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  Edición 626
  El final de los caciques
 
Gerardo Hernández G.
   
  El descabezamiento de los gremios petrolero y magisterial, en 1989, no tuvo como propósito modernizar al país, suprimir el corporativismo ni legitimar la presidencia de Salinas de Gortari. Esa tarea la cumplieron el PAN, las iglesias, el gran capital y los medios de comunicación proclives a negociar con el poder. Se trató más bien de un ajuste de cuentas y de una maniobra tendente a controlar dos sectores estratégicos para el gobierno y el PRI, pues el sindicalismo oficial es hoy tan antidemocrático y venal como en el siglo pasado.

Salinas sustituyó a Joaquín Hernández Galicia y a Carlos Jonguitud Barrios con dos incondicionales: Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, quienes duraron 24 y 26 años al frente de los sindicatos petrolero y magisterial, respectivamente, y acumularon grandes fortunas. No en balde encabezaron la lista de «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013», según la revista Forbes, junto con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. «La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada en febrero de este año (2013) de malversar 200 millones de dólares».

La revista estadounidense en cuya nómina anual de multimillonarios aparecieron el político-empresario Carlos Hank González y el narcotraficante Joaquín Guzmán, el Chapo, dice de Romero: «El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha encontrado envuelto en sospechas de tráfico de influencias y enriquecimiento personal». Cinco de la lista de Forbes han estado en prisión —Gordillo, Salinas, Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, Humberto Moreira (liberados) y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien será juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas, extorsión, fraude y lavado de dinero—. Romero podría ser el próximo.

El exlíder petrolero desmintió la noticia sobre su fuga del país, pero la intervención de la Interpol para localizarlo, a solicitud de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con la agencia Reuters, es premonitoria. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Romero por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito; además fueron congeladas sus cuentas bancarias. También se le imputa, como a Gordillo, haber desviado recursos del sindicato en beneficio propio. Sin embargo, los gremios no presentaron denuncias formales, lo cual, en el caso de la exlíder del SNTE, permitió su liberación en agosto de 2018.

La reforma laboral aprobada por el Senado en abril pasado, con 120 votos a favor y dos abstenciones, pretende sanear el sindicalismo y evitar la eternización de sus dirigentes, cuya riqueza, en un país con millones de pobres y obreros mal pagados, es insultante. Estados Unidos y Canadá condicionaron los cambios en la legislación a la firma del nuevo tratado comercial con México. Los conceptos clave son justicia, democracia y transparencia. Lo paradójico es que Napoleón Gómez Urrutia, quien heredó de su padre la secretaría general del sindicato minero y fue acusado de un supuesto fraude por 55 millones de dólares, presida la Comisión del Trabajo de la Cámara alta por obra y gracia de AMLO.

En lo sucesivo, los líderes serán electos mediante voto personal, libre, directo y secreto, no a mano alzada, y sus periodos serán acotados para erradicar cacicazgos. La desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje —fuente de corrupción y manipulación política— para ser sustituidas por tribunales adscritos al Poder Judicial, la obligación de rendir cuentas sobre la situación financiera y patrimonial de las organizaciones y la libre afiliación de burócratas, terminarán con el ciclo perverso de líderes ricos y trabajadores pobres.

 
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