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  Edición 631
  El reino de la impunidad
 
Gerardo Hernández G.
   
  El informe Control… sobre todo el estado de Coahuila de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (Universidad de Texas) narra el terror solapado por las autoridades: «En marzo y abril de 2011, el Cártel de los Zetas mantuvo bajo ataque constante a varios municipios en el norte del estado de Coahuila, incluyendo Allende, Piedras Negras, Nava y Morelos». Durante ese lapso «al menos 300 personas fueron desaparecidas, según los testimonios de residentes de esa área. Estos ataques son conocidos como “la Masacre de Allende” y la “Masacre de Piedras Negras”».

A casi nueve años de los acontecimientos y a más de cinco de la presentación del trabajo, ninguna de las autoridades señaladas por testigos de haber recibido sobornos para proteger y colaborar con el cartel —gobernadores, procuradores y jefes policiacos— ha sido procesada en México. Sin embargo, la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa, ha vuelto a poner a Coahuila en la mira de la justicia norteamericana. Antes de dar a conocer su análisis a los medios de comunicación, el 6 de noviembre de 2017, la Universidad de Texas lo presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Humberto Moreira ya no era gobernador cuando los Zetas irrumpieron en Allende —renunció el 4 de enero de 2011 para preparar su arribo a la presidencia nacional del PRI, con la aprobación de Enrique Peña Nieto—, pero fue en su sexenio cuando el cartel se asentó en Coahuila. Jorge Torres López —extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de fraude bancario y operaciones con recursos de procedencia ilícita— se hizo cargo de la administración, aunque el poder siempre lo ejerció Rubén Moreira, quien impuso a procuradores de justicia, secretarios de gobierno, presidentes de derechos humanos, líderes del PRI y, finalmente, su propia candidatura para suceder a su hermano.

Los hechos en Allende y Piedras Negras, dice el estudio, «Se presume que ocurrieron como represalia en contra de tres exintegrantes de los Zetas —Héctor Moreno, Mario Alfonso Cuéllar y José Luis Gaytán Garza— quienes comenzaron a colaborar con el gobierno de los EE.UU.» El cartel operaba entonces «sin mucha oposición del ejército o de la policía. (…) Esta impunidad les permitió cometer dos masacres (…) con el apoyo y aquiescencia de funcionarios del Estado».

Los datos y el análisis surgen de las declaraciones de testigos en los juicios de Austin, San Antonio y Del Río, celebrados entre 2013 y 2016. El informe «se enfoca en la jerarquía y estructura de Los Zetas, las conexiones entre las autoridades mexicanas y los Zetas y los abusos a derechos humanos cometidos por el cártel contra los residentes de Coahuila». Una sección está centrada «en los presuntos asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas de muerte y reclutamiento forzado cometidos —por la misma organización— en el estado de Coahuila».

Los testimonios «describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/o cooperación del Estado mexicano con el cártel de Los Zetas y sus negocios ilegales. Este patrón ha sido extensamente documentado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales». Como ejemplo, cita el informe «Atrocidades innegables que enfrentan crímenes contra la humanidad en México» de Open SocietyJusticeInitiative, 2016.

 
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