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  Edición 626
  Un premio loable y meritorio
 
Rosa Esther Beltrán
   
  El jueves 24 de octubre, en el septuagésimo cuarto aniversario de la fundación de Naciones Unidas (NU), Saltillo tuvo el honor de ser la sede para la recepción en Varsovia, Polonia, del Premio Sergio Vieira de Mello, otorgado nada menos que al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDDHFJL), que se concede a personas u organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor del respeto a la coexistencia pacífica y a la cooperación de sociedades, religiones y culturas.

Desde su fundación, ese ha sido el objetivo del Centro Fray Juan de Larios, esforzarse y bregar sin tregua por la difusión y las acciones que promuevan y vivifiquen la justicia y la paz, defendiendo los derechos humanos de las mujeres y los hombres más vulnerables a quienes se les hayan conculcado; su misión es la construcción de espacios de esperanza y empoderamiento de las personas desde su condición de victimización y explotación para lograr la constitución de sujetos con derechos.

El brasileño Sergio Vieira de Mello fue designado alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2002, fue destinado por Kofi Annan a Irak y el 19 de agosto de 2003 él y 22 colegas suyos murieron en un atentado en Bagdad.

Este premio Vieira de Mello es el primero que se otorga en el continente americano, lo cual es muestra de la relevancia internacional y la consistencia y valor del quehacer del CDDHFJL.

La directora de ese organismo, Blanca Isabel Martínez, recibió en Varsovia el galardón y expresó que además de ser un honor para los fundadores y los miembros de esa institución recibir esta distinción es también un compromiso y un reconocimiento a las miles de madres y familias que durante 10 años incansablemente han buscado a sus hijos y familiares en todo el país.

Blanca expresa que la única respuesta de las autoridades a sus exigencias y presiones ha sido la impunidad, las cifras que ofrece son, cerca de 40 mil desaparecidos y 10 mil en el actual gobierno y hasta ahora se apuesta por el olvido y la impunidad, afirma.

Justicia es castigo a los responsables de las masacres y a quienes las permitieron; que regresen los desaparecidos incluso si sus corazones ya no laten y sus ojos ya no brillan… La directora propone que se active un mecanismo internacional contra la impunidad en México y un mecanismo extraordinario de identificación forense de los cuerpos y los restos encontrados.

Entre los numerosos datos de los documentos presentados en la entrega del premio están, que Coahuila se encuentra en el número 10 de las entidades federativas con mayor número de desaparecidos, con 87 fosas clandestinas ubicadas, mil 963 personas desaparecidas en el estado y 602 cuerpos no identificados en fosas comunes o en custodia del Ministerio Público.

Durante sus 15 años de trabajo en Coahuila y en México el CDHFJL a través de 6 equipos internos de trabajo ha elaborado numerosas publicaciones e informes locales, difundidos nacional e internacionalmente: atrocidades innegables. Corrupción que mata, entre muchos otros.

Ha sido la desaparición forzada la problemática principal que el CDHFJL ha enfrentado en la crisis humanitaria que afrontan México y Coahuila y gracias a su esforzado trabajo y gestión inmediata, han logrado que algunos desaparecidos regresen con sus familias, así, reportan que se han localizado a 28 personas, pueden parecer muy pocos, pero la búsqueda es intensa y el inmovilismo de las autoridades insólito.

La fundación y presidencia del CDHFJL por fray Raúl Vera, obispo de la Diócesis de Saltillo ha sido firme, fructífera y fértil y el premio Sergio Vieira de Mello lo demuestra, felicitaciones a todo el equipo del Centro Diocesano de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios.

La esperanza en la amnistía

El tema de los presos políticos es muy antiguo en México, lleva décadas de ser un fuerte reclamo, el dolor de una herida abierta con puñal y que no cicatriza, sabemos que estos procesos no pueden ser rápidos y que van acompañados por la incertidumbre.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado Día de la Independencia una propuesta de Ley de Amnistía (LA) para que alcancen la libertad todos los presos políticos y los luchadores sociales que están injustamente encarcelados.

Es increíble que personas como los activistas mexicanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz que tomaron como causa de lucha la defensa del agua en su comunidad, fueran encarcelados por años como presos de conciencia y gracias a que Amnistía Internacional los adoptó, se comprobó que, mediante pruebas falsas —por represalia— fueron condenados a seis años de cárcel en un proceso judicial viciado (La Jornada).

La Ley de Amnistía del actual gobierno federal beneficiaría especialmente a mujeres, jóvenes e integrantes de pueblos indígenas que son quienes viven en condiciones de mayor desigualdad e injusticia.

Esta ley representa una de las primeras medidas del gobierno de AMLO para la reconstrucción del tejido social que está en franco deterioro y es un excelente mensaje para la pacificación del país.

La Secretaría de Gobernación ha informado que, en lo que va del sexenio han sido liberados 45 «presos políticos» por gestiones del Ejecutivo federal, pero ninguno es beneficiario de la Ley de Amnistía.

Entre las personas liberadas están defensoras del agua, del territorio, los recursos naturales y activistas opositores a la reforma educativa que se aprobó durante el gobierno pasado, es emblemático el caso de seis pobladores de San Pedro Tlanixco, localidad del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México que fueron acusados de homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso cuando defendían su derecho al agua, cargo por el que fueron sentenciados a 50 años de cárcel, aunque, después de 13 años de estar en prisión la Fiscalía General de Justicia del Estado se desistió de las acusaciones tras las observaciones de la Segob y la NU.

Sorprende que tengan que intervenir instituciones internacionales para que la impartición de justicia sea un hecho como derecho humano.

Sabemos que la Ley de Amnistía tropezará con obstáculos formidables, como son los congresos locales y los gobiernos estatales, sobre todo los del PRI y los del PAN, ahí la lucha será en contra, ya que ellos se han opuesto, por ejemplo a las propuestas de ciertas modalidades de interrupción del embarazo, como cuando es producto de la violación de las mujeres; el partido Morena contaba en 2018 con 20 congresos estatales los que se han reducido a 17 en las elecciones locales.

NU le ha dado su aprobación a la ley en comento con algunas observaciones, como considerar a las personas procesadas o sentenciadas por tipos penales que han sido utilizados para reprimir el derecho a la manifestación, entre otras.

El conservadurismo ha mostrado su peor rostro en Nuevo León, donde el 22 de octubre se aprobó por mayoría una ley que permite que personal público de salud se niegue a practicar abortos en cualquier caso, cuando es cuestión de conciencia, atender a la comunidad LGBT, a personas con VIH y a migrantes e indígenas, es lamentable el retroceso en la vigencia de los derechos humanos de mujeres y grupos vulnerables, nada más faltó que los diputados neoloneses decretaran mochar manos y azotar a delincuentes —como lo propuso su actual gobernador siendo candidato a presidente de la República— es sólo un ejemplo de lo que puede venir con la Ley de Amnistía.

La ruta hacia la Justicia Transicional será un camino largo y sinuoso, ya que ésta es un conjunto de acciones, instituciones y procesos que le permiten a un país en conflicto o con altos índices de violencia y criminalidad, pasar de un régimen de impunidad a uno de justicia y verdad.

 
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