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  Edición 636
  Partidos políticos y dinero público
 
Juan Antonio García Villa
   
  Hacia principios de la década de los años 50 del siglo pasado, el autor clásico en materia de partidos políticos, Maurice Duverger, sentó la siguiente tesis: en una democracia el número de partidos políticos depende (casi) enteramente del régimen electoral. Si éste es conforme al sistema mayoritario, tiende a conformarse un sistema de dos partidos (bipartidismo).

En el caso de estar implantado un sistema puro de representación proporcional, se establecerá un sistema de «muchos» partidos; es decir, pluripartidista. El número dependerá del umbral que se establezca para tener derecho a que se les adjudiquen representantes. Si el llamado «porcentaje de entrada» es bajo, la tendencia será a un número elevado de partidos; y si es alto, el número de partidos no será tan crecido.

Casi tres décadas después, otro estudioso del tema, Giovanni Sartori, apuntó que en sistemas electorales mixtos, con una parte de los integrantes a las asambleas legislativas elegidos por el método de mayoría relativa y otra por el de representación proporcional, se tenderá a conformar un sistema pluripartidista acotado. Concretamente en el caso de México, cuyo sistema es mixto con predominante mayoritario, Sartori dice que puede ser de entre 4 y 7 partidos.

¿A qué viene lo anterior? A que en la megaelección del año próximo que será intermedia sólo para diputados federales, pero en la que simultáneamente tendrán comicios locales (casi) todos los estados del país, excepto dos, todo parece indicar que entrarán en competencia nada menos que 13 partidos políticos nacionales. Será la elección federal que en la historia del país registre el mayor número de partidos participantes.

Del número probable de partidos nacionales que el año próximo intervendrán en los comicios, siete son ya existentes —los únicos, por cierto, con capacidad para formar coaliciones—. Y media docena de nuevos partidos —de un total de 106 que lo solicitaron— que muy factiblemente obtendrán su registro, y que por esta ocasión carecerán del derecho de participar en coalición. En total, pues, 13.

Una vez que los nuevos partidos obtengan su patente, alcanzarán también el derecho de acceder al financiamiento público. Alguien hizo ya un cálculo del monto que cada uno de éstos podrá reclamar en la segunda mitad de 2020 y en el año electoral; es decir, en 2021. Sumará dicho monto, entre la partida para gastos ordinarios, actividades específicas y para gastos de campaña, la muy respetable cantidad de poco más de 188 millones de pesos por cada uno de los nuevos seis partidos. En total casi 1,130 millones de pesos. Y todo ello antes de demostrar si tienen representatividad de algún sector significativo de la sociedad mexicana.

La experiencia demuestra que en las últimas décadas la tasa de sobrevivencia de los nuevos partidos es bajísima. No es justo por ello que el contribuyente mexicano tenga que estar financiando aventuras electoreras de grupos políticos que nada, o casi nada, representan. No es justo.

El mismo modelo, que bien puede calificarse de perverso —en cuanto a que es conformado por «incentivos perversos»—, se replica en las entidades federativas. Al menos en Coahuila. En el último proceso electoral (el de 2017) en que participó todo el conocido elenco de partidos estatales, el número de éstos fue de 7.

De los siete partidos con registro estatal en Coahuila ese año, sólo uno, ¡nada más uno!, que fue Unidad Democrática de Coahuila, UDC, obtuvo el porcentaje mínimo de 3% de la votación estatal para conservar el registro. La otra media docena lo perdió. La ensalada de siglas de esos seis partidos que quedaron sin patente era: PMC, PSI, PPC, PJ («Partido Joven», de Humberto Moreira), PRC y PCP.

Ahora, para el proceso electoral local 2020, que es sólo para elegir diputados locales, tres nuevos partidos obtuvieron en Coahuila registro local: «Unidos» (de Humberto Moreira, otra vez), PRC o Partido de la Revolución Coahuilense —que apenas menos de tres años antes lo perdió— y uno más cuyo pintoresco nombre quedará para la historia del folclore político: «Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto». A estos tres nuevos partidos se les entregará durante 2020 la suma de 13.5 millones de pesos.

Parece ésa una cantidad menor, pero si es a cambio prácticamente de nada, carece de sentido su desembolso, pues lo más probable es que ese trio de nuevos partidos de nueva cuenta no obtendrá el 3% de la votación estatal. Salvo que reciba una «ayudadita» del grupo oficialista para alterar la conformación de la próxima LXII legislatura estatal.

Valdría la pena ir pensando en algún mecanismo que detenga esta intermitente sangría. Por ejemplo, que los nuevos partidos establezcan una garantía suficiente para que en el caso de no alcanzar el 3% de la votación que les permita conservar el registro, una parte significativa —quizá el 50-60% del financiamiento público que recibieron— sea reembolsado a la hacienda pública. Es lo mínimo que en torno a este punto puede y debe hacerse.

 
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