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  Edición 631
  Para sostener la catalepsia
 
Rosa Esther Beltrán
   
  En Coahuila, la voz de los ciudadanos es ignorada, no interesa. Hace 15 años escribí por primera vez sobre la depredación, el despojo y los abusos que provocan las empresas constructoras que extraen materiales pétreos de los ríos y las montañas para elaborar cemento.

Al entrar a Saltillo por la carretera de Monclova se ven horribles las enormes mordidas que las pedreras han infringido a nuestras hermosas montañas de la sierra de Zapalinamé que muestran la imagen del saqueo y el expolio de las pedreras, y es que el dinero puede más que la ley.

En lo que va de este siglo, el Ayuntamiento de la ciudad ofreció que estudiaría la posibilidad de reubicar las pedreras que están dañando la imagen y el ecosistema de la región y clausuraron algunas y reubicaron otras, pero la problemática de las zonas que explotan es igual o peor, los daños van mucho más allá de la emisión de polvos y no hay programas de remediación del espacio que queda afectado por graves daños al ecosistema.

El uso de dinamita produce fallas geológicas que afectan a las viviendas cercanas a las pedreras, se presentan repercusiones graves en la salud de los habitantes que padecen enfermedades cardio-respiratorias y cáncer pulmonar, contaminan gravemente el aire.

Las pedreras de Saltillo y Arteaga están emplazadas por las autoridades para disminuir las emisiones de polvo, humo y la contaminación del medio ambiente, el incumplimiento de las normas legales son múltiples por lo que se iniciaron los procedimientos para su clausura, las poblaciones afectadas principalmente son las de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

Un problema igualmente grave son los serios riesgos ambientales que enfrenta la vida de varias poblaciones del norte de Coahuila, recorridas por el río San Rodrigo, desde el municipio de Zaragoza hasta Piedras Negras y los del propio río cuyas actividades se han transformado, primordialmente por la actividad extractiva de material pétreo para satisfacer el mercado regional de la construcción, desde por lo menos los últimos 30 años.

El río es el recurso hídrico de ranchos y ejidos de Jiménez para el sustento de sus actividades agrícolas y ganaderas, así como para el consumo humano de sus poblaciones. La industria extractiva ha alterado el cauce y las riveras del río provocando la deforestación de encinos, nogales, álamos, sabinos, ha contaminado el agua y deteriorado los ecosistemas y la biodiversidad.

Igualmente el río Sabinas, que se forma en la Sierra de Múzquiz y que tiene una longitud de 250 kilómetros de largo; por muchos años estuvo rodeado por más de 10 mil sabinos con aproximadamente cuatro mil años de antigüedad. Era una verdadera belleza y una delicia natural, ahora es otro de los escasos ríos que tiene Coahuila amenazado seriamente desde hace muchos años porque ha sido destrozado a diestra y siniestra por los mineros del carbón y por el descuido de las autoridades a quienes en gran parte se puede atribuir que esté en peligro de extinción.

Más de 160 mil habitantes de la región Carbonífera, dependen en gran medida del agua del río Sabinas, tanto como la agricultura, la ganadería y la industria del carbón, mineral estratégico no renovable que sigue siendo un insumo hasta ahora insustituible para la industria siderúrgica de Monclova y la termoeléctrica asentada en Piedras Negras; hace más de 20 años se denunció la existencia de empresas que están sacando material del lecho del río para la industria de la construcción, por lo que enfrenta graves daños ambientales que ya son irreversibles.

Según me comentó Carlos Valdés Dávila, el San Rodrigo es uno de los dos ríos de la república en el que todavía hay castores, aunque están en grave peligro de extinción. El río Nadadores lo han acabado los ejidatarios. Ahí había nutrias y castores, además de muchos árboles (sabinos y álamos). Hoy no hay nada, solo peces.

Así están los ecosistemas estatales en donde una ambientalista profesional cuida de su bolsillo antes que de la sustentabilidad del medio ambiente estatal y sabiamente nos conduce a la muerte.

La esperanza hecha vida

Hace algunos meses, en su tierra, al saludar a una mujer oxaqueña me dijo «estamos contentos, ahora podemos comer mejor y dos veces al día, antes del gobierno del presidente López Obrador, sólo teníamos una comida diaria». Le creí. No tenía por qué mentirme.

Sí, el bienestar social se va esparciendo, la desigualdad se amortigua y comienza a cicatrizar con la política social puesta en marcha por el gobierno federal cuyos apoyos directos para ello se elevan a 300 mil millones de pesos; el programa estrella es el de los adultos mayores, además están los incrementos del salario mínimo de los trabajadores, de las pensiones de los jubilados, entre otros que han contribuido a que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo y el elefante reumático del mercado interno comience a moverse.

El gobierno federal, en un año, lentamente porque no es cosa de milagrería, va sacando a los mexicanos del limbo al que los condenaron las políticas neoliberales durante casi 40 años.

El aumento al salario mínimo, que por décadas fue demonizado porque su alza sería una locura que provocaría una inflación incontenible, sostenían, aumentará este año un 20%; pasará de $102.69 (5.4 dólares) a $123.22 (6.5 dólares), lo cual beneficiará a más de siete millones de trabajadores incluyendo a los de la economía informal y el incremento impulsará a los contratos colectivos y los salarios profesionales, lo cual ha generado enorme satisfacción y entusiasmo en la población trabajadora; por lo que el 2020 será un año más próspero para la población.

El aumento del año pasado de un 15% mostró que la malignidad de las alzas al mínimo era una argucia del Banco de México para atraer la inversión extranjera y una estrategia para subsidiar a las empresas mexicanas.

La austeridad ha significado el cierre de 8 a 9 mil plazas de la alta burocracia y el de diversos programas de gobierno, lo cual ha sido bien visto por los empresarios que se oponen al Estado obeso y gastador, por esto coinciden con un gobierno austero que disminuyó sus salarios, los lujos exagerados en mansiones, automóviles, helicópteros, aviones y toda clase de extravagancias en ropa de última moda, como la de «la Gaviota» que se atrevía a modelar para las revistas internacionales; igualmente perseguir la corrupción y opacidad con la que operaban los neoliberales.

El programa contra la corrupción es la prioridad del gobierno de AMLO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuyo fin es coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo ha avanzado con rapidez y eficacia por lo que de enero a diciembre de 2019 se logró bloquear 5 mil 23 millones de pesos e incautar 52 millones de dólares en bienes de delincuentes de cuello blanco o delincuencia organizada y corrupción política; entre ellos las factureras, el huachicol, el outsourcing ilegal, la Estafa maestra, Odebrecht, detener a Juan Collado, algunos magistrados, Genaro García Luna y muchos otros.

El presidente ha sabido lidiar con sus detractores y críticos, el periódico El Financiero, que no apapacha a AMLO, reveló que en su encuesta nacional, a la pregunta «¿A quién consideraría el hombre del año 2019?» López Obrador logró el nombramiento de Hombre del año; y la Mujer del año fue Alexa Moreno que obtuvo el Premio Nacional de Deportes 2019.

Estamos en un proceso de transición y la mayor esperanza para este 2020 es alcanzar el crecimiento económico, avanzar en una mayor equidad en la distribución del ingreso, trabajar por la armonización y menor confrontación así como consolidar el avance de la 4T.

 
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