecen en 20 días hábiles, si bien en Sonora se dispone que sea entre 15 y 20 días hábiles.

En 30 día naturales lo fijan las respectivas leyes de Nuevo León y Tlaxcala, y en 30 días hábiles las del Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

A la luz del derecho comparado, ¿cuál sería la base para establecer en Coahuila que el plazo sea de 90 días naturales, como lo propone el Dip. De Hoyos, o de seis meses como sugiere la ASE en su desmesurada propuesta? Creo que no hay motivo, causa o base alguna. Amén de que establecer plazos demasiado largos en esta fase provoca otras complicaciones en el proceso general de revisión de cuentas. Sin duda se trata de un asunto de la mayor importancia que debe ser resuelto de la mejor manera. No con desmesuras.

 
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