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  Edición 631
  El enemigo está dentro
 
Editorial
   
  Han transcurrido casi nueve años desde que se descubrió el monto real de la deuda acumulada en el gobierno de Humberto Moreira. El pasivo registrado en 2010 ante la Secretaría de Hacienda era por 8 mil 267 millones de pesos, pero en realidad ascendía a 36 mil 509 millones. En ese lapso, en México no ha sido detenido uno solo de los funcionarios beneficiarios del quebranto, tramado en las más altas esferas del poder, según declaraciones de testigos ante fiscales y jueces de Texas.

El caso se agrava por la contratación de créditos con documentos falsos y el desconocimiento del destino de, al menos, 18 mil millones de pesos. Si el compromiso del presidente López Obrador con la justicia es real, debe ordenar a la Fiscalía Anticorrupción —la federal, pues la estatal se creó para perpetuar la impunidad junto con la deuda— y a la Unidad de Inteligencia Financiera reconstruir la ruta del dinero e intervenir el Registro Público de la Propiedad donde se ocultan los prestanombres de quienes utilizaron sus cargos para enriquecerse.

El exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández y los empresarios Rolando González Treviño y Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones, se declararon culpables de lavado de dinero en Estados Unidos y el gobierno les decomisó millones dedólares —en conjunto suman decenas— y propiedades. El 23 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro subastó en 515 mil dólares (10.3 millones de pesos) una residencia en el lujoso barrio de Greystone Country Estates, en San Antonio. La casa la entregó «por cortesía» Herminia Martínez de la Fuente, suegra del exgobernador Humberto Moreira, según dieron a conocer medios de comunicación del país y el extranjero.

De acuerdo con los fiscales del caso, la propiedad formaba parte «de un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero en los que estaba involucrado el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes». En una audiencia para llegar a un acuerdo de reducción de condena, el Rey de los Dragones mencionó el nombre del expresidente del PRI. El resto consistió en halar la punta de la madeja. Según el periodista Raymundo Riva Palacio, Cervantes entregó «80 millones de pesos por una sola obra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos».

El exgobernador interino Torres López, quien junto con Javier Villarreal habría realizado operaciones y transferencias por más de 35 millones de dólares a bancos de Texas y paraísos fiscales, fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario. Pero ni Hernández ni Torres se mandaban solos. El primero ya confesó quién era el titiritero. El segundo también aportará información valiosa para obtener beneficios en el juicio que se desarrollará en la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas.

La intención del gobierno de Coahuila de reclamar la fortuna decomisada a Villarreal en Estados Unidos —¿por quéno también la de Torres López?— es extemporánea e inútil. Elexsenador panista Luis Fernando Salazar lo intentó sin éxito, pues correspondía a las autoridades exigir la devolución de los fondos robados de las arcas estatales. Lo que sí está en manos del gobernador Miguel Riquelme es desbloquear las denuncias penales relacionadas con la deuda y las empresas fantasma para castigar a los culpables y resarcir parte del daño causado a los coahuilenses. Solo así puede demostrar que «no es tapadera de nadie».

 
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