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  Edición 629
  Frente al éxito, mesura
 
Editorial
   
  El ataque a Villa Unión del 30 de noviembre mostró una vez más la vulnerabilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. Mantener la paz, el orden público y garantizar la seguridad de las personas será imposible mientras no exista inteligencia que permita anticipar la acción de cualquier grupo armado para prevenirla o afrontarla en mejores condiciones. Igualar la capacidad de fuego de los gobiernos locales con la de los carteles agravaría el problema en vez de resolverlo y expondría a la población a peligros mayores, pues las organizaciones criminales tienen acceso a armamento y tecnologías punteros.

El evento recordó al de Allende —a 20 kilómetros de distancia—, en 2011, donde un comando marcó a sangre y fuego para siempre a esa comunidad antes pacífica, por un presunto arreglo de cuentas. No existe un número oficial de víctimas, pero se calcula en 300. En Allende, las autoridades estatales hicieron mutis. La versión del gobierno es que en Villa Unión el Cartel del Noreste —derivación de los Zetas— quiso atemorizar a la población, pero a diferencia de lo ocurrido hace ocho años en el municipio vecino, las dos únicas bajas civiles fueron las de un bombero y un menor de edad asesinados después de los enfrentamientos entre policías y sicarios.

La coincidencia entre la agresión y el segundo informe del gobernador Miguel Riquelme echó leña al fuego. Se tomó como un aviso o una provocación en un estado donde, en los dos sexenios previos, las más altas autoridades pactaron con el crimen organizado, según se ha denunciado en investigaciones periodísticas, académicas y en juicios federales realizados en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016. (Dato curioso: cuando el exgobernador Humberto Moreira asumió la presidencia del PRI, en Saltillo se registraron las primeras balaceras entre sicarios y policías con un primer saldo de siete muertos).

«Villa Unión no es como Allende», advierte Riquelme. Tiene razón. Sin la aquiescencia del gobierno de turno, la masacre acaecida entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 no hubiera sido posible. «El ataque de los Zetas evidencia la colusión con las autoridades locales pues los 20 agentes de la policía municipal fueron instruidos para “no salir a patrullar, ni responder los llamados de auxilio que se presentaran” y “levantar a cualquiera de apellido Garza para entregarlo al grupo criminal» (BBC News, 10.09.16). En Villa Unión, la falta de inteligencia se compensó con una reacción inmediata de los gobiernos estatal y federal. El Ejército, la Guardia Nacional y el Grupo de Acción y Reacción repelieron con éxito al comando. Por cada policía abatido resultaron muertos casi cinco sicarios, y 10 más fueron capturados.

Ante la falta de recursos para emprender obras de gran calado, pues la megadeuda de 38 mil millones de pesos absorbe alrededor de cuatro mil millones anuales de intereses, la joya de la corona del gobierno de Riquelme es la seguridad. El gobierno de los Moreira resultó de pesadilla: con Felipe Calderón generaron el conflicto y en la presidencia de Peña empezaron a resolverlo. Coahuila no figura hoy entre los estados más violentos del país. El mandatario pudo revertir la situación en Villa Unión y salir fortalecido. Sin embargo, comete un error: exhibirse demasiado lo expone. Se ganó una batalla, no la guerra.

 
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